CIRCULAR EXTERNA 46 DE 1999 

(Julio 30)

Ref.: Capítulo II Circular Básica Contable y Financiera.

Este despacho en uso sus facultades legales y en especial de las que le confieren los literales a) y b) del numeral 3º del artículo 326 del estatuto orgánico del sistema financiero, se permite modificar los numerales 9.4, 11.1, 12 y 15 del capítulo II de la Circular Básica Contable y Financiera, para lo cual se anexan las páginas que sufren cambio.

La presente circular rige desde la fecha de su publicación en el Diario Oficial y modifica en lo pertinente la Circular Externa 007 de 1996. (sic).

Capítulo II

Evaluación de cartera de créditos y contratos de leasing

9.3. Provisión por cuentas por cobrar (intereses, corrección monetaria, cánones, ajuste en cambio y otros conceptos)

En la misma oportunidad en que de acuerdo con el numeral 8º, se deba suspender la causación de rendimientos, corrección monetaria, ajustes en cambio e ingresos por otros conceptos, se provisionará la totalidad de lo causado y no pagado correspondientes a tales rendimientos, corrección monetaria, intereses capitalizados, cánones, ajustes en cambio e ingresos por cualesquiera otros conceptos.

Tratándose de los cánones se provisionará el ingreso financiero correspondiente.

Las entidades podrán solicitar un plan de ajuste para adecuarse a lo previsto en este numeral.

9.4. Provisiones adicionales. A partir del mes de agosto de 1999, las entidades constituirán provisiones adicionales cuando quiera que para cada modalidad de cartera o contratos (comercial, consumo o de vivienda), la entidad vigilada tenga un coeficiente de riesgo mayor, al menos en media (0.5) desviación estándar inclusive, respecto del promedio del coeficiente individual para cada modalidad de cartera o contratos, de la totalidad de los intermediarios financieros. El coeficiente de riesgo para efectuar la primera provisión se calculará con base en los resultados registrados para el mes de junio de 1999.

En el caso de los contratos de leasing, se entenderá por cartera bruta el valor de los bienes dados en leasing deducidas las depreciaciones y adicionadas en los cánones causados pendientes de pago.

El monto de la provisión se determinará de la siguiente manera para cada modalidad de cartera o contratos:

Cuando el coeficiente de riesgo supere en 0.5 o más desviaciones estándar el promedio, la provisión será el resultado de la siguiente fórmula:

(Coeficiente de Riesgo Individual - Promedio del Coeficiente de Riesgo del Sistema) 

Desviación estándar 

a =—————————————————————————————————————

100 

Provisión = Cartera Bruta * a

Donde: debe estar redondeado a un (1) dígito decimal.

Para efectos de calcular el promedio y la desviación estándar con los cuales se debe hacer el cálculo que se describe arriba, se deben excluir de la muestra las entidades cuyo coeficiente de riesgo esté alejado en más de 0.9 desviaciones estándar del promedio de la totalidad de las entidades vigiladas.

La Superintendencia Bancaria divulgará trimestralmente los coeficientes de riesgo de que trata el presente numeral.

9.5. Coeficientes de riesgo individual y global. Se determinarán sendos coeficientes de riesgo individual para la cartera comercial calificada, la cartera de consumo y la cartera de crédito para vivienda. Dichos coeficientes individuales se determinarán dividiendo por el valor total de los créditos calificados, el monto que arroje la suma de los siguientes factores:

9.5.1. El cero por ciento (0%) de los créditos calificados en la categoría “A” (créditos normales).

9.5.2. El uno por ciento (1%) de los créditos calificados en la categoría “B” (créditos aceptables).

9.5.3. El veinte por ciento (20%) de los créditos

calificados en la categoría “C” (créditos deficientes).

9.5.4. El cincuenta por ciento (50%) de los créditos calificados en la categoría “D” (créditos de difícil cobro) y,

9.5.5. El ciento por ciento (100%) de los créditos calificados en la categoría “E” (créditos incobrables).

Para efectuar este cálculo deberán incluirse los valores que correspondan a intereses, corrección monetaria y otros conceptos causados y no recaudados en relación con los créditos calificados.

Además de los coeficientes indicados, se calculará un coeficiente de riesgo global de cartera, que será el promedio ponderado —por valor de cartera— de los coeficientes de riesgo individuales de cada una de las clases de cartera.

10. Reglas para la constitución de provisiones respecto de deudas a cargo de la Nación o garantizados por esta o por el Banco de la República. No habrá lugar a la constitución de provisiones respecto de créditos o contratos a cargo de la Nación, o garantizados por ésta, siempre y cuando se disponga de la correspondiente reserva de apropiación debidamente certificada y aprobada por la autoridad competente, para atender su cancelación tanto por capital como por intereses, corrección monetaria, ajustes en cambio y otros conceptos, hecho que deberá acreditarse debidamente.

En caso de que no se cuente con la apropiación presupuestal o si ésta no cubre el monto de la obligación principal o sus intereses, corrección monetaria, ajustes en cambio y otros conceptos, se deberá constituir provisión por la parte no cubierta, suspender y provisionar los rendimientos citados, con arreglo a las normas contempladas en los numerales 8 y 9.3.

Tampoco habrá lugar a la constitución de provisiones respecto del capital, intereses, corrección monetaria, ajustes en cambio y otros conceptos, de créditos o contratos garantizados por el Banco de la República, hecho que deberá acreditarse debidamente a la Superintendencia Bancaria.

11. Efecto de las garantías y de la propiedad de los bienes en los contratos de leasing sobre las provisiones.

11.1. Para efectos de la constitución de provisiones individuales, las garantías sólo respaldan el capital de los créditos. En consecuencia, los saldos por amortizar de los créditos amparados con seguridades que tengan el carácter de garantías admisibles, se provisionarán en el porcentaje que corresponda según la calificación del crédito, aplicado dicho porcentaje a la diferencia entre el valor del saldo insoluto y el setenta por ciento (70%) del valor de la garantía.

No obstante, si la garantía no se hace efectiva dentro de los doce (12) meses siguientes al incumplimiento, para la constitución de provisiones se considerará sólo por el cincuenta (50%) de su valor. Tratándose de garantías hipotecarias, el plazo previsto en el presente inciso será de dieciocho (18) meses.

Transcurridos dieciocho (18) meses contados desde el incumplimiento, si la garantía aún no se ha hecho efectiva deberá elevarse la provisión al cien por ciento (100%) del capital adeudado, independientemente del valor de la misma. Tratándose de garantías hipotecarias, el plazo previsto en el presente inciso será de veinticuatro (24) meses.

Cuando la garantía admisible consista en hipoteca o prenda, para establecer el valor de la misma a efectos de lo previsto en el presente numeral, se tomará en cuenta el menor de los siguientes valores:

— El valor de mercado del bien gravado, y

— El valor que serviría de base al primer remate, de haberlo, de acuerdo con las disposiciones legales.

Cuando la garantía admisible sea distinta de hipoteca o prenda, para establecer el valor de la misma a efectos de lo previsto en el presente numeral, deberá determinarse su valor de realización.

Se sujetarán a las mismas reglas los créditos de vivienda y los créditos comerciales y de consumo de las entidades aseguradoras y compañías de capitalización que, por disposición legal, deban asegurarse con prenda de títulos o hipoteca. Las garantías mencionadas se considerarán admisibles, para los efectos previstos en el presente numeral, en relación con la constitución de provisiones.

Para efectos de la aplicación de este numeral, a partir del 1º de julio del 2000 el valor de mercado de un bien será el del avalúo con el cual se recibió la garantía sin que sea posible ajustarlo por métodos distintos al de un nuevo avalúo.

Las daciones en pago que se realicen a partir del 1º de julio del año 2000, no darán lugar a reversar las provisiones constituidas sobre el crédito que se cancela. Dichas provisiones deberán trasladarse al código 179910 — provisión bienes recibidos en pago—, y permanecer allí hasta la fecha de realización del bien. Lo anterior sin perjuicio de lo previsto en el artículo 110, numerales 6º y 7º del estatuto orgánico del sistema financiero, en concordancia con lo dispuesto en el capítulo 3, numeral 1º de la Circular Externa 100 de 1995 por la no oportuna enajenación de bienes recibidos en pago o por el deterioro del valor de los mismos.

De esta manera, si la provisión constituida para un crédito es, por ejemplo, el 20% de la diferencia entre el saldo insoluto de la deuda y el 70% del valor del bien dado en garantía, y éste último no se logra enajenar dentro de los términos previstos en las normas citadas, la entidad financiera deberá proceder a constituir el monto de provisión que falta para alcanzar el 80% de la diferencia entre el saldo insoluto y el valor del bien, si se trata de un inmueble, y el 100% si se trata de un bien mueble. El monto de esta provisión se repartirá proporcionalmente en períodos iguales dentro de los dos años siguientes a la fecha de la dación en pago. En cualquier caso, la autorización de la superintendencia para prorrogar el plazo de enajenación de los bienes recibidos en dación en pago, no significará una ampliación del plazo para constituir provisiones, ni tampoco para reversar las que estuvieren constituidas.

Para efectos de provisiones, a partir del 1º de enero del año 2002 no se tendrá en cuenta el valor de las siguientes garantías:

— Garantías prendarias que versen sobre establecimientos de comercio o industriales del deudor;

— Garantías hipotecarias sobre inmuebles en donde opere o funcione el correspondiente establecimiento;

— Garantías sobre inmuebles por destinación que formen parte del respectivo establecimiento.

Durante los años 1999, 2000 y 2001, los créditos amparados con las garantías de que trata el inciso anterior, se provisionarán así:

— Hasta el 31 de diciembre de 1999, en el porcentaje que corresponda según la calificación del crédito, aplicado dicho porcentaje a la diferencia entre el valor del saldo insoluto y el setenta por ciento (70%) del valor de la garantía.

— Hasta el 31 de diciembre del año 2000, en el porcentaje que corresponda según la calificación del crédito, aplicado dicho porcentaje a la diferencia entre el valor del saldo insoluto y el cincuenta por ciento (50%) del valor de la garantía.

— Hasta el 31 de diciembre del año 2001, en el porcentaje que corresponda según la calificación del crédito, aplicado dicho porcentaje a la diferencia entre el valor del saldo insoluto y el treinta por ciento (30%) del valor de la garantía.

11.2. En los contratos de leasing o arrendamiento financiero, los bienes propiedad de las compañías de financiamiento comercial tendrán, para efectos de las provisiones sobre los contratos incumplidos, el mismo tratamiento dado a los que garantizan los contratos de crédito.

En consecuencia, tratándose de bienes muebles, si la compañía de financiamiento comercial no los recupera dentro de los doce (12) meses siguientes al incumplimiento del contrato, se considerarán por el cincuenta por ciento (50%) de su valor. Tratándose de bienes inmuebles, este plazo será de dieciocho (18) meses.

Transcurridos dieciocho (18) meses desde el incumplimiento, si la compañía no ha recuperado el bien, deberá elevarse la provisión al cien por ciento (100%) de su valor, deducidas las depreciaciones. Tratándose de inmuebles, este plazo será de veinticuatro (24) meses.

Recuperado el bien, por la compañía de financiamiento comercial, procederá de inmediato a hacer un avalúo comercial del mismo, con base en el cual reversará o reajustará las provisiones, según sea el caso.

Las compañías de financiamiento comercial tendrán un plazo máximo de seis (6) meses para dar nuevamente en arrendamiento financiero u operativo, o para vender los bienes recuperados. Vencido este plazo, deberán provisionar el cien por ciento (100%) de su valor de adquisición deducidas las depreciaciones y amortizaciones. Dicho plazo en caso de inmuebles será de dieciocho (18) meses. Los bienes objetos de contratos de arrendamiento financiero para proyectos de arrendamiento de infraestructura o leasing de infraestructura tendrán el mismo tratamiento que los bienes inmuebles. Los bienes restituidos antes del 1º de julio de 1999 no estarán sujetos a esta provisión pero continuarán depreciándose como activos de la compañía.

Las disposiciones contenidas en este capítulo se aplicaran de inmediato a los contratos de leasing celebrados a partir del 1º de julio de 1999 y a todos los contratos que en esa fecha se encuentran al día en el cumplimiento de sus obligaciones. Las provisiones que resulten de aplicar a los demás contratos, las normas de este capítulo las podrán efectuar en alícuotas mensuales dentro de los próximos dieciocho (18) meses.

12. Reestructuración de créditos o de contratos. Se entenderá como crédito o contrato reestructurado aquél respecto del cual se ha celebrado un negocio jurídico de cualquier clase, que tenga como objeto o efecto modificar cualquiera de las condiciones originalmente pactadas en beneficio del deudor.

A los créditos o contratos reestructurados se les otorgará una calificación de mayor riesgo, dependiendo dicha calificación de mayor riesgo, de las condiciones financieras del deudor, del codeudor, y de los flujos de ingresos del proyecto, si fuere el caso, al momento de la reestructuración.

Habrá lugar a mantener la calificación previa a la reestructuración, cuando se mejoren las garantías constituidas para el otorgamiento del crédito o la celebración del contrato y el resultado del estudio que se realice para efectuar la reestructuración, demuestre que las condiciones del deudor así lo amerita.

Podrán ser trasladados a una categoría de menor riesgo los créditos y contratos reestructurados, cuando además de que los flujos de ingresos del deudor y/o del proyecto permitan concluir que los pagos podrán ser atendidos, se hayan tomado por el deudor acciones de fortalecimiento patrimonial, tales como abono o reducción de lo adeudado en porcentajes no inferiores al diez por ciento (10%) del capital si se trata de créditos y al 10% del valor de los cánones pendientes de pago, descontado el componente financiero, si se trata de contratos de leasing, capitalización o reestructuración del negocio que conlleve reducción de gastos y mejora en la rentabilidad operacional. En cualquier caso, el traslado a una categoría de menor riesgo sólo podrá efectuarse cuando el acuerdo de reestructuración prevea períodos de gracia para el pago de los intereses o de los cánones del arrendamiento financiero, iguales o inferiores a seis (6) meses.

Para estos casos, aunque el deudor reestructurado sea calificado en “A”, sólo será posible reversar provisiones cuando se hayan atendido puntualmente los dos primeros pagos convenidos en el acuerdo de reestructuración.

Adicionalmente, las instituciones vigiladas que convengan con sus deudores la reestructuración de créditos o contratos deberán observar lo siguiente:

a) Efectuar un seguimiento permanente respecto del cumplimiento del acuerdo de reestructuración.

b) En caso de existir garantía real, actualización del avalúo de la misma, siempre que el último avalúo tenga más de un (1) año de haber sido practicado, a fin de establecer su valor de mercado o de realización. Dicha actualización del avalúo deberá hacerse en todo caso cuando quiera que se reestructura un contrato de arrendamiento financiero o leasing.

13. Rehabilitación de la calificación.

13.1. Los créditos o contratos podrán mejorar la calificación después de ser reestructurados así:

13.1.1. Los que se encuentren en categoría “B” podrán ser calificados como “A”, cuando el deudor se encuentre al día en el servicio de la deuda y haya cancelado por lo menos dos (2) instalamentos desde la reestructuración.

13.1.2. Los que se encuentren en categoría “C” podrán ser calificados como “B”, cuando el deudor se encuentre al día en el servicio de la deuda y haya cancelado por lo menos dos (2) instalamentos desde la reestructuración. Para obtener la categoría “A” se procede como en el numeral 13.1.1.

13.1.3. Los que se encuentren en categoría “D” podrán ser calificados como “C” cuando el deudor se encuentre al día en el servicio de la deuda y haya cancelado por lo menos dos (2) instalamentos desde la reestructuración. Para obtener la categoría “B” se procede como en el numeral 13.1.2.

13.1.4. Los que se encuentren en categoría “E” podrán ser calificados como “D” cuando el deudor se encuentre al día en el servicio de la deuda y haya cancelado por lo menos dos (2) instalamentos desde la reestructuración. Para obtener la categoría “C” se procede como en el numeral 13.1.3.

13.2. Cuando un crédito o contrato reestructurado se ponga en mora, volverá de inmediato a la calificación que tenía antes de la reestructuración si ésta fuere de mayor riesgo, y, en consecuencia, el establecimiento de crédito deberá hacer las provisiones correspondientes y suspender la causación de intereses, corrección monetaria, cánones, ajuste en cambios y otros ingresos cuando fuere del caso.

14. Reversión de provisiones respecto de créditos o contratos a cargo de personas que alcancen acuerdos informales o extraconcordatarios. Los acuerdos informales o extraconcordatarios, para efectos de reversión de provisiones, serán considerados reestructuración de créditos o contratos. Las reversiones de provisiones que se realicen deberán comunicarse a la Superintendencia Bancaria, quien podrá ordenar constituirlas nuevamente.

14.1. Respeto a los principios legales y contables. El arreglo no podrá desconocer tales principios, no podrá estipularse en él, por ejemplo, que se aceptará recibir bienes en pago por valores superiores a los reales sin que ello implique la necesidad de hacer provisiones por el exceso.

14.2. Generalidad. El arreglo deberá cobijar a todos los acreedores, bien sea porque todos estén de acuerdo en los términos convenidos, o porque a quienes no lo estén, o no hayan participado en tal arreglo, se les haya satisfecho adecuadamente sus acreencias, si se encuentran vencidas, o se acepte por los firmantes del acuerdo que el deudor atienda tales obligaciones al hacerse éstas exigibles. En resumen, no podría aceptarse un acuerdo tomado en perjuicio de alguno de los acreedores.

14.3. Tratamiento igualitario. En la celebración del acuerdo deberán tenerse presentes los principios de equidad y de igualdad de los acreedores. Por consiguiente, el tratamiento desfavorable que alguno o algunos acreedores reciban en relación con los demás, sólo podrá tener origen en la existencia anterior de créditos privilegiados o en la concesión de ventajas que tengan por objeto facilitar, en forma razonable, el cumplimiento de los fines propios del acuerdo, siempre y cuando no se causen perjuicios a terceros, ajenos al mismo.

14.4. Documentación. El acuerdo deberá constar por escrito y estar firmado por el deudor y los acreedores que participen en él.

14.5. Incondicionalidad. El acuerdo deberá ser incondicional. No obstante la condición resolutoria podrá pactarse cuando su aplicación sea el resultado del incumplimiento de las obligaciones que en el acuerdo se hayan estipulado a cargo del deudor o de alguno o algunos de los acreedores, o cuando como consecuencia de esa aplicación la situación de éstos se haga más favorable.

14.6. Irrevocabilidad. El acuerdo no podrá ser revocable sino en caso de que, como consecuencia de la revocación, la situación de los acreedores se haga más favorable y,

14.7. Obligatoriedad. El acuerdo deberá ser de forzoso cumplimiento para los firmantes, de manera que ningún acreedor, ni mucho menos el deudor, pueda retirarse libremente de él.

15. Provisiones respecto de créditos y cánones causados y no pagados a cargo de personas que se encuentren tramitando procesos de concurso universal de acreedores. Los créditos o contratos a cargo de personas que sean admitidas en procesos de concurso universal de acreedores, se calificarán inmediatamente en la categoría “E”, sujetándose para efectos de la constitución de provisiones, suspensión de causación de rendimientos, corrección monetaria, y otros conceptos a lo previsto para esta categoría. Los cánones causados y no pagados en contratos de leasing, considerados como concordatarios, deberán provisionarse al cien por ciento (100%). En relación con los créditos y contratos nuevos o posconcordatarios, así como en los cánones considerados como posconcordatarios, se aplicarán las reglas contenidas en el subnumeral 9.2. En consecuencia, si el locatario está cumpliendo con los cánones posconcordatarios, no habrá lugar a la constitución de provisiones.

15.1. La constitución de las provisiones se efectuará de la siguiente forma:

N. del D.: Esta circular externa va dirigida a los representantes legales y revisores fiscales de las entidades vigiladas.

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