Superintendencia de Puertos y Transporte

CIRCULAR EXTERNA 47 DE 2016 

(Abril 22)

Asunto: Transporte escolar.

La presente circular tiene por objeto exhortarlos para que en cumplimiento de las facultades otorgadas a cada uno de ustedes, realicen actividades concertadas para el control del cumplimiento de la reglas establecidas para el transporte escolar, en cada una de sus jurisdicciones: De estas actividades, merece especial atención la verificación de las condiciones operativas y de seguridad de los prestadores del servicio de transporte escolar, que guarda relación directa con el acceso a la educación.

Al respecto, el artículo 2.2.1.6.3.2. del Decreto 1079 de 2015, define al contrato para transporte de estudiantes, como el que se suscribe entre la entidad territorial o la secretaría de educación de entidades territoriales certificadas o el centro educativo o la asociación de padres de familia o un grupo de padres de familia con una empresa de servicio público de transporte terrestre automotor especial debidamente habilitada para esta modalidad, cuyo objeto sea la prestación del servicio de transporte de sus estudiantes entre el lugar de residencia y el establecimiento educativo, incluyendo las salidas extracurriculares.

Por lo expuesto, a continuación, se resaltan algunas reglas cuyo cumplimiento está a cargo de las autoridades locales y se recomiendan algunas actividades, que serán materia de control posterior por parte de la Superintendencia de Puertos y Transporte:

A. Marco normativo:

De conformidad con el artículo 8º de la Ley 336 de 1996, las entidades que conforman el sector y el sistema de transporte deben ejercer las funciones de organización, vigilancia y control de la actividad transportadora, bajo los criterios de colaboración y armonía propios de su pertenencia al orden estatal.

Por su parte los decretos 101 y 1016 de 2000, modificados por el Decreto 2741 de 2001, establecieron el objeto y los sujetos de inspección, vigilancia y control de la Superintendencia de Puertos y Transporte, en virtud de la delegación de las funciones que en principio le corresponden al Presidente de la República, entre ellos, las entidades del Sistema Nacional de Transporte, según lo establecido en la Ley 105 de 1993 (a excepción del Ministerio de Transporte).

El artículo 4º de la precitada norma, indica que en ejercicio de tales funciones, la Superintendencia de Puertos y Transporte está facultada para solicitar a las entidades públicas que conforman el Sistema Nacional de Transporte la información que estime conveniente para evaluar periódicamente el cumplimiento de las normas de tránsito, transporte e infraestructura y solicitar los documentos e información necesaria para el cumplimiento del objeto de su delegación y funciones, en concordancia con el parágrafo 3º del artículo 3º de la Ley 769 de 2002, que le otorgó a la Superintendencia de Puertos y Transporte la vigilancia y el control.

La Ley 1503 de 2011, Por la cual se promueve la formación de hábitos, comportamientos y conductas seguros en la vía y se dictan otras disposiciones, establece las siguientes acciones de planeación, que las autoridades territoriales deben adelantar en materia de prevención de la accidentalidad:

• Todas las entidades territoriales deben elaborar un mapa de siniestralidad vial con el propósito de determinar de manera específica los puntos cruciales en que se requiere la intervención pública y las estrategias para lograr mejorar los índices de siniestralidad vial detectados. (art. 21).

• Todos los planes de desarrollo de los municipios deben incluirán capítulos específicos sobre medidas en pro de la seguridad vial en la respectiva entidad territorial con el correspondiente presupuesto (art. 22).

• Las entidades territoriales rendirán un informe que detalle las metas definidas en materia de seguridad vial y el logro de cada uno, incluyendo los datos de disminución de número de siniestros viales, número de muertos o lesionados, valor de daños, etc.

Por su parte, el Decreto 1079 de 2015, señala las obligaciones mínimas de los establecimientos educativos, frente a la prestación del servicio de transporte escolar:

1. Disponer en los vehículos, con el fin de asegurar la protección de los estudiantes menores, la presencia de un adulto que monitoree el recorrido.

2. Realizar la supervisión respecto de las condiciones de ejecución y cumplimiento de los contratos celebrados con las empresas de transporte especial.

3. Observar probidad y diligencia en la selección de la empresa de transporte que desarrollará la actividad.

4. Destinar los espacios internos del establecimiento con acceso vehicular, al ascenso y descenso de los vehículos de transporte escolar.

5. Contar con un plan estratégico de seguridad vial durante la prestación del servicio y verificar que la empresa contratada para tal fin cuente y aplique lo establecido en la Ley 1503 de 2011 y las normas que la reglamenten, modifiquen o sustituyan.

6. Entregar a cada padre de familia una copia del contrato celebrado para la prestación del servicio, junto con una copia de la póliza de seguros de responsabilidad civil correspondiente.

7. Las demás aplicables en virtud de las disposiciones legales y/o reglamentarias para el servicio de transporte escolar.

El citado decreto, también establece que las secretarías de educación de las entidades territoriales certificadas, deben realizar las acciones necesarias para garantizar la permanencia de los estudiantes, adelantando el seguimiento y control al cumplimiento de los contratos de prestación del servicio de transporte escolar de su respectiva jurisdicción.

En cuanto a la contratación del servicio de transporte escolar con dineros públicos, la misma norma señala que se debe contratar con empresas habilitadas en la modalidad de servicio especial y establece algunas excepciones y procedimiento para la aplicación de las mismas, así:

1. Municipios con población inferior a 30.000 habitantes, donde no existan empresas habilitadas en la modalidad de transporte especial, el transporte escolar podrá ser prestado por empresas de Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor Mixto o colectivo municipal habilitadas, cumpliendo todas las condiciones exigidas para el transporte escolar. De no existir alguna de tales empresas, las personas naturales que destinaron sus vehículos de servicio particular al transporte escolar rural y que hubieren obtenido permiso de la autoridad municipal para operar dentro de su jurisdicción en vigencia del artículo 3º del Decreto 805 de 2008, modificado por el artículo 1º del Decreto 4817 de 2010, del Decreto 48 de 2013 o del Decreto 348 de 2015, podrán ofrecer y prestar dicho servicio, previa autorización de la autoridad de transporte municipal, y una vez agotado el procedimiento que la misma norma establece, informando de la autorización a la Subdirección de Transporte del Ministerio de Transporte.

2. Municipios con población superior a 30.000 habitantes, que por condiciones topográficas y de difícil acceso, no exista oferta para la movilización de los estudiantes de la jurisdicción, el transporte podrá ser prestado por empresas de servicio público de transporte terrestre automotor mixto o colectivo municipal legalmente constituidas y habilitadas y en caso que no existan, con vehículos particulares, conforme a lo establecido en el decreto para tal efecto.

En todos los casos, los alcaldes municipales deberán establecer mecanismos de control para garantizar que los equipos se mantengan en perfectas condiciones técnicas y de aplicar las sanciones correspondientes cuando se incumplan los respectivos reglamentos.

Los establecimientos educativos, las entidades territoriales y las secretarías de educación certificadas, deberán informar a la Superintendencia de Puertos y Transporte que en su jurisdicción no hay empresas de servicio público de transporte terrestre automotor especial, a pesar de existir empresas habilitadas con fundamento en el concepto de viabilidad expedido por la Dirección de Transporte y Tránsito.

Es necesario destacar también el contenido del parágrafo 2º del artículo 2.2.1.6.1.2 del mismo Decreto, que determina: cuando los municipios no cuenten con personal operativo de control propio o por convenio, la Policía Nacional a través de su personal especializado podrá, en ejercicio de la función a prevención contenida en el artículo 3º parágrafo 4º de la Ley 769 de 2002, realizar operativos de control.

B. Conclusiones y recomendaciones

De las normas anteriormente señaladas se destaca que:

1. Las actividades de prevención y control encaminadas a la protección de la población escolar de cada municipio, incluye:

— El transporte privado que se realiza por los establecimientos educativos de forma directa.

— El transporte que se contrata con las empresas de servicio especial por parte de las entidades públicas o por los padres de familia.

— El transporte que se contrata con empresas habilitadas para el servicio colectivo municipal o para el servicio mixto, que excepcionalmente se autorizan para el transporte escolar, en virtud de la autorización expedida por los alcaldes.

— El transporte que se realiza en vehículos de servicio particular cuando medie autorización del alcalde municipal.

2. Es obligación de las entidades territoriales, realizar el control operativo del transporte de los escolares y en cada municipio.

3. Exigir el cumplimiento de la reglamentación del transporte escolar, es un proceso que se desarrolla de manera integral por las autoridades de tránsito y transporte municipal y por las autoridades de educación, esto incluye la verificación de la presencia del adulto acompañante de cada ruta de transporte escolar, cuyo papel es garantizar la seguridad de los niños al ascenso y descenso de los niños y durante el recorrido de la ruta.

4. Las autoridades locales de educación y de tránsito y de transporte, tienen la obligación de reportar a la Superintendencia de Puertos y Transporte las situaciones anómalas que observen en relación con la prestación del servicio por parte de las empresas de servicio especial, cuando observen: incumplimiento de los contratos, situaciones que atenten contra la seguridad de los estudiantes que utilizan el transporte escolar, cuando las empresas habilitadas para el transporte especial con domicilio en el municipio, se niegan a la prestación del servicio.

5. En caso de no tener cuerpo operativo de control propio o por convenio, la Policía de Carreteras podrá adelantar operativos de control encaminados al control del cumplimiento de las normas del transporte escolar.

6. Las autoridades de tránsito y transporte municipal deben realizar operativos de control a las rutas de transporte escolar, que cubran tanto las zonas urbanas como rurales de cada municipio. (Esta acción se recomienda ejecutarla por lo menos dos veces al mes).

Finalmente se advierte a los destinatarios de la presente comunicación, que se adelantarán los controles por parte de la Superintendencia de Puertos y Transporte para verificar que las autoridades locales cumplan con las obligaciones contenidas en las leyes y reglamentos relacionadas con el transporte escolar.

La presente circular rige a partir de su publicación en el Diario Oficial.

Publíquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D.C., a 22 de abril de 2016.

N. del D.: La presente circular externa va dirigida a las autoridades municipales de educación y de transporte, alcaldes municipales, secretarios de educación, de tránsito y de movilidad o de transporte.