CIRCULAR EXTERNA 39 DE 1999 

(Junio 25)

Ref.: Capítulos II y III de la Circular Externa 100 de 1995, referente a la evaluación de cartera de créditos y de contratos de leasing y a bienes recibidos en pago.

Este despacho en uso (sic) sus facultades legales y en especial de las que le confieren los literales a) y b) del numeral 3º del artículo 326 del estatuto orgánico del sistema financiero, ha considerado oportuno modificar los capítulos II y III de la Circular Básica Contable y Financiera.

En consecuencia, se sustituyen los capítulos II y III de la Circular Externa 100 de 1995 —Básica Contable y Financiera—, los cuales se adjuntan.

Como el numeral 22.2 del capítulo II lo indica, sus disposiciones son de carácter transitorio y sólo estarán vigentes hasta el 31 de diciembre de 1999.

La presente circular rige desde la fecha de su publicación en el Diario Oficial, deroga todas las instrucciones que le sean contrarias y se aplicará a la evaluación de cartera de créditos y de contratos de leasing y a bienes recibidos en pago que deban efectuar las entidades vigiladas a partir del mes de julio de 1999.

CAPÍTULO II

Evaluación de cartera de créditos y de contratos de leasing

1. Criterios para el otorgamiento de crédito y para la celebración de contratos de leasing.

Los criterios que tendrán las entidades vigiladas en el otorgamiento de préstamos y para celebrar los contratos de leasing serán los siguientes:

1.1. La capacidad de pago del deudor y los flujos de caja de los proyectos financiados. En consecuencia, los planes de amortización deberán consultar dicha capacidad de pago y flujos de ingresos.

1.2. Liquidez, cobertura e idoneidad de las garantías, teniendo en cuenta, entre otros aspectos, la celeridad con que puedan hacerse efectivas, su valor de mercado técnicamente establecido, los costos razonablemente estimados de su realización y el cumplimiento de los requisitos de orden jurídico para hacerlas exigibles.

1.3. Información proveniente de centrales de riesgos, consolidadas con el sistema, y de las demás fuentes de información comercial de que disponga la institución vigilada.

2. Clasificación de la cartera de créditos y de los contratos de leasing.

Para efectos de la evaluación, la cartera de créditos y los contratos de leasing se clasificarán en comerciales, de consumo y de vivienda.

2.1. Se tendrán como comerciales las siguientes operaciones activas:

— Los créditos superiores a trescientos (300) salarios mínimos legales mensuales.

— Los créditos inferiores a trescientos (300) salarios mínimos legales mensuales, que según los reglamentos internos del establecimiento de crédito se consideren como comerciales, y no estén expresamente mencionados en los numerales 2.2 y 2.3.

— Los créditos redescontados, independientemente del monto aprobado.

— Los créditos que cuenten con garantía hipotecaria y que no se clasifiquen como créditos para vivienda, cualquiera sea su cuantía.

— Los contratos de leasing sobre bienes cuyo valor exceda de trescientos (300) salarios mínimos legales mensuales en la fecha de celebración del contrato.

Los contratos de leasing sobre bienes cuyo valor sea inferior a trescientos (300) salarios mínimos legales mensuales en la fecha de celebración del contrato, que según los reglamentos internos del establecimiento de crédito se consideren como comerciales, y no estén expresamente mencionados en el numeral 2.2.

2.2. Se tendrán como de consumo las siguientes operaciones activas:

— Los créditos otorgados a través del sistema de tarjeta de crédito.

— Las financiaciones de primas por parte de las compañías de seguros.

— Las comisiones y otras cuentas por cobrar, sin perjuicio de la observancia de las normas especiales sobre constitución de provisiones que les sean aplicables. Se excluyen las que se deriven de créditos que deban clasificarse como comerciales o para vivienda, las cuales deberán tratarse como tales.

— Los cánones y demás conceptos originados en contratos de arrendamiento operativo.

— Los créditos cuyo monto no exceda, en el momento del otorgamiento, de trescientos (300) salarios mínimos legales mensuales y que, según los reglamentos internos del establecimiento de crédito, no se consideren como comerciales.

— Los contratos de leasing sobre bienes cuyo valor sea inferior a trescientos (300) salarios mínimos legales mensuales en la fecha de celebración del contrato.

2.3. Son créditos de vivienda, independientemente de la cuantía, aquellos que cumplan con las siguientes características:

— 1. Se otorguen para la adquisición, construcción, reparación, remodelación, ampliación, mejoramiento y subdivisión de vivienda propia o para la adquisición de lotes con servicios.

— 2. Estén amparados con garantía hipotecaria, cualquiera sea el sistema pactado para su otorgamiento y amortización.

— 3. Su plazo de amortización sea igual o superior a cinco (5) años.

Se consideran también créditos para vivienda los adquiridos a otras instituciones financieras que hubiesen sido otorgados para los fines antes señalados, así como los concedidos a empleados de la respectiva institución para los mismos fines y que en uno y otro caso se encuentren amparados con garantía hipotecaria y tengan un plazo mínimo de cinco (5) años para su amortización.

2.4. Para efectos de la clasificación de los créditos comerciales o de consumo, se deberá considerar el monto aprobado por la entidad, independientemente de los desembolsos efectuados.

2.5. La cuantía que resulte de trescientos salarios mínimos legales mensuales se aproximará al número entero siguiente, expresado en centenas de miles de pesos.

3. Obligatoriedad de la evaluación. Alcance y frecuencia.

Las instituciones vigiladas por la Superintendencia Bancaria deberán evaluar permanentemente su cartera de crédito y la atención de las obligaciones emanadas de los contratos de leasing, así:

3.1. Cartera y contratos comerciales.

3.1.1. Evaluación total. Las entidades deberán efectuar evaluaciones totales de la cartera y de los contratos de leasing clasificados como comerciales de acuerdo con las normas de este capítulo. Se entenderá por evaluación total, aquella que comprende el ciento por ciento (100%) de la cartera y de los contratos de leasing, incluido el monto adeudado por capital, rendimientos, corrección monetaria, ajustes en cambio, o por cualesquiera otros conceptos.

3.1.2. Todas las instituciones vigiladas deberán efectuar evaluaciones totales por lo menos durante los meses de mayo y noviembre, y sus resultados se registrarán al cierre del mes siguiente.

3.1.3. Actualizaciones. Las entidades deberán actualizar mensualmente su evaluación de cartera comercial y de contratos de leasing y mantener a disposición de la Superintendencia Bancaria la siguiente información:

— Cambios en la calificación de un deudor, respecto de la calificación del mes anterior.

— Nuevos créditos o contratos por montos iguales o superiores al uno por ciento (1%) del patrimonio técnico de la entidad correspondiente al mes inmediatamente anterior.

— Créditos con nuevos desembolsos cuya cuantía, en razón de tales desembolsos, alcance o supere el uno por ciento (1%) del patrimonio técnico de la entidad correspondiente al mes inmediatamente anterior.

— Nuevos contratos con los mismos locatarios cuya cuantía sumada con los anteriores alcance el uno por ciento (1%) del patrimonio técnico de la entidad correspondiente al mes inmediatamente anterior.

— Nuevos créditos o contratos con vinculados.

— Créditos o contratos que hayan sido reestructurados.

— Créditos o contratos que hayan sido cancelados.

Para los efectos de este capítulo, se entienden por créditos y contratos con vinculados los celebrados con las personas de que tratan los artículos 122 del estatuto orgánico del sistema financiero y 260 del Código de Comercio y aquellos que se consideran otorgados a dichas personas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 10 y 11 del Decreto 2360 de 1993.

En todo caso, cuando se trate de cambios en la calificación de un deudor a una de menor riesgo, la entidad deberá mantener a disposición de la Superintendencia Bancaria la documentación que justificó dicho cambio.

Si los resultados de las actualizaciones dieren lugar a provisiones, éstas deberán hacerse de manera inmediata.

3.1.4. Las entidades sometidas a vigilancia especial o a cualquiera otra medida cautelar, así como aquellas que realicen cierres de ejercicio trimestrales, deberán efectuar, por lo menos, una evaluación total en cada trimestre calendario y sus resultados se registrarán a más tardar el 31 de marzo, el 30 de junio, el 30 de septiembre y el 31 de diciembre.

3.2. Cartera y contratos clasificados como de consumo y cartera de vivienda.

La evaluación de la cartera y de los contratos clasificados como de consumo y de la cartera para vivienda, se realizará mensualmente y sus resultados se registrarán a más tardar al finalizar el mes objeto de evaluación.

Las evaluaciones de la cartera y de los contratos clasificados como de consumo y de la cartera para vivienda, comprenderán el ciento por ciento de las mismas.

4. Criterios de evaluación.

4.1. Cartera y contratos comerciales. La evaluación de la cartera y de los contratos comerciales se hará con base en los siguientes criterios y en su orden, así:

4.1.1. La capacidad de pago del deudor y de sus codeudores, así como el flujo de caja del proyecto, si fuere el caso, considerando las características del crédito (plazo, períodos de pago, etc.), de conformidad con información financiera actualizada y documentada, de unos y otro.

4.1.2. Servicio de la deuda y cumplimiento de los términos pactados. Es decir, la atención oportuna de todas las cuotas o instalamentos; entendiéndose como tales cualquier pago derivado de una operación activa de crédito, que deba efectuar el deudor en una fecha determinada, independientemente de los conceptos que comprenda (capital, intereses, capital e intereses o cualquier otro).

4.1.3. Información proveniente de centrales de riesgos, consolidadas con el sistema, y de las demás fuentes de información comercial de que disponga la institución vigilada.

4.2. Cartera y contratos de consumo y cartera de vivienda. La evaluación se hará exclusivamente con base en el servicio oportuno de la deuda.

5. Reportes a la Superintendencia Bancaria.

Los resultados de las evaluaciones totales y parciales, efectuadas por los establecimientos de crédito, deberán incorporarse en los informes trimestrales de operaciones activas de crédito que se remiten a la superintendencia, con corte a los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre, de conformidad con los instructivos y proformas vigentes.

6. Calificación de los créditos y de los contratos de leasing por nivel de riesgo.

6.1. Créditos y contratos comerciales. Los créditos y contratos comerciales se calificarán así:

6.1.1. Categoría “A”. Crédito o contrato normal. Los créditos o contratos calificados en esta categoría reflejan una estructuración y atención apropiadas. Los estados financieros de los deudores y/o los flujos de fondos del proyecto, así como la demás información crediticia, indican una capacidad de pago adecuada, en términos del monto y origen de los ingresos con que cuentan los deudores para hacer frente a los pagos requeridos. El deudor está cumpliendo a cabalidad con los términos del crédito o contrato.

6.1.2. Categoría “B”. Crédito o contrato aceptable. Los créditos o contratos calificados en esta categoría están adecuadamente atendidos y protegidos, pero existen debilidades potenciales provenientes de situaciones que afectan o pueden afectar, transitoria o permanentemente, la capacidad de pago del deudor o de sus codeudores o los flujos de caja del proyecto, en forma tal que, de no ser corregidas oportunamente, llegarían a afectar el normal recaudo del crédito o contrato.

Además, estarán en esta categoría los créditos o contratos con más de uno (1) y hasta tres (3) meses de vencidos.

Las operaciones que deben incluirse en esta categoría pueden presentar una o más de las siguientes características, u otras de análoga naturaleza:

6.1.2.1. Plan de amortización inadecuado respecto de los flujos de fondos el deudor o del proyecto.

6.1.2.2. Documentación desactualizada o insuficiente.

6.1.2.3. Condiciones adversas de mercado que pueden afectar la actividad económica en que se desenvuelve el deudor, o la región geográfica en que desarrolla sus negocios.

6.1.2.4. Tendencias o desequilibrios adversos en la condición financiera del deudor que pueden afectar el flujo de ingresos que ha de servir como fuente de pago.

6.1.2. Categoría “C”. Crédito o contrato deficiente. Se califican en esta categoría los créditos o contratos que presentan insuficiencias en la capacidad de pago del deudor o de sus codeudores o en los flujos de fondos del proyecto, que comprometan el normal recaudo de la obligación en los términos convenidos, aunque no en forma significativa.

Además, entiéndase deficiente el crédito o contrato con más de tres (3) y hasta seis (6) meses de vencido.

6.1.4. Categoría “D”. Crédito o contrato de difícil cobro. Es aquel que tiene cualquiera de las características del deficiente, pero en mayor grado, de tal suerte que la probabilidad de recaudo es altamente dudosa.

Además, entiéndase de difícil cobro el crédito o contrato con más de seis (6) y hasta doce (12) meses de vencido.

6.1.5. Categoría “E”. Crédito o contrato incobrable. Es aquel que se estima irrecuperable.

Además, deberán incluirse dentro de esta categoría los créditos o contratos con más de doce (12) meses de vencidos.

6.2. Calificación de los créditos o contratos de consumo. Los créditos o contratos de consumo se calificarán en función de su oportuna atención o del tiempo de vencimiento que registren los saldos pendientes, así:

6.2.1. Categoría “A”. Crédito o contrato normal. Créditos o contratos que presentan sus cuotas al día o vencimientos hasta de un mes.

6.2.2. Categoría “B”. Crédito o contrato aceptable. Créditos o contratos que presentan vencimientos superiores a un (1) mes y hasta dos (2) meses.

6.2.3. Categoría “C”. Crédito o contrato deficiente. Créditos o contratos que presentan vencimientos superiores a dos (2) y hasta tres (3) meses.

6.2.4. Categoría “D”. Crédito o contrato de difícil cobro. Créditos o contratos que presentan vencimientos por más de tres (3) meses y hasta seis (6) meses.

6.2.5. Categoría “E”. Crédito o contrato incobrable. Créditos o contratos que presentan vencimientos de más de seis (6) meses.

6.3. Calificación de los créditos de vivienda. La determinación del nivel de riesgo de la cartera de vivienda deberá efectuarse teniendo en cuenta el grado de cumplimiento del respectivo deudor, como se expresa a continuación:

6.3.1. Categoría “A”. Crédito normal. Créditos cuyos instalamentos se encuentran al día o presentan vencimientos hasta de un mes.

6.3.2. Categoría “B”. Crédito aceptable. Créditos que presentan vencimientos de más de uno (1) y hasta de cuatro (4) meses.

6.3.3. Categoría “C”. Crédito deficiente. Créditos que presentan vencimientos de más de cuatro (4) y hasta de seis (6) meses.

6.3.4. Categoría “D”. Crédito de difícil cobro. Créditos que presentan vencimientos entre seis (6) y doce (12) meses.

6.3.5. Categoría “E”. Crédito incobrable. Créditos que presentan vencimientos de más de doce (12) meses.

6.4. Clasificación y calificación por parte de la Superintendencia Bancaria. Sin perjuicio de las sanciones personales e institucionales que correspondan, la Superintendencia Bancaria podrá revisar las clasificaciones y calificaciones que, de acuerdo con las normas previstas en este instructivo, efectúe cada institución vigilada, y ordenar modificaciones en las calificaciones, cuando constate la inobservancia de los criterios de clasificación y calificación anteriormente establecidos.

La Superintendencia Bancaria igualmente, podrá ordenar recalificaciones de cartera o contratos para un sector económico, zona geográfica o de un deudor o conjunto de deudores, cuyas obligaciones deban acumularse, según las reglas de cupos individuales de endeudamiento.

Las entidades podrán trasladar a categorías de menor riesgo los créditos o contratos calificados por la Superintendencia Bancaria, si obtienen autorización previa de esta entidad, cuando haya razones que lo justifiquen.

7. Efectos de la calificación.

7.1. Calificación por la entidad. Cuando una entidad vigilada califique en D o en E cualquiera de los créditos o contratos de un deudor, deberá llevar a la misma categoría, o a una de mayor riesgo, los demás créditos o contratos de la misma clase otorgados a dicho deudor y los de su codeudor o codeudores, si los hubiere, salvo que demuestre a la Superintendencia Bancaria la existencia de razones valederas para su calificación en una categoría de menor riesgo.

Las demás entidades financieras vinculadas en los términos de los artículos 260 y siguientes del Código de Comercio, deberán dar la misma calificación a dichos créditos o contratos, salvo que demuestren a la Superintendencia Bancaria la existencia de razones valederas para su calificación en una categoría de menor riesgo.

7.2. Calificación por la Superintendencia Bancaria. Cuando la Superintendencia Bancaria califique en D o en E cualquiera de los créditos o contratos de un deudor, sus demás créditos o contratos de la misma clase deberán llevarse a la misma calificación, o a una de mayor riesgo, por todas las instituciones vigiladas, salvo que se demuestre la existencia de razones valederas para su calificación en una categoría de menor riesgo.

Cuando la Superintendencia Bancaria, observando las disposiciones legales pertinentes, facilite a una central de información comercial la información de que trata el presente instructivo, evaluará la existencia de mecanismos idóneos para la consulta de la misma por parte de cualquier entidad vigilada por la superintendencia y los instrumentos adoptados por la correspondiente central para la protección de los derechos constitucionales.

8. Suspensión de causación de intereses, corrección monetaria, cánones, ajustes en cambio e ingresos por otros conceptos.

En todos los casos, cuando se califique en C, o en otra categoría de mayor riesgo un crédito de vivienda o comercial o un contrato de leasing, o en D, o en otra categoría de mayor riesgo, un crédito de consumo o contrato de leasing clasificado de consumo, dejarán de causarse intereses, corrección monetaria, ajustes en cambio, cánones e ingresos por otros conceptos; por lo tanto, no afectarán el estado de resultados hasta que sean efectivamente recaudados. Mientras se produce su recaudo, el registro correspondiente se efectuará en cuentas de orden.

Tratándose de créditos por el sistema de valor constante o con capitalización de intereses, la regla anterior se aplicará respecto de los intereses capitalizados y la causación de la corrección monetaria, sobre el valor total de la obligación.

9. Provisiones.

Las entidades vigiladas de crédito deberán constituir provisiones con cargo al estado de ganancias y pérdidas, así:

9.1. Provisión general. Las entidades vigiladas deberán constituir como mínimo una provisión general del uno por ciento (1%) sobre el total de la cartera de créditos bruta. Tratándose de contratos de leasing, la provisión general será como mínimo del uno por ciento (1%) del valor de los bienes dados en leasing deducida la depreciación. Dicha provisión podrá ser hasta del dos por ciento (2%) si así lo aprueba la asamblea general de accionistas de la respectiva entidad vigilada.

Esta provisión deberá estar totalmente constituida transcurridos tres (3) años a partir del 31 de julio de 1999. Para este efecto, mensualmente y a partir del cierre del mes de agosto de 1999 las entidades deberán empezar a provisionar la alícuota correspondiente. Para determinar el valor de la alícuota mensual se aplicará la siguiente fórmula:

Cartera de créditos:

1% de la cartera bruta al cierre del mes respectivo - provisión general acumulada 

Número de meses restantes

Contratos de leasing:

1% del valor total de los bienes dados en leasing deducidas las depreciaciones - provisión general

Número de meses restantes

La Resolución 2410 de 1995 estará vigente hasta el 31 de julio de 1999.

9.2. Provisión individual. Sin perjuicio de la provisión general a que se refiere el numeral 9.1 anterior, las entidades vigiladas constituirán provisiones individuales para la protección de sus créditos y contratos calificados en categoría de riesgo (B, C, D, E) en los porcentajes que se indican a continuación. Tratándose de contratos de leasing el porcentaje correspondiente se aplicará sobre el valor del bien deducidas las depreciaciones, adicionado en el monto de los cánones causados no pagados.

Dichas provisiones serán las siguientes:

9.2.1. Créditos y contratos comerciales y de consumo y créditos de vivienda. Categoría “B” (aceptables). Deberá mantenerse en todo tiempo una provisión no inferior al uno por ciento (1%) de su valor, incluyendo capital, intereses, corrección monetaria, ajustes en cambio e ingresos por otros conceptos.

9.2.2. Créditos y contratos comerciales y de consumo. Categoría “C” (deficientes). Deberá mantenerse en todo tiempo una provisión no inferior al veinte por ciento (20%) de su valor, incluyendo capital, intereses, corrección monetaria, ajustes en cambio e ingresos por otros conceptos.

9.2.3. Créditos de vivienda. Categoría “C” (deficientes). Deberá mantenerse en todo tiempo una provisión no inferior al veinte por ciento (20%) del capital.

9.2.4. Créditos y contratos comerciales y de consumo y créditos de vivienda. Categoría “D” (difícil cobro). Deberá mantenerse en todo tiempo una provisión no inferior al cincuenta por ciento (50%) del capital.

9.2.5. Créditos y contratos comerciales y de consumo y créditos de vivienda. Categoría “E” (incobrables). Deberá mantenerse en todo tiempo una provisión no inferior al ciento por ciento (100%) del capital.

9.3. Provisión por cuentas por cobrar (intereses, corrección monetaria, cánones, ajuste en cambio y otros conceptos). En la misma oportunidad en que de acuerdo con el numeral 8º, se deba suspender la causación de rendimientos, corrección monetaria, cánones, ajustes en cambio e ingresos por otros conceptos, se provisionará la totalidad de lo causado y no pagado correspondientes a tales rendimientos, corrección monetaria, intereses capitalizados, cánones, ajustes en cambio e ingresos por cualesquiera otros conceptos.

Las entidades podrán solicitar un plan de ajuste para adecuarse a lo previsto en este numeral.

9.4. Provisiones adicionales. A partir del mes de agosto de 1999, la Superintendencia Bancaria ordenará provisiones adicionales cuando quiera que para cada modalidad de cartera o contratos (comercial, consumo o de vivienda), la entidad vigilada tenga un coeficiente de riesgo mayor, al menos en media (0.5) desviación estándar inclusive, respecto del promedio del coeficiente individual para cada modalidad de cartera o contratos, de la totalidad de los intermediarios financieros. El coeficiente de riesgo para efectuar la primera provisión se calculará con base en los resultados registrados para el mes de junio de 1999.

En el caso de los contratos de leasing, se entenderá por cartera bruta el valor de los bienes dados en leasing deducidas las depreciaciones y adicionadas en los cánones causados pendientes de pago.

El monto de la provisión se determinará de la siguiente manera para cada modalidad de cartera o contratos:

Cuando el coeficiente de riesgo supere en 0.5 o más desviaciones estándar el promedio, la provisión será el resultado de la siguiente fórmula:

(Coeficiente de riesgo individual – promedio del coeficiente de riesgo del sistema)

Desviación estándar 

_______________________________________________

100 

Provisión = Cartera Bruta * a

Donde a debe estar redondeado a un (1) dígito decimal.

A manera de ejemplo:

Para efectos de calcular el promedio y la desviación estándar con los cuales se debe hacer el cálculo que se describe arriba, se deben excluir de la muestra las entidades cuyo coeficiente de riesgo esté alejado en más de 0.9 desviaciones estándar del promedio de la totalidad de las entidades vigiladas.

La Superintendencia Bancaria divulgará trimestralmente los coeficientes de riesgo de que trata el presente numeral.

9.5. Coeficientes de riesgo individual y global. Se determinarán sendos coeficientes de riesgo individual para la cartera comercial calificada, la cartera de consumo y la cartera de crédito hipotecario para vivienda. Dichos coeficientes individuales se determinarán dividiendo por el valor total de los créditos calificados, el monto que arroje la suma de los siguientes factores:

9.5.1. El cero por ciento (0%) de los créditos calificados en la categoría “A” (créditos normales).

9.5.2. El uno por ciento (1%) de los créditos calificados en la categoría “B” (créditos subnormales).

9.5.3. El veinte por ciento (20%) de los créditos calificados en la categoría “C” (créditos deficientes).

9.5.4. El cincuenta por ciento (50%) de los créditos calificados en la categoría “D” (créditos de difícil cobro).

9.5.5. El ciento por ciento (100%) de los créditos calificados en la categoría “E” (créditos irrecuperables).

Para efectuar este cálculo deberán incluirse los valores que correspondan a intereses, corrección monetaria y otros conceptos causados y no recaudados en relación con los créditos calificados.

Además de los coeficientes indicados, se calculará un coeficiente de riesgo global de cartera, que será el promedio ponderado —por valor de cartera— de los coeficientes de riesgo individuales de cada una de las clases de cartera.

10. Reglas para la constitución de provisiones respecto de deudas a cargo de la Nación o garantizados por ésta o por el Banco de la República.

No habrá lugar a la constitución de provisiones respecto de créditos o contratos a cargo de la Nación, o garantizados por ésta, siempre y cuando se disponga de la correspondiente reserva de apropiación debidamente certificada y aprobada por la autoridad competente, para atender su cancelación tanto por capital como por intereses, corrección monetaria, ajustes en cambio y otros conceptos, hecho que deberá acreditarse debidamente.

En caso de que no se cuente con la apropiación presupuestal o si ésta no cubre el monto de la obligación principal o sus intereses, corrección monetaria, ajustes en cambio y otros conceptos, se deberá constituir provisión por la parte no cubierta, suspender y provisionar los rendimientos citados, con arreglo a las normas contempladas en los numerales 8º y 9.3.

Tampoco habrá lugar a la constitución de provisiones respecto del capital, intereses, corrección monetaria, ajustes en cambio y otros conceptos, de créditos o contratos garantizados por el Banco de la República, hecho que deberá acreditarse debidamente a la Superintendencia Bancaria.

11. Efecto de las garantías y de la propiedad de los bienes en los contratos de leasing, sobre las provisiones.

11.1. Para efectos de la constitución de provisiones, las garantías sólo respaldan el capital de los créditos. En consecuencia, los saldos por amortizar de los créditos amparados con seguridades que tengan el carácter de garantías admisibles, se provisionarán en el porcentaje que corresponda según la calificación del crédito, aplicado dicho porcentaje a la diferencia entre el valor del saldo insoluto y el setenta por ciento (70%) del valor de la garantía.

No obstante, si la garantía no se hace efectiva dentro de los doce (12) meses siguientes al incumplimiento, para la constitución de provisiones se considerará sólo por el veinte (20%) de su valor. Tratándose de garantías hipotecarias, el plazo previsto en el presente inciso será de dieciocho (18) meses.

Transcurridos dieciocho (18) meses contados desde el incumplimiento, si la garantía aún no se ha hecho efectiva deberá elevarse la provisión al ciento por ciento (100%) del capital adeudado, independientemente del valor de la misma. Tratándose de garantías hipotecarias, el plazo previsto en el presente inciso será de veinticuatro (24) meses.

Cuando la garantía admisible consista en hipoteca o prenda, para establecer el valor de la misma a efectos de lo previsto en el presente numeral, se tomará en cuenta el menor de los siguientes valores:

— El valor de mercado del bien gravado.

— El valor que serviría de base al primer remate, de haberlo, de acuerdo con las disposiciones legales.

Cuando la garantía admisible sea distinta de hipoteca o prenda, para establecer el valor de la misma a efectos de lo previsto en el presente numeral, deberá determinarse su valor de realización.

Se sujetarán a las mismas reglas los créditos de vivienda y los créditos comerciales y de consumo de las entidades aseguradoras y compañías de capitalización que, por disposición legal, deban asegurarse con prenda de títulos o hipoteca. Las garantías mencionadas se considerarán admisibles, para los efectos previstos en el presente numeral, en relación con la constitución de provisiones.

Para efectos de la aplicación de este numeral, a partir del 1º de julio del 2000 el valor de mercado de un bien será el del avalúo con el cual se recibió la garantía sin que sea posible ajustarlo por métodos distintos al de un nuevo avalúo.

Las daciones en pago que se realicen a partir del 1º de julio del año 2000, no darán lugar a reversar las provisiones constituidas sobre el crédito que se cancela. Dichas provisiones deberán trasladarse al código 179910 —provisión bienes recibidos en pago—, y permanecer allí hasta la fecha de realización del bien. Lo anterior sin perjuicio de lo previsto en el artículo 110, numerales 6º y 7º del estatuto orgánico del sistema financiero, en concordancia con lo dispuesto en el capítulo 3º, numeral 1º de la Circular Externa 100 de 1995 por la no oportuna enajenación de bienes recibidos en pago o por el deterioro del valor de los mismos.

De esta manera, si la provisión constituida para un crédito es, por ejemplo, el 20% de la diferencia entre el saldo insoluto de la deuda y el 70% del valor del bien dado en garantía, y este último no se logra enajenar dentro de los términos previstos en las normas citadas, la entidad financiera deberá proceder a constituir el monto de provisión que falta para alcanzar el 80% de la diferencia entre el saldo adeudado y el valor del bien, si se trata de un inmueble, y el 100% si se trata de un bien mueble. El monto de esta provisión se repartirá proporcionalmente en períodos iguales dentro de los dos años siguientes a la fecha de la dación en pago. En cualquier caso, la autorización de la superintendencia para prorrogar el plazo de enajenación de los bienes recibidos en dación en pago, no significará una ampliación del plazo para constituir provisiones, ni tampoco para reversar las que estuvieren constituidas.

Para efectos de provisiones, no se tendrá en cuenta el valor de las garantías prendarias o hipotecarias que versen sobre los establecimientos de comercio o industriales del deudor.

11.2. En los contratos de leasing o arrendamiento financiero, los bienes propiedad de las compañías de financiamiento comercial tendrán, para efectos de las provisiones sobre los contratos incumplidos, el mismo tratamiento dado a los que garantizan los contratos de crédito.

En consecuencia, tratándose de bienes muebles, si la compañía de financiamiento comercial no los recupera dentro de los doce (12) meses siguientes al incumplimiento del contrato, se considerarán por el veinte por ciento (20%) de su valor. Tratándose de bienes inmuebles, este plazo será de dieciocho (18) meses.

Transcurridos dieciocho (18) meses desde el incumplimiento, si la compañía no ha recuperado el bien, deberá elevarse la provisión al ciento por ciento (100%) de su valor, deducidas las depreciaciones. Tratándose de inmuebles, este plazo será de veinticuatro (24) meses.

Recuperado el bien, por la compañía de financiamiento comercial, procederá de inmediato a hacer un avalúo comercial del mismo, con base en el cual reversará o reajustará las provisiones, según sea el caso.

Las compañías de financiamiento comercial tendrán un plazo máximo de seis (6) meses para dar nuevamente en arrendamiento financiero u operativo, o para vender los bienes recuperados. Vencido este plazo, deberán provisionar el ciento por ciento (100%) de su valor de adquisición deducidas las depreciaciones. Dichos plazos en caso de inmuebles será de dieciocho (18) meses. Los bienes objetos de contratos de arrendamiento financiero para proyectos de arrendamiento de infraestructura o leasing de infraestructura tendrán el mismo tratamiento que los bienes inmuebles.

Las disposiciones contenidas en este capítulo se aplicarán de inmediato a los contratos de leasing celebrados a partir del 1º de julio de 1999 y a todos los contratos que en esa fecha se encuentran al día en el cumplimiento de sus obligaciones. Las provisiones que resulten de aplicar a los demás contratos, las normas de este capítulo las podrán efectuar en alícuotas mensuales dentro de los próximos dieciocho (18) meses.

12. Reestructuración de créditos o de contratos.

Se entenderá como crédito o contrato reestructurado aquél respecto del cual se ha celebrado un negocio jurídico de cualquier clase, que tenga como objeto o efecto modificar cualquiera de las condiciones originalmente pactadas, en beneficio del deudor y a solicitud del mismo.

A los créditos o contratos reestructurados se les otorgará una calificación de mayor riesgo, dependiendo dicha calificación de mayor riesgo, de las condiciones financieras del deudor, del codeudor, y de los flujos de ingresos del proyecto, si fuere el caso, al momento de la reestructuración.

Habrá lugar a mantener la calificación previa a la reestructuración, cuando se mejoren las garantías constituidas para el otorgamiento del crédito o la celebración del contrato y el resultado del estudio que se realice para efectuar la reestructuración demuestre que las condiciones del deudor así lo amerita.

Podrán ser trasladados a una categoría de menor riesgo los créditos y contratos reestructurados, cuando además de que los flujos de ingresos del deudor y/o del proyecto permitan concluir que los pagos podrán ser atendidos, se hayan tomado por el deudor acciones de fortalecimiento patrimonial, tales como abono o reducción de lo adeudado en porcentajes no inferiores al diez por ciento (10%), capitalización o reestructuración del negocio que conlleve reducción de gastos y mejora en la rentabilidad operacional. En cualquier caso, el traslado a una categoría de menor riesgo sólo podrá efectuarse cuando el acuerdo de reestructuración prevea períodos de gracia para el pago de los intereses o de los cánones del arrendamiento financiero, iguales o inferiores a seis (6) meses.

Para estos casos, aunque el deudor reestructurado sea calificado en “A”, sólo será posible reversar provisiones cuando se hayan atendido puntualmente los dos primeros pagos convenidos en el acuerdo de reestructuración.

Adicionalmente, las instituciones vigiladas que convengan con sus deudores la reestructuración de créditos o contratos deberán observar lo siguiente:

a) Efectuar un seguimiento permanente respecto del cumplimiento del acuerdo de reestructuración;

b) En caso de existir garantía real, actualización del avalúo de la misma, siempre que el último avalúo tenga más de un (1) año de haber sido practicado, a fin de establecer su valor de mercado o de realización. Dicha actualización del avalúo deberá hacerse en todo caso cuando quiera que se reestructura un contrato de arrendamiento financiero o leasing.

13. Rehabilitación de la calificación.

13.1. Los créditos o contratos podrán mejorar la calificación después de ser reestructurados así:

13.1.1. Los que se encuentren en categoría “B” podrán ser calificados como “A”, cuando el deudor se encuentre al día en el servicio de la deuda y haya cancelado por lo menos dos (2) instalamentos desde la reestructuración.

13.1.2. Los que se encuentren en categoría “C” podrán ser calificados como “B”, cuando el deudor se encuentre al día en el servicio de la deuda y haya cancelado por lo menos dos (2) instalamentos desde la reestructuración. Para obtener la categoría “A” se procede como en el numeral 13.1.1.

13.1.3. Los que se encuentren en categoría “D” podrán ser calificados como “C” cuando el deudor se encuentre al día en el servicio de la deuda y haya cancelado por lo menos dos (2) instalamentos desde la reestructuración. Para obtener la categoría “B” se procede como en el numeral 13.1.2.

13.1.4. Los que se encuentren en categoría “E” podrán ser calificados como “D” cuando el deudor se encuentre al día en el servicio de la deuda y haya cancelado por lo menos dos (2) instalamentos desde la reestructuración. Para obtener la categoría “C” se procede como en el numeral 13.1.3.

13.2. Cuando un crédito o contrato reestructurado se ponga en mora, volverá de inmediato a la calificación que tenía antes de la reestructuración si ésta fuere de mayor riesgo, y, en consecuencia, el establecimiento de crédito deberá hacer las provisiones correspondientes y suspender la causación de intereses, corrección monetaria, cánones, ajuste en cambios y otros ingresos cuando fuere del caso.

14. Reversión de provisiones respecto de créditos o contratos a cargo de personas que alcancen acuerdos informales o extraconcordatarios.

Los acuerdos informales o extraconcordatarios, para efectos de reversión de provisiones, serán considerados reestructuración de créditos o contratos. Las reversiones de provisiones que se realicen deberán comunicarse a la Superintendencia Bancaria, quien podrá ordenar constituirlas nuevamente.

14.1. Respeto a los principios legales y contables. El arreglo no podrá desconocer tales principios, no podrá estipularse en él, por ejemplo, que se aceptará recibir bienes en pago por valores superiores a los reales sin que ello implique la necesidad de hacer provisiones por el exceso.

14.2. Generalidad. El arreglo deberá cobijar a todos los acreedores, bien sea porque todos estén de acuerdo en los términos convenidos, o porque a quienes no lo estén, o no hayan participado en tal arreglo, se les haya satisfecho adecuadamente sus acreencias, si se encuentran vencidas, o se acepte por los firmantes del acuerdo que el deudor atienda tales obligaciones al hacerse éstas exigibles. En resumen, no podría aceptarse un acuerdo tomado en perjuicio de alguno de los acreedores.

14.3. Tratamiento igualitario. En la celebración del acuerdo deberán tenerse presentes los principios de equidad y de igualdad de los acreedores. Por consiguiente, el tratamiento desfavorable que alguno o algunos acreedores reciban en relación con los demás, sólo podrá tener origen en la existencia anterior de créditos privilegiados o en la concesión de ventajas que tengan por objeto facilitar, en forma razonable, el cumplimiento de los fines propios del acuerdo, siempre y cuando no se causen perjuicios a terceros, ajenos al mismo.

14.4. Documentación. El acuerdo deberá constar por escrito y estar firmado por el deudor y los acreedores que participen en él.

14.5. Incondicionalidad. El acuerdo deberá ser incondicional. No obstante la condición resolutoria podrá pactarse cuando su aplicación sea el resultado del incumplimiento de las obligaciones que en el acuerdo se hayan estipulado a cargo del deudor o de alguno o algunos de los acreedores, o cuando como consecuencia de esa aplicación la situación de éstos se haga más favorable.

14.6. Irrevocabilidad. El acuerdo no podrá ser revocable sino en caso de que, como consecuencia de la revocación, la situación de los acreedores se haga más favorable.

14.7. Obligatoriedad. El acuerdo deberá ser de forzoso cumplimiento para los firmantes, de manera que ningún acreedor, ni mucho menos el deudor, pueda retirarse libremente de él.

15. Provisiones respecto de créditos y cánones causados y no pagados a cargo de personas que se encuentren tramitando procesos de concurso universal de acreedores.

Los créditos a cargo de personas que sean admitidas en procesos de concurso universal de acreedores, se calificarán inmediatamente en la categoría “E”, sujetándose para efectos de la constitución de provisiones, suspensión de causación de rendimientos, corrección monetaria, y otros conceptos a lo previsto para esta categoría. Los cánones causados y no pagados en contratos de leasing deberán provisionarse al ciento por ciento (100%). En relación con los créditos y contratos nuevos o posconcordatarios se aplicarán las reglas contenidas en el subnumeral 9.2.

15.1. La constitución de las provisiones se efectuará de la siguiente forma: Las provisiones se deberán constituir inmediatamente el deudor sea admitido a concordato, de acuerdo con las reglas previstas para la categoría “E”.

15.2. La calificación de los créditos y las provisiones constituidas según las reglas señaladas en el numeral anterior, deberán mantenerse hasta que se apruebe el acuerdo concursal. Si este acuerdo tiene por objeto la recuperación y conservación de la empresa y de los negocios del deudor, podrán a partir de la fecha en la cual se produzca, reclasificarse en categoría “D”. Las provisiones sólo podrán reversarse gradualmente durante el año siguiente a la aprobación, mediante alícuotas mensuales, hasta alcanzar el 50% del valor total del capital.

En caso de que el acuerdo para recuperar a la empresa se apruebe antes del año siguiente a la admisión al concordato, las entidades podrán reclasificar los créditos a categoría “D” y, las provisiones se ajustarán inmediatamente al 50% del valor del crédito si son inferiores a dicho valor y, en caso contrario se reversarán dentro del año siguiente, según lo dispuesto en el párrafo anterior.

Posteriormente, estos créditos sólo podrán reclasificarse en categorías de menor riesgo cuando concurran las siguientes condiciones:

15.2.1. Que el deudor esté cumpliendo con todas las obligaciones financieras a su cargo, en los términos convenidos en el concordato.

15.2.2. Que se realice un estudio de la situación financiera del deudor en el que se demuestre que existen razones valederas para la reclasificación de los créditos a su cargo.

Cuando se modifique la calificación de los créditos a cargo de deudores en concordato, el establecimiento de crédito deberá realizar evaluaciones periódicas de la situación financiera del deudor y en aquellos casos en que encuentre que no se están cumpliendo las condiciones descritas en este numeral, deberá reclasificar nuevamente los créditos a categorías de mayor riesgo.

15.3. Los créditos y contratos nuevos o posconcordatarios podrán calificarse en una categoría de menor riesgo. Para tales efectos, con base en las reglas previstas en los numerales 12 y 13 del capítulo II de esta circular, los establecimientos de crédito deberán realizar, en forma previa al otorgamiento del crédito, un estudio de la situación financiera del deudor. Dichos estudios deberán mantenerse a disposición de la Superintendencia Bancaria para cuando esta entidad los requiera.

16. Reglas especiales para la calificación de créditos y contratos con entidades territoriales.

En la evaluación, calificación y constitución de provisiones de los créditos y contratos con entidades territoriales, las entidades vigiladas deben revisar y verificar el cumplimiento de las reglas generales fijadas en el presente capítulo, además de las diferentes condiciones establecidas en la Ley 358 de 1997.

Con todo, además de la calificación que resulte del análisis realizado a los diferentes factores señalados en el numeral 4º de este capítulo, deberán en todos los casos observarse las reglas especiales sobre calificación de este tipo de cartera contenidas en el presente numeral, que podrán conducir a que el respectivo crédito o contrato deba ser calificado en una categoría de riesgo diferente.

16.1. Deberán calificarse en categoría de riesgo “D” los créditos y contratos que se encuentren en uno cualquiera de los siguientes supuestos.

16.1.1. Aquéllos en los cuales la entidad territorial pignore rentas como garantía cuando no existan mecanismos adecuados para verificar razonablemente que las mismas no han sido previamente pignoradas como garantía de otra obligación. En este evento deberán efectuarse las provisiones correspondientes sin tener en cuenta para tal efecto el valor o cobertura de la garantía otorgada.

16.1.2. Aquellos créditos o contratos garantizados con pignoración de rentas que resulten insuficientes para cubrir el monto de la obligación.

16.1.3. Cuando la entidad territorial haya dado a los recursos del crédito o a los bienes objetos del contrato una destinación diferente a la dispuesta en la ley.

16.2. Deberán calificarse en categoría de riesgo “E” los créditos y contratos que se encuentran en uno cualquiera de los siguientes supuestos, para lo cual deberán efectuarse las provisiones correspondientes por el valor insoluto de la obligación y por los cánones causados y no pagados, sin tener en cuenta en ninguno de los casos el valor o cobertura de la garantía otorgada.

16.2.1. Sin perjuicio de las sanciones a que haya lugar, en aquellos eventos en que las entidades vigiladas acepten como garantía para el pago la pignoración de rentas que previamente han sido comprometidas para otra obligación.

16.2.2. Aquellos créditos o contratos celebrados con entidades territoriales que encontrándose en uno cualquiera de los supuestos del artículo 8º del Decreto 696 de 1998, no cuenten con la correspondiente autorización de endeudamiento.

Con todo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley 358 de 1997, hasta el 4 de febrero de 1999 los créditos o contratos celebrados con las entidades territoriales que al momento de la entrada en vigencia de la citada ley se encontraban dentro de cualquiera de los presupuestos de su artículo 6º podrán continuar siendo calificados dentro de la categoría de riesgo que corresponda conforme los criterios generales y especiales de este capítulo.

Sin embargo, si durante el período comprendido entre el 4 de febrero de 1998 y el 4 de febrero de 1999 la deuda neta de la entidad territorial aumentó por encima del cuarenta por ciento (40%) de la variación del índice de precios al consumidor (IPC) para dicho período, la entidad vigilada deberá trasladar el crédito o contrato correspondiente a categoría “E”, salvo que cuente con autorización del Gobierno Nacional, caso en el cual el crédito o contrato podrá continuarse calificando conforme los criterios generales y especiales aplicables.

16.2.3. Los créditos o contratos celebrados con las entidades territoriales que habiendo adoptado planes de desempeño conforme lo dispone la Ley 358 de 1997, no hayan obtenido la manifestación de conformidad a que hace referencia el artículo 11 del Decreto 696 de 1998 por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público o el correspondiente departamento, según el caso.

17. Control interno.

Los reglamentos internos de cada institución determinarán el área operativa a quien corresponda llevar a cabo las evaluaciones de cartera de que trata este instructivo, y es deber de la junta directiva, del representante legal y demás administradores responsables de la cartera, supervisar cuidadosamente tales evaluaciones, asumiendo responsabilidad personal por las mismas.

Los funcionarios responsables de ejecutar las evaluaciones serán designados por la junta directiva y su nombramiento será comunicado a la Superintendencia Bancaria por el representante legal, dentro de los quince (15) días siguientes al mismo, indicando la fecha y número de acta de la correspondiente sesión.

18. Responsabilidad del revisor fiscal.

En desarrollo de las funciones propias del revisor fiscal, corresponderá a éste verificar el estricto cumplimiento de lo dispuesto en el presente instructivo, debiendo incluir pronunciamiento expreso sobre el particular dentro del dictamen que rinda respecto de los estados financieros. Así mismo, en desarrollo de lo dispuesto en el artículo 207, ordinal 3º, del Código de Comercio, el revisor fiscal deberá informar a la Superintendencia Bancaria las irregularidades que en la aplicación del presente instructivo advierta en el ejercicio de sus labores, cuando las mismas sean materiales.

19. Disponibilidad de la información financiera.

Con el objeto de contar con los elementos necesarios para el adecuado análisis de riesgo de que trata este instructivo, los establecimientos de crédito deberán mantener, en el expediente de crédito del respectivo prestatario, información personal y financiera completa y actualizada sobre cada cliente, cuyos aspectos más relevantes se llevarán con arreglo a los formatos que para el efecto determine la Superintendencia Bancaria.

Dicho expediente deberá incluir la información allegada por la entidad para establecer las relaciones que, conforme a las reglas sobre cupos individuales de endeudamiento, dan lugar a acumular las obligaciones de un conjunto de sujetos.

20. Disponibilidad de las evaluaciones realizadas.

Las evaluaciones realizadas por las instituciones deberán permanecer a disposición de la Superintendencia Bancaria y de la revisoría fiscal.

21. Revelación de la evaluación de la cartera en las notas a los estados financieros.

En las notas a los estados financieros de cada ejercicio contable deberá revelarse, en forma comparada con el ejercicio inmediatamente anterior, por lo menos lo siguiente:

21.1. Los montos de capital, rendimientos, cánones, corrección monetaria y otros conceptos de los créditos y contratos comerciales, de consumo y de los créditos de vivienda que correspondan a cada una de las calificaciones previstas en este instructivo.

21.2. El valor de las garantías admisibles para cada una de las calificaciones previstas en este instructivo, por cada clase de crédito.

21.3. El valor de las provisiones por concepto de capital, de rendimientos, cánones, corrección monetaria y otros conceptos, que correspondan a cada una de las calificaciones, por cada clase de créditos y contratos, incluyendo la provisión general, así como las provisiones ordenadas por la Superintendencia Bancaria como consecuencia de los coeficientes de riesgo.

21.4. Los coeficientes de riesgo individual y global de cartera.

21.5. El valor de los créditos y contratos reestructurados; de los créditos y contratos a cargo de personas que alcancen acuerdos informales y extraconcordatarios y de las personas que se encuentren tramitando procesos de concurso universal de acreedores. La revelación deberá separar, por cada circunstancia en particular, los saldos de capital, rendimientos, cánones, corrección monetaria, ajustes en cambio y otros conceptos, el valor de las garantías admisibles y las provisiones constituidas.

22. Normas transitorias.

22.1. Reglas aplicables a los créditos vigentes otorgados a los damnificados del terremoto en el eje cafetero, ubicados en los municipios detallados en el Decreto 195 de 1999.

Los establecimientos de crédito podrán modificar, mediante la celebración de cualquier acto jurídico, las condiciones de los créditos comerciales, hipotecarios o de consumo vigentes que se hayan otorgado a las personas naturales y jurídicas damnificadas por el terremoto ocurrido en el eje cafetero el 25 de enero de 1999, ampliando el valor del crédito hasta en un cincuenta por ciento (50%) y/o extendiendo el plazo hasta por doce (12) meses, siempre y cuando no se incremente la tasa de interés convenida originalmente.

Los préstamos que se convengan en estas condiciones se considerarán nuevas operaciones de crédito, respecto de las cuales deberán aplicarse las disposiciones contenidas en el presente capítulo.

Así mismo, será responsabilidad del establecimiento de crédito la verificación de que el deudor se encuentre plenamente identificado como damnificado del movimiento sísmico, de conformidad con las reglas que para tal efecto se establezcan.

22.2. Reestructuraciones extraordinarias. Las reestructuraciones que tengan lugar a partir de la vigencia de esta circular y hasta el 31 de diciembre de 1999, siempre que cumplan los requisitos que a continuación se establecen, se regirán por las reglas adelante indicadas:

22.2.1. Podrán reestructurarse todas las operaciones de crédito vigentes, se encuentren o no al día en el pago de sus obligaciones y cualquiera sea la calificación que tenga el deudor.

22.2.2. Las reestructuraciones deberán comprender por lo menos el ochenta por ciento (80%) del total del endeudamiento de un deudor con el sector financiero. Los acuerdos de reestructuración deberán celebrarse en igualdad de condiciones entre las entidades financieras participantes y en proporción al endeudamiento que cada una de ellas tuviere con el respectivo deudor, de conformidad con el tratamiento igualitario de que trata el numeral 14.3 de este capítulo. Para efectos de determinar el valor de las deudas a cargo de un deudor, se estará a lo dispuesto en los artículos 10 y 11 del Decreto 2360 de 1993.

22.2.3. En el caso de reestructuraciones extraordinarias que cobijen simultáneamente a varios deudores, el porcentaje anteriormente indicado se calculará sobre el endeudamiento total de todos ellos con el sector financiero.

22.2.4. Para efectos de determinar los plazos de las reestructuraciones deberán tenerse en cuenta los flujos de fondos de los deudores y/o de los proyectos, sin que excedan de siete (7) años para su total amortización. En caso de reestructuración de deudas con entidades territoriales, dicho plazo podrá ser hasta de diez (10) años.

22.2.5. Los acuerdos de reestructuración podrán contemplar períodos de gracia para el pago de intereses y para la amortización del capital, siempre que no excedan en el primer caso de un año y en el segundo de tres.

22.2.6. Los acuerdos de reestructuración presuponen, cuanto menos, la condonación por parte de las entidades financieras de los intereses moratorios.

22.2.7. Los créditos reestructurados tendrán la tasa de interés que convengan las entidades acreedoras y el deudor. Dicha tasa será variable, y se ajustará trimestralmente de acuerdo con la DTF o con el IPC. La tasa de interés inicial no podrá ser superior a la del crédito que se reestructura, ni tampoco podrá serlo al margen de intermediación de las entidades financieras que reestructuran la obligación.

22.2.8. Los intereses se causarán y pagarán por períodos trimestrales vencidos y podrán capitalizarse durante el primer año, a partir del cual se iniciará su amortización mediante pagos trimestrales.

22.2.9. Los acuerdos de reestructuración admitirán prepagos totales o parciales, sin sanciones, multas o comisiones por tales prepagos.

22.2.10. Los créditos reestructurados tendrán las garantías que acuerden los acreedores con el deudor. Para efectos de provisiones no se tendrá en cuenta el valor de las garantías prendarias o hipotecarias que versen sobre los establecimientos de comercio o industriales del deudor reestructurado.

22.2.11. Todos los acuerdos de reestructuración estarán acompañados de un convenio de gestión que deberá contemplar las acciones a seguir por el deudor reestructurado, para garantizar el cumplimiento del acuerdo de reestructuración y la viabilidad de la empresa.

22.2.12. Para acordar los términos del convenio de gestión, las entidades financieras constituirán un comité de acreedores y nombrarán a uno de los establecimientos de crédito acreedores como agente del acuerdo.

22.2.13. El agente del acuerdo podrá convenir con las demás entidades acreedoras y con el deudor reestructurado, una comisión de agencia que le cubra los gastos en que incurra por el seguimiento del convenio de gestión y del acuerdo de reestructuración.

22.2.14. Trimestralmente, el agente presentará por escrito, a las demás entidades acreedoras, a la Superintendencia Bancaria y a la entidad o entidades que hubieren suministrado recursos para apoyar la reestructuración (IFI, Bancoldex, Findeter, FEN, etc.), un informe de seguimiento del convenio de gestión.

22.2.15. En caso de incumplimiento de los términos pactados en el convenio de gestión, o cuando no obstante su adecuada ejecución no se hayan generado los resultados previstos en el acuerdo de reestructuración, el agente deberá de inmediato convocar al comité de acreedores con el fin de analizar la situación y recomendar las acciones que deban seguir todos los participantes en el acuerdo de reestructuración. De dichas situaciones y acciones deberá darse inmediata información tanto a la Superintendencia Bancaria como a la entidad o entidades que hayan facilitado recursos para la reestructuración.

22.2.16. Los acuerdos de reestructuración podrán contemplar el otorgamiento de crédito a los actuales o a nuevos accionistas, con el fin de capitalizar la empresa reestructurada. Dichos créditos tendrán los plazos y las garantías que acuerden acreedores y deudores, pero en todo caso deberán estar respaldados por acciones de la empresa capitalizada cuya deuda se reestructura.

22.2.17. Los acuerdos de reestructuración podrán contemplar créditos adicionales, destinados a capital de trabajo o al servicio de deudas no financieras o de facturas pendientes de cancelación que, a juicio de las entidades acreedoras, deban atenderse para garantizar la viabilidad de la empresa reestructurada.

22.2.18. Los acuerdos de reestructuración podrán contemplar, excepcionalmente, la conversión de parte de la deuda contraida por la entidad reestructurada con el sector financiero privado y con el Instituto de Fomento Industrial, IFI, en capital o en bonos de riesgo (cuasi-capital).

Se entiende por bonos de riesgo, aquellos títulos representativos de créditos cuyo reembolso a su vencimiento, se atenderá con preferencia respecto del capital del emisor y subordinado al pago de los demás pasivos.

Dichas conversiones de deuda en capital o bonos de riesgo, sólo podrán efectuarse cuando sean necesarias para asegurar la recuperación del crédito reestructurado.

22.2.19. Ninguna entidad financiera podrá convertir acreencias en acciones o en bonos de riesgo (cuasi-capital) en cuantía que supere el quince por ciento (15%) de su patrimonio técnico. Tampoco podrán capitalizarse o convertirse en bonos de riesgo (cuasi-capital), acreencias del sector financiero en una entidad reestructurada, en porcentajes que representen más del treinta por ciento (30%) del nuevo capital de la respectiva empresa.

22.2.20. En caso de que parte de la deuda de la entidad reestructurada sea capitalizada por el sector financiero, las acciones correspondientes deberán contabilizarse como inversiones negociables y las provisiones que existieren para la deuda así capitalizada, se mantendrán como provisión de estas inversiones, en los términos que lo señale la Superintendencia Bancaria.

22.2.21. Las acciones que reciba la entidad financiera como producto de la capitalización de deudas, deberán venderse a más tardar dentro del término previsto para la cancelación total de la deuda reestructurada, adicionado en doce meses. En todo caso, solamente podrán levantarse las provisiones efectuadas sobre las mismas, en la medida en que tales acciones se vendan.

22.2.22. Si vencido el plazo inicialmente pactado para la cancelación de la deuda reestructurada, la entidad financiera no hubiere podido vender las acciones representativas de la acreencia capitalizada, deberá incrementar la provisión que exista para dicha inversión hasta llegar al 100%.

22.2.23. Cuando parte de la deuda se convierta en bonos de riesgo o “cuasi-capital”, la valoración de tales bonos se hará por su precio de mercado y las provisiones se manejarán en la misma forma prevista para el caso de las acciones, cuando se acuerde la conversión de deuda en capital.

22.2.24. Cuando el deudor de un acuerdo de reestructuración sea una entidad territorial, además de lo dispuesto en los puntos anteriores, deberá existir un plan de desempeño suscrito entre la correspondiente entidad territorial y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, de conformidad con lo previsto en la Ley 358 de 1995 y sus decretos reglamentarios.

22.2.25. Cuando se perfeccione un acuerdo de reestructuración en los términos previstos en esta circular, los acreedores del sector financiero, una vez suscrito el convenio de gestión y verificadas las proyecciones que permitan razonablemente considerar la viabilidad del negocio reestructurado, podrán mantener la calificación del deudor o llevarla a una de menor riesgo, siempre que, en el segundo caso, se obtengan garantías adicionales, incrementos en el capital de la empresa, conversión de la deuda en capital, o cualesquiera otros recursos que hagan evidente la capacidad financiera de la empresa reestructurada para cumplir con los pagos tanto de capital como de intereses, en los plazos y por las cuantías convenidas en el acuerdo de reestructuración.

22.2.26. Las entidades financieras que celebren acuerdos de reestructuración en los términos previstos en esta circular, podrán rehabilitar la calificación del deudor reestructurado. Para reversar provisiones se requerirá que el acuerdo de reestructuración permita calificar en “A” al deudor, o que se hayan atendido por lo menos dos instalamentos de intereses y/o efectuado un abono a capital, según los términos previstos en el acuerdo y siempre que, para ese momento, el agente certifique el cumplimiento del convenio de gestión y la capacidad de pago del deudor, de acuerdo con los flujos reales frente a los proyectados, al momento de la reestructuración.

En todo caso, las entidades financieras que participen en un acuerdo de reestructuración, deberán otorgar al deudor la misma calificación.

22.2.27. Se considerará práctica insegura reversar provisiones o mejorar la calificación de los deudores reestructurados, cuando la viabilidad del deudor o el cumplimiento de los términos del acuerdo de reestructuración no esté debidamente demostrada.

22.2.28. La Superintendencia Bancaria podrá, en cualquier momento, ordenar modificaciones en las calificaciones o reversar provisiones de los deudores reestructurados, cuando quiera que, a su juicio, dichas mejores calificaciones y/o reversión de provisiones, no cuenten con la suficiente fundamentación técnica.

22.2.29. Cuando un acuerdo de reestructuración se llegare a incumplir, las entidades acreedoras deberán calificar de inmediato al deudor en la categoría que tenía antes de la reestructuración, o en una de mayor riesgo.

22.2.30. Las reestructuraciones celebradas con anterioridad a la presente circular podrán acogerse a las reglas aquí indicadas, siempre que cumplan con los requisitos establecidos para las reestructuraciones extraordinarias de que trata el presente numeral 22.2.

CAPÍTULO III

Bienes recibidos en pago

1. Constitución de provisiones.

Deberán constituirse provisiones individuales sobre toda clase de bienes recibidos en pago, dentro de los dos años contados a partir de la recepción del bien, de la siguiente manera:

1.1. Si se trata de un bien inmueble y su valor comercial al momento de la dación es igual o superior al saldo insoluto de la deuda no provisionada, deberá provisionarse el 80% del valor del bien dentro de los 24 meses contados a partir de la fecha de la dación en alícuotas mensuales iguales.

Si el valor comercial del inmueble no alcanzare a cubrir el saldo insoluto de la deuda no provisionada, la diferencia se llevará de inmediato al estado de resultados de la entidad y el 80% del valor del inmueble se provisionará dentro de los 24 meses contados a partir de la fecha de la dación en alícuotas mensuales iguales.

1.2. Si se trata de un bien mueble y su valor comercial al momento de la dación es igual o superior al saldo insoluto de la deuda no provisionada, deberá provisionarse el 100% del valor del bien dentro de los 24 meses contados a partir de la fecha de la dación en alícuotas mensuales iguales.

Si el valor comercial del bien mueble no alcanzare a cubrir el saldo insoluto de la deuda no provisionada, la diferencia se llevará de inmediato al estado de resultados de la entidad y el 100% del valor del inmueble se provisionará dentro de los 24 meses contados a partir de la fecha de la dación en alícuotas mensuales iguales.

2. Traslado contable de bienes recibidos en pago.

Las entidades vigiladas podrán contabilizar como activos fijos, bienes recibidos en pago, cuando éstos sean necesarios para el giro ordinario de sus negocios y se respeten los límites de inversiones en activos fijos, y siempre que, tratándose de inmuebles, la entidad no se encuentre sujeta al régimen de autorización previa, evento en el cual es menester obtener ésta.

3. Información a la Superintendencia.

Las entidades deberán mantener a disposición de esta superintendencia la siguiente información:

— Fecha de recepción del bien.

— Descripción y valor por el cual fue recibido el bien.

— Avalúo comercial.

— Valor de la deuda.

— Número de la obligación.

— Provisiones constituidas.

— Prórrogas concedidas.

N. del D.: Esta circular va dirigida a representantes legales y revisores fiscales de las entidades vigiladas.

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