CIRCULAR EXTERNA 26 DE 2000 

(Abril 05)

Ref.: Régimen de provisiones especial para acuerdos de reestructuración, Ley 550 de 1999.

Este despacho en uso de sus facultades legales y en especial de las que le confiere el literal a) del numeral 3º del artículo 326 del estatuto orgánico del sistema financiero, ha considerado oportuno incluir en las normas transitorias del capítulo II de la Circular Básica Contable y Financiera, un régimen de provisiones especial para los créditos de los empresarios y de las entidades territoriales que inicien procesos para lograr acuerdos de reestructuración en los términos de la Ley 550 de 1999.

En consecuencia, se adiciona el numeral 22 del capítulo II de la Circular Externa 100 de 1995, Básica Contable y Financiera.

Así mismo, se da alcance a la Circular Externa 044 de 1999 para precisar que las provisiones individuales resultantes de las instrucciones impartidas en la Circular 039 de 1999 sobre la calificación y provisiones de la cartera de vivienda podrán efectuarse en alícuotas mensuales a partir del 1º de julio del presente año y estar totalmente constituidas a 31 de diciembre del año 2000.

Igualmente, se modifica el régimen de provisiones previsto en el capítulo III para las viviendas recibidas en dación en pago.

Se anexan las hojas que se modifican a los capítulos II y III de la Circular Externa 100 de 1995, Básica Contable y Financiera.

La presente circular rige desde la fecha de su publicación.

N. del D.: Esta circular va dirigida a representantes legales y revisores fiscales de las entidades vigiladas.

ANEXO

CAPÍTULO II

Evaluación de cartera de créditos y contratos de leasing

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En todos los casos, cuando se califique en C, o en otra categoría de mayor riesgo un crédito de vivienda o comercial o un contrato de leasing, o en D, o en otra categoría de mayor riesgo, un crédito de consumo o contrato de leasing clasificado de consumo, dejarán de causarse intereses, corrección monetaria, ajustes en cambio, cánones e ingresos por otros conceptos; por lo tanto, no afectarán el estado de resultados hasta que sean efectivamente recaudados. Mientras se produce su recaudo, el registro correspondiente se efectuará en cuentas de orden.

Tratándose de créditos por el sistema de valor constante o con capitalización de intereses, la regla anterior se aplicará respecto de los intereses capitalizados y la causación de la corrección monetaria, sobre el valor total de la obligación.

9. Provisiones.

Las entidades vigiladas de crédito deberán constituir provisiones con cargo al estado de ganancias y pérdidas, así:

9.1. Provisión general. Las entidades vigiladas deberán constituir como mínimo una provisión general del uno por ciento (1%) sobre el total de la cartera de créditos bruta. Tratándose de contratos de leasing, la provisión general será como mínimo del uno por ciento (1%) del valor de los bienes dados en leasing deducida la depreciación y amortización. Dicha provisión podrá ser hasta del dos por ciento (2%) si así lo aprueba la asamblea general de accionistas de la respectiva entidad vigilada.

Esta provisión deberá estar totalmente constituida transcurridos tres (3) años a partir del 31 de julio de 1999. Para este efecto, mensualmente y a partir del cierre del mes de agosto de 1999 las entidades deberán empezar a provisionar la alícuota correspondiente. Para determinar el valor de la alícuota mensual se aplicará la siguiente fórmula:

Cartera de créditos:

1% de la cartera bruta al cierre del mes respectivo - Provisión general acumulada

Número de meses restantes 

Contratos de leasing:

1% del valor total de los bienes dados en leasing - Provisión general

deducidas las depreciaciones y amortizaciones acumulada

Número de meses restantes 

La Resolución 2410 de 1995 estará vigente hasta el 31 de julio de 1999.

La provisión general sobre los créditos de vivienda deberá efectuarse en alícuotas mensuales y estar totalmente constituida a más tardar el 31 de julio del año 2003.

9.2. Provisión individual. Sin perjuicio de la provisión general a que se refiere el numeral 9.1 anterior, las entidades vigiladas constituirán provisiones individuales para la protección de sus créditos y contratos calificados en categoría de riesgo (B, C, D, E) en los porcentajes que se indican a continuación. Tratándose de contratos de leasing el porcentaje correspondiente se aplicará sobre el valor de adquisición del bien deducidas las depreciaciones y amortizaciones, adicionado en el monto de los cánones causados no pagados.

Dichas provisiones serán las siguientes:

9.2.1. Créditos y contratos comerciales y de consumo y créditos de vivienda categoría “B” (aceptables). Deberá mantenerse en todo tiempo una provisión no inferior al uno por ciento (1%) de su valor, incluyendo capital, intereses, corrección monetaria, ajustes en cambio e ingresos por otros conceptos.

9.2.2. Créditos y contratos de consumo categoría “C” (deficientes). Deberá mantenerse en todo tiempo una provisión no inferior al veinte por ciento (20%) de su valor, incluyendo capital, intereses, corrección monetaria, ajustes en cambio e ingresos por otros conceptos.

9.2.3. Créditos y contratos comerciales y de vivienda categoría “C” (deficientes). Deberá mantenerse en todo tiempo una provisión no inferior al veinte por ciento (20%) del capital.

9.2.4. Créditos y contratos comerciales y de consumo y créditos de vivienda categoría “D” (difícil cobro). Deberá mantenerse en todo tiempo una provisión no inferior al cincuenta por ciento (50%) del capital.

9.2.5. Créditos y contratos comerciales y de consumo y créditos de vivienda categoría “E” (incobrables). Deberá mantenerse en todo tiempo una provisión no inferior al ciento por ciento (100%) del capital.

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10. Reglas para la constitución de provisiones respecto de deudas a cargo de la Nación o garantizados por ésta o por el Banco de la República.

No habrá lugar a la constitución de provisiones respecto de créditos o contratos a cargo de la Nación, o garantizados por ésta, siempre y cuando se disponga de la correspondiente reserva de apropiación debidamente certificada y aprobada por la autoridad competente, para atender su cancelación tanto por capital como por intereses, corrección monetaria, ajustes en cambio y otros conceptos, hecho que deberá acreditarse debidamente.

En caso de que no se cuente con la apropiación presupuestal o si ésta no cubre el monto de la obligación principal o sus intereses, corrección monetaria, ajustes en cambio y otros conceptos, se deberá constituir provisión por la parte no cubierta, suspender y provisionar los rendimientos citados, con arreglo a las normas contempladas en los numerales 8º y 9.3.

Tampoco habrá lugar a la constitución de provisiones respecto del capital, intereses, corrección monetaria, ajustes en cambio y otros conceptos, de créditos o contratos garantizados por el Banco de la República, hecho que deberá acreditarse debidamente a la Superintendencia Bancaria.

11. Efecto de las garantías y de la propiedad de los bienes en los contratos de leasing sobre las provisiones.

11.1. Para efectos de la constitución de provisiones individuales, las garantías sólo respaldan el capital de los créditos. En consecuencia, los saldos por amortizar de los créditos amparados con seguridades que tengan el carácter de garantías admisibles, se provisionarán en el porcentaje que corresponda según la calificación del crédito, aplicado dicho porcentaje a la diferencia entre el valor del saldo insoluto y el setenta por ciento (70%) del valor de la garantía.

No obstante, si la garantía no se hace efectiva dentro de los doce (12) meses siguientes al incumplimiento, para la constitución de provisiones se considerará sólo por el cincuenta (50%) de su valor. Tratándose de garantías hipotecarias, el plazo previsto en el presente inciso será de dieciocho (18) meses.

Transcurridos dieciocho (18) meses contados desde el incumplimiento, si la garantía aún no se ha hecho efectiva deberá elevarse la provisión al ciento por ciento (100%) del capital adeudado, independientemente del valor de la misma. Tratándose de garantías hipotecarias, el plazo previsto en el presente inciso será de veinticuatro (24) meses.

Cuando la garantía admisible consista en hipoteca o prenda, para establecer el valor de la misma a efectos de lo previsto en el presente numeral, se tomará en cuenta el menor de los siguientes valores:

— El valor de mercado del bien gravado, y

— El valor que serviría de base al primer remate, de haberlo, de acuerdo con las disposiciones legales.

Cuando la garantía admisible sea distinta de hipoteca o prenda, para establecer el valor de la misma a efectos de lo previsto en el presente numeral, deberá determinarse su valor de realización.

Se sujetarán a las mismas reglas los créditos de vivienda y los créditos comerciales y de consumo de las entidades aseguradoras y compañías de capitalización que, por disposición legal, deban asegurarse con prenda de títulos o hipoteca. Las garantías mencionadas se considerarán admisibles, para los efectos previstos en el presente numeral, en relación con la constitución de provisiones.

Para efectos de la aplicación de este numeral, a partir del 1º de julio del 2000 el valor de mercado de un bien será el del avalúo con el cual se recibió la garantía sin que sea posible ajustarlo por métodos distintos al de un nuevo avalúo.

Las daciones en pago que se realicen a partir del 1º de julio del año 2000, no darán lugar a reversar las provisiones constituidas sobre el crédito que se cancela. Dichas provisiones deberán trasladarse al código 179910 —provisión bienes recibidos en pago—, y permanecer allí hasta la fecha de realización del bien. Lo anterior sin perjuicio de lo previsto en el artículo 110, numerales 6º y 7º del estatuto orgánico del sistema financiero, en concordancia con lo dispuesto en el capítulo 3º, numeral 1º de la Circular Externa 100 de 1995 por la no oportuna enajenación de bienes recibidos en pago o por el deterioro del valor de los mismos.

De esta manera, si la provisión constituida para un crédito es, por ejemplo, el 20% de la diferencia entre el saldo insoluto de la deuda y el 70% del valor del bien dado en garantía, y éste último no se logra enajenar dentro de los términos previstos en las normas citadas, la entidad financiera deberá proceder a constituir el monto de provisión que falta para alcanzar el 70% de la diferencia entre el saldo insoluto y el valor del bien si se trata de un inmueble destinado a vivienda, el 80%, si se trata de otro tipo de inmuebles y el 100% si se trata de un bien mueble. El monto de esta provisión se repartirá proporcionalmente en períodos iguales dentro de los veinticuatro (24) meses siguientes a la fecha de la dación en pago, salvo que se trate de inmuebles destinados a vivienda, en cuyo caso el plazo será de 36 meses. En cualquier caso, la autorización de la superintendencia para prorrogar el plazo de enajenación de los bienes recibidos en dación en pago, no significará una ampliación del plazo para constituir provisiones, ni tampoco para reversar las que estuvieren constituidas.

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mantener la calificación del deudor o llevarla a una de menor riesgo, siempre que, en el segundo caso, se obtengan garantías adicionales, incrementos en el capital de la empresa, conversión de la deuda en capital, o cualesquiera otros recursos que hagan evidente la capacidad financiera de la empresa reestructurada para cumplir con los pagos tanto de capital como de intereses, en los plazos y por las cuantías convenidas en el acuerdo de reestructuración.

22.2.26. Las entidades financieras que celebren acuerdos de reestructuración en los términos previstos en esta circular, podrán rehabilitar la calificación del deudor reestructurado. Para reversar provisiones se requerirá que el acuerdo de reestructuración permita calificar en “A” al deudor, o que se hayan atendido por lo menos dos instalamentos de intereses y/o efectuado un abono a capital, según los términos previstos en el acuerdo y siempre que, para ese momento, el agente certifique el cumplimiento del convenio de gestión y la capacidad de pago del deudor, de acuerdo con los flujos reales frente a los proyectados, al momento de la reestructuración.

En todo caso, las entidades financieras que participen en un acuerdo de reestructuración, deberán otorgar al deudor la misma calificación.

22.2.27. Se considerará práctica insegura reversar provisiones o mejorar la calificación de los deudores reestructurados, cuando la viabilidad del deudor o el cumplimiento de los términos del acuerdo de reestructuración no esté debidamente demostrada.

22.2.28. La Superintendencia Bancaria podrá, en cualquier momento, ordenar modificaciones en las calificaciones o reversar provisiones de los deudores reestructurados, cuando quiera que, a su juicio, dichas mejores calificaciones y/o reversión de provisiones, no cuenten con la suficiente fundamentación técnica.

22.2.29. Cuando un acuerdo de reestructuración se llegare a incumplir, las entidades acreedoras deberán calificar de inmediato al deudor en la categoría que tenía antes de la reestructuración, o en una de mayor riesgo.

22.2.30. Las reestructuraciones celebradas con anterioridad a la presente circular podrán acogerse a las reglas aquí indicadas, siempre que cumplan con los requisitos establecidos para las reestructuraciones extraordinarias de que trata el presente numeral 22.2.

22.2.31. Durante el período de negociación de las reestructuraciones extraordinarias de conformidad con las reglas del presente numeral, podrán mantenerse las calificaciones de los deudores que se encuentren en este proceso, y por lo tanto, no habrá lugar a constituir provisiones adicionales en caso de que durante ese lapso se deteriore la calificación del deudor. En todo caso la calificación a 31 de diciembre de 1999 será la que corresponda a la capacidad de pago del deudor hayan o no reestructurado su obligación.

22.2.32. En las reestructuraciones extraordinarias se podrán recibir, como pago de los intereses, inmuebles distintos a establecimientos de comercio o industriales. En este caso, los bienes comenzarán a provisionarse en alícuotas mensuales durante los dos años siguientes al vencimiento del plazo que esta norma autoriza como período de gracia para el pago de intereses.

22.3. Acuerdos de reestructuración, Ley 550 de diciembre 30 de 1999.

22.3.1. A partir de la fecha en que se inicie la negociación de un acuerdo de reestructuración, las entidades financieras acreedoras de la empresa o de la entidad territorial objeto del acuerdo, dejarán de causar intereses sobre los créditos vigentes, pero podrán mantener la calificación que tuvieran dichos créditos en la fecha de iniciación de las negociaciones.

En el evento en que la negociación fracase los créditos se calificarán en categoría “E”, crédito incobrable.

Desde la formalización de un acuerdo de reestructuración, los nuevos créditos nuevos que se otorguen a las empresas o entidades territoriales reestructuradas serán calificados en categoría “A”.

22.3.2. No obstante lo anterior, para efectos de rehabilitar la calificación, y para poder reiniciar la causación de intereses y reversar provisiones de las acreencias anteriores a la fecha de iniciación del acuerdo, deberán cumplirse las siguientes reglas:

22.3.2.1. En el evento en que el acuerdo de reestructuración contemple incrementos en el capital o suscripción de bonos de riesgo con recursos nuevos, en cuantía superior al quince por ciento (15%) del total de la deuda vigente de la empresa reestructurada con las instituciones financieras y demás entidades sujetas a la inspección y vigilancia de la Superintendencia Bancaria a la fecha de iniciación de la negociación del acuerdo, los establecimientos de crédito podrán reiniciar la causación de intereses y reversar provisiones, siempre que:

i) El acuerdo no contemple períodos de gracia superiores a un (1) año para el pago de intereses, ni superiores a tres (3) para la amortización de capital.

ii) El acuerdo hubiere sido negociado a un plazo que no exceda de siete (7) años para lograr la recuperación de la empresa, o de diez (10) cuando se trate de reestructuración de entidades territoriales.

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iii) El acuerdo prevea que los intereses se pagarán con una periodicidad mensual, trimestral o, máxima, semestral.

iv) El acuerdo prevea que vencido el período de gracia para el pago de capital, su amortización durante el plazo restante, sea en cuotas iguales, o por lo menos, equivalente al treinta por ciento (30%) durante la primera mitad del plazo. El remanente, es decir el setenta por ciento (70%), deberá distribuirse en alícuotas proporcionales durante la segunda mitad del plazo.

v) El acuerdo prevea la admisión por parte de los acreedores, de prepagos totales o parciales, sin sanciones, multas o comisiones por tales prepagos.

Para efectos de lo previsto en este numeral, se entenderá que son recursos nuevos aquéllos que le irriguen capital fresco a la empresa, es decir, que no provengan de capitalización de deuda o conversión de la misma en bonos de riesgo, o de créditos otorgados a quienes fueren accionistas de la empresa en la fecha de iniciación del acuerdo, directa o indirectamente, por los acreedores de la empresa, salvo que se trate de créditos otorgados con recursos provenientes de líneas de capitalización creadas para este propósito en instituciones financieras de segundo piso.

22.3.2.2. En el evento en que el acuerdo de reestructuración contemple capitalización de deuda o conversión de la misma en bonos de riesgo, las entidades financieras podrán, si tales capitalizaciones o conversión de deuda, alcanzaren por lo menos el veinte por ciento (20%) del endeudamiento de la empresa con las instituciones financieras y demás entidades sujetas a la inspección y vigilancia de la Superintendencia Bancaria, en la fecha de iniciación de la negociación del acuerdo y siempre que el mismo cumpla con lo establecido en los numerales i), ii), iii), iv) y v) del numeral 22.3.2.1, reiniciar la causación de intereses en la fecha de formalización del acuerdo.

Para liberar provisiones se requiere que en desarrollo del acuerdo, la empresa reestructurada haya cancelado a la respectiva entidad financiera, por lo menos, el quince por ciento (15%) del capital adeudado a la fecha de iniciación de la negociación del acuerdo y haya atendido cumplidamente el pago de los intereses.

22.3.2.3. En el evento en que el acuerdo prevea el otorgamiento de prórrogas, períodos de gracia, quitas o condonaciones, con las cuales se habilite la capacidad de pago de la empresa o entidad reestructurada, mas no el ingreso de nuevos recursos, la capitalización de acreencias ni su conversión en bonos de riesgo, y siempre que el acuerdo cumpla, en cuanto a plazos y forma de pago, con los requisitos contemplados en los numerales i), ii), iii), iv) y v) del numeral 22.3.2.1, las entidades financieras utilizarán, para manejar el crédito reestructurado, vigente a la fecha de iniciación de la negociación del acuerdo, contabilidad de caja, es decir, los intereses sólo podrán afectar el estado de resultados de la entidad financiera en la fecha en que se reciban en dinero.

Cuando el acuerdo se encuentre ejecutado de manera que se haya atendido el pago de los intereses y por lo menos, el treinta por ciento (30%) de los pagos a capital, la entidad financiera podrá reiniciar la causación de intereses para el resto del período del acuerdo y reversar las provisiones que tuviere constituidas.

22.3.2.4. Cuando los acuerdos de reestructuración se formalicen en condiciones diferentes a las contempladas en los numerales i), ii), iii), iv) y v) del numeral 22.3.2.1, las entidades financieras no podrán reiniciar la causación de intereses, ni reversar provisiones, hasta tanto no se hayan cancelado en dinero los intereses del período y por lo menos, el cincuenta por ciento (50%) de las acreencias reestructuradas, vigentes en la fecha de iniciación de la negociación del acuerdo.

22.3.3. Cuando los acuerdos de reestructuración contemplen la conversión de parte de la deuda contraída por la entidad reestructurada, en capital o en bonos de riesgo, las entidades financieras contabilizarán dichas acciones o bonos de riesgo como inversiones negociables que deberán venderse a más tardar dentro del año siguiente al plazo previsto para la ejecución del acuerdo.

Todo establecimiento de crédito, distinto de una corporación financiera, que directa o indirectamente o con el concurso de sus vinculadas, convierta acreencias en acciones o en bonos de riesgo (cuasi-capital) en cuantía que supere el quince por ciento (15%) de su patrimonio técnico o, cuando capitalice o convierta acreencias en bonos de riesgo, en porcentajes que representen más del treinta por ciento (30%) del nuevo capital de la empresa, deberá provisionar el ciento por ciento (100%) del exceso sobre los porcentajes antes mencionados. En el caso de las corporaciones financieras, se aplicará lo anteriormente dispuesto, sólo si la inversión excede los límites establecidos en el estatuto orgánico del sistema financiero para este tipo de intermediario.

En todo caso, las provisiones que existieren sobre la deuda capitalizada o transformada en bonos de riesgo, deberán mantenerse como provisiones de estas inversiones.

Solamente podrán levantarse las provisiones efectuadas sobre acciones o bonos de riesgo en la medida en que tales acciones o bonos se vendan de contado y el dinero ingrese a la entidad financiera. Si un año después de vencido el plazo del acuerdo de reestructuración aún permanecieren tales acciones o bonos de riesgo en poder de la entidad financiera, deberán provisionarse en un ciento por ciento (100%) o incrementar la provisión que existiere para dicha inversión hasta llegar al ciento por ciento (100%).

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22.3.4. Seguimiento del acuerdo de reestructuración. Las entidades financieras deberán obtener del comité de vigilancia, del promotor del acuerdo o de la Dirección de Apoyo Fiscal, DAF, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público en el caso de las entidades territoriales, certificaciones trimestrales sobre su cumplimiento, las cuales deberán mantenerse a disposición de la Superintendencia Bancaria.

Cuando un acuerdo de reestructuración se llegare a incumplir, las entidades acreedoras deberán calificar de inmediato todos los créditos anteriores o posteriores a la iniciación de la negociación del acuerdo, en la categoría que tenían antes del acuerdo de reestructuración o en una de mayor riesgo. Las inversiones en la empresa como resultado de la capitalización de acreencias o de la conversión de la misma en bonos de riesgo deberán provisionarse en el porcentaje que correspondería al crédito capitalizado.

Si el incumplimiento fuere de tal naturaleza que llevare a la liquidación de la empresa, las entidades financieras deberán calificar de inmediato todos los créditos anteriores o posteriores a la iniciación de la negociación del acuerdo, en categoría “E”, crédito incobrable. En este caso, adicionalmente deberá provisionarse el ciento por ciento (100%) de las acciones o de los bonos de riesgo representativos de la acreencia capitalizada por la entidad financiera en el acuerdo de reestructuración.

Si el acuerdo de reestructuración tuviere que renegociarse para dar más plazo o para mejorar las condiciones del deudor, los créditos otorgados al mismo deberán calificarse en una categoría de mayor riesgo.

22.3.5. Daciones en pago. Cuando en los acuerdos de reestructuración se prevea que las entidades financieras reciban como pago de sus acreencias, inmuebles distintos a establecimientos de comercio o industriales, tales bienes comenzarán a provisionarse, a partir de los doce (12) meses de la fecha de suscripción del acuerdo, en alícuotas mensuales, durante los treinta y seis (36) meses siguientes y hasta por el setenta por ciento (70%) de su valor si se trata de inmuebles destinados a vivienda y durante los veinticuatro (24) meses siguientes y hasta por el ochenta por ciento (80%) de su valor si se trata de otro tipo de inmueble.

22.3.6. Cuentas de orden. En aquellos casos en que el acuerdo de reestructuración contemple la capitalización de intereses que se encontraren registrados en cuentas de orden o de los saldos de cartera castigada —incluidos capital, intereses y otros conceptos—, los intereses que se generen en el futuro por estos conceptos, se contabilizarán como abono diferido en el Código 279535 y su amortización a capital se hará en forma proporcional a los valores efectivamente recaudados.

CAPÍTULO III

Bienes recibidos en pago

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1. Constitución de provisiones.

Deberán constituirse provisiones individuales sobre toda clase de bienes recibidos en pago, dentro de los dos años contados a partir de la recepción del bien, de la siguiente manera:

1.1. Si se trata de un bien inmueble y su valor comercial al momento de la dación es igual o superior al saldo insoluto de la deuda no provisionada, deberá provisionarse el 80% del valor del bien dentro de los 24 meses contados a partir de la fecha de la dación en alícuotas mensuales iguales.

Si el valor comercial del inmueble no alcanzare a cubrir el saldo insoluto de la deuda no provisionada, la diferencia se llevará de inmediato al estado de resultados de la entidad y el 80% del valor del inmueble se provisionará dentro de los 24 meses contados a partir de la fecha de la dación en alícuotas mensuales iguales.

1.2. Si se trata de un bien inmueble destinado a vivienda y su valor comercial al momento de la dación es igual o superior al saldo insoluto de la deuda no provisionada, deberá provisionarse el 70% del valor del bien dentro de los 36 meses contados a partir de la fecha de la dación, en alícuotas mensuales iguales.

Si el valor comercial del inmueble destinado a vivienda no alcanzare a cubrir el saldo insoluto de la deuda no provisionada, la diferencia se llevará de inmediato al estado de resultados de la entidad y el 70% del valor del inmueble se provisionará dentro de los 36 meses contados a partir de la fecha de la dación, en alícuotas mensuales iguales.

Cuando dichos bienes sean entregados en arrendamiento en los términos contemplados en el artículo 46 de la Ley 546 de 1999, el valor del cánon correspondiente se deducirá de la provisión a que hubiere lugar.

1.3. Si se trata de un bien mueble y su valor comercial al momento de la dación es igual o superior al saldo insoluto de la deuda no provisionada, deberá provisionarse el 100% del valor del bien dentro de los 24 meses contados a partir de la fecha de la dación en alícuotas mensuales iguales.

Si el valor comercial del bien mueble no alcanzare a cubrir el saldo insoluto de la deuda no provisionada, la diferencia se llevará de inmediato al estado de resultados de la entidad y el 100% del valor del mueble se provisionará dentro de los 24 meses contados a partir de la fecha de la dación en alícuotas mensuales iguales.

Las daciones en pago que se realicen a partir del 1º de julio del año 2000, no darán lugar a reversar las provisiones constituidas sobre el crédito que se cancela. Dichas provisiones deberán trasladarse al código 179910 —provisión bienes recibidos en pago—, y permanecer allí hasta la fecha de realización del bien.

1.4. Norma transitoria. Las provisiones de los bienes que hayan sido recibidos en pago antes del 1º de julio de 1999 se hará de la siguiente manera:

a) Durante los primeros dos años contados a partir de la fecha de la dación, podrán mantenerse en los balances por el valor en que estuvieren contabilizados al 30 de junio de 1999 y sin constituir provisiones. Vencido dicho término comenzarán a provisionarse dentro de los dos (2) años siguientes en alícuotas mensuales hasta completar el ochenta por ciento (80%) del valor del bien tratándose de inmuebles o el ciento por ciento (100%) en caso de bienes muebles.

b) Los bienes respecto de los cuales se han otorgado prórrogas para su venta por parte de la Superintendencia Bancaria se provisionarán dentro del término de la prórroga en el veinticinco por ciento (25%) del valor del bien y dentro del año siguiente deberán provisionarse hasta completar el ochenta por ciento (80%) del valor del bien en el caso de inmuebles o el ciento por ciento (100%) en el caso de muebles.

c) Los bienes que se encuentren provisionados en el 75% de su valor, deberán al 30 de junio del 2000, tener una provisión equivalente al ochenta por ciento (80%) del valor del bien tratándose de inmuebles o el ciento por ciento (100%) en caso de bienes muebles.

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2. Traslado contable de bienes recibidos en pago.

Las entidades vigiladas podrán contabilizar como activos fijos, bienes recibidos en pago, cuando éstos sean necesarios para el giro ordinario de sus negocios y se respeten los límites de inversiones en activos fijos, y siempre que, tratándose de inmuebles, la entidad no se encuentre sujeta al régimen de autorización previa, evento en el cual es menester obtener ésta.

3. Información a la superintendencia.

Las entidades deberán mantener a disposición de esta superintendencia la siguiente información:

— Fecha de recepción del bien.

— Descripción y valor por el cual fue recibido el bien.

— Avalúo comercial.

— Valor de la deuda.

— Número de la obligación.

— Provisiones constituidas y

— Prórrogas concedidas.

4. Aspectos a tener en cuenta para la totalidad de los bienes recibidos en pago.

4.1. Las anteriores reglas serán aplicables siempre que, de acuerdo con el avalúo de tales bienes, no haya lugar a constituir una provisión mayor.

4.2. Los ajustes por inflación que se realicen a partir del primero de julio de 1999 sobre todos los bienes recibidos en pago se deberán provisionar en su totalidad en forma simultánea al registro de los mismos.

4.3. Los avalúos que se efectúen sobre los bienes recibidos en pago no podrán ajustarse por el PAAG ni por otros indicadores y su valor se mantendrá hasta tanto se obtenga un nuevo avalúo.

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