Superintendencia de Puertos y Transporte

CIRCULAR EXTERNA 3 DE 2010 

(Junio 4)

Asunto: Competencia para fijar los requisitos para operar como centro de acopio de especies venales de tránsito.

En atención a algunas solicitudes presentadas ante esta superintendencia por empresas dedicadas a la digitalización, elaboración y expedición de especies venales, en las que se ha requerido el concepto de esta entidad frente a los requisitos para operar como “Centros de acopio” de los mencionados trámites, es pertinente que la Superintendencia de Puertos y Transporte, en virtud del artículo 7º número 15 del Decreto 1016 de 2000, que le asigna el deber de coordinar y evaluar los conceptos que a petición de la parte interesada se generen sobre el incumplimiento de las normas que regulan la prestación del servicio de transporte, fije su posición institucional frente a este tipo de peticiones que han dado lugar a respuestas que no guardan concordancia con el marco legal de competencias de la entidad.

Así, frente al asunto debe mencionarse en primer lugar el artículo 3º parágrafo 1º de la Ley 769 de 2002 en concordancia con el inciso 2º del artículo 7º ibídem, donde se establece que las autoridades de tránsito pueden delegar en entidades privadas la tramitación de especies venales y todos los trámites previstos en las normas legales y reglamentarias.

Para tales efectos, de conformidad con los artículos 111 y ss. de la Ley 489 de 1998 habrá de celebrarse un convenio en el que se establezcan las funciones administrativas específicas que encomendará la autoridad de tránsito al particular, previa expedición del acto administrativo previsto en el artículo 111 de la precitada ley; convenio cuya celebración implica la elaboración de un pliego o términos de referencia, formular la convocatoria pública para el efecto, y pactar las cláusulas excepcionales previstas en la Ley 80 de 1993 y normas complementarias.

Ahora bien, siendo de responsabilidad de los organismos de tránsito la expedición de especies venales (certificados de movilización, licencias de tránsito, placas para automotores, placas para motocicletas y formularios de informe policial de accidentes de tránsito), conforme lo establecen las leyes 769 de 2002, 1005 de 2006 y 1383 de 2010, así como la Resolución 4775 de 2009 “por la cual se establece el manual de trámites para el registro y matrícula de vehículos automotores y no automotores en todo el territorio nacional”, así sea delegada dicha función en entidades públicas o privadas, la regulación, el control, la vigilancia y la orientación de la función administrativa corresponderá en todo momento a la autoridad de tránsito titular de la función, quien en consecuencia, deberá impartir las instrucciones y directrices necesarias para su ejercicio(1).

De otro lado, si bien corresponde a la Supertransporte inspeccionar, vigilar y controlar la aplicación y el cumplimiento de las normas que rigen el sistema de tránsito, conforme el Decreto 101 de 2000 en su artículo 41-1, dichas facultades que le fueron delegadas, no establecen ni derivan la facultad para orientar el ejercicio de la función administrativa estableciendo los requisitos que deben cumplir las entidades privadas para poder prestar dichos servicios; máxime cuando la consulta refiere a la constitución de lo que han denominado un “Centro de acopio”, clasificación de establecimiento de comercio, que no se encuentra institucionalizado para la prestación de estos servicios en el régimen de tránsito.

Al respecto, cabe mencionar que la referencia normativa más próxima sobre “Centros de acopio” se encuentra en una disposición reglamentaria en materia de transporte mixto, el Decreto 175 de 2001 “Decreto 175 del 5 de febrero de 2001, por el cual se reglamenta el servicio público de transporte terrestre automotor mixto”, en donde se alude a estos centros para referir a centros de abastecimiento o mercadeo de bienes que provienen de diferentes zonas de producción; concepto, al que también han acudido las autoridades de tránsito para tomar medidas de reorganización del transporte público en sus ciudades, refiriéndose a áreas exclusivas para la ubicación de dichos vehículos, a intercambiadores modales, y a terminales de transporte.

Así las cosas, y sin perjuicio de principios como el de la libre empresa que permite organizarse como empresa adoptando el objeto social que se determine, guardando las restricciones legales, aun cuando el concepto de “Centros de acopio” admite una acepción amplia aplicable a diversidad de productos y servicios, respecto de la recepción de documentos, digitalización, elaboración y expedición de especies venales, por las implicaciones que estas tienen frente a los registros públicos, en especial frente al RUNT, registro único nacional de tránsito, la determinación de las condiciones para que se puedan prestar estos servicios radica en el ente responsable de su prestación, esto es, cada organismo de tránsito, quien debe adecuar a sus propias necesidades el proceso contractual de vinculación del particular a quien entregará estos servicios, estableciendo las condiciones que requiere de este.

Por lo anterior es claro que si los organismos de tránsito territoriales como titulares de la elaboración y expedición de especies venales, son los competentes para determinar las condiciones de su ejercicio, la Superintendencia de Puertos y Transporte no puede emitir pronunciamientos al respecto, pues excedería el ámbito de sus competencias, transgrediendo las de dichos organismos; razón por la que se desautoriza y deja sin efectos todo concepto de pronunciamiento que se hubiere emitido, de oficio o a petición de parte por esta superintendencia sobre el asunto.

Se oficiará a las autoridades disciplinarias y de control competente, para que se adelanten las indagaciones y se tomen las medidas que correspondan.

N. del D.: La presente circular va dirigida a los directores, gerentes o jefes de organismos de tránsito del orden departamental distrital, municipal, y representantes legales de empresas dedicadas a la recepción, digitalización, elaboración y/o expedición de especies venales propias de los organismos de tránsito.

(1) Artículo 110 Ley 489 de 1998.