CIRCULAR EXTERNA 43 DE 2011

 

Superintendencia Financiera

CIRCULAR EXTERNA 43 DE 2011 

(Octubre 6)

Ref.: Modificación de los capítulos II y III de la Circular Básica Contable y Financiera en relación con la valoración de garantías y de bienes recibidos en dación en pago, del anexo 5 del mencionado capítulo II en relación con la Pérdida Dado el Incumplimiento (PDI) y del capítulo II título II de la Circular Básica Jurídica en relación con el uso del término avalúo técnico.

Este despacho, en uso de sus facultades legales y en particular las establecidas en el numeral 9 de artículo 11.2.1.4.2 del Decreto 2555 de 2010, considera necesario impartir las siguientes instrucciones:

1. Modificar el literal d) del numeral 1.3.2.3.1 del capítulo II de la Circular Básica Contable y Financiera, con el fin de establecer los criterios mínimos que las entidades vigiladas deben atender para determinar el valor de las garantías que respaldan el cumplimiento de los créditos otorgados, así como para la actualización de dicho valor.

2. Modificar el anexo 5 del mencionado capítulo II, ajustando los valores correspondientes a la pérdida dado el incumplimiento (PDI) en el modelo de referencia de la cartera de consumo (MRCO) para la categoría “Sin garantía”.

3. Modificar el numeral 3 del capítulo III de la mencionada Circular Básica en relación con los criterios mínimos que deben atender los avalúos técnicos que realicen las entidades vigiladas para valorar los bienes recibidos en dación en pago, en concordancia con lo establecido en el literal d) del numeral 1.3.2.3.1 del capítulo II ibídem, sobre el particular.

4. Modificar el numeral 2) del literal c) de la sección 1.4 del capítulo II título II de la Circular Básica Jurídica, con el fin de homogenizar el uso del término avalúo técnico de acuerdo con las anteriores disposiciones.

La presente circular externa rige a partir de la fecha de su publicación; sin embargo, se establece el siguiente régimen de transición para los casos que a continuación se señalan:

Régimen de transición:

En relación con la modificación primera, la actualización de los valores de garantías constituidas sobre bienes inmuebles destinados a vivienda de la cartera activa al momento de la expedición de la presente circular, deberá estar totalmente realizada más tardar el 30 de junio de 2012, aplicando para tal fin los valores de reajuste anual de los índices IVIUR e IVP según corresponda, de acuerdo con la publicación más reciente de los mismos.

Para tal efecto los índices se aplicarán sobre el último valor actualizado de la garantía obtenido bajo la aplicación de la anterior metodología.

Así mismo las entidades tendrán plazo hasta el 30 de junio de 2012 para realizar los nuevos avalúos técnicos sobre aquellas garantías asociadas a la cartera activa que al momento de la expedición de la presente circular, tengan tres años (3) o más sin habérsele realizado un avalúo técnico.

En relación con la modificación segunda, el valor adicional de provisiones que como consecuencia de la implementación de dicha modificación se produzca sobre la cartera activa al momento de la expedición de la presente circular, deberá verse reflejado en los estados financieros con corte a 31 de diciembre de 2011.

Se anexan las páginas objeto de modificación.

N. del D.: La presente circular externa va dirigida a los representantes legales de las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia.

CAPÍTULO II-Reglas relativas a la gestión del riesgo crediticio

Anexo V-Modelo de referencia para cartera de consumo, MRCO

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De esta manera, para cada deudor-segmento de cartera de consumo se obtiene la probabilidad de migrar entre su calificación vigente y la calificación de incumplimiento en los próximos 12 meses de acuerdo con el ciclo del comportamiento general del riesgo de crédito.

Para efectos de la asignación de la probabilidad de incumplimiento, las entidades deberán, en primera instancia, dar cumplimiento a lo establecido en el literal a. del numeral 2.2.4 del presente capítulo y posteriormente sobre la calificación alineada, asignar la probabilidad de incumplimiento correspondiente a cada uno de los segmentos.

5.2. La pérdida dado el incumplimiento, PDI.

Se define como el deterioro económico en que incurriría la entidad en caso de que se materialice alguna de las situaciones de incumplimiento a que hace referencia el numeral 3 del presente anexo. La PDI para deudores calificados en la categoría incumplimiento sufrirá un aumento paulatino de acuerdo con los días trascurridos después de la clasificación en dicha categoría

La PDI por tipo de garantía será la siguiente:

 

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Tipo de garantíaP.D.I.Días después del incumplimientoNuevo PDIDías después del incumplimientoNuevo PDI
Garantía no admisible60%21070%420100%
Colateral financiero admisible0-12%----
Bienes raíces comerciales y residenciales40%36070%720100%
Bienes dados en leasing inmobiliario35%36070%720100%
Bienes dados en leasing diferente a inmobiliario45%27070%540100%
Otros colaterales50%27070%540100%
Derechos de cobro45%36080%720100%
Sin garantía75%3085%90100%

 

Para homologar las distintas garantías presentes en los contratos de crédito con los segmentos anteriormente listados, se clasifican dentro de cada grupo de garantías las siguientes:

1. Garantía no admisible: Serán clasificadas como garantías no admisibles, entre otras, las siguientes garantías:

• Codeudores, avalistas y garantía por libranza.

2. Colateral Financiero Admisible (CFA): Serán clasificadas como CFA las siguientes garantías:

• Depósitos de dinero en garantía colateral: Esta garantía tiene una PDI de 0%.

• Cartas Stand By consideradas garantías idóneas según lo establecido en el literal d del numeral 1.3.2.3.1 del capítulo II tienen una PDI de 0%.

• Seguros de crédito: Esta garantía tiene una PDI de 12%.

• Garantía soberana de la Nación (L. 617/2000): Esta garantía tiene una PDI de 0%.

• Garantías emitidas por Fondos de Garantías: Esta garantía tiene una PDI de 12%.

• Prenda sobre títulos valores emitidos por instituciones financieras: Esta garantía tiene una PDI de 12%.

3. Derechos de cobro (DC): Serán clasificadas como DC las siguientes garantías:

• Fiducias mercantiles irrevocables de garantía.

• Pignoración de rentas de entidades territoriales y descentralizadas de todos los órdenes.

4. Bienes raíces y residenciales (CRE/RRE): Serán clasificadas como CRE las siguientes garantías:

• Fiducias hipotecarias.

• Garantías inmobiliarias.

5. Bienes dados en leasing inmobiliario: Se clasifican dentro de esta categoría los bienes dados en los siguientes contratos de leasing:

• Leasing de inmuebles.

• Leasing habitacional.

CAPÍTULO II-Reglas relativas a la gestión del riesgo crediticio

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• Posibles “descalces” de monedas, plazos y tasas de interés en la estructura de balance y en operaciones fuera de balance, como por ejemplo la incidencia de los derivados financieros.

• Para aquellos créditos con tasa de interés variable o indexado a la UVR u otro índice, proyecciones y escenarios posibles de evolución de las cuotas según el comportamiento esperado de las tasas de interés, de la tasa de cambio, la inflación y otras variables que puedan afectar directamente el servicio de la deuda.

• Para créditos denominados en monedas extranjeras, el riesgo de mercado derivado de la volatilidad de las tasas de cambio respectivas y su posible impacto sobre la capacidad de pago del deudor. En el caso de operaciones de crédito con el exterior, análisis propios y del mercado sobre el riesgo del país en el cual está domiciliado el deudor, con el objeto de identificar los riesgos de transferencia y convertibilidad de las divisas requeridas para atender el crédito.

• Los riesgos de contagio, legales, operacionales y estratégicos a los que puede estar expuesta la capacidad de pago del deudor o el proyecto a financiar. En este contexto es necesario evaluar, entre otros, la información relacionada con el conglomerado económico al que pertenece el deudor.

En el caso de microcréditos, la entidad debe contar con una metodología que refleje de forma adecuada el riesgo inherente al deudor y cuyos elementos permitan compensar las deficiencias de información del mismo, de acuerdo a sus características y grado de informalidad. La información requerida podrá ser obtenida y documentada en el lugar donde se desarrolla la actividad económica del deudor.

d. Garantías que respaldan la operación y criterios para estimar su valor y eficacia.

i) Aspectos generales.

Las garantías que respaldan la operación son necesarias para calcular las pérdidas esperadas en el evento de no pago y, por consiguiente, para determinar el nivel de las provisiones.

Para los propósitos de este instructivo, se entiende por garantías idóneas aquellas seguridades debidamente perfeccionadas que tengan un valor establecido con base en criterios técnicos y objetivos, que ofrezcan un respaldo jurídicamente eficaz al pago de la obligación garantizada (por ejemplo, al otorgar a la entidad acreedora una preferencia o mejor derecho para obtener el pago de la obligación) cuya posibilidad de realización sea razonablemente adecuada. No se pueden considerar como garantías idóneas aquellas que de conformidad con lo dispuesto en la parte 2, libro 1, Título 2 del Decreto 2555 de 2010 sean calificadas como no admisibles.

Para evaluar el respaldo ofrecido y la posibilidad de realización de cada garantía se deben considerar como mínimo los siguientes factores: naturaleza, valor, cobertura y liquidez de las garantías. Adicionalmente, las entidades deben estimar los potenciales costos de su realización y considerar los requisitos de orden jurídico necesarios para hacerlas exigibles en cada caso.

ii) Instrucciones particulares sobre algunas garantías idóneas

— Cuando la garantía consista en hipoteca o prenda o, no obstante no ser real, recaiga sobre uno o varios bienes determinados, como es el caso de las fiducias irrevocables mercantiles de garantía, sólo se considerarán idóneas en función de los factores indicados en el ordinal i) y para establecer su valor se deberá tomar en cuenta el de realización.

— Cuando los créditos estén garantizados con pignoración de rentas, como es el caso de los préstamos otorgados a entidades públicas territoriales, se debe verificar que su cobertura no se vea afectada por destinaciones específicas o por otras pignoraciones previas o concurrentes, de acuerdo a lo establecido en la Circular Básica jurídica en el título II, capítulo I, numeral 1.1.1, literal j).

— Para efectos de la evaluación de riesgo crediticio, se podrán considerar como garantías idóneas de la respectiva operación las fuentes de pago adicionales, que de manera incondicional atiendan suficientemente el crédito por el simple requerimiento de la entidad acreedora. Tendrán el mismo tratamiento las garantías otorgadas por la Nación cuando cuenten con la apropiación presupuestal certificada y aprobada por la autoridad competente.

— Asimismo, se consideran garantías idóneas aquellas otorgadas por el Fondo Nacional de Garantías S.A y el Fondo Agropecuario de Garantías que cumplan los requisitos previstos en el presente literal.

— Las cartas de crédito stand by se consideran garantías idóneas cuando cumplan las siguientes condiciones:

• Que sean cartas de crédito irrevocables y pagaderas a su sola presentación;

• Que la deuda de largo plazo del banco emisor se encuentre calificada con grado de inversión por una sociedad calificadora de valores autorizada por la SFC o por una sociedad calificadora reconocida internacionalmente, según sea el caso.

CAPÍTULO II-Reglas relativas a la gestión del riesgo crediticio

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iii) Valoración de garantías.

Con el propósito de establecer el valor de las garantías en el momento del otorgamiento, y su posterior actualización, las entidades deberán atender las instrucciones que se imparten a continuación:

1. En el caso de garantías constituidas sobre bienes inmuebles destinados a vivienda, el valor al momento del otorgamiento corresponderá al obtenido mediante un avalúo técnico, el cual tendrá una vigencia máxima de un (1) año. A menos que la entidad decida realizar un nuevo avalúo técnico al inmueble, al cabo de este periodo deberá actualizar anualmente el valor del mismo, aplicando los siguientes mecanismos de actualización, según corresponda:

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i) Inmuebles ubicados en Bogotá D.C.: Se deben aplicar los valores de reajuste anual del Índice de Valoración Inmobiliaria Urbana y Rural (IVIUR) adoptado por la Alcaldía Mayor de Bogotá para la vigencia fiscal y el estrato residencial correspondiente.

ii) Inmuebles ubicados en Armenia, Barranquilla, Bucaramanga, Cali, Cartagena, Cúcuta, Florencia, Ibagué, Manizales, Medellín, Montería, Neiva, Pasto, Pereira, Popayán, Quibdó, Riohacha, Santa Marta, Sincelejo, Tunja, Valledupar y Villavicencio: Se deben aplicar los valores de reajuste anual del Índice de Valoración Predial (IVP) publicado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) para la ciudad respectiva.

iii) Inmuebles ubicados en lugares distintos a los señalados en los ordinales i) y ii): Se deben aplicar los valores de reajuste anual del IVP para el total nacional.

2. En el caso de garantías constituidas sobre bienes inmuebles no destinados a vivienda, el valor al momento del otorgamiento corresponderá al obtenido en un avalúo técnico, el cual tendrá una vigencia no mayor a tres (3) años. Al cabo de este periodo, y por lo menos cada tres (3) años, se deberá realizar un nuevo avalúo técnico para mantener actualizado el valor del inmueble.

3. En el caso de garantías constituidas sobre maquinaria y/o equipo, su valor deberá determinarse atendiendo las siguientes instrucciones:

i) Maquinaria y equipo nuevo o con una antigüedad menor a un año: La entidad utilizará como valor de la garantía en el momento del otorgamiento, el valor de compra registrado en la factura correspondiente o en la contabilidad del deudor. Este valor será válido por tres (3) años. Al cabo de este periodo, y por lo menos cada tres (3) años, se deberá realizar un nuevo avalúo técnico para mantener actualizado el valor de la garantía.

ii) Maquinaria y equipo con una antigüedad mayor a un año: La entidad utilizará como valor de la garantía en el momento del otorgamiento, el obtenido en un avalúo técnico. Este valor será válido por tres (3) años. Al cabo de este periodo, y por lo menos cada tres (3) años, se deberá realizar un nuevo avalúo técnico para mantener actualizado el valor de la garantía.

4. En el caso de garantías constituidas sobre vehículos, su valor deberá determinarse atendiendo las siguientes instrucciones:

i) Vehículos clasificados en la guía de valores de Fasecolda: Tanto en el momento del otorgamiento como en las actualizaciones mensuales posteriores, el valor del vehículo respectivo corresponderá al valor publicado en dicha guía.

ii) Vehículos no clasificados en la guía de valores de Fasecolda: Para determinar el valor de estos bienes la entidad podrá utilizar la información de avalúos comerciales publicada por el Ministerio de Transporte o aplicar el procedimiento descrito previamente para maquinaria y/o equipo.

5. En el caso de garantías constituidas sobre títulos y/o valores, el valor deberá determinarse de conformidad con lo dispuesto en el capítulo I de la Circular Externa 100 de 1995, o utilizando el valor suministrado por un proveedor de precios para valoración autorizado por la Superintendencia Financiera de Colombia

6. En el caso de garantías constituidas sobre otros bienes, el valor de la misma en el momento del otorgamiento, deberá corresponder al valor obtenido en el avalúo técnico realizado y su actualización, deberá llevarse a cabo dependiendo de las características propias del bien.

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Para el caso de los bienes que hayan sido otorgados en garantía que, de conformidad con lo indicado en las anteriores numerales, requieran un nuevo avalúo técnico para actualizar su valor, los establecimientos de crédito tendrán la facultad de no realizar dicho avalúo, siempre que se cumpla alguno de los siguientes supuestos:

El plazo del (de los) crédito(s) respaldados con la respectiva garantía no supera los tres (3) años y el valor de la misma supera al menos en dos (2) veces el total del saldo pendiente de pago del (de los) crédito(s) garantizados.

CAPÍTULO II-Reglas relativas a la gestión del riesgo crediticio

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— El plazo para finalizar el pago del (de los) crédito(s) garantizados es inferior o igual a un año

— El costo del avalúo supera el 10% del valor del saldo del (de los) crédito(s) garantizados.

El crédito garantizado se encuentra provisionado en un 100%.

Siempre que las entidades hagan uso de esta facultad, deberán justificar en cada caso las razones de su decisión, teniendo en cuenta para ello, entre otros, los criterios de evaluación del riesgo. Dicha justificación deberá mantenerse a disposición de la SFC.

En todo caso, las entidades deberán evaluar la idoneidad de las garantías y actualizar de forma inmediata su valor, cuando las obligaciones cuyo cumplimiento respaldan, hayan obtenido una calificación de riesgo “D”, salvo en los casos en los que la actualización del valor de la garantía se haya realizado dentro del año anterior al momento en que la obligación obtuvo dicha calificación.

Para los efectos de lo dispuesto en el presente capítulo, se entenderá como avalúo técnico aquél que atienda, como mínimo, los criterios y contenidos establecidos en los artículos 1º y 2º del Decreto 422 de 2000 y demás normas que lo modifiquen o sustituyan.

1.3.2.3.2. Etapa de seguimiento y control.

La etapa de seguimiento y control supone un continuo monitoreo y calificación de las operaciones crediticias acorde con el proceso de otorgamiento.

Los procesos que se adopten deben contener metodologías y técnicas analíticas que permitan medir el RC inherente a una operación crediticia y los futuros cambios potenciales en las condiciones del servicio de la misma. Tales metodologías y técnicas se deben fundamentar, entre otros criterios, en la información relacionada con el comportamiento histórico de los portafolios y los créditos; las características particulares de los deudores, sus créditos y las garantías que los respalden; el comportamiento crediticio del deudor en otras entidades y la información financiera de éste o información alternativa que permita conocer adecuadamente su situación financiera; y las variables sectoriales y macroeconómicas que afecten el normal desarrollo de los mismos.

En el caso de microcréditos, el continuo monitoreo y calificación de las operaciones crediticias se debe realizar considerando como mínimo los aspectos evaluados en el proceso de otorgamiento, perfil del deudor, plazo de la operación y frecuencia de los pagos.

Los modelos internos que se desarrollen deben determinar la pérdida esperada por la exposición al RC. La información que resulte de estos modelos debe ser almacenada como insumo para el afinamiento y retroalimentación de los mismos.

Estas metodologías deben ser evaluadas como mínimo dos (2) veces al año, a más tardar en mayo y en noviembre, para establecer la idoneidad de las mismas, al igual que la relevancia de las variables seleccionadas para cada una de ellas. Igualmente, estas metodologías deben ser probadas en escenarios y condiciones extremas (pruebas de estrés), y se debe medir la suficiencia del nivel de cubrimiento de las provisiones estimadas frente a las pérdidas efectivamente observadas. Los resultados de estas evaluaciones y pruebas deben ser presentados por el representante legal principal a la junta directiva o al consejo de administración y estar a disposición de la SFC junto con las conclusiones de su análisis.

1.3.2.3.3. Etapa de recuperación.

La entidad debe contar con procedimientos aprobados por la junta directiva o el consejo de administración y ejecutados por la administración de la entidad, tendientes a maximizar la recuperación de créditos no atendidos normalmente. Tales procesos deben identificar los responsables de su desarrollo, así como los criterios con base en los cuales se ejecutan las labores de cobranza, se evalúan y deciden reestructuraciones, se administra el proceso de recepción y realización de bienes recibidos a título de dación en pago y se decide el castigo de los créditos.

Para efectos del presente capítulo se entiende por reestructuración de un crédito cualquier mecanismo excepcional, instrumentado mediante la celebración y/o ejecución de cualquier negocio jurídico, que tenga por objeto modificar las condiciones originalmente pactadas con el fin de permitirle al deudor la atención adecuada de su obligación ante el real o potencial deterioro de su capacidad de pago. Adicionalmente, se consideran reestructuraciones los acuerdos celebrados en el marco de las leyes 550 de 1999, 617 de 2000 y 1116 de 2006 o normas que las adicionen o sustituyan, así como las reestructuraciones extraordinarias y las novaciones.

Las reestructuraciones no pueden convertirse en una práctica generalizada para regularizar el comportamiento de la cartera de créditos.

No se considerarán reestructuraciones los alivios crediticios ordenados por leyes, como fue el caso de los establecidos en la Ley 546 de 1999.

CAPÍTULO-III-Bienes recibidos en pago

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Reglas relativas a la adecuada administración de los bienes recibidos en dación en pago

Contenido

Consideraciones generales

1. Sistema de administración BRDPS

1.1. Políticas en materia de aceptación y administración de BRDPS

1.2. Procedimientos para la aceptación, administración y enajenación de los BRDPS

1.2.1. Responsabilidades de la junta directiva u órgano equivalente

1.2.2. Responsabilidades del nivel administrativo de la entidad

1.3. Mecanismos para la estimación de pérdidas y cuantificación de provisiones

1.3.1. Reglas para la constitución de provisiones sobre BRDPS inmuebles

1.3.1.1. Modelo para el cálculo de provisiones sobre BRDPS inmuebles

1.3.1.1.1. Tasa base de provisión (B)

1.3.1.1.2. Factor de Ajuste de la Provisión (F)

1.3.1.1.3. Cálculo de la Provisión (P)

1.3.1.1.4. Aprobación del modelo para el cálculo de provisiones sobre BRDPS

1.3.1.2. Constitución de provisiones de BRDPS inmuebles para las entidades que no cuentan con modelo aprobado por la SBC

1.3.2. Reglas para la constitución de provisiones sobre BRDPS muebles

1.4. Reglas sobre los procedimientos de control del sistema

1.4.1. Control interno

1.4.2. Responsabilidad del revisor fiscal

2. Algunas reglas sobre la contabilización de BRDPS

3. Reglas en materia de avalúos

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4. Reglas relativas al plazo legal para la venta de los bienes

4.1. Plazo para la enajenación

4.2. Reglas sobre el otorgamiento de prórroga del plazo legal para la enajenación

5. Regla especial aplicable a las sociedades fiduciarias

6. Regla especial aplicable a los fondos de pensiones obligatorias y a los fondos de cesantías

 

CAPÍTULO-III-Bienes recibidos en pago

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2. Algunas reglas sobre la contabilización de BRDPS.

La entidades deben establecer criterios uniformes y sustentados para efectos de registrar montos por concepto de mejoras o gastos de mantenimiento, de manera que el registro contable se efectúe reconociendo la realidad económica de la erogación, y en ese entendido, asigne a los activos el incremento real por producto de mejoras y reconozca con cargo a resultados los conceptos de gasto por mantenimiento.

3. Reglas en materia de avalúos.

Para efectos de la realización de avalúos, las entidades vigiladas deben observar los criterios y contenidos mínimos establecidos en los artículos 1º y 2º del Decreto 422 de 2000 y demás normas que lo modifiquen o sustituyan. En todos los casos, los avalúos técnicos que se utilicen por parte de las entidades vigiladas no pueden tener una antigüedad (fecha de elaboración) superior a tres (3) años contados a partir del cierre contable en el cual se pretenda utilizar.

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CAPÍTULO-III-Bienes recibidos en pago

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4. Reglas relativas al plazo legal para la venta de los bienes.

4.1. Plazo para la enajenación.

Las entidades deben efectuar la venta de los BRDPS dentro los dos (2) años siguientes a la fecha de su adquisición, sin embargo pueden contabilizarlos como activos fijos, cuando estos sean necesarios para el giro ordinario de sus negocios, se respeten los límites de inversiones en activos fijos y siempre que tratándose de inmuebles, la entidad no se encuentre sujeta al régimen de autorización previa, evento en el cual es obligatorio obtener esta.

En el caso de bienes cuya tradición se perfecciona con el registro del título traslaticio de dominio se entiende que la fecha de adquisición es la de dicho acto y, por lo tanto, el registro contable de la dación se debe efectuar a partir de tal fecha. Para los demás bienes es suficiente con la entrega material.

En el caso de bienes restituidos el plazo legal para la venta se cuenta a partir de la entrega material del bien.

El plazo anteriormente señalado se entiende sin perjuicio del término establecido en el artículo 110 numeral 4º EOSF, para la enajenación de las inversiones no autorizadas que realicen las entidades vigiladas en instituciones financieras y entidades aseguradoras, las cuales deberán ser vendidas a más tardar dentro de los seis meses siguientes a su adquisición, de conformidad con la disposición anteriormente citada.

4.2. Reglas sobre el otorgamiento de prórroga del plazo legal para la enajenación.

Para los efectos de lo dispuesto en el inciso final del numeral 6º del artículo 110 EOSF, las entidades vigiladas pueden solicitar a la SBC prórroga para la enajenación de BRDPS, la cual debe presentarse en cualquier caso con antelación al vencimiento del término legal establecido.

En la respectiva solicitud se debe demostrar que no obstante se han seguido diligentemente los procedimientos de gestión para la enajenación, no ha sido posible obtener su venta. En todo caso, la ampliación del plazo no puede exceder en ningún caso de dos (2) años, contados a partir de la fecha de vencimiento del término inicial, período durante el cual debe también continuar con las labores que propendan por la realización de esos activos improductivos.

5. Regla especial aplicable a las sociedades fiduciarias.

Para los fideicomisos y patrimonios autónomos administrados por sociedades fiduciarias que estén integrados por esta clase de activos, se aplican las normas contables que el fideicomitente indique expresamente en el respectivo contrato, salvo que el fideicomitente sea una entidad vigilada por la SFC, evento en el cual se deben aplicar las normas de este capítulo.

6. Regla especial aplicable a los fondos de pensiones obligatorias y a los fondos de cesantías.

Las instrucciones del presente capítulo no se aplican a los fondos de pensiones obligatorias y fondos de cesantías en lo que tiene que ver con el pago de las cotizaciones al sistema general de pensiones y del auxilio de cesantía respectivamente.

TÍTULO II

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Así las cosas, en cuanto al contenido de la subrogación de los activos circulantes puede decirse que, cuando éstos se encuentran afectos a la prenda del establecimiento de comercio, lo importante no es el bien que entra o sale, sino los valores que entran o salen representados en dinero, derechos u otros bienes relacionados con la actividad del establecimiento.

Lo que se presenta en la subrogación real no es por lo tanto, que un bien o valor sustituya un bien u otro valor; sino que se trata de afectar cualquier bien que entre a la carga de garantía que se le ha impuesto a la universalidad que es el establecimiento de comercio.

En consecuencia, es improcedente entender la subrogación a que se refiere el artículo 532 del Código de Comercio cuando se da en prenda el establecimiento de comercio incluyendo los activos circulantes, como una figura a través de la cual una cosa que se adquiere en reemplazo de otra que se ha enajenado, toma la calidad de la cosa enajenada. Lo que ocurre es que el bien que entra queda afecto a la carga de garantía que es la universalidad, sin que sea dado sostener que está tomando el lugar material de aquel que se ha enajenado. Puesto que de otra forma no se puede explicar el ingreso de aquellos bienes que se integran en un primer momento, sin que se hubiere producido salida equivalente de otros.

c. Requisitos para considerar la prenda sobre establecimiento de comercio como garantía admisible.

La prenda del establecimiento de comercio responderá en forma adecuada al concepto de garantía admisible, siempre que se den las condiciones establecidas en el artículo 3º del Decreto 2360 de 1993, tal como se señala a continuación:

1) Eficacia jurídica de la garantía. A efectos de dar cumplimiento a uno de los requisitos establecidos en la norma, como es el previsto en el literal b) ibídem, es preciso que se produzca la inscripción del gravamen en el registro mercantil, de acuerdo con lo previsto en los artículos 1208 y 1210 del Código de Comercio, con el propósito de que la garantía ofrezca un respaldo jurídicamente eficaz al pago de la obligación al otorgar al acreedor una preferencia o mejor derecho para obtener su pago.

En consecuencia, debe tenerse presente que, constituye requisito indispensable dentro del contrato de prenda, la limitación de disposición del objeto de la garantía a efectos de poder hacer efectivos los derechos de persecución y preferencia. Por lo tanto, cuando en la prenda con tenencia no se hace entrega al deudor de los bienes objeto de la garantía o cuando en la prenda sin tenencia se mantiene ilimitada la facultad de disposición de aquellos ofrecidos en respaldo del crédito, no se estaría frente a un contrato de prenda considerado como garantía para todos los efectos legales.

Una vez se produzca el registro mercantil, el acreedor podrá oponer los derechos de preferencia y persecución sobre el establecimiento de comercio frente a terceros con lo cual se cumple con el requisito de la eficacia jurídica de la garantía.

2) Avalúo técnico del establecimiento de comercio. De conformidad con lo previsto en el literal a) ibídem, la garantía o seguridad constituida debe tener un valor establecido con base en criterios técnicos y objetivos, que sean suficientes para cubrir el monto de la obligación. En tal virtud, este despacho estima que con el propósito de dar cumplimiento a la norma, los establecimientos de crédito deben efectuar un avalúo técnico del establecimiento de comercio en forma previa a la constitución de la garantía, en el cual se establezca en forma global el valor del establecimiento y de los activos circulantes, si estos se incluyen en la garantía. Dicho avalúo técnico deberá estar acompañado de una explicación sobre los criterios aplicados en su elaboración. Se entenderá como avalúo técnico aquél que atienda, como mínimo, los criterios y contenidos establecidos en los artículos 1º y 2º del Decreto 422 de 2000 y demás normas que lo modifiquen o sustituyan.

3) Inspección de los elementos que conforman el establecimiento de comercio objeto de la garantía. En virtud de lo previsto en el artículo 1217 del Código de Comercio al acreedor le asiste la facultad de inspeccionar el estado de los objetos de la prenda.

En virtud de esa previsión legal y en atención a las especiales características de esta clase de prenda, este despacho considera necesario que los establecimientos de crédito exijan a los deudores prendarios lo siguiente:

— Remisión de los estados financieros certificados del establecimiento de comercio objeto de la pignoración con una periodicidad que consulte el término del crédito. En todo caso, dicha remisión debe efectuarse por lo menos durante dos oportunidades durante la vigencia del contrato.

— Con la misma periodicidad antes señalada para la remisión de los balances, el establecimiento de crédito deberá realizar visitas al establecimiento de comercio con el fin de verificar el estado de la garantía.

Constancia del cumplimiento de las anteriores instrucciones deberá permanecer en el establecimiento de crédito a disposición de esta superintendencia.

Con fundamento en lo anterior esta superintendencia, teniendo en cuenta la facultad que le confiere el literal a), numeral 5º del artículo 326 del estatuto orgánico del sistema financiero, considera práctica no autorizada e insegura calificar como garantía calificar como garantía admisible para efectos de las disposiciones sobre evaluación y calificación de cartera de