CIRCULAR EXTERNA 4 DE 1996  

(Julio 29)

Teniendo en cuenta que la Ley 222 de 1995, modificó las facultades de la Superintendencia de Sociedades en relación con el trámite del proceso liquidatorio de las sociedades sujetas a su vigilancia y con el trámite de la liquidación de las sociedades que voluntariamente solicitaron su intervención, este despacho estima necesario formular las siguientes precisiones:

1. Diligencias en las que no interviene la Superintendencia de Sociedades. A partir del 21 de junio de 1996, la Superintendencia de Sociedades perdió competencia para tramitar el proceso liquidatorio de las sociedades vigiladas, y en consecuencia, no habrá lugar a que este organismo participe en las siguientes diligencias:

— Aprobación del inventario del patrimonio social, inclusive en los casos contemplados en los artículos 233 y 237 del Código de Comercio.

— Resolución de las objeciones formuladas a los inventarios presentados.

— Aprobación de la liquidación de sociedades vigiladas.

2. Facultades que conserva la superintendencia en relación con la liquidación de las sociedades sujetas a su vigilancia. De conformidad con lo expuesto anteriormente y analizadas las disposiciones de la Ley 222, las únicas atribuciones que en esta materia conserva la Superintendencia de Sociedades, son las siguientes:

a) Decretar la disolución de la sociedad y ordenar la liquidación del patrimonio cuando se cumplan los supuestos previstos en la ley y en los estatutos, y adoptar las medidas a que haya lugar, y

b) Designar al liquidador en los casos previstos en la ley, es decir, cuando agotados los medios establecidos en la ley o en el contrato social no fuere posible llevar a cabo la designación. Esta facultad se ejercerá sobre sociedades inspeccionadas y vigiladas.

3. Trámites iniciados antes del 21 de junio de 1996 y que corresponden a aquellos aspectos respecto de los cuales la entidad perdió competencia. a) Aprobación de inventarios. Como quiera que la superintendencia perdió competencia para la aprobación de los inventarios, aquellos respecto de los cuales estuviere corriendo el término de traslado antes del 21 de junio de 1996 continuarán con su trámite, es decir, seguirán corriendo los términos hasta completarse (L. 153/887, art. 40).

Una vez cesen los efectos de la aplicación ultractiva de la ley, en lo relacionado con los términos que estaban corriendo, se procederá al archivo de las respectivas diligencias y en caso de que su hubieren formulado objeciones, no podrá la entidad entrar a resolverlas y los interesados deberán acudir a la justicia ordinaria para su resolución, y

b) Aprobación de liquidaciones. En relación con las solicitudes de aprobación de las liquidaciones presentadas antes del 21 de junio, las mismas serán archivadas, en atención a la ya expresada falta de competencia.

4. Atribuciones de la superintendencia respecto a las sociedades que se encontraban tramitando proceso liquidatorio. a) Sociedades vigiladas. Las sociedades vigiladas que se encontraban tramitando la liquidación ante la superintendencia, continúan sujetas a la vigilancia de la entidad hasta tanto se extinga el ente social de conformidad con las disposiciones establecidas por el estatuto mercantil.

En consecuencia, la superintendencia ejercerá las funciones que las atribuciones de inspección y vigilancia le otorgan, en especial, solicitándoles información sobre su situación jurídica, económica, administrativa o contable. Igualmente, podrá practicar visitas y ordenar que se subsanen las irregularidades que se hubieren observado.

Por lo expuesto, las compañías vigiladas continúan obligadas a pagar la contribución y antes de terminar su liquidación deberán cancelar los valores adeudados por tal concepto. Así mismo, deberán remitir a esta superintendencia el certificado de la cámara de comercio en el cual conste la inscripción del acta aprobatoria de la cuenta final de liquidación, a fin de que se ordene la cancelación el expediente respectivo, y

b) Sociedades inspeccionadas. Las sociedades inspeccionadas que voluntariamente presentaron a consideración de la superintendencia el inventario del patrimonio social, continúan sujetas a la inspección de esta entidad hasta tanto se extingan de conformidad con las disposiciones establecidas por el estatuto mercantil. En consecuencia, la superintendencia ejercerá las funciones de que trata el artículo 83 de la Ley 222, solicitándoles información sobre su situación jurídica, económica, administrativa o contable. Igualmente, podrá la superintendencia de oficio o a petición de parte, adelantar investigaciones administrativas.

Si del envío de la información o de la práctica de una investigación administrativa se establece que la sociedad incurre en cualquiera de las irregularidades señaladas adelante, podrá ser sometida a la vigilancia de esta entidad. Tales son:

a) Abusos de sus órganos de dirección, administración, o fiscalización que impliquen desconocimiento de los derechos de los asociados o violación grave o reiterada de las normas legales o estatutarias;

b) Suministro al público, a la superintendencia o a cualquier organismo estatal de información que no se ajuste a la realidad;

c) No llevar contabilidad de acuerdo con la ley o con los principios contables generalmente aceptados, y

d) Realización de operaciones no comprendidas en su objeto social.

El ejercicio de cualquiera de las funciones descritas anteriormente, en modo alguno comporta para la entidad la aprobación de los inventarios, la resolución de objeciones o la aprobación de la liquidación.

(Nota: La Sección Primera del Consejo de Estado en Sentencia 4859 de 1998, Consejero Ponente: Dr. Ernesto Rafael Ariza Muñoz, declaró la nulidad de la presente Circular).

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