Superintendente de Puertos y Transporte

CIRCULAR EXTERNA 22 DE 2015 

(Marzo 24)

Asunto: Respeto y cumplimiento de la ley herramienta eficaz para combatir todas las formas de piratería, informalidad e ilegalidad en el servicio público de transporte.

El Ministerio de Transporte y la Superintendencia de Puertos y Transporte, quieren enfatizar que de conformidad con nuestra Constitución Política y la ley, la operación del transporte público en Colombia es un servicio público, inherente a la finalidad social del Estado, por lo tanto opera bajo su regulación, control y la vigilancia necesarios para su adecuada prestación, en condiciones de calidad, oportunidad y seguridad. Se prestará por empresas, personas naturales o jurídicas legalmente constituidas de acuerdo con las disposiciones colombianas, las que deberán obtener habilitación y permiso de prestación del servicio, previo el cumplimiento de los requisitos legales establecidos.

De manera particular vale la pena resaltar que la Ley 336 de 1996, “por la cual se adopta el Estatuto Nacional de Transporte”, en armonía con la Ley 105 de 1993, le otorga “El carácter de servicio público esencial...” y resalta la prelación del interés general sobre el particular, especialmente en lo que tiene que ver con la garantía de la prestación del servicio y la protección de los usuarios, conforme a los derechos y obligaciones establecidas en la Constitución, la ley y los reglamentos. En cuanto al transporte privado, es decir aquel que tiende a satisfacer necesidades de movilización de personas o cosas dentro del ámbito de sus actividades exclusivas, la ley determina que cuando no se utilicen equipos propios, la contratación del servicio de transporte deberá realizarse con empresas de transporte público legalmente habilitadas y que cuenten con el permiso de prestación del servicio.

En consecuencia y en cumplimiento de los principios rectores del transporte, resaltamos que corresponde al Estado la planeación, el control, la regulación y la vigilancia del transporte y de las actividades a él vinculada y que conforme lo establece la ley, bajo la suprema dirección y tutela administrativa del Gobierno Nacional a través del Ministerio de Transporte, las autoridades que conforman el sector y el sistema de transporte son las encargadas de la organización, vigilancia y control de la actividad transportadora dentro de su jurisdicción y deben ejercer sus funciones con base en los criterios de colaboración y armonía propios de su pertenencia al orden estatal.

Se requiere entonces que las alcaldías como autoridades de transporte y tránsito, en el ámbito de sus competencias territoriales, optimicen la eficiencia y eficacia de las acciones de inspección, control y vigilancia, en estrecha coordinación con las autoridades de control operativo y policivas, para combatir todas las formas de piratería, informalidad ilegalidad en el servicio público de transporte terrestre, para la cual deberán generar estrategias que permitan identificar y dotar a sus entidades de herramientas técnicas, tecnológicas y operativas para el cumplimiento de esas funciones, así como la coordinación interinstitucional entre las diferentes autoridades según sus competencias.

Recordamos entonces a las autoridades territoriales, que conforme a lo que establece la Ley 1702 de 2013, la Superintendencia de Puertos y Transporte mantendrá su vigilancia sobre las actuaciones de los organismos de tránsito encaminadas a combatir todas las formas de piratería, informalidad e ilegalidad en el servicio público de transporte y de ser necesario ejercerá su función de intervención.

La presente circular rige a partir de la fecha de su publicación en el Diario Oficial.

Publíquese y cúmplase.

Dado en Bogotá, D.C., a 24 de marzo de 2015.

N. del D.: Esta circular externa va dirigida a alcaldes - autoridades de transporte, autoridades de tránsito; empresas de servicio público de transporte, propietarios de vehículos, conductores; usuarios, ciudadanía en general.