Superintendencia de Puertos y Transporte

CIRCULAR EXTERNA 39 DE 2015 

(Septiembre 1º)

Asunto: Medida excepcional y temporal para el movimiento de carga

De conformidad con el artículo 26 de la Ley 1ª de 1991, la Superintendencia General de Puertos (ahora Superintendencia de Puertos y Transporte), ejercerá sus facultades respecto de las actividades portuarias relacionadas con los puertos, embarcaderos y muelles costeros, y en aquellas partes de los ríos donde Puertos de Colombia tenía instalaciones.

En concordancia con lo anterior, el artículo 19 del estatuto de puertos marítimos consagra lo siguiente:

“Las sociedades portuarias pueden establecer las tarifas por el uso de la infraestructura portuaria dentro de las reglas del presente artículo. Mientras no se haya decretado la libertad de tarifas, la Superintendencia General de Puertos, establecerá y revisará periódicamente, de conformidad con el plan de expansión portuaria debidamente aprobado por el Conpes, fórmulas generales para el cálculo de tarifas en las sociedades portuarias que operan puertos de servicio público. Estas fórmulas reconocerán la necesidad de que las tarifas cubran todos los costos y gastos típicos de la operación portuaria, la depreciación, y una remuneración a la inversión del concesionario, comparable con la que este podría obtener en empresas semejantes de Colombia o del exterior.

Las fórmulas de cálculo de las tarifas no harán diferencia por razón del destino o procedencia de la carga, ni por el hecho de que esta sea de importación o exportación, ni por la nacionalidad del buque.

Las sociedades portuarias establecerán y modificarán sus tarifas de acuerdo con estas fórmulas, sin necesidad de autorización previa, y darán aviso a la Superintendencia General de Puertos de cualquier variación que establezcan, justificándola. Si el Superintendente General de Puertos encuentra que las tarifas no se ajustan a las fórmulas pertinentes o que hubo modificaciones no justificadas, fijará por intermedio de la Superintendencia General de Puertos la tarifa correspondiente, impondrá las sanciones pertinentes y si es del caso, obligará a las sociedades portuarias a reintegrar a los usuarios las sumas indebidamente recibidas.

Al establecer sus tarifas, las sociedades portuarias deberán publicarlas en dos ocasiones con intervalos no mayores de cinco días entre cada publicación, en dos periódicos de amplia circulación nacional, con treinta días de antelación a la fecha en que deban empezar a regir.

Las sociedades portuarias que operan puertos de servicio privado podrán fijar libremente sus tarifas, pero mantendrán informada sobre ellas a la Superintendencia General de Puertos”.

En desarrollo de lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley 1ª de 1991, la otrora Superintendencia General de Puertos, hoy Superintendencia de Puertos y Transporte, expidió la Resolución 723 de 1993, por medio de la cual se adoptó la metodología para el cálculo de las tarifas portuarias por el uso de las instalaciones en los puertos públicos, definiendo en el literal b) de su artículo 2º, que por concepto de “uso de instalaciones”, se debe entender lo siguiente:

“Uso de instalaciones: se entiende como el cargo fijado a cada tonelada métrica de carga que se cargue o descargue, desde / hacia la nave, desde o hacia el muelle. Esta tarifa se cobrará sin tener en cuenta y por igual valor, si la carga es almacenada en el puerto antes de cargada o descargada, si es transportada directamente a la nave desde un sitio fuera del puerto, o es transportada desde la nave a un sitio fuera del puerto”.

Que en virtud de lo anterior, el artículo sexto de la referida resolución, señaló los criterios y la metodología para el cálculo de las tarifas, así:

“Las sociedades portuarias que operan puertos de servicio público, diseñarán un mecanismo que distribuya la participación de los diferentes costos entre los servicios de infraestructura que preste, con el objeto de lograr una tarifa competitiva para cada tipo de carga y muellaje”.

De igual manera el artículo 14 del mencionado acto administrativo, dispone:

“Las tarifas propuestas por las sociedades portuarias que operen puertos de servicio público deberán ser registradas ante la Superintendencia General de Puertos, en un término no mayor a los 10 días calendario, después de haber sido puestas en vigencia. (...)”.

En razón de lo anterior, se puede establecer que para el cálculo de las tarifas, las sociedades portuarias que operen puertos públicos, deben cubrir todos los costos y gastos típicos de la operación portuaria, tener en cuenta la depreciación y prever una adecuada remuneración a la inversión del concesionario, entre otros.

Por otro lado, por medio de la Resolución 426 del 10 de julio de 1997, esta superintendencia autorizó a las sociedades portuarias que operen en puertos de servicio público, a otorgar descuentos especiales por carga movilizada.

Estos descuentos se otorgarán a todo tipo de carga y mercancía, para todos los usuarios del puerto, y así mismo deberán ser autorizados por la Superintendencia de Puertos y Transporte.

A su vez el referido acto administrativo, prohibió a las sociedades portuarias de servicio público: prestar servicios en forma gratuita o por debajo de los costos de operación, conforme a lo dispuesto en su artículo 3º.

Ahora bien, como consecuencia de la crisis fronteriza que atraviesa la nación con la República de Venezuela , que también ha generado impactos en la comercialización del carbón que se produce en los departamentos de frontera y en razón de la función que ostenta esta entidad, para “Dirigir y coordinar la gestión en el desarrollo de su labor de inspección y vigilancia de la gestión de infraestructura marítima, fluvial, portuaria, a cargo de la Nación”, de conformidad con el artículo 12 del Decreto 1016 de 2000, modificado por el artículo 8º del Decreto 2741 de 2001, es necesario adoptar mecanismos necesarios para normalizar el comercio exterior, por ser uno de los intereses esenciales de la nación.

Por lo anterior, para garantizar la efectiva movilización y comercialización del carbón que se produce en el departamento de Santander, se autoriza a las sociedades portuarias del Caribe para efectuar un cobro inferior de la tarifa de uso de instalaciones portuarias actualmente registrada en esta entidad, siempre y cuando la tarifa acordada y pagada no sea inferior a los costos de operación del respectivo puerto y solo para el carbón que se produce en el departamento de Norte de Santander.

En todo caso, todo movimiento de carbón que se realice en los referidos terminales portuarios, con las condiciones anteriormente señaladas, deberá ser informado a esta superintendencia.

La presente circular rige a partir de su publicación.

Publíquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D.C., a 1º de septiembre de 2015.

N. del D.: La presente circular externa va dirigida a las sociedades portuarias de servicio público de la costa Caribe.