CIRCULAR EXTERNA 55 DE 1997 

(Agosto 8)

Esta superintendencia ha efectuado un análisis sobre la posibilidad legal de que las compañías de financiamiento comercial puedan obtener créditos provenientes de los establecimientos bancarios y demás instituciones financieras con capacidad legal para ello y, como resultado del mismo, considera procedente impartir las instrucciones que complementan la Circular Básica Jurídica 007 de 1996 en el sentido de adicionar el capítulo primero del título segundo, numeral 4º, con los subnumerales 4.2 y 4.3, anexando para el efecto las páginas l7, 17-1 y 17-2 correspondientes.

Esta circular rige a partir de la fecha de su publicación.

4.2. Capacidad legal actividades principales. El artículo 99 del Código de Comercio determina que la capacidad jurídica de las sociedades se circunscribirá al desarrollo de la empresa o actividad prevista en el objeto. Tratándose de instituciones financieras —que son también sociedades mercantiles en razón de su actividad— el objeto social no resulta ser de libre estipulación por los asociados, sino que se halla predeterminado por su régimen orgánico de estirpe legal.

El artículo 2034 del Código de Comercio establece que le corresponde a la Superintendencia Bancaria, en relación con las sociedades sometidas a su inspección y vigilancia, hacer cumplir las disposiciones de dicho código en todo cuanto no pugnen con las normas imperativas de carácter especial que determinen el régimen de dichas sociedades, lo cual significa que cuando alguna norma del código se oponga a una de las especiales dictadas para las instituciones financieras, se aplicarán estas últimas.

Así las cosas, fácil resulta colegir, en lo que importa, que la doctrina de la especialidad en punto del objeto social que consagra el artículo 99 del Código de Comercio, resulta aplicable a las sociedades vigiladas por la Superintendencia Bancaria en razón de lo preceptuado por el artículo 2034 ibídem, toda vez que ella no pugna en forma alguna con las disposiciones imperativas de carácter especial que rigen tales entidades y, por el contrario, se acompasa armónicamente con los referidos estatutos excepcionales en la medida en que ambas figuras apuntan a la misma finalidad, cual es la de que las sociedades comerciales ordinarias en el primer caso y financieras en el segundo, hagan uso de su capacidad jurídica dentro de los precisos límites de su respectivo objeto social.

Para el caso en análisis, por ejemplo, las compañías de financiamiento comercial encuentran su capacidad legal en los artículos 24 y 142 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y, además, en los decretos 913 y 1799 de 1993 y 1994, respectivamente.

Así, tratándose del apalancamiento de estas sociedades se encuentra que como actividades principales están las de captar ahorro a través de depósitos a término, tal como lo establece la letra a) del artículo 24 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y, por disposición del artículo 6º del Decreto 913 de 1993, recibir préstamos de las corporaciones financieras para la adquisición de bienes para ser colocados en arrendamiento financiero, tal como lo dispone el literal e) del artículo 13 del estatuto precitado. Además, pueden realizar otras operaciones pasivas como son la emisión de bonos ordinarios, emisión de acciones con dividendo preferencial y sin derecho a voto, etc., es

decir, que las normas han previsto en forma expresa las operaciones pasivas que les es dable realizar como actividades principales.

4.3. Capacidad legal-actividades conexas. Frente a actividades que tengan por finalidad ejercer derechos o cumplir con las obligaciones, se debe imperativamente entrar a analizar el hecho objeto de análisis, respecto de los actos directamente relacionados con el objeto social o actividades conexas al mismo.

Para tal menester es del caso establecer, por el principio del objeto social reglado, que los actos conexos que se realicen deben necesariamente guardar estrecha relación con la capacidad legal particular. Cuando se trate de actos conexos, su armonía con el objeto social deben expresarse siempre por medio de una relación de medio a fin, cuyos extremos serán, en su orden, el acto considerado y la empresa o actividad prevista en la ley para las instituciones financieras.

Acorde con ello, en nada pugna que sean considerados, por ejemplo, la apertura de una carta de crédito con una institución financiera, la obtención de un crédito con una corporación de ahorro y vivienda para la adquisición de activos en general, ya sea para uso propio o para entregar en arrendamiento financiero y los préstamos interbancarios como actos conexos.

Igual tratamiento recibirían los préstamos que concedan las instituciones creadas o autorizadas por ley que tengan dentro de su capacidad legal la atribución de conceder créditos o en las cuales participen instituciones del Estado.

Acorde con ello, se reitera el criterio expuesto en el oficio 001913 del 16 de enero de 1989, proferido por esta superintendencia, según el cual, al referirse a las diferentes operaciones de crédito, hay que “(...) diferenciar un primer grupo de operaciones conformado por aquellas legalmente permitidas para la captación y colocación de recursos, que caracterizan a cada establecimiento de crédito como intermediario financiero, y un segundo grupo en el que se ubican aquellas autorizadas para movilizar sus excesos de tesorería y asegurar su liquidez, todas ellas comprendidas en el giro ordinario de sus negocios.

Es importante precisar que unos son los mecanismos de captación y otras las fuentes de financiamiento de una institución financiera. Cuando una sociedad tiene por objeto la captación y colocación de recursos, los dineros que recepciona (sic) para el cumplimiento de su función de colocación, desde el punto de vista jurídico, no son una fuente de financiamiento, habida cuenta de que esa recepción constituye el objeto específico de la entidad. Por el contrario, cuando de lo que se trata es de obtener crédito para el desarrollo de la empresa social, como sucede en el evento de buscar solucionar un problema de liquidez, los recursos no hacen más que financiar su actividad.

No toda actividad de un establecimiento de crédito se restringe a las operaciones de intermediación financiera, que constituyen su objeto social, sino que también, al igual que los demás particulares pueden realizar una serie de operaciones que se dirijan a crear o modificar las condiciones requeridas para el desarrollo de su actividad, o a la conservación, reparación y mejora de los bienes que integran su patrimonio, o a la solución de situaciones coyunturales de iliquidez. Estas son operaciones para financiarse y funcionar como empresas, no comprendidas entre las propias de la intermediación financiera, pero si dentro del giro ordinario de sus negocios y a las que se extiende su objeto social como actos requeridos para su adecuado funcionamiento.

Desde este punto de vista, los créditos interinstitucionales no son medios de captación de recursos sino fuentes de financiamiento, a los que puede acceder la institución por disposición expresa de la ley o como operación conexa a su objeto social, por virtud de lo previsto en el artículo 99 del Código de Comercio.

Así, los préstamos que reciba un establecimiento de crédito deben tener como finalidad solucionar situaciones de liquidez.

Además debe entenderse que la detentación de deudor debe comprender plazos más o menos razonables para subsanar los requerimientos de liquidez, concepto este que no alude a la frecuencia o a la materialidad del préstamo, pues tales connotaciones pueden tener ocurrencia en intervalos razonables de utilización de los recursos interbancarios.

En consecuencia, debe concluirse que los bancos y cualesquiera otras entidades financieras, con dependencia a su capacidad legal, pueden efectuarse préstamos entre sí.

Hay que anotar que estos préstamos deben sujetarse a los cupos individuales de crédito de instituciones financieras previstos en el artículo 8º del Decreto 2360 de 1993, modificado por el artículo 1º del Decreto 1384 de 1995.

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