CIRCULAR EXTERNA 23 DE 1999

 

CIRCULAR EXTERNA 23 DE 1999 

(Abril 22)

Ref.: Imposibilidad legal de financiar emisión de bonos convertibles en acciones.

Para su conocimiento y fines pertinentes me permito allegarles las modificaciones introducidas al título I, capítulo octavo, página 51 y siguientes de la circular básica jurídica, mediante la cual esta entidad emite un pronunciamiento jurídico sobre la imposibilidad legal de que las instituciones de crédito financien bonos obligatoriamente convertibles en acciones en los términos de la letra c) del artículo 10 del estatuto orgánico del sistema financiero.

La presente circular rige a partir de la fecha de publicación en el Diario Oficial.

Por tales razones, aquellos aspectos que no se encuentren expresamente consagrados en el artículo 133 antes mencionado, deben remitirse en su regulación a lo previsto para los denominados bonos ordinarios, regidos por la normatividad del mercado público de valores, en cuanto no pugnen con su propia naturaleza, teniendo en cuenta, en todo caso, que no será necesario que exista un representante de los tenedores.

1.7. Información sobre las emisiones de bonos. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 111 numeral 3º del estatuto orgánico del sistema financiero, los establecimientos de crédito deberán remitir a esta entidad la información indicada en el inciso final del artículo 133 numeral 1º del citado estatuto, con una antelación no inferior a diez (10) días hábiles respecto de la fecha en que se vaya a efectuar la emisión de bonos ordinarios.

Por su parte, respecto de las sociedades de servicios financieros o de seguros no se requerirá la remisión de información alguna con posterioridad a la emisión, así como tampoco en el caso en que cualquiera de las entidades vigiladas proceda a la emisión de bonos convertibles en acciones, como quiera que en todos los casos anteriores se deberá surtir el trámite pertinente para obtener la previa autorización de esta superintendencia.

1.8. Imposibilidad legal de financiar emisión de bonos convertibles en acciones por parte de las instituciones financieras. El literal c) del artículo 10 del estatuto orgánico del sistema financiero, al tratar el tema sobre el régimen de prohibiciones y limitaciones a los establecimientos bancarios, establece que “no podrán conceder financiación, directa o indirectamente, con el objeto de poner en capacidad a cualquier persona de adquirir acciones o bonos obligatoriamente convertibles en acciones, de la propia entidad o de cualquier institución financiera o entidad aseguradora…”.

Esta disposición establece un régimen general de prohibición para esta clase de financiación, que tiene como finalidad que los recursos captados del público no sean utilizados como fuente de capitalización de los establecimientos bancarios o de otras entidades financieras o aseguradoras.

A su vez, al ocuparse la norma sobre las excepciones, establece que la financiación debe versar únicamente cuando “…dicha adquisición esté referida a acciones colocadas en forma primaria o se realice en proceso de privatización y que el préstamo sea hecho sobre otras seguridades que tengan un valor comercial conocido igual o superior al ciento veinticinco por ciento (125%) de la cantidad prestada”.

Como la excepción legal solamente hace referencia a acciones, se debe concluir que los bonos obligatoriamente convertibles en acciones no son objeto de la excepción normativa, al no haberlos señalado expresamente el aparte del artículo en análisis, sin que sea pertinente argumentar que por el transcurso del tiempo y la vocación de convertirse obligatoriamente en acciones deba realizarse la interpretación de la norma atendiendo tal similitud finalística.

Es de anotar que la norma es aplicable a los establecimientos de crédito, sociedades de servicios financieros y otras instituciones financieras por el sistema general de remisión previsto en el artículo 213 del estatuto orgánico del sistema financiero.

Con fundamento en el análisis expuesto y en la letra a del numeral 5º del artículo 326 del estatuto orgánico del sistema financiero, encuentra esta entidad que, además de no ser viable la operación de financiación de bonos convertibles en acciones en los términos aludidos, tal práctica, de realizarse, por ser contraria a la ley será objeto de las sanciones establecidas en esta norma, independientemente de las que correspondan a los administradores y, en general, a las personas responsables por su pretermisión.

En conclusión se recogen todos los pronunciamientos y conceptos que sean contrarios a lo aquí expresado.

2. Operaciones en el mercado público de valores

De acuerdo con lo previsto en el artículo 111 numeral 2º del estatuto orgánico del sistema financiero, las entidades sujetas a la inspección y vigilancia de la Superintendencia Bancaria pueden realizar actividades de intermediación en el mercado público de valores, en la medida en que se los permita su régimen legal y con arreglo a las disposiciones que expida la sala general de la Superintendencia de Valores. En esta medida, las operaciones en referencia deberán ajustarse a las siguientes instrucciones:

2.1. Transacciones de compra y venta de títulos por cuenta de terceros. El objeto social de las entidades vigiladas por esta superintendencia se encuentra previamente definido en la ley. Dentro del mismo, se incluyen los actos directamente relacionados con él y los que tengan como finalidad ejercer los derechos o cumplir con las obligaciones legales o convencionalmente derivadas de la existencia y actividad de la entidad vigilada, entre los cuales están las operaciones de tesorería y de administración de portafolios con recursos disponibles en el día en que se efectúa la inversión.

Sin embargo, se ha podido establecer que algunas entidades vigiladas han venido realizando transacciones de compra y venta de títulos por cuenta de terceros en las cuales se está desarrollando la función de intermediación en el mercado de valores, la cual solamente puede ser realizada por las entidades vigiladas previa autorización de la Superintendencia Bancaria en los casos y bajo las condiciones que se señalen expresamente en la ley.

Por lo tanto, en la medida en que tales operaciones no se realicen al amparo de la autorización legal pertinente, se encontrarán las mismas al margen del objeto social de las entidades que las realizan, incurriendo así en operaciones no autorizadas, razón por la cual, de conformidad con las facultades que le otorga el literal a), numeral 5º del artículo 326 del estatuto orgánico del sistema financiero, esta superintendencia califica dichas prácticas como no autorizadas.

2.2. Registro de las operaciones de compra y venta de valores por cuenta propia. Algunas entidades vigiladas realizan operaciones de compra de valores por cuenta propia, pero omitiendo registrar las mismas contablemente, así como también las de la venta que en relación con esos valores se verifican posteriormente, lo cual constituye una violación de la obligación consagrada en el artículo 53 del Código de Comercio y de las instrucciones contables impartidas por la Superintendencia Bancaria, contenidas en el plan único de cuentas.

A más de lo anterior, en ocasiones se ha podido evidenciar que las entidades que realizan estas operaciones se abstienen de dejar constancia de las mismas en los documentos negociados, infringiendo las normas legales que determinan los requisitos que se han de satisfacer para transferir o negociar los derechos incorporados o mencionados en dichos documentos, en los casos en los que se verifica la negociación de un título valor a la orden o nominativo, de un documento que no siendo título valor contiene la cláusula a la orden o de un documento que da cuenta de la existencia de un derecho susceptible de negociación por cesión.

Por lo tanto, se requiere la adopción de las medidas de control que sean indispensables para corregir o evitar la realización de las conductas que se dejaron reseñadas en el presente numeral.

N. del D.: Esta circular va dirigida a representantes legales y revisores fiscales de las entidades financieras.

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