CIRCULAR EXTERNA SSPD 5 DE 2002 

(Octubre 29)

Asunto: Suspensión de procesos ejecutivos en tomas de posesión.

Debido a que algunos juzgados y tribunales han venido desacatando las órdenes impartidas por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios en las resoluciones de toma de posesión de las empresas de servicios públicos domiciliarios en relación con la suspensión de los procesos de ejecución en curso, la imposibilidad de iniciar nuevos procesos de esta clase y el levantamiento de las medidas cautelares impuestos en contra de las empresas intervenidas, y teniendo en cuenta que el desacato de estas órdenes pone en grave riesgo la eficacia de la medida toma de posesión, me permito poner en su conocimiento apartes de la Sentencia T-593 del 1º de agosto de 2002, proferida por la Corte Constitucional, en la cual se precisó lo siguiente:

“... el régimen legal aplicable en procesos de toma de posesión establece un procedimiento específico que, entre otras cosas, señala con claridad la suspensión de todos los procesos de ejecución en curso y la imposibilidad de admitir nuevos procesos de esta clase, siendo necesario la remisión de los mismos al agente especial que representa a la Superintendencia de Servicios Públicos. Así, si un funcionario judicial que tiene a su cargo la decisión de un proceso ejecutivo en contra de una empresa prestadora de servicios públicos decide continuar su actuación, a pesar de conocer de la resolución que decreta la toma de posesión de tal entidad, incurre en una clara vía de hecho por defecto orgánico, pues, tal y como se ha señalado, en dicho proceso es necesario remitir todos los procesos de ejecución ante el agente especial de la entidad de control, competente, para que sobre la base del conocimiento detallado de la situación financiera de la empresa intervenida tome las decisiones que más le convengan a los acreedores en general y garantice, en la medida de lo posible, la continuidad en la prestación de un servicio público determinado”.

Publíquese.

N. del D.: Esta circular externa va dirigida a juzgados y tribunales del país.

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