CIRCULAR EXTERNA 34 DE 1998 

(Mayo 19)

Ref.: Reglas especiales para la calificación de créditos otorgados a entidades territoriales (Cir. Ext. 100/95).

Como es de su conocimiento la Ley 358 de 1997 y su respectivo decreto reglamentario, el Decreto 696 de 1998, modificaron en su totalidad el régimen de endeudamiento de las entidades territoriales. Lo anterior hace necesario impartir las siguientes instrucciones que establecen los criterios que en adelante deberán tenerse en cuenta al momento de evaluar y calificar este tipo de cartera.

En consecuencia, mediante la presente circular, este despacho modifica parcialmente el capítulo II de la Circular Externa 100 de 1995 incluyendo un nuevo numeral 24 denominado “reglas especiales para la calificación de créditos otorgados a entidades territoriales” para lo cual se reemplazan las correspondientes páginas 8, 8-1 y 9 que se anexan.

Esta circular rige a partir de la fecha de su publicación.

la entidad vigilada, debiendo comunicar tal circunstancia a la Superintendencia Bancaria que podrá ordenar constituirla nuevamente.

23. Provisiones respecto de créditos a cargo de personas que se encuentren tramitando procesos de concurso universal de acreedores.

Los créditos a cargo de personas que sean admitidas en procesos de concurso universal de acreedores, se calificarán inmediatamente en la categoría “E”, sujetándose para efectos de la constitución de provisiones, suspensión de causación de rendimientos, corrección monetaria y otros conceptos a lo previsto para esta categoría. En relación con los créditos nuevos o posconcordatarios se aplicarán las reglas contenidas en el subnumeral 23.3.

23.1. La constitución de las provisiones se efectuará de la siguiente forma:

Las provisiones se deberán constituir inmediatamente el deudor sea admitido a concordato, de acuerdo con las reglas previstas para la categoría “E” en la parte no cubierta con garantía admisible. Durante el año siguiente a dicha declaratoria deberán aumentarse las provisiones gradualmente hasta alcanzar el 100% del valor total del capital, mediante alícuotas mensuales.

23.2. La calificación de los créditos y las provisiones constituidas según las reglas señaladas en el numeral anterior, deberán mantenerse hasta que se produzca el acuerdo concursal debidamente homologado, fecha a partir de la cual podrán reclasificarse en categoría “D”. Las provisiones sólo podrán reversarse gradualmente durante el año siguiente a la homologación, mediante alícuotas mensuales, hasta alcanzar el 50% del valor total del capital.

En caso de que el acuerdo se homologue antes del año siguiente a la admisión al concordato, las entidades podrán reclasificar los créditos a categoría “D” y, en tal caso, las provisiones se ajustarán inmediatamente al 50% del valor del crédito si son inferiores a dicho valor y, en caso contrario se reversarán dentro del año siguiente, según lo dispuesto en el párrafo anterior.

Posteriormente, estos créditos sólo podrán reclasificarse en categorías de menor riesgo cuando concurran las siguientes condiciones:

23.2.1. Que el deudor esté cumpliendo con todas las obligaciones financieras a su cargo en los términos convenidos en el concordato;

23.2.2. Que haya transcurrido un término igual o superior al 30% del plazo total previsto para el cumplimiento del acuerdo concordatario, sin que dicho término sea inferior a un año, y

23.2.3. Que se realice un estudio de la situación financiera del deudor en el que se demuestre que existen razones financieras valederas para la reclasificación de los créditos a su cargo.

En todo caso, tratándose de créditos que sean iguales o superiores al 1% del patrimonio técnico de la entidad del trimestre calendario inmediatamente anterior, podrán modificarse la calificación y reducirse las provisiones constituidas, si la Superintendencia Bancaria lo autoriza previa demostración de que se cumplieron los requisitos señalados anteriormente. Tratándose de créditos de cuantía inferior, bastará notificar la modificación de la calificación y la reducción de las provisiones a la Superintendencia Bancaria, quien podrá ordenar constituirlas nuevamente.

Cuando se modifique la calificación de los créditos a cargo de deudores en concordato, el establecimiento de crédito deberá realizar evaluaciones periódicas de la situación financiera del deudor y en aquellos casos en que encuentre que no se están cumpliendo las condiciones descritas en este numeral, deberá reclasificar nuevamente los créditos a categorías de mayor riesgo.

23.3. Los créditos nuevos o posconcordatarios podrán calificarse en una categoría de menor riesgo. Para tales efectos, con base en las reglas previstas en el numeral 12 del Capítulo II de esta Circular, los establecimientos de crédito deberán realizar, en forma previa al otorgamiento del crédito, un estudio de la situación financiera del deudor. Dichos estudios deberán mantenerse a disposición de la Superintendencia Bancaria para cuando esta Entidad los requiera.

24. Reglas especiales para la calificación de créditos otorgados a entidades territoriales

En la evaluación, calificación y constitución de provisiones de los créditos a cargo de entidades territoriales, las entidades vigiladas deben revisar y verificar el cumplimiento de las reglas generales fijadas en el presente capítulo, además de las diferentes condiciones establecidas en la Ley 358 de 1997.

Con todo, además de la calificación que resulte del análisis realizado a los diferentes factores señalados en el numeral 7º de este capítulo, deberán en todos los casos observarse las reglas especiales sobre calificación de este tipo de cartera contenidas en el presente numeral, que podrán conducir a que el respectivo crédito deba ser calificado en una categoría de riesgo diferente.

24.1. Deberán calificarse en categoría de riesgo “D” los créditos correspondientes que se sitúen en uno cualquiera de los siguientes eventos:

24.1.1. Aquellos créditos en los cuales la entidad territorial pignore rentas como garantía cuando no existan mecanismos adecuados para verificar razonablemente que las mismas no han sido previamente pignoradas como garantía de otra obligación. En este evento deberán efectuarse las provisiones correspondientes sin tener en cuenta para tal efecto el valor o cobertura de la garantía otorgada.

24.1.2 Aquellos créditos garantizados con pignoración de rentas que resulten insuficientes para cubrir el monto de la obligación.

24.1.3 Cuando la entidad territorial haya dado a los recursos del crédito una destinación diferente a la dispuesta en la ley.

24.2. Deberán calificarse en categoría de riesgo “E” los créditos correspondientes que se sitúen en uno cualquiera de los siguientes eventos, para lo cual deberán efectuarse las provisiones correspondientes por el valor insoluto de la obligación, sin tener en cuenta en ninguno de los casos el valor o cobertura de la garantía otorgada:

24.2.1 Sin perjuicio de las sanciones a que haya lugar, en aquellos eventos en que las entidades vigiladas acepten como garantía la pignoración de rentas que previamente han sido comprometidas como garantía de otra obligación.

24.2.2 Aquellos créditos otorgados a entidades territoriales que encontrándose en uno cualquiera de los supuestos del artículo 8º del Decreto 696 de 1998 , no cuenten con la correspondiente autorización de endeudamiento.

Con todo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley 358 de 1997, hasta el 4 de febrero de 1999 los créditos otorgados a las entidades territoriales que al momento de la entrada en vigencia de la citada ley se encontraban dentro de cualquiera de los presupuestos de su artículo 6º. podrán continuar siendo calificados dentro de la categoría de riesgo que corresponda conforme los criterios generales y especiales de este capítulo.

Sin embargo, si durante el período comprendido entre el 4 de febrero de 1998 y el 4 de febrero de 1999 la deuda neta de la entidad territorial aumenta por encima del 40% de la variación del índice de precios al consumidor, IPC, proyectado por el Banco de la República para la respectiva vigencia, la entidad vigilada deberá trasladar el crédito correspondiente a categoría “E”, salvo que cuente con autorización del Gobierno Nacional, caso en el cual el crédito podrá continuarse calificando conforme los criterios generales y especiales aplicables.

24.2.3. Los créditos otorgados a las entidades territoriales que habiendo adoptado planes de desempeño conforme lo dispone la Ley 358 de 1997, no hayan obtenido la manifestación de conformidad a que hace referencia el artículo 11 del Decreto 696 de 1998 por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público o el correspondiente departamento, según el caso.

25. Control interno.

Los reglamentos internos de cada institución determinarán el área operativa a quien corresponda llevar a cabo las evaluaciones de cartera de que trata esta instructivo, y es deber de la junta directiva, del representante legal y demás administradores responsables de cartera, supervisar cuidadosamente tales evaluaciones, asumiendo responsabilidad por las mismas.

Los funcionarios responsables de ejecutar las evaluaciones serán designados por la junta directiva y su nombramiento será comunicado a la Superintendencia Bancaria por el representante legal dentro de los quince (15) días siguientes al mismo, indicando la fecha y número de acta de la correspondiente sesión.

26. Responsabilidad del revisor fiscal.

En desarrollo de las funciones propias del revisor fiscal, corresponderá a éste verificar el estricto cumplimiento de lo dispuesto en el presente instructivo, debiendo incluir pronunciamiento expreso sobre el particular dentro del dictamen que rinda respecto de los estados financieros. Así mismo, en desarrollo de lo dispuesto en el artículo 207, ordinal 3º, del Código de Comercio, el Revisor Fiscal deberá informar a la Superintendencia Bancaria las irregularidades que en la aplicación de el presente instructivo advierta en el ejercicio de sus labores, cuando las mismas sean materiales.

27. Disponibilidad de la información financiera.

Con el objeto de contar con los elementos necesarios para el adecuado análisis de riesgo de que trata este instructivo, las instituciones vigiladas deberán mantener, en el expediente de crédito del respectivo prestatario, información personal y financiera completa y actualizada sobre cada cliente, cuyos aspectos más relevantes se llevarán con arreglo a los formatos que para el efecto determine la Superintendencia Bancaria.

Dicho expediente deberá incluir la información allegada por la entidad para establecer las relaciones que, conforme a las reglas sobre cupos individuales de endeudamiento, dan lugar a acumular las obligaciones de un conjunto de sujetos.

28. Disponibilidad de las evaluaciones realizadas.

Las evaluaciones realizadas por las instituciones deberán permanecer a disposición de la Superintendencia Bancaria y de la revisoría fiscal.

29. Revelación de la evaluación de la cartera en las notas a los estados financieros.

En las notas a los estados financieros de cada ejercicio contable deberá revelarse, en forma comparada con el ejercicio inmediatamente anterior, por lo menos lo siguiente:

29.1. Los montos de capital, rendimientos, corrección monetaria y otros conceptos de los créditos comerciales, de consumo e hipotecarios para vivienda que correspondan a cada una de las calificaciones previstas en este instructivo.

29.2. El valor de las garantías admisibles para cada una de las calificaciones previstas en este instructivo, por cada clase de créditos.

29.3. El valor de las provisiones por concepto de capital, de rendimientos, corrección monetaria y otros conceptos, que correspondan a cada una de las calificaciones, por cada clase de créditos, incluyendo la provisión general sobre los créditos comerciales no calificados, así como las provisiones ordenadas por la Superintendencia Bancaria como consecuencia de los coeficientes de riesgo.

29.4. Los coeficientes de riesgo individual y global de cartera.

29.5. El valor de los créditos reestructurados, de los créditos a cargo de personas que alcancen acuerdos informales y extraconcordatarios, y de las personas que se encuentren tramitando procesos de concurso universal de acreedores. La revelación deberá separar, por cada circunstancia en particular, los saldos de capital, rendimientos, corrección monetaria y otros conceptos, valor de las garantías admisibles y las provisiones constituidas.

30. Norma transitoria.

Las entidades vigiladas podrán distribuir las provisiones adicionales que se deriven de la primera evaluación de cartera comercial, de consumo e hipotecaria para vivienda bajo las reglas del presente instructivo, así: el veinticinco por ciento (25%) hasta el 31 de diciembre de 1994; el veinticinco por ciento (25%) hasta el 31 de marzo de 1995; el veinticinco por ciento (25%) hasta el 30 de junio de 1995 y el restante veinticinco por ciento (25%) hasta el 30 de septiembre de 1995.

Tales provisiones adicionales deberán ser informadas por escrito a la Superintendencia Bancaria, en donde se indicará la cuantía por cada clase de cartera y la forma como se va a cumplir con el programa propuesto en el presente numeral.

No obstante, las entidades que puedan registrar pérdidas significativas como consecuencia de la primera evaluación de cartera bajo las reglas de el presente instructivo, podrán convenir con la Superintendencia Bancaria un plan de ajuste, que deberá ser presentado a más tardar el 31 de diciembre de 1994, el cual podrá ser revisado por esta entidad en cualquier tiempo.

El flujo de caja como factor de evaluación, de acuerdo con lo previsto en el numeral 7, sólo se considerará para aquellos créditos existentes que excedan del 1% del patrimonio técnico a 30 de septiembre de 1994, así como para los créditos que se otorguen a partir del 7 de octubre de 1994.

Para los efectos del presente instructivo, los créditos que hubiesen sido clasificados como de consumo por los establecimientos bancarios hasta septiembre 30 de 1994, bajo los parámetros de la Resolución 2053 de 1989, podrán continuarse clasificando como tales. Así mismo, los créditos clasificados como comerciales y que por razón de los criterios definidos en este instructivo deban considerarse como de consumo, podrán clasificarse y calificarse atendiendo lo dispuesto para estos últimos.

La evaluación de la cartera de créditos a 30 de septiembre de 1994 se efectuará conforme a los parámetros establecidos en la Resolución 2053 de 1989.

La primera evaluación completa de la cartera comercial se efectuará durante el cuarto trimestre de 1994 y sus resultados se registrarán a más tardar el 31 de diciembre del mismo año, con sujeción a lo dispuesto en el presente instructivo.

N. del D.: Esta circular va dirigida a los representantes legales y revisores fiscales entidades vigiladas.

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