Superintendencia del Subsidio Familiar

CIRCULAR EXTERNA 4 DE 2010 

(Abril 8)

Asunto: Respuesta a derechos de petición.

Este despacho en cumplimiento de la función estatuida en el artículo 7º numeral 4º del Decreto 2150 de 1992, de “Instruir a las entidades vigiladas sobre la forma como deben cumplir las disposiciones que regulan su actividad, fijar los criterios técnicos y jurídicos que faciliten el cumplimiento de tales normas y señalar los procedimientos para su cabal aplicación”, considera necesario resaltar la importancia del cumplimiento, por parte de las corporaciones a su cargo, de los términos de respuesta a las solicitudes de información o de consulta, efectuadas por los particulares frente a las cajas de compensación.

Así las cosas, cabe anotar que el derecho de petición, por excelencia es una figura que opera para entidades de derecho público; excepcionalmente puede operar contra entidades particulares.

Debido a esta situación, solo de forma excepcional, y en la medida en que se violen derechos fundamentales, el derecho de petición obliga a los particulares.

La Corte Constitucional en varias de sus sentencias [Sent. C-134/94, T-105/96, T-738/98, T-789/98, T-131/98, T-131/98], ha considerado que el derecho de petición vincula a los particulares en la medida en que ese particular preste servicios públicos o de interés general, o que aunque no se trate de ningún servicio de los anteriores, se viole algún derecho fundamental por la no atención del derecho de petición.

Para estos casos ha dicho la Corte que procede la acción de tutela para exigir al particular la atención del derecho de petición, en la medida en que se presenten los supuestos de que trata el artículo 86 de la Constitución Nacional.

Precisamente el artículo 86 de la Constitución es quien concibió la acción de tutela, y en cuanto a la procedencia de la tutela contra particulares, señala:

“(...)

La ley establecerá los casos en los que la acción de tutela procede contra particulares encargados de la prestación de un servicio público o cuya conducta afecte grave y directamente el interés colectivo, o respecto de quienes el solicitante se halle en estado de subordinación o indefensión.

(…)”.

La vinculación de los particulares frente al derecho de petición, está sujeto al marco contemplado en el artículo 86 de la Constitución Nacional, y en este se pueden identificar claramente las siguientes situaciones:

1. El particular presta un servicio público o de interés general.

2. Que se afecte gravemente el interés general o colectivo, y

3. Que se afecte gravemente algún derecho fundamental como consecuencia del estado de subordinación o indefensión.

La Corte Constitucional en Sentencia T-391 del 31 de julio de 1998, cuyo magistrado ponente fue el doctor Fabio Morón Díaz, señaló acerca del derecho de petición formulado ante las cajas de compensación familiar:

“El Derecho consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política, en cuyo ejercicio toda persona puede presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y obtener una pronta resolución, por disposición del constituyente también puede ejercerse frente a organizaciones privadas en condiciones especiales.

La jurisprudencia de esta corporación ha delimitado el alcance de la disposición constitucional citada, en el sentido de que son sujetos pasivos del derecho de petición las autoridades públicas, por regla general y, por excepción, las organizaciones privadas, bajo la condición de que el legislador haya reglamentado su ejercicio ante ellas, para garantizar los derechos constitucionales fundamentales.

Es así como las organizaciones privadas son susceptibles de recibir solicitudes respetuosas por parte de cualquier persona y están obligadas a emitir un pronto pronunciamiento sobre ellas, so pena de vulnerar el derecho constitucional fundamental de petición, cuando actúan como autoridades públicas y cuando el legislador reglamente la materia para el cometido arriba señalado.

Las organizaciones privadas actúan como autoridades públicas, cuando facultadas por la normatividad ejercen poder de mando o decisión en nombre del Estado y, por consiguiente, cumplen actuaciones que obligan y afectan a los particulares en busca de satisfacción del interés general y la tutela del mismo. Lo hacen cuando se encargan de la prestación de los servicios públicos, según las disposiciones del artículo 365 de la Constitución Política, en vista de que “la prestación de los servicios públicos dota de cierta jerarquía o supremacía a la entidad o persona de ello, frente a los destinatarios o usuarios de los mismos... porque, en últimas, ellos se encuentran en cierto grado de inferioridad frente a quienes pueden satisfacer sus necesidades básicas”.

Así mismo, el Consejo Superior de la Judicatura Sala Jurisdiccional Disciplinaria en sentencia de fecha 24 de octubre de 2005, magistrado ponente Temístocles Ortega Narváez señaló:

“(...) se dirá igualmente que tal y como lo ha indicado el actor, las cajas de compensación familiar manejan dineros públicos, concretamente los denominados parafiscales, producto de los aportes de sus afiliados, para revertirlos en el correspondiente subsidio y prestación de servicios en general a los propios afiliados, esto es, que les han sido asignadas verdaderas funciones públicas:

‘Las previsiones del régimen especial se circunscriben con exclusividad, a la órbita de ejercicio de las funciones públicas transferidas, en el caso de la gestión fiscal de las contribuciones parafiscales, en los términos de ley que haya creado estas’”.

Con fundamento en lo anterior es preciso señalar que, las cajas de compensación familiar se encuentran obligadas a dar respuesta a las solicitudes que las personas les dirijan, dentro de los términos legales o reglamentarios que la corporación haya dispuesto, el cual en todo caso no podrá ser superior a los legales. Esta superintendencia estará atenta al cumplimiento de lo señalado en la presente circular.

N. del D.: La presente circular va dirigida a los consejos directivos, directores administrativos y revisores fiscales de las cajas de compensación familiar.