CIRCULAR EXTERNA 46 DE 1996 

(Junio 7)

Como es de su conocimiento, mediante la Circular Externa 015 de 1996 se introdujeron modificaciones sustanciales a la regulación prevista en la Circular Básica Jurídica, concerniente al otorgamiento de crédito a entidades públicas territoriales.

Dicho régimen señala como requisito, en aquellos casos en que la pignoración de rentas comprometa ingresos de vigencias futuras, la aprobación de la correspondiente corporación de elección popular, en los términos del artículo 22 del Decreto 360 de 1995.

No obstante lo anterior, esta superintendencia considera necesario modificar la Circular Externa 015 de 1996, en virtud de los cambios introducidos por el Decreto 111 de 1996, mediante el cual se compilan las normas presupuestales y se deroga el Decreto 360 de 1995. En ese sentido, el Decreto 111 de 1996, en relación con el tema anotado señala en su artículo 24 señala (sic) lo siguiente:

“ART. 24.—El Consejo Superior de Política Fiscal, Confis, en casos excepcionales para las obras de infraestructura, energía, comunicaciones, aeronáutica, defensa y seguridad, así como para las garantías de las concesiones, podrá autorizar que se asuman obligaciones que afecten el presupuesto de vigencias futuras sin apropiaciones en el presupuesto del año en que se concede la autorización. La secretaría ejecutiva enviará a las comisiones del Congreso una relación de las autorizaciones aprobadas por el Consejo, para estos casos.

Los contratos de empréstito y las contrapartidas que en éstos se estipulen no requerirán de la autorización del Consejo Superior de Política Fiscal, Confis, para la asunción de obligaciones que afecten presupuestos de vigencias futuras. Estos contratos se regirán por las normas que regulan las operaciones de crédito público (L. 225/95, art. 3º” (resaltado fuera del texto).

Al respecto, la dirección general de presupuesto del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en concepto del 23 de mayo de 1996 dirigido a la Federación Nacional de Avicultores de Colombia, Fenavi, señaló que “... la pignoración de rentas al ser una garantía se enmarca dentro del concepto de operaciones de crédito público y por ende no requiere de autorización para comprometer vigencias futuras.

Lo anterior, no sólo para órganos que hacen parte del presupuesto general de la Nación sino también para las entidades territoriales las cuales no requieren de la correspondiente autorización de las corporaciones de elección popular (asamblea o concejo), debiendo en todo caso, sujetarse dichas operaciones a las normas de crédito público que las regulan.

Así las cosas, es claro que el servicio de la deuda está exceptuado de la autorización del Consejo Superior de Política Fiscal, Confis, para la asunción de obligaciones que afecten presupuestos de vigencias futuras”.

En consecuencia, esta superintendencia se permite instruir a los establecimientos de créditos vigilados para que en lo sucesivo no se exija, en la contratación de empréstitos con entidades públicas, la autorización previa de las asambleas departamentales, concejos municipales y consejos territoriales indígenas.

En tal sentido, anexo la página correspondiente de la Circular Básica Jurídica que resulta modificada en los términos anunciados.

TÍTULO II

CAPÍTULO PRIMERO

Literal j), numeral 1º

Estos mecanismos conducen a que no se revele en forma adecuada el servicio total de la deuda e impiden ejercer el control sobre el límite de endeudamiento de las entidades territoriales previsto en los artículos 284 del Decreto 1333 de 1986 y 225 del 1222 del mismo año.

En igual sentido, es claro que de acuerdo con la ley, las entidades territoriales no están autorizadas para dar una destinación diferente a los recursos de financiación de aquella señalada en el presupuesto para las rentas que se pignoran como garantía. Ello significa que las actividades a financiar deben ser concordantes con tales objetivos, de tal manera que los establecimientos de crédito deben verificar el cumplimiento de esa premisa legal en el otorgamiento de los créditos a dichas entidades.

En tal virtud, este despacho considera necesario el establecimiento de medidas de carácter prudencial que involucren un tratamiento del control de los requisitos que deben observar los establecimientos de crédito en esta materia. Igualmente, la debida protección a la calidad de la cartera concedida a tales entidades requiere la constitución de provisiones que permitan atender adecuadamente los riesgos inherentes a estos créditos. Estas reglas deben aplicarse sin perjuicio de lo previsto en el capítulo II de la Circular Externa 100 de 1995 para la evaluación y calificación de cartera.

1. Instrucciones aplicables a la concesión de nuevos créditos. En aquellos eventos en los cuales las entidades territoriales otorguen garantías consistentes en la pignoración de rentas o ingresos, los establecimientos de crédito deberán verificar que se dé cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 1º del Decreto 1156 de 1995 o a las normas que lo modifiquen o adicionen.

En este sentido, la garantía sólo será admisible, para los efectos de los cupos individuales de crédito, si la inversión a financiar tiene como finalidad la provisión de los mismos servicios establecidos en la ley para la destinación de los ingresos. Para tal efecto, deberán observarse los siguientes requisitos:

— El establecimiento de crédito deberá realizar visitas a las entidades territoriales, con la periodicidad que juzgue conveniente, en las cuales se verifique la forma en que están siendo invertidos los recursos, de acuerdo con su destinación legal y si el crédito respectivo está incluido dentro del servicio de la deuda e incorporado en el presupuesto de la vigencia respectiva. Tales visitas se efectuarán durante el término señalado para la culminación de la obra o inversión financiada. En el evento en que los créditos se hayan concedido para atender gastos de funcionamiento, las visitas deberán realizarse hasta la terminación del plazo pactado o la cancelación definitiva del empréstito.

En caso de que el establecimiento de crédito no realice las visitas o que la entidad territorial haya dado una destinación diferente a la dispuesta en la ley a los recursos del crédito, el establecimiento de crédito trasladará a categoría “D” los créditos correspondientes.

— Para los efectos de los cupos individuales de crédito previstos en el Decreto 2360 de 1993, los establecimientos de crédito no podrán aceptar como garantías admisibles las pignoraciones de rentas que hayan sido comprometidas para asegurar otra obligación. En aquellos eventos en que la cuantía del crédito no haga necesaria la sujeción a las normas contenidas en el Decreto 2360 de 1993, sobre cupos individuales de crédito, esto es, que no se exceda el límite del 10% del patrimonio técnico, en todo caso, el establecimiento de crédito deberá verificar que las rentas no hayan sido pignoradas anteriormente a otras entidades financieras.

Si no existen mecanismos adecuados para verificar razonablemente que las rentas no han sido pignoradas, tales créditos deberán calificarse en categoría “D”.

— En todos los casos el establecimiento de crédito debe verificar que no se exceda el límite legal de endeudamiento previsto en la ley. Al respecto, debe recordarse que en virtud de lo previsto en los artículos 284 del Decreto 1333 de 1986, incorporado en el artículo 593 del Estatuto Municipal y el 225 del Decreto 1222 del mismo año, las entidades territoriales no podrán celebrar ninguna operación de crédito interno cuando el servicio total de la deuda pública respectiva represente, en la correspondiente vigencia fiscal, una suma superior al 30% de sus rentas ordinarias, incluyendo el servicio del nuevo empréstito.

En tal sentido, cuando los establecimientos de crédito aprueben créditos a los municipios en exceso de su límite legal de endeudamiento, éstos deberán acreditar que tal exceso fue previamente autorizado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, según lo establece el artículo 25 de la Ley 185 de 1995. Si el municipio no acredita haber obtenido dicha autorización o ésta no se obtuvo, es ilegal cualquier financiación otorgada en exceso del límite legal y el establecimiento de crédito debe calificar la obligación en “E”.

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