Superintendencia de Puertos y Transporte

CIRCULAR EXTERNA 51 DE 2016 

(Mayo 4)

Asunto: Medidas de control para impedir la invasión del espacio público sobre los corredores viales nacionales.

La presente circular tiene como objeto conminarlos para la realización de todas las acciones, judiciales, policivas, administrativas u operativas encaminadas a la protección y conservación del espacio público aledaño a las carreteras nacionales, adquiridas como reserva para el mantenimiento y ensanchamiento de la red vial, con el fin de garantizar el derecho de vía para los usuarios de las vías; para ello, se realizan algunas precisiones:

Marco normativo: 

El artículo 2º de la Constitución Política de Colombia establece que las autoridades están instituidas para proteger a todas las personas residentes en el país, en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades, para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares. Por su parte, el artículo 82 superior establece como obligación del Estado, la protección del espacio público para garantizar el goce del interés común.

Los artículos 99 y 100 de la Ley 388 del 18 de julio de 1997, establecen que “(…) entre los fines del ordenamiento del territorio están los de posibilitar a los habitantes el acceso a las vías públicas, infraestructuras de transporte y demás espacios públicos, y su destinación al uso común, y hacer efectivos los derechos constitucionales de la vivienda y los servicios públicos domiciliarios”;(1) “(…) que se requiere licencia para la ocupación del espacio público con cualquier clase de amoblamiento (…)”, y que “(…) La adopción de las normas urbanísticas generales y complementarias que sustentarán la expedición de las licencias de que trata el artículo anterior, se deberá fundamentar en los principios de concordancia, neutralidad, simplicidad y transparencia (…)”, respectivamente.

La Ley 105 de 1993, señala que el sector y Sistema Nacional del Transporte está conformado por las dependencias de los sectores central o descentralizado de cualquier orden, que tengan funciones relacionadas con esta actividad y en el artículo 13, establece que es responsabilidad de las autoridades civiles departamentales y/o municipales, la protección y conservación de la propiedad pública correspondiente a la zona de terreno aledaña a las carreteras nacionales, adquiridas como reserva para el mantenimiento y ensanchamiento de la red vial.

Igualmente, en la Ley 769 de 2002 define que son autoridades de tránsito los gobernadores y los alcaldes, los organismos de tránsito, la Policía Nacional en su cuerpo especializado, a quienes les corresponde entre otras actividades, el control de las normas de tránsito en todas las carreteras nacionales.

La Ley 1228 del 16 de julio de 2008, modificada por el artículo 55 de la Ley 1682 de 2013, estableció las fajas mínimas de retiro obligatorio o áreas de exclusión, para las carreteras del sistema vial nacional, señalando que el ancho de la franja constituye zonas de reserva o de exclusión para carreteras y por lo tanto, se prohíbe realizar cualquier tipo de construcción o mejora en las mencionadas zonas, salvo aquellas que se encuentren concebidas integralmente en el proyecto de infraestructura de transporte, como despliegue de redes de servicios públicos, tecnologías de la información y de las comunicaciones o de la industria del petróleo, o que no exista expansión de infraestructura de transporte prevista en el correspondiente plan de desarrollo.

La misma norma, entre otras disposiciones, establece que:

• La entidad estructuradora del proyecto de infraestructura de transporte o responsable del corredor vial, previa solicitud del competente, revisará la conveniencia técnica, tecnológica, legal y financiera de la instalación de estas redes y aprobará las condiciones de su instalación y que sin perjuicio de lo previsto en la normatividad vigente para el otorgamiento de licencias ambientales, licencias de intervención y ocupación del espacio público y demás permisos y autorizaciones por parte de las autoridades correspondientes.

• La entidad pública que tenga a cargo la vía dentro de la zona de exclusión, para otorgar permisos para la construcción de accesos, instalación de tuberías, redes de servicios públicos, canalizaciones, ductos, obras destinadas a seguridad vial, traslado de postes, transporte de hidrocarburos o cruces de redes eléctricas de alta, media o baja tensión, deberá establecer los requisitos que debe cumplir el interesado en el trámite correspondiente.

• La Policía Nacional de Carreteras es competente para hacer respetar el derecho de vía sobre la red vial nacional. Para el efecto, podrá crear zonas de aislamiento y efectuar operativos, sobre las fajas de retiro para ejercer sus diferentes funciones.

• Para efecto de habilitar las zonas de reserva, se declaran de interés público las franjas establecidas en el artículo 2º de la misma norma.

La Ley 1228 del 16 de julio de 2008, fue reglamentada en el título VII de la parte 4 del Decreto 1079 de 2015, que compiló los decretos 1389 del 22 de abril de 2009 y 2976 del 6 de agosto de 2010.

2. Conclusiones y requerimiento: 

Las intervenciones irregulares sobre la propiedad aledaña a las carreteras nacionales, adquiridas como reserva para el mantenimiento y ensanchamiento de la red vial, representan peligro para los usuarios de las vías y limitan el impacto de las inversiones y el desarrollo de las políticas municipales y departamentales para el mejoramiento de dichos corredores; por ello, es necesario el compromiso de las autoridades locales y regionales frente al control del uso del espacio público sobre los corredores viales nacionales, de manera que se evite el uso inadecuado o invasión de los mismos.

Teniendo en cuenta lo anteriormente señalado y conforme a los principios rectores de seguridad de los usuarios, la movilidad, la calidad, la oportunidad, la libertad de acceso, se reitera que son las autoridades de tránsito en las regiones, es decir los gobernadores y los alcaldes municipales, distritales o metropolitanos, quienes deben garantizar la protección y conservación del espacio público en las zonas de terreno y fajas de retiro adquiridas por el Gobierno Nacional.

En virtud de lo anterior se requiere a los destinatarios de la presente comunicación, para que inicien las acciones administrativas, policivas y/o judiciales, con el fin de obtener la restitución de las zonas mencionadas, invadidos o amenazados y evitar que sucedan tales circunstancias.

La presente circular es de obligatorio cumplimiento para los destinatarios de la misma y su inobservancia dará lugar a las acciones administrativas procedentes y rige a partir de la fecha de su publicación en el Diario Oficial.

Publíquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D.C., a 4 de mayo de 2016.

N. del D.: La presente circular va dirigida a alcaldes municipales, distritales, metropolitanos y/o departamentales de tránsito, transporte, movilidad, infraestructura o afines.

(1) Modificado por el art. 182, Decreto Nacional 019 de 2012.