CIRCULAR EXTERNA 5 DE 2004 

(Marzo 30)

Asunto: Acciones frente a las mototaxis, bicitaxis y mototriciclos.

La Superintendencia Delegada de Tránsito y Transporte es la entidad nacional encargada de ejercer la función de inspección, vigilancia y control del sector transporte de acuerdo con el Decreto 1016 de 2000, modificado por el Decreto 2741 de 2001. Así mismo, se procede a enunciar diversas normas que generan soporte jurídico a la presente circular tales como:

El artículo 287 de la Constitución Política que estipula: “Las entidades territoriales gozan de autonomía para la gestión de sus intereses, y dentro de los límites de la Constitución y de la ley. En tal virtud tendrán los siguientes derechos (...)”.

La Ley 105 de 1993 “por la cual se dictan disposiciones básicas sobre el transporte, se redistribuyen competencias y recursos entre la Nación y las entidades territoriales, se reglamenta la planeación en el sector transporte y se dictan otras disposiciones”.

“ART. 3º—Principios del transporte público. El transporte público es una industria encaminada a garantizar la movilización de personas o cosas por medio de vehículos apropiados a cada una de las infraestructuras del sector, en condiciones de libertad de acceso, calidad y seguridad de los usuarios, sujeto a una contraprestación económica y se regirá por los siguientes principios: (...).

2. Del carácter de servicio público del transporte. La operación del transporte público en Colombia es un servicio público bajo la regulación del Estado, quien ejercerá el control y la vigilancia necesarios para su adecuada prestación, en condiciones de calidad, oportunidad y seguridad. (...).

7. De los permisos o contratos de concesión. Sin perjuicio de lo previsto en tratados, acuerdos o convenios de carácter internacional, la prestación del servicio de transporte público estará sujeta a la expedición de un permiso o contrato de concesión u operación por parte de la autoridad competente”.

Ley 336 de 1996 “estatuto nacional de transporte”.

“ART. 2º—La seguridad, especialmente la relacionada con la protección de los usuarios, constituye prioridad esencial en la actividad del sector y del sistema de transporte. (...).

ART. 5º—El carácter de servicio público esencial bajo la regulación del Estado que la ley le otorga a la operación de las empresas de transporte público, implicará la prelación del interés general sobre el particular, especialmente en cuanto a la garantía de la prestación del servicio y a la protección de los usuarios, conforme a los derechos y obligaciones que señale el reglamento para cada modo. (...).

ART. 9º—El servicio público de transporte dentro del país tiene un alcance nacional y se prestará por empresas, personas naturales o jurídicas, legalmente constituidas de acuerdo con las disposiciones colombianas y debidamente habilitadas por la autoridad de transporte competente. (...).

ART. 23.—Las empresas habilitadas para la prestación del servicio público de transporte solo podrán hacerlo con equipos matriculados o registrados para dicho servicio, previamente matriculados o registrados para dicho servicio, previamente homologados ante el Ministerio de Transporte, sus entidades adscritas, vinculadas o con relación de coordinación y que cumplan con las especificaciones y requisitos técnicos de acuerdo con la infraestructura de cada modo de transporte”.

El Decreto 170 de 2001, “por el cual se reglamenta el servicio público de transporte terrestre automotor colectivo metropolitano, distrital y municipal de pasajeros”.

“ART. 9º—Servicio regulado. La prestación del servicio de transporte metropolitano distrital y/o municipal será de carácter regulado. La autoridad competente definirá previamente las condiciones de prestación del servicio conforme a las reglas señaladas en este decreto.

ART. 10.—Autoridades de transporte. Son autoridades de transporte competentes las siguientes:

• En la jurisdicción nacional: El Ministerio de Transporte.

En la jurisdicción distrital y municipal: Los alcaldes municipales y/o distritales o en los que estos deleguen tal atribución.

• En la jurisdicción del área metropolitana constituida de conformidad con la ley: La autoridad única de transporte metropolitano o los alcaldes respectivos en forma conjunta, coordinada y concertada. (...).

ART. 11.—Control y vigilancia.La inspección, vigilancia y control de la prestación del servicio estará a cargo de los alcaldes metropolitanos, distritales y/o municipales según el caso, o de las autoridades a las que se les haya encomendado la función" (los resaltados pertenecen a esta circular).

La Ley 769 de 2002, "por la cual se expide el Código Nacional de Tránsito Terrestre y se dictan otras disposiciones".

"ART. 3º—Autoridades de tránsito. Son autoridades de tránsito en su orden, las siguientes:

El Ministerio de Transporte.

Los gobernadores y los alcaldes.

Los organismos de tránsito de carácter departamental, municipal o distrital.

La Policía Nacional en sus cuerpos especializados de policía de tránsito urbano y policía de carreteras.

Los inspectores de policía, los inspectores de tránsito, corregidores o quien haga sus veces en cada ente territorial.

La Superintendencia General de Puertos y Transporte.

Las Fuerzas Militares para cumplir exclusivamente lo dispuesto en el parágrafo 5º de este artículo.

Los agentes de tránsito y transporte”. (...).

Teniendo en cuenta los antecedentes jurídicos relacionados en este escrito y la Sentencia T-1172 del 4 de diciembre de 2003 proferida por la Sala Segunda de Revisión de la Corte Constitucional, Magistrado Ponente: doctor Alfredo Beltrán Sierra, y la evidencia de la proliferación del servicio de transporte terrestre de pasajeros en las diversas ciudades del país en equipos denominados mototaxis, bicitaxis y mototriciclos.

Esta superintendencia ve con suma preocupación la situación manifestada, en consecuencia, de manera atenta solicita a cada una de las autoridades de tránsito y transporte del país adelantar inmediatamente las acciones que le corresponden como autoridad de inspección, vigilancia y control en su jurisdicción, tendientes a erradicar a través de diversas medidas de carácter objetivo y/o subjetivo ese servicio ilegal.

N. del D.: Esta circular externa va dirigida a alcaldes municipales, distritales, metropolitanos y organismos de tránsito.

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