CIRCULAR EXTERNA 32 DE 2014

 

Superintendencia Financiera

CIRCULAR EXTERNA 32 DE 2014 

(Noviembre 28)

Ref.: Modificación al esquema de provisiones aplicable a los créditos y operaciones de redescuento de las entidades autorizadas para realizar tales actividades.

Este despacho en ejercicio de sus facultades, en particular de la contenida en el numeral 9º del artículo 11.2.1.4.2 del Decreto 2555 de 2010, considera necesario impartir instrucciones en materia de constitución de provisiones para las entidades de redescuento.

En tal sentido, se modifica el Capítulo II de la Circular Básica Contable y Financiera (Cir. Externa 100/95), el anexo 1 del mismo, y se crea el anexo 6 “Provisiones individuales de las entidades autorizadas para realizar operaciones de redescuento”. Lo anterior con el fin de precisar los lineamientos que, en materia de provisiones, deben atender las entidades de redescuento en relación con la cartera directa, así como con las operaciones de redescuento que realicen con los intermediarios financieros.

La implementación de las modificaciones incorporadas mediante la presente circular externa, deberán reflejarse en los estados financieros a más tardar en diciembre de 2015. Sin embargo, las entidades deben informar a esta Superintendencia antes del 30 de junio de 2015 la estimación del efecto sobre el volumen de provisiones y la forma mediante la cual se constituirán de manera progresiva.

La presente circular externa rige a partir de la fecha de su publicación.

Se anexan las páginas objeto de modificación.

N. del D.: La presente circular externa va dirigida a los representantes legales y revisores fiscales de las entidades autorizadas para realizar operaciones de redescuento.

 

ANEXO

 

Capítulo II – Reglas relativas a la gestión del riesgo crediticio

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Capítulo II: Reglas relativas a la gestión del riesgo crediticio

Contenido

Consideraciones generales

1. Principios y criterios generales para la evaluación del riesgo crediticio en la cartera de créditos.

1.1. Riesgo crediticio (RC)

1.2. Obligación de evaluar el RC mediante la adopción de un SARC

1.3. Elementos que componen el SARC

1.3.1. Políticas de administración del RC

1.3.1.1. Estructura organizacional

1.3.1.2. Límites de exposición crediticia y de pérdida tolerada

1.3.1.3. Otorgamiento de crédito

1.3.1.4. Garantías

1.3.1.5. Seguimiento y control

1.3.1.6. Constitución de provisiones

1.3.1.7. Capital económico

1.3.1.8. Recuperación de cartera

1.3.1.9. Políticas de las bases de datos que soportan el SARC

1.3.2. Procesos de administración del RC

1.3.2.1. Responsabilidades de la junta directiva o consejo de administración

1.3.2.2. Responsabilidades del nivel administrativo de la entidad

1.3.2.3. Contenido mínimo de los procesos

1.3.2.3.1 Etapa de otorgamiento

1.3.2.3.2 Etapa de seguimiento y control

1.3.2.3.3 Etapa de recuperación

1.3.3. Modelos para la estimación o cuantificación de pérdidas esperadas

1.3.3.1. Componentes de los modelos internos

1.3.3.2. Reglas sobre los modelos de referencia de la SFC y los modelos internos de las entidades

1.3.4. Sistema de provisiones

1.3.4.1. Provisiones individuales de cartera de créditos

1.3.4.1.1. Cálculo de las provisiones individuales bajo modelos de referencia.

1.3.4.1.1.1. Metodología de cálculo en fase acumulativa.

1.3.4.1.1.2. Metodología de cálculo en fase desacumulativa.

1.3.4.1.1.3. Reglas especiales

1.3.4.2. Provisión general

1.3.4.3. Órdenes de constitución de provisiones

1.3.5. Procesos de control interno

2. Reglas adicionales para el adecuado funcionamiento del SARC.

2.1. Reglas relativas a las distintas modalidades de crédito

2.1.1. Créditos comerciales

2.1.2. Créditos de consumo

2.1.3. Créditos de vivienda

2.1.4. Microcrédito

2.2. Reglas sobre calificación y recalificación del RC

2.2.1. Criterios especiales para la recalificación de créditos reestructurados

2.2.2. Ordenes de recalificación por parte de la SFC

2.2.3. Evaluación y recalificación de la cartera de créditos

2.2.4. Reglas de alineamiento

2.3. Aspectos contables

2.3.1 Contabilización de intereses

2.3.1.1. Suspensión de la causación de intereses

2.3.1.2. Sistema de contabilización para créditos que al menos una vez hayan dejado de causar intereses, corrección monetaria, ajustes en cambio, cánones e ingresos por otros conceptos

2.3.1.3. Regla especial de provisión de cuentas por cobrar (intereses, corrección monetaria, cánones, ajuste en cambio y otros conceptos)

2.3.1.4. Provisión sobre bienes restituidos que originalmente se hubieran dado en leasing

2.4. Disponibilidad y requisitos de reporte de la información sobre evaluación de RC

2.4.1. Reportes de las calificaciones de riesgo a la SFC

2.4.2. Manejo y disponibilidad de la información

2.4.3. Reportes especiales de deudores reestructurados

2.4.4. Información a suministrar al deudor

2.4.5. Sistema de actualización de datos

2.4.6. Mecanismos de divulgación en relación con las centrales de riesgo

2.5. Reglas especiales respecto de algunas entidades vigiladas

2.5.1. Sociedades Fiduciarias

2.5.2. Entidades excluidas de la obligación de adoptar un SARC

2.5.3. Entidades aseguradoras y sociedades de capitalización

2.6. Reglas especiales para la administración del RC en operaciones con entes territoriales y entidades estatales

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Consideraciones generales

En el presente capítulo se señalan los principios, criterios generales y parámetros mínimos que las entidades vigiladas deben observar para el diseño, desarrollo y aplicación del sistema de administración del riesgo crediticio (SARC) con el objeto de mantener adecuadamente evaluado el riesgo de crédito implícito en los activos.

El SARC debe contener políticas y procedimientos claros y precisos que definan los criterios y la forma mediante la cual la entidad evalúa, asume, califica, controla y cubre su riesgo crediticio. Para ello, los órganos de dirección, administración y control de las entidades deben adoptar políticas y mecanismos especiales para la adecuada administración del riesgo crediticio, no sólo desde la perspectiva de su cubrimiento a través de un sistema de provisiones, sino también a través de la administración del proceso de otorgamiento de créditos y permanente seguimiento de éstos.

Las siguientes entidades están obligadas a adoptar un SARC: establecimientos bancarios, corporaciones financieras, compañías de financiamiento, cooperativas financieras, organismos cooperativos de grado superior y todas aquellas entidades vigiladas por la SFC que dentro de su objeto social principal se encuentren autorizadas para otorgar crédito.

Las entidades que pueden realizar operaciones de redescuento están obligadas a adoptar un SARC, debiendo calcular las provisiones individuales de acuerdo con el régimen previsto en el anexo 6 de este capítulo, y constituir la provisión general del numeral 1.3.4.2 en los casos que aplique.

Para efectos del presente capítulo se entiende por operación de redescuento aquella en virtud de la cual una institución financiera autorizada por la Ley para realizar estas operaciones, canaliza recursos para el fomento de actividades económicas en sectores específicos a través de entidades autorizadas para el efecto y sujetas a la vigilancia de la SFC, con excepción de los intermediarios de seguros.

Las entidades a que se refiere el numeral 2.5.1. y 2.5.3. del presente capítulo deben implementar un SARC atendiendo las instrucciones especiales allí señaladas, constituir la provisión general en los casos donde aplique y calcular sus provisiones individuales de acuerdo con el régimen previsto en el anexo 1 de este capítulo.

No se encuentran obligadas a adoptar un SARC las siguientes entidades: casas de cambio, almacenes generales de depósito, fondos ganaderos, sociedades administradoras de fondos de pensiones y de cesantía, sociedades administradoras de fondos de pensiones, cajas y fondos o entidades de seguridad social administradoras del régimen solidario de prima media con prestación definida, y los intermediarios de seguros y de reaseguros. Sin embargo, estas entidades deberán dar cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 2.5.2 del presente capítulo.

El SARC que adopten las entidades vigiladas está sujeto a la supervisión permanente e integral de la SFC, en los términos previstos en el presente capítulo. En todo caso, la puesta en funcionamiento y las modificaciones de los modelos internos para el cálculo de la pérdida esperada deben someterse a la consideración previa de la SFC, sin perjuicio del seguimiento y ajuste permanentes de dichos modelos por parte de las entidades.

Las referencias que en el presente capítulo se hagan a “contratos de crédito”, “operaciones activas de crédito”, “activos de crédito”, “crédito” o “créditos”, “cartera de créditos” u “operaciones” comprenden igualmente a los contratos de leasing.

1. Principios y criterios generales para la evaluación del riesgo crediticio en la cartera de créditos.

1.1. Riesgo crediticio (RC).

El RC es la posibilidad de que una entidad incurra en pérdidas y se disminuya el valor de sus activos, como consecuencia de que un deudor o contraparte incumpla sus obligaciones.

1.2. Obligación de evaluar el RC mediante la adopción de un SARC.

Las entidades vigiladas deben evaluar permanentemente el riesgo incorporado en sus activos crediticios, tanto en el momento de otorgar créditos como a lo largo de la vida de los mismos, incluidos los casos de reestructuraciones. Para tal efecto, las entidades deben diseñar y adoptar un SARC.

1.3. Elementos que componen el SARC.

El SARC debe contar al menos con los siguientes componentes básicos:

— Políticas de administración del RC

— Procesos de administración del RC

— Modelos internos o de referencia para la estimación o cuantificación de pérdidas esperadas

— Sistema de provisiones para cubrir el RC

— Procesos de control interno

1.3.1. Políticas de administración del RC.

Las políticas de administración del RC deben ser adoptadas por la junta directiva o el consejo de administración, tratándose de las cooperativas financieras, definiendo con claridad y precisión los criterios bajo los cuales la organización debe evaluar, calificar, asumir, controlar y cubrir el RC. Igualmente, la junta directiva o el consejo de administración, debe establecer los mecanismos y controles necesarios para asegurar el cumplimiento estricto de dichas políticas y de las normas que le son aplicables al proceso de administración del RC contenidas en este capítulo.

Las políticas de administración del RC deben contemplar como mínimo los siguientes aspectos:

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1.3.4.2. Provisión general.

Corresponde como mínimo al uno por ciento (1%) sobre el total de la cartera de créditos bruta. Tratándose de contratos de leasing, la provisión general debe ser como mínimo del uno por ciento (1%) del valor de los bienes dados en leasing deducida la depreciación y amortización.

La provisión general deberá mantenerse obligatoriamente respecto de:

• Entidades o portafolios cuyo modelo interno no incorpore componentes contracíclicos.

• Entidades o portafolios para los que no se empleen ni los modelos internos que incorporen componentes contracíclicos y hayan obtenido un pronunciamiento de no objeción por parte de la SFC, ni los de referencia adoptados por la SFC.

• Las entidades descritas en el numeral 1º del anexo 6 que no incorporen componentes contracíclicos en su metodología de estimación de provisiones.

La constitución de provisiones generales adicionales, requerirá la aprobación de la asamblea general de accionistas o de asociados de la respectiva entidad, con una mayoría decisoria superior al 85% y deberá fundamentarse técnicamente.

Cuando en virtud de la aplicación de modelos internos, modelo de referencia o metodologías propias de estimación de las provisiones de las entidades mencionadas en el numeral 1º del anexo 6, se incorporen componentes contracíclicos, las entidades podrán destinar proporcionalmente las provisiones generales efectuadas antes de la aplicación de dichos modelos o metodologías a la constitución de provisiones individuales.

1.3.4.3. Órdenes de constitución de provisiones.

De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 1.3.3.2 las entidades cuyos modelos internos no sean objetados por la SFC deberán emplearlos para el cálculo y constitución de provisiones para el respectivo portafolio. Sin perjuicio de lo anterior, con el propósito de asegurar la confianza pública en el sistema y velar por la solidez económica de las entidades, la SFC podrá, en ejercicio de la facultad contemplada en el literal l) del numeral 2º del artículo 326 del EOSF, ordenar, en cualquier momento y respecto de cualquier entidad, un nivel de provisiones diferente, para lo cual, entre otros criterios se tendrá como parámetro el modelo de referencia de la SFC, así como la evaluación del adecuado funcionamiento de los elementos que componen el SARC contemplados en el numeral 1.3 del presente capítulo.

Capítulo II – Reglas relativas a la gestión del riesgo crediticio

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2.1.2. Provisiones para créditos de consumo y microcrédito

2.1.2.1. Las entidades deben mantener en todo momento provisiones no inferiores a los porcentajes que se indican, calculadas sobre el saldo pendiente de pago:

Calificación de créditoPorcentaje mínimo de provisión neto de garantíaPorcentaje mínimo de provisión
A0%1%
B1%2.2%
C20%0%
D50%0%
E100%0%

Se entiende por porcentaje mínimo de provisión neto de garantía el porcentaje de provisión que será aplicado sobre el saldo pendiente de pago descontando el valor de las garantías idóneas, tendiendo en cuenta las reglas establecidas en el numeral 2.1.4 del presente anexo.

Se entiende por porcentaje mínimo de provisión el porcentaje de provisión que será aplicado sobre el saldo pendiente de pago sin descontar el valor de las garantías idóneas.

En todo caso, la provisión individual por cada calificación deberá corresponder a la suma de las provisiones que resulten de aplicar el porcentaje mínimo de provisión neta de garantía y el porcentaje mínimo de provisión.

A partir del 1 de julio de 2007 y hasta el 30 de junio de 2008, las entidades deben incrementar la provisión de la cartera de consumo calificada en “A” y “B” de acuerdo a los porcentajes que más adelante se indican, calculada sobre el saldo pendiente de pago sin descontar el valor de las garantías idóneas:

Calificación de créditoPorcentaje adicional de provisión
A0.6%
B1.8%

Los incrementos en las provisiones individuales de la cartera de consumo calificada en “A” y “B” originados en virtud de la aplicación de la tabla anterior, deberán estar totalmente constituidos el 30 de junio de 2008. Para tal fin, mensualmente y a partir del mes de julio de 2007 las entidades deberán provisionar la alícuota correspondiente.

Para determinar el valor de la alícuota mensual se aplicará la siguiente fórmula:

Cartera de créditos:

• Durante los doce meses:

Circular Externa 32 de 2014 1
Circular Externa 32 de 2014 1

 

Capítulo II – Reglas relativas a la gestión del riesgo crediticio

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Anexo 6

Provisiones individuales de las entidades autorizadas para realizar operaciones de redescuento

1. Reglas para el cálculo y constitución de provisiones individuales de las operaciones de crédito directo y de redescuento de Bancoldex, Finagro y Findeter.

Para la constitución de las provisiones de los créditos comerciales y de consumo directos, Bancoldex, Finagro y Findeter, deben aplicar el correspondiente modelo de referencia, establecido en los anexos 3 y 5, respectivamente. Para el caso de las operaciones de microcrédito, se deben sujetar a lo establecido en el numeral 2º del presente anexo.

En relación con las operaciones de redescuento, las citadas entidades deben diseñar e implementar una metodología propia de cálculo de provisiones, teniendo en cuenta como mínimo los siguientes aspectos:

1.1. Las operaciones de redescuento deben clasificarse para efectos exclusivos del cálculo de provisiones en las siguientes categorías: A1, A2, A3, A4 o A5. Para tal propósito deben realizar el análisis sobre la contraparte considerando variables cualitativas y cuantitativas y como mínimo los siguientes elementos: comportamiento de pago (en la entidad y en el sistema), indicadores financieros, gestión de riesgo, elementos de gobierno corporativo y vulnerabilidades frente a cambios adversos en las condiciones del entorno económico, que de materializarse podrían afectar el cumplimiento de la obligación. Adicionalmente, este análisis debe tener en cuenta los criterios evaluados por la entidad al momento de la originación y/o asignación del cupo a la contraparte, así como las evaluaciones realizadas por agencias calificadoras de riesgo autorizadas por la SFC en los casos que aplique.

A continuación se describen cada una de las categorías:

i. Categoría “A1”: El análisis cuantitativo y cualitativo refleja una situación financiera sólida, estable y suficiente para atender de manera permanente y oportuna sus obligaciones. Es poco probable que la solidez financiera se vea afectada de manera adversa por eventos económicos y financieros.

ii. Categoría “A2”: El análisis cuantitativo y cualitativo refleja una situación financiera estable y suficiente para atender de manera permanente y oportuna sus obligaciones; sin embargo, existen debilidades potenciales que pueden comprometer la solidez financiera de la contraparte y por tanto su capacidad de responder con sus obligaciones. Es probable que el deterioro en el ambiente económico y financiero, afecten la capacidad para atender sus obligaciones.

iii. Categoría “A3”: El análisis cuantitativo y cualitativo refleja una situación financiera aceptable. Existen factores que pueden comprometer de forma apreciable la solidez financiera de la contraparte y por tanto su capacidad de responder con las obligaciones. Es vulnerable al deterioro en el ambiente económico y financiero.

iv. Categoría “A4”: El análisis cuantitativo y cualitativo refleja una alta posibilidad de incumplimiento de las obligaciones de la contraparte. Es altamente vulnerable al deterioro en el ambiente económico y financiero.

v. Categoría “A5”: La contraparte incumplió el pago de la obligación.

Las mencionadas categorías solamente tienen efecto en la metodología de cálculo de las provisiones que diseñe cada entidad de redescuento y por tanto, para propósitos de reporte de información, éstas deben continuar atendiendo los lineamientos establecidos en el numeral 1º del anexo 1 del Capítulo II de la Circular Básica Contable y Financiera (CBCF).

1.2. La metodología que implementen para la estimación de las provisiones individuales debe atender la filosofía de pérdidas esperadas. Para el efecto, deben incorporar como mínimo parámetros de probabilidad de incumplimiento y pérdida dado el incumplimiento, los cuales deben ser estimados reconociendo las particularidades de las operaciones de redescuento y las características propias de las contrapartes. Adicionalmente, pueden incorporar componentes contracíclicos en la estimación para lo cual deben establecer el mecanismo para su acumulación y desacumulación.

Tales metodologías deben estar documentadas y contar con mecanismos de validación periódica a fin de que la entidad de redescuento incorpore los ajustes necesarios que garanticen su adecuado funcionamiento.

2. Cálculo y constitución de las provisiones individuales de las operaciones de crédito directo y de redescuento, para las entidades diferentes a las mencionadas en el numeral 1º del presente anexo.

Las entidades que realizan operaciones de redescuento deben, en relación con sus créditos comerciales, de consumo y microcrédito directos, así como con sus operaciones de redescuento, mantener en todo momento provisiones individuales no inferiores a los porcentajes que se indican a continuación:

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Calificación de créditoPorcentaje mínimo de provisión neto de garantíaPorcentaje mínimo de provisión
A0%1%
B1%2.2%
C20%0%
D50%0%
E100%0%

Se entiende por porcentaje mínimo de provisión neto de garantía, el porcentaje de provisión que será aplicado sobre el saldo pendiente de pago descontando el valor de las garantías idóneas, teniendo en cuenta las reglas establecidas en el numeral 2.1.4 del anexo 1º del Capítulo II de la CBCF.

Se entiende por porcentaje mínimo de provisión, el porcentaje de provisión que se debe aplicar sobre el saldo pendiente de pago sin descontar el valor de las garantías idóneas.

En todo caso, la provisión individual por cada calificación debe corresponder a la suma de las provisiones que resulten de aplicar el porcentaje mínimo de provisión neta de garantía y el porcentaje mínimo de provisión. La calificación del crédito se debe sujetar a lo establecido en el numeral 1º del anexo 1 del Capítulo II de la CBCF.

Para efectos del presente anexo se entienden como créditos directos aquellos en los que la entidad asume el riesgo de incumplimiento de forma directa con el deudor.