CIRCULAR EXTERNA 49 DE 1993 

(Julio 14)

En ejercicio de las facultades que le otorgaba el inciso 2º del artículo 36 de la Ley 35 de 1993, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 654 del mismo año mediante el cual adoptó el procedimiento administrativo especial aplicable a la Superintendencia Bancaria.

Dicho decreto fue incorporado al actual estatuto orgánico del sistema financiero (art. 335) y, en orden a facilitar el correcto entendimiento y aplicación de algunas de sus principales disposiciones, este despacho ha considerado pertinente efectuar las siguientes consideraciones sobre el particular:

1. Recursos en la vía gubernativa y efectos en que se conceden. De conformidad con lo previsto en el inciso 2º del numeral 7º del artículo 335 del estatuto orgánico del sistema financiero, “contra los actos administrativos de carácter particular expedidos por la Superintendencia Bancaria sólo procederá el recurso de reposición interpuesto en la forma establecida en el Código Contencioso Administrativo”.

De hecho, dentro de la expresión “(...) actos administrativos de carácter particular expedidos por la Superintendencia Bancaria (...)” deben entenderse comprendidos no sólo los expedidos por el Superintendente Bancario y los superintendentes delegados, sino también los expedidos por los demás funcionarios de la Superintendencia Bancaria a quienes se les haya delegado o adscrito el cumplimiento de determinadas funciones, pues es claro que respecto de estos últimos no se está en presencia de una nueva instancia.

Del mismo modo y al tenor de lo preceptuado por el numeral 9º del artículo 335 antes citado, la regla general es que en la vía gubernativa el recurso de reposición que se interponga contra los actos administrativos en comento “(...) se concederá en el efecto devolutivo (...)”, lo cual significa que la interposición del mencionado recurso no suspende la ejeturoriedad del acto administrativo objeto de impugnación, como tampoco el inmediato cumplimiento de la voluntad administrativa en él contenida.

La excepción es que, tratándose de actos administrativos mediante los cuales se impongan sanciones de carácter pecuniario, el recurso de reposición que se interponga contra los mismos “(...) se concederá en el efecto suspensivo (...)”, vale decir, la interposición del recurso suspende la ejecutoriedad de los mencionados actos y, por lo mismo, su cumplimiento.

Ahora bien, es importante reiterar que no puede confundirse la diligencia de presentación personal del recurso de reposición con la interposición oportuna del mismo. Aquélla puede hacerse ante el secretario general de la Superintendencia Bancaria, juez, notario, autoridad política del lugar o autoridad que surtió la notificación, al paso que ésta debe hacerse dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes contados a partir del día siguiente a la fecha de la respectiva notificación mediante la entrega del original del escrito contentivo del recurso en la secretaría general de la superintendencia.

De esta suerte, si el recurso de reposición surtió el trámite de su presentación personal en debida forma pero el original del escrito contentivo del mismo se recibe en la secretaría general de la superintendencia vencido el término de los cinco (5) días, se entenderá que su interposición fue extemporánea y, en consecuencia, procederá su rechazo.

Sin perjuicio de la presentación personal, se exceptúan de la regla anterior aquellos recursos que se interpongan mediante la utilización de mecanismos tales como el facsímil, fax o cualquier otro medio electrónico idóneo, aunque en estos casos se entenderá que tales recursos han sido presentados oportunamente, estos es, dentro de los cinco (5) días siguientes a la fecha de la correspondiente notificación, “(...) si, a más tardar dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su vencimiento, se recibe en la Superintendencia Bancaria el original del escrito a efectos de verificar su correspondiente autenticidad (...)”, tal como lo señala el numeral 8º. del artículo 335 del estatuto orgánico del sistema financiero. Si ello no ocurre, procederá el rechazo del recurso por extemporáneo.

2. Pago sin interposición de recursos o acciones. Reza el numeral 6º del artículo 335 del estatuto orgánico del sistema financiero:

“En virtud del principio de economía procesal y con el fin de abreviar las actuaciones ante las autoridades administrativas o jurisdiccionales, quien haya sido sancionado con multa impuesta por la Superintendencia Bancaria podrá beneficiarse de un descuento equivalente al diez por ciente (10%) del valor de la correspondiente sanción si cancela el noventa por ciento (90%) de la misma, dentro de los cuatro (4) meses inmediatamente siguientes a la ejecutoria del acto, siempre y cuando no haga uso de ningún recurso o acción contra el acto sancionatorio respectivo”.

Como se observa, el precepto antes transcrito se estructura alrededor de los supuestos fácticos que se señalan a continuación:

a) Que se trate de un acto administrativo mediante el cual se imponga una sanción de carárter pecuniario;

b) Que el sancionado no haga uso de ningún recurso o acción contra el correspondiente acto administrativo sancionatorio, y

c) Que el pago del noventa por ciento (90%) del importe de la respectiva multa se efectúe dentro de los cuatro (4) meses inmediatamente siguientes a la ejecutoria del acto administrativo sancionatorio.

Ahora bien, ¿cómo debe procederse en aquéllos casos en los cuales el sujeto —persona natural o jurídica— sancionado interpuso recurso ordinario de reposición o acudió ante la jurisdicción de lo contencioso-administrativo y quiere acogerse al beneficio que le concede el precepto en comento?

Al respecto se estima que la figura procesal idónea en una y otra hipótesis es la del desistimiento, pues a nadie escapa que el objeto propio de dicha figura jurídica no es otro que el de dejar en firme la providencia administrativa materia bien sea del recurso de reposición o de la acción contencioso-administrativa, amén de que desistir de un recurso o de una acción jurisdiccional equivale tanto como a no haber interpuesto uno o iniciado otra.

Obviamente, dicho desistimiento debe presentarse dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la fecha en que ha debido quedar ejecutoriado el correspondiente acto administrativo sancionatorio, mediante escrito en el cual clara y expresamente se manifieste que su finalidad es la de acogerse al beneficio consagrado en el numeral 6º del artículo 335 en comento y acompañando copia del respectivo recibo de pago.

3. Beneficio por el pago de multas impuestas por la Superintendencia Bancaria antes del Decreto 654 de 1993. Respecto de sanciones pecuniarias impuestas por la Superintendencia Bancaria con anterioridad a la entrada en vigencia del artículo 7º del Decreto 654 de 1993, el artículo 1º del Decreto 1297 del mismo año hace extensivo el beneficio de la rebaja del diez por ciento (10%) del importe de aquellas en relación con las personas naturales y jurídicas que hayan interpuesto recursos en la vía gubernativa o acciones ante la jurisdicción contencioso-administrativa que se encontraren en trámite al momento de entrar en vigencia el decreto primeramente citado, siempre y cuando desistan de unos o de otras.

Sin embargo, dado que el citado artículo 7º del Decreto 654 de 1993 señala un término perentorio para hacer uso del beneficio en él consagrado, dicho término se contará desde la fecha de entrada en vigencia de aquél. Por lo tanto, en estos casos “tanto los desistimientos de los recursos y acciones a que haya lugar como el pago del importe de la sanción reducida deberán efectuarse a más tardar el 1º de agosto de 1993” de acuerdo con lo previsto en el inciso 2º del artículo 1º del Decreto 1297 antes mencionado.

Por lo demás, una vez efectuado el pago correspondiente, podrá solicitarse la terminación de los procesos de ejecución fiscal que se hayan iniciado.

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