CIRCULAR EXTERNA 4 DE 2007 

(Febrero 6)

Asunto: Revocatoria directa Circular Externa 13 de 2006.

Que esta entidad expidió la Circular Externa 13 del 6 de abril de 2006, cuyo asunto es la cooperación internacional, directriz fijada por este ente de control y vigilancia, respecto de la cual efectuado un análisis jurídico, encuentra este despacho que la misma no está conforme a los ordenamientos legales vigentes reguladores del sistema del subsidio familiar, razón por la que procede su revocatoria directa, conforme a lo dispuesto de manera expresa en el artículo 69 del Código Contencioso Administrativo, según el cual:

“Los actos administrativos deberán ser revocados por los mismos funcionarios que los hayan expedido o por sus inmediatos superiores, de oficio o a solicitud de parte, en cualquiera de los siguientes casos:

1. Cuando sea manifiesta su oposición a la Constitución Política o a la ley.

2. Cuando no estén conformes con el interés público o social, o atenten contra él.

3. Cuando con ellos se cause agravio injustificado a una persona”.

Dicha decisión se soporta fundamentalmente en que al revisar dicha directriz no se encuentra soporte en cuanto a los ordenamientos legales que sirven de sustento jurídico para su expedición conforme a las normas legales vigentes, así como frente a la posibilidad que allí se plantea de atención de la población no afiliada y la utilización de recursos del 4% de destinación específica y de remanentes, por las siguientes razones:

1. El asunto es la cooperación internacional; no obstante, no se encuentra dentro de su motivación ningún ordenamiento jurídico, ni de la Ley 789 de 2002 ni de otras disposiciones legales que rigen el sistema de subsidio familiar, que respalde la celebración de convenios de esta naturaleza por parte de las cajas de compensación familiar, lo que se señala en la referida directriz, es que: “... la cooperación internacional es de gran importancia para el Gobierno Nacional, se busca impulsar la internacionalización del sistema de compensación familiar a través de ella”. Además de señalarse de manera expresa que es: “La Superintendencia del Subsidio Familiar la que desea crear el escenario que les permita a las cajas de compensación familiar trabajar en el programa de cooperación internacional”. Tema este que es privativo del legislador y escapa de objetivo institucional y legal señalado por la ley a la Superintendencia del Subsidio Familiar.

Revisada igualmente la Ley 789 del 30 de diciembre de 2002, este despacho no encuentra en su articulado disposición que regule el tema de la cooperación internacional.

2. En cuanto a lo planteado en la referida circular respecto de que los proyectos de cooperación internacional pueden dirigirse tanto a afiliados como a no afiliados, tampoco encuentra este despacho cual sería el artículo de la Ley 789 de 2002 que podría respaldar a las cajas de compensación familiar en el evento de una prestación de servicios a la población no afiliada, pues solo se encuentra que frente a este punto la circular materia de estudio señala: “La cooperación internacional ha empezado a reconocer el impacto y capacidades de las cajas de compensación familiar como buenos administradores de recursos y gestores sociales, por tanto, la población objetivo puede ser afiliada o no afiliada, desempleados, población vulnerable o desplazada, es decir la comunidad en general, siempre y cuando las cajas se ajusten a los parámetros de servicios y económicos establecidos en los mismos convenios y en las leyes colombianas vigentes”.

Este pronunciamiento de la circular, rebasa toda facultad del organismo de control, pues frente a esta posibilidad que plantea la directriz, este despacho debe señalar que del marco normativo regulador del sistema del subsidio familiar se observa que la población objeto de las cajas de compensación familiar es la que se encuentra afiliada a estas corporaciones más aquella población que no estando afiliada, en virtud de las nuevas disposiciones legales también deben atender dentro de los programas de jornada escolar complementaria, atención integral a la niñez y Fonede; no obstante, esta atención obedece por cuanto así lo ha dispuesto la ley y al atenderla no estarían por fuera del marco legal que regula su actividad.

Ahora bien, el artículo 64 de la Ley 21 de 1982, consagra que: “Los consejos directivos de las cajas de compensación familiar podrán fijar tarifas diferenciales progresivas, teniendo en cuenta los niveles de remuneración de los trabajadores beneficiarios para todas aquellas obras y programas sociales desarrollados de conformidad con el artículo 62, de tal manera que las tarifas sean más bajas para aquellos trabajadores que reciben los menores ingresos.

Las tarifas de los servicios que se presten a personas distintas de las enunciadas en el artículo 27 y del trabajador beneficiario, no serán subsidiadas. Tales tarifas se determinarán teniendo como base los costos reales de operación y mantenimiento y serán controladas por la Superintendencia del Subsidio Familiar”.

Posteriormente, la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, en relación con este tema, determinó en el último inciso del artículo 3º que: “En el caso del parágrafo 1º, los consejos directivos de las cajas de compensación familiar fijarán las tarifas y montos subsidiadas que deberán ser inversamente proporcional al salario devengado”.

Y, el Decreto 827 de abril 4 de 2003, en el artículo 5º establece que: “Categorías tarifarias para los servicios sociales de las cajas de compensación familiar. Se establecen las siguientes categorías tarifarias con base en el nivel salarial:

1. Categoría A: Hasta dos salarios mínimos legales mensuales vigentes.

2. Categoría B: Más de dos salarios mínimos legales mensuales vigentes y hasta cuatro salarios mínimos legales mensuales vigentes.

3. Categoría C: Más de cuatro salarios mínimos legales mensuales vigentes.

4. Categoría D: Particulares: Categoría de no afiliado a la caja. Hasta dos salarios mínimos legales mensuales vigentes.

PAR. 1º—Las cajas de compensación familiar en la categoría C, podrán establecer tarifas diferenciales no subsidiadas de acuerdo al nivel de ingresos familiares.

PAR. 2º—Las cajas de compensación familiar, contarán con un término de seis (6) meses, contados a partir de la vigencia del presente decreto, para adelantar los correspondientes ajustes, de conformidad con lo dispuesto en el presente artículo”.

De las disposiciones legales en cita, se observa que también el legislador en materia de tarifas ha previsto lo pertinente frente a este tema, las que deberán fijarse inversamente proporcionales al salario devengado, pues su finalidad es precisamente la compensación de los más altos ingresos hacia los de más bajos ingresos, de manera tal que las tarifas sean más bajas para aquellos trabajadores que reciben los menores ingresos, cumpliéndose así el marco filosófico que encierra el sistema del subsidio familiar, cual es de proteger a los trabajadores de menores ingresos y en cuanto a la atención de los particulares esto es la población no afiliada a la caja, se encuentra que también tiene establecido una tarifa para la prestación de servicios por parte de estas corporaciones. De tal suerte que cualquier prestación de servicios por parte de las cajas de compensación familiar a los particulares está sujeta a un costo conforme al servicio prestado, aspecto sobre el cual no existe ningún pronunciamiento en la directriz que se analiza.

3. En cuanto a la posibilidad que también allí se plantea de que las cajas de compensación familiar puedan respaldar y asignar recursos de destinación específica a otras actividades, al señalar que “Los recursos de contrapartida en dinero que las cajas deben demostrar en los convenios de cooperación nacional e internacional pueden ser originados del 4% de los aportes, de los remanentes, y demás recursos que las cajas administran, Foivis, atención integral a la niñez, jornada escolar complementaria y Fonede, entre otros, dentro del marco legal”. Posibilidad así plantada en la referida circular respecto de la cual este despacho debe señalar que también es contraria a las disposiciones legales reguladoras del sistema del subsidio familiar, pues se debe tener presente que ha sido el legislador quien ha señalado de manera expresa cual es la destinación y el porcentaje de los recursos que pueden utilizar las cajas de compensación familiar para atender las obligaciones a su cargo. En tal virtud, existiendo destinación específica de tales recursos por expresa disposición legal, es fácil colegir sin mayor equívoco que los mismos no pueden destinarse a atender o respaldar otras actividades, entre ellas las relacionadas con los convenios de cooperación nacional o internacional a que alude la referida directriz, pues a juicio de ese despacho, se atenta contra el marco normativo que regula el quehacer de las cajas de compensación familiar.

Además que no se debe perder de vista, que este aspecto así se encuentra contemplado en el artículo 48 de la Constitución Política al señalar que:

“ART. 48.—Adicionado por el Acto Legislativo 1 de 2005.

Se garantiza a todos los habitantes el derecho irrenunciable a la seguridad social.

El Estado, con la participación de los particulares, ampliará progresivamente la cobertura de la seguridad social que comprenderá la prestación de los servicios en la forma que determine la ley.

La seguridad social podrá ser prestada por entidades públicas o privadas, de conformidad con la ley. No se podrán destinar ni utilizar los recursos de las instituciones de la seguridad social para fines diferentes a ella.

La ley definirá los medios para que los recursos destinados a pensiones mantengan su poder adquisitivo constante (negrillas fuera de texto).

Concordante con lo anterior, es oportuno igualmente tener presente que dentro de la normatividad vigente que regula el funcionamiento de las cajas de compensación familiar, el artículo 44 de la Ley 21 de 1982 y numeral 19 del artículo 24 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, determinan en forma categórica que:

“Las cajas de compensación familiar no podrán, salvo el pago del subsidio familiar o en virtud de autorización expresa de la ley, facilitar, ceder, dar en préstamo o entregar a título gratuito o a precios subsidiados, bienes o servicios a cualquier persona natural o jurídica”.

Por lo antes expuesto, procede la revocatoria directa de la Circular Externa 13 de 2006, y en su lugar, este despacho en coordinación con las áreas técnicas de la entidad, preferirá la directriz que corresponda en la que se fijarán las políticas en materia de convenios de cooperación internacional conforme al marco normativo que regula el quehacer de las cajas de compensación familiar.

N. del D.: La presente circular externa va dirigida a los consejos directivos, directores administrativos y revisores fiscales de las cajas de compensación familiar.

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