CIRCULAR EXTERNA 30 DE 2001

 

CIRCULAR EXTERNA 30 DE 2001 

(Junio 29)

Ref.: Reestructuración de obligaciones a cargo de entidades públicas territoriales, Ley 617 de 2000.

Este despacho ha considerado conveniente impartir nuevas instrucciones respecto de las reestructuraciones que se verifiquen con ocasión de la expedición de la Ley 617 de 2000, adicionando el numeral 16 del capítulo II de la circular básica contable y financiera (Circular Externa 100 de 1995)

Este despacho considera conveniente resaltar que dentro de tales instrucciones se prevé que la parte de las obligaciones objeto de reestructuración que no cuenten con garantía de la Nación podrá mantener la calificación que tenía al 30 de junio de 2001, siempre que a juicio de esta superintendencia tal calificación refleje adecuadamente la exposición al riesgo que enfrentaba la entidad financiera.

Para el efecto, se adjuntan las hojas del mencionado instructivo que sufren modificación.

La presente circular rige a partir de la fecha de su publicación.

N. del D.: Esta circular va dirigida a los representantes legales y revisores fiscales de las entidades vigiladas.

Anexo

Capítulo II

Evaluación de cartera de créditos y contratos de leasing

Página 11

16. Reglas especiales para la calificación de créditos y contratos con entidades territoriales

En la evaluación, calificación y constitución de provisiones de los créditos y contratos con entidades territoriales, las entidades vigiladas deben revisar y verificar el cumplimiento de las reglas generales fijadas en el presente capítulo, además de las diferentes condiciones establecidas en la Ley 358 de 1997.

Con todo, además de la calificación que resulte del análisis realizado a los diferentes factores señalados en el numeral 4º de este capítulo, deberán en todos los casos observarse las reglas especiales sobre calificación de este tipo de cartera contenidas en el presente numeral, que podrán conducir a que el respectivo crédito o contrato deba ser calificado en una categoría de riesgo diferente.

16.1. Deberán calificarse en categoría de riesgo “D” los créditos y contratos que se encuentren en uno cualquiera de los siguientes supuestos:

16.1.1. Aquéllos en los cuales la entidad territorial pignore rentas como garantía cuando no existan mecanismos adecuados para verificar razonablemente que las mismas no han sido previamente pignoradas como garantía de otra obligación. En este evento deberán efectuarse las provisiones correspondientes sin tener en cuenta para tal efecto el valor o cobertura de la garantía otorgada.

16.1.2. Aquellos créditos o contratos garantizados con pignoración de rentas que resulten insuficientes para cubrir el monto de la obligación.

16.1.3. Cuando la entidad territorial haya dado a los recursos del crédito o a los bienes objetos del contrato una destinación diferente a la dispuesta en la ley.

16.2. Deberán calificarse en categoría de riesgo “E” los créditos y contratos que se encuentran en uno cualquiera de los siguientes supuestos, para lo cual deberán efectuarse las provisiones correspondientes por el valor insoluto de la obligación y por los cánones causados y no pagados, sin tener en cuenta en ninguno de los casos el valor o cobertura de la garantía otorgada:

16.2.1. Sin perjuicio de las sanciones a que haya lugar, en aquellos eventos en que las entidades vigiladas acepten como garantía para el pago la pignoración de rentas que previamente han sido comprometidas para otra obligación,

16.2.2. Aquellos créditos o contratos calebrados con entidades territoriales que encontrándose en uno cualquiera de los supuestos del artículo 8º del Decreto 696 de 1998, no cuenten con la correspondiente autorización de endeudamiento.

Con todo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley 358 de 1997, hasta el 4 de febrero de 1999 los créditos o contratos celebrados con las entidades territoriales que al momento de la entrada en vigencia de la citada ley se encontraban dentro de cualquiera de los presupuestos de su artículo 6º podrán continuar siendo calificados dentro de la categoría de riesgo que corresponda conforme los criterios generales y especiales de este capítulo.

Sin embargo, si durante el periodo comprendido entre el 4 de febrero de 1998 y el 4 de febrero de 1999 la deuda neta de la entidad territorial aumentó por encima del cuarenta por ciento (40%) de la variación del índice de precios al consumidor (IPC) para dicho período, la entidad vigilada deberá trasladar el crédito o contrato correspondiente a categoría “E”, salvo que cuente con autorización del Gobierno Nacional, caso en el cual el crédito o contrato podrá continuarse calificando conforme los criterios generales y especiales aplicables.

16.2.3. Los créditos o contratos celebrados con las entidades territoriales que habiendo adoptado planes de desempeño conforme lo dispone la Ley 358 de 1997, no hayan obtenido la manifestación de conformidad a que hace referencia el artículo 11 del Decreto 696 de 1998 por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público o el correspondiente departamento, según el caso.

16.3. En las reestructuraciones que se deriven de la suscripción de programas de saneamiento fiscal y financiero en los términos de la Ley 617 de 2000, se atenderán las siguientes instrucciones especiales, sin perjuicio de aquellas impartidas en el presente capítulo:

16.3.1. Los recursos que tienen por objeto garantizar los créditos destinados tanto a financiar el ajuste fiscal como los reestructurados a la fecha de suscripción del acuerdo incorporados en los encargos fiduciarios previstos en la ley, podrán considerarse como garantía admisible para efectos de la constitución de provisiones, sólo en la medida en que el encargo constituido demuestre que el origen de los recursos cubrirá en el tiempo que dure, las deudas del saneamiento fiscal y de cada una de las entidades financieras participantes en el acuerdo de reestructuración.

16.3.2. En armonía con lo previsto en el numeral 23 del presente capítulo, la totalidad de los rendimientos de las obligaciones reestructuradas, incluyendo aquellos que sean capitalizados y los saldos de cartera y cuentas por cobrar castigados, que no cuenten con la garantía de la Nación prevista en el artículo 63 de la Ley 617 de 2000, se contabilizarán como abono diferido en la subcuenta 272035 y serán registrados como ingreso sólo en la medida en que sean efectivamente recaudados.

Página 11-1

16.3.3. Podrán revertirse las provisiones constituidas sobre las obligaciones objeto de reestructuración, en la parte que haya sido garantizada por la Nación; las constituidas sobre la porción no garantizada por la Nación y atendiendo el porcentaje de provisión requerido en la categoría de riesgo en que se encuentre calificada, sólo cuando el deudor haya cancelado, por lo menos, dos (2) instalamentos sucesivos desde la fecha de la reestructuración y se estén cumpliendo en su totalidad los términos del programa de saneamiento fiscal y financiero suscrito, hecho que deberá acreditarse por escrito por el área del Ministerio de Hacienda y Crédito Público designada para hacer el seguimiento de tales programas.

16.3.4. La parte de las obligaciones objeto de reestructuración que no cuente con garantía de la Nación podrá mantener la calificación que tenía al 30 de junio de 2001, siempre que a juicio de la Superintendencia Bancaria ella refleje adecuadamente la exposición al riesgo que enfrentaba la entidad financiera.

Para efectos de mejorar la calificación después de las correspondientes reestructuraciones, además de estarse cumpliendo en su totalidad los términos del acuerdo, deberán atenderse las instrucciones impartidas en el numeral 13 del presente capítulo, sin perjuicio de aquellas que por vía particular expida esta superintendencia.

16.3.5. En caso de incumplimiento del acuerdo por parte del ente público territorial, la deuda existente a la fecha del incumplimiento que no cuente con la garantía de la Nación, deberá recalificarse de inmediato en una categoría de riesgo no inferior a “E”.

17. Control interno

Los reglamentos internos de cada institución determinarán el área operativa a quien corresponda llevar a cabo las evaluaciones de cartera de que trata este instructivo, y es deber de la Junta Directiva, del representante legal y demás administradores responsables de la cartera, supervisar cuidadosamente tales evaluaciones, asumiendo responsabilidad personal por las mismas.

Los funcionarios responsables de ejecutar las evaluaciones serán designados por la Junta Directiva y su nombramiento será comunicado a la Superintendencia Bancaria por el representante legal, dentro de los quince (15) días siguientes al mismo, indicando la fecha y número de acta de la correspondiente sesión.

_______________________