Superintendencia Financiera de Colombia

 

Superintendencia Financiera de Colombia

CIRCULAR EXTERNA 4 DE 2013 

(Marzo 5)

Ref.: Reglas para la adquisición de cartera de créditos a originadores no vigilados por la Superintendencia Financiera de Colombia.

En ejercicio de la facultad señalada en el numeral 9º del artículo 11.2.1.4.2 del Decreto 2555 de 2010, este despacho considera necesario impartir instrucciones relativas a los requisitos que deben atender los establecimientos de crédito para adquirir cartera de créditos a originadores no vigilados por la SFC.

En tal sentido, se adiciona el numeral 2.8 al capítulo II de la Circular Básica Contable y Financiera (Circ. Externa 100/95)

Se anexan las páginas objeto de modificación.

La presente circular externa rige a partir de la fecha de su publicación.

N. del D.: La presente circular externa va dirigida a representantes legales de los establecimientos de crédito.

CAPÍTULO II-Reglas relativas a la gestión del riesgo crediticio

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CAPÍTULO II-Reglas relativas a la gestión del riesgo crediticio

Contenido

2.7. Reglas especiales para la administración del RC en créditos otorgados a las víctimas a las que se refiere la Ley 1448 de 2011.

2.8. Reglas para la adquisición de cartera de créditos a entidades no vigiladas por la SFC.

3. Revisoría fiscal.

4. Supervisión del SARC por parte de la SFC.

CAPÍTULO II-Reglas relativas a la gestión del riesgo crediticio

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2.5.3.2. Toda vez que las entidades a las que se refiere el presente numeral no están obligadas a adoptar metodologías para el cálculo de pérdidas esperadas, las provisiones individuales se realizarán de acuerdo con lo previsto en el anexo 1 del presente capítulo.

Para efectos de los reportes de endeudamiento, estos serán obligatorios para las entidades que se indiquen en las respectivas normas y formatos, y se realizarán respecto de las cuentas que allí mismo se prevean.

2.6. Reglas especiales para la administración del RC en operaciones con entes territoriales y entidades estatales.

En las operaciones con entes territoriales y entidades públicas, las entidades vigiladas deben dar aplicación a las reglas establecidas en el anexo 2 del presente capítulo.

2.7. Reglas especiales para la administración del RC en créditos otorgados a las víctimas a las que se refiere la Ley 1448 de 2011.

Con fundamento en lo previsto en los artículos 128 de la Ley 1448 de 2011 y 141 del Decreto 4800 del mismo año, y atendiendo al principio de solidaridad para con este sector de la población, exigible al Estado y a los particulares aún en ejercicio de sus libertades y actividades económicas (C. Const., sentencias T-697/2011, C-186/2011, C-1011/2008, T-676/2005, T-212/2005, T-520/2003, C-615/2002, SU-157/99, entre otras), los establecimientos de crédito deben poner a disposición de las víctimas mecanismos ágiles de atención para tramitar y resolver de manera clara y oportuna las inquietudes, consultas y solicitudes en relación con las medidas en materia crediticia previstas en la citada Ley 1448 de 2011. En adelante y para los efectos previstos en el presente numeral, se considera víctima a quienes se encuentren inscritos en el registro único de víctimas, previsto en el artículo 154 de la Ley 1448 de 2011.

En particular, los establecimientos de crédito deberán informar que, de conformidad con lo previsto en el artículo 129 de la misma ley, Finagro y Bancóldex manejan líneas de redescuento en condiciones preferenciales para financiar los créditos que se otorguen a las mencionadas víctimas.

De otra parte, si como consecuencia de hechos victimizantes, los créditos activos de un deudor entran o han entrado en mora, o son o han sido objeto de refinanciación, reestructuración o consolidación, y siempre que el deudor víctima ponga en conocimiento de dicha situación al establecimiento de crédito, la entidad correspondiente deberá incluirlos inmediatamente en una categoría interna especial que les permita identificarlos y clasificarlos. Esta categoría tendrá los siguientes efectos:

2.7.1. Los créditos deberán conservar la calificación que tenían al momento del hecho victimizante, la cual deberá ser actualizada en los correspondientes reportes a las centrales de información y mantenida por el término de un (1) año. En el evento de celebrarse el acuerdo de pago al que se hace referencia más adelante, la modificación de la calificación atenderá al cumplimiento de los términos y condiciones pactados en el acuerdo correspondiente.

2.7.2. No se podrán cobrar intereses moratorios durante el término comprendido entre la ocurrencia del hecho victimizante y hasta un (1) año después de la inscripción en el registro único de víctimas, sin perjuicio de las normas especiales aplicables a los secuestrados por virtud de la Ley 986 de 2005. En el acuerdo de pago al que se refiere el siguiente numeral se deberá respetar esta situación.

2.7.3. Los créditos incluidos en esta categoría especial estarán exceptuados de las reglas de alineamiento previstas en el numeral 2.2.4.

Adicionalmente, el establecimiento de crédito deberá promover la celebración de un acuerdo de pago con el deudor víctima en condiciones de viabilidad financiera para dicho deudor, que permita el cumplimiento de sus obligaciones, y solo podrá recalificarse o clasificarse como incumplido si, después de celebrado el acuerdo, el deudor contraviene las nuevas condiciones acordadas. En el evento que los acuerdos contemplen períodos de gracia, se deberán suspender durante estos períodos la causación de intereses y demás conceptos asociados al crédito. Estos acuerdos de pago no serán considerados como reestructuraciones, en los términos del numeral 1.3.2.3.3 del presente capítulo, ni tendrán los efectos previstos para las mismas en el anexo II del mismo capítulo.

Se recuerda que, de conformidad con lo previsto en el parágrafo del mencionado artículo 128 de la Ley 1448 de 2011, se presume que la mora, refinanciación, reestructuración o consolidación son consecuencia del hecho victimizante si se presentan con posterioridad al momento en que ocurrió el daño.

2.8. Reglas para la adquisición de cartera de créditos a entidades no vigiladas por la SFC.

2.8.1. Los establecimientos de crédito solo podrán realizar compras de cartera a personas jurídicas (en adelante, originadores) que acrediten el cumplimiento de los siguientes requerimientos mínimos:

2.8.1.1. Contar con las autorizaciones o registros legales exigidos para el desarrollo de la actividad de otorgamiento de crédito, cuando a ello haya lugar.

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2.8.1.2. Contar con políticas y procedimientos para el suministro de la información a los deudores señalada en el literal a) del numeral 1.3.2.3.1 del presente capítulo.

2.8.1.3. Reportar a las centrales de riesgo la información sobre el comportamiento crediticio de sus deudores, conforme con lo señalado en la Ley 1266 de 2008.

2.8.1.4. Cumplir con las disposiciones legales que regulan las tasas de interés y sus límites máximos.

2.8.1.5. En el caso de libranza, cumplir en todo momento con los límites máximos de descuento salarial, de acuerdo con la legislación laboral vigente.

2.8.1.6. Contar con la información sobre el comportamiento de los deudores, de manera tal que el establecimiento de crédito que adquiere la cartera pueda dar correcta aplicación a las disposiciones establecidas en el presente capítulo. Esta información debe incluir, en todo caso, el comportamiento de pago histórico del deudor.

2.8.2. Por su parte, los establecimientos de crédito deberán atender los siguientes requisitos:

2.8.2.1. Incorporar en sus manuales de riesgo crediticio políticas y procedimientos explícitos para la selección de los originadores, los cuales deben contemplar como mínimo:

(i) Criterios de selección del originador, dentro de los cuales deberá verificar por lo menos su trayectoria, experiencia en la actividad de originación de créditos y conocimiento del nicho de mercado que atiende.

(ii) Parámetros para el análisis y estudio detallado de la situación patrimonial del originador.

(iii) Lineamientos de diversificación por producto y por originador, estableciendo límites máximos de concentración los cuales deben tener en cuenta tanto los cupos para compras de cartera como los cupos de crédito otorgados al originador.

2.8.2.2. Conocer y tener debidamente documentadas las políticas y procedimientos de crédito del originador en cada uno de los procesos (otorgamiento, seguimiento y recuperación).

2.8.2.3. Establecer los criterios mínimos de selección de los créditos objeto de compra, en cuanto a perfil de riesgo y capacidad de pago de los deudores.

2.8.2.4. Establecer mecanismos que garanticen la custodia, conservación y consulta de la documentación de los créditos objeto de compra, incluyendo aquella relacionada con las garantías.

2.8.2.5. En los eventos en que el tipo de cartera de créditos objeto de compra no haga parte del nicho de mercado del establecimiento de crédito, se deberán informar previamente a esta superintendencia las políticas y estrategias implementadas para el acceso al nuevo mercado.

Las anteriores políticas y mecanismos deben ser aprobados por la junta directiva u organismo que haga sus veces en el establecimiento de crédito, y ser revisadas periódicamente a fin de que se ajusten en todo momento a las condiciones particulares de la entidad y del mercado.

3. Revisoría fiscal.

Sin perjuicio de las reglas de control interno que se adopten en cumplimiento de lo establecido en el numeral 1.3.5 del presente capítulo, el diseño, implementación y operación de un esquema general para la administración del RC debe contar con procesos adecuados de auditoría por parte de la revisoría fiscal. Para tal efecto, la persona natural o jurídica responsable, que es la designada por la asamblea general de accionistas o de asociados, de la respectiva sociedad o cooperativa, deberá contar con el equipo humano, técnico y físico adecuado para llevar a cabo dicha función. Cuando la revisoría fiscal sea encomendada a una persona jurídica, esta, a su vez, desarrollará directamente su función a través de personas naturales idóneas para asumir la responsabilidad personal que a su vez les corresponde, y deberá dotarlas de los soportes humanos, técnicos y físicos necesarios.