CIRCULAR EXTERNA 6 DE 1996 

(Septiembre 17)

Como es de público conocimiento, mediante la Ley 222 del 20 de diciembre de 1995 se expidió un nuevo régimen de procesos concursales, por lo cual se hace necesario precisar en lo que respecta al concordato y a la liquidación obligatoria, los requisitos que deberán cumplir las solicitudes que presenten los respectivos entes deudores ante esta superintendencia.

I. Competencia de la Supersociedades

De conformidad con lo preceptuado por el artículo 90 de la Ley 222 de 1995, en concordancia con el artículo 23 del Decreto 1080 del 19 de junio de 1996, la Superintendencia de Sociedades será competente de manera privativa, para tramitar los procesos concursales de todas las personas jurídicas, llámense sociedades comerciales, empresas unipersonales, empresas industriales y comerciales del Estado, fundaciones, corporaciones y sucursales de sociedades extranjeras, siempre y cuando no estén sujetas a un régimen especial de intervención o liquidación.

II. Competencia de los jueces

Respecto de las personas naturales, serán competentes para conocer del concordato o de la liquidación obligatoria los jueces civiles especializados, o en su defecto, los jueces civiles del circuito de su domicilio.

III. Requisitos para solicitar el concordato o acuerdo de recuperación

Los requisitos que debe cumplir la solicitud de concordato formulada por la deudora, ante la Superintendencia de Sociedades, son los siguientes:

A. Requisitos sustanciales

1. Que el deudor no esté sujeto al régimen de liquidación forzosa ni a otro especial. Cuando la ley hubiere dispuesto que cierto tipo de empresarios están sujetos a un régimen especial de intervención o liquidación, tales personas no podrán someterse a concordato. Así por ejemplo, las personas jurídicas dedicadas a la construcción y enajenación de inmuebles destinados a vivienda (L. 66/68, art. 12) y las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios (L. 142/94, art. 59) no pueden acceder al concordato y a la liquidación obligatoria por estar sujetas a toma de posesión.

2. Haber obtenido autorización del máximo órgano social, salvo que en los estatutos se establezca otra cosa.

Cuando la solicitud sea formulada por la deudora, deberá acompañarse copia del acta contentiva de la reunión del máximo órgano social, en la cual conste la decisión de autorizar al representante legal para solicitar el concordato. En caso de que se trate de decisión de junta directiva o que directamente la presente el representante legal por estar expresamente facultado para ello, se deberá acompañar copia del acta respectiva y de los estatutos sociales.

3. Estar cumpliendo sus obligaciones en cuanto al registro mercantil y la contabilidad regular de sus negocios.

En relación con el registro mercantil, advierte la Superintendencia que tal requisito sólo puede ser exigido respecto de aquellas personas que tengan la condición de comerciantes y deberá ser demostrado con la certificación que expida la cámara de comercio del domicilio principal del deudor.

Las personas jurídicas que no sean comerciantes, deberán acreditar que le están dando cumplimiento a la obligación de llevar la contabilidad regular de sus negocios, lo cual supone que la llevan al día, en idioma español, por partida doble, sin borrones, tachaduras o enmendaduras, y con apoyo en comprobantes y soportes contables.

B. Requisitos formales y anexos

La solicitud de admisión al concordato, puede ser presentada directamente por el deudor o por su apoderado, el cual deberá ser abogado. De la solicitud deberá efectuarse presentación personal, ante la superintendencia o ante cualquier despacho judicial o notaría de cualquier círculo.

La solicitud deberá estar acompañada de los siguientes documentos:

a) Fórmula de arreglo con sus acreedores. En atención a que el concordato procura la conservación de la empresa como unidad de explotación económica y fuente generadora de empleo, y que de conformidad con la Ley 222 de 1995 únicamente tramitarán concordato aquellos deudores cuya empresa sea económicamente viable, al presentar la fórmula de arreglo con sus acreedores, la empresa deudora deberá tener en cuenta que si carece de alguna fórmula de solución no tiene mérito ni seriedad convocar a los acreedores para formalizar un acuerdo que nadie imagina. Esta fórmula de arreglo debe ser el resultado de un juicioso estudio económico y financiero, porque más que una simple formalidad, este es el soporte a partir del cual los acreedores pueden evaluar la razonabilidad de lo que el deudor propone;

b) Memoria contentiva de las causas que llevaron a la empresa a una situación de crisis y a solicitar el concordato. En relación con este requisito, el ente deudor debe exponer detalladamente y debidamente enunciados, numerados y clasificados los hechos concretos que dieron lugar a la situación de crisis;

c) Documento que acredite la existencia, representación legal y domicilio. Cuando se trate de sociedades comerciales o sucursales de sociedades extranjeras, deberá remitirse certificado expedido por la cámara de comercio respectiva.

Cuando se trate de cooperativas, fundaciones, corporaciones, entidades sin ánimo de lucro, se acompañará el certificado expedido por la cámara de comercio competente;

d) Los estados financieros debidamente certificados, correspondientes a los tres últimos ejercicios y los dictámenes respectivos.

d.1) Los estados financieros a que se refiere este numeral son:

Balance general

— El estado de resultados.

— El estado de cambios en el patrimonio.

— El estado de cambios en la situación financiera.

— El estado de flujos de efectivo.

d.2) De conformidad con el artículo 37 de la Ley 222, son estados financieros certificados aquellos que se encuentren suscritos por el representante legal y el contador público que los hubiere preparado, certificación que consiste en la declaración según la cual se han verificado previamente las afirmaciones en ellos contenidas conforme al reglamento y que las mismas han sido tomadas fielmente de los libros.

d.3) Cuando la persona jurídica tenga revisor fiscal, los estados financieros deberán estar suscritos por él;

e) Un estado de inventario cortado dentro del mes anterior a su presentación, en el cual previa comprobación de su existencia, se detallen y valoren sus activos y pasivos, con indicación precisa de su composición y los métodos para su valuación.

Entiende el despacho que la expresión "cortado dentro del mes anterior a su presentación" se refiere al corte de mes calendario, vr. gr. si la solicitud se presenta el 15 de mayo, el inventario cumple la exigencia si tiene corte dentro del mes de abril.

El inventario deberá contener:

— La ubicación, discriminación y gravamen que soportan sus bienes. Tratándose de bienes cuya enajenación o gravamen se encuentre sujeto a registro, se expresarán los datos que de acuerdo con la ley sean necesarios para que éste proceda.

— Una relación completa y actualizada de los acreedores, con indicación del nombre, domicilio y dirección de cada uno, cuantía y naturaleza de los créditos, tasas de interés, documentos en que consten, fechas de origen y vencimiento, nombre, domicilio y dirección de la oficina o lugar de habitación de los codeudores, fiadores o avalistas. En caso de ignorar los mencionados lugares, el deudor deberá manifestarlo expresamente.

En relación con este requisito, este despacho resalta de manera especial su importancia, toda vez que constituye la prueba sumaria a partir de la cual los acreedores de la entidad deudora presentados en tiempo serán reconocidos, calificados y graduados.

Es conveniente recordarle a los abogados y a los empresarios que la entidad deudora no podrá objetar los créditos relacionados por ella misma, a no ser que su objeción se relacione con la cuantía o naturaleza del crédito. Por esta razón, entiende el despacho que la objeción formulada por otras causas será temeraria y procederá a imponer multas a la deudora hasta de cien salarios mínimos legales mensuales;

f) Una relación de obligaciones tributarias, discriminando por clase de impuestos, cuantía, forma de pago, intereses, sanciones y las declaraciones tributarias correspondientes. Igualmente, deberá precisar las actuaciones administrativas de carácter fiscal o parafiscal y los procesos de jurisdicción coactiva que estén en curso;

g) Una relación de los trabajadores del deudor, indicando el cargo que desempeñan, el personal jubilado a su cargo, así como de ex-trabajadores a quienes adeude sumas de carácter laboral, especificando el monto individual actualizado de cada acreencia.

Cuando se trate de sindicatos, deberá informar tal circunstancia e indicar el nombre de sus representantes;

h) Una relación de procesos judiciales y de cualquier procedimiento o actuación administrativa de carácter patrimonial que adelante el deudor, o que cursen contra el, indicando el juzgado o la oficina donde se encuentren radicados y el estado en que se hallen, e

i) Una relación de los procesos concursales que se hubieren adelantado respecto del deudor.

C. Dirección de acreedores y deudores

La deudora debe señalar la dirección y domicilio de sus acreedores, al igual que la de sus codeudores. Tal exigencia procura que la superintendencia pueda remitir la comunicación a que se refiere el numeral 5º del artículo 98 de la Ley 222. Como quiera que la comunicación no necesariamente debe ser telegráfica, la entidad deudora podrá relacionar otros datos que permitan una comunicación eficiente, como por ejemplo, número de fax del acreedor.

Cuando la entidad no conozca la dirección, no resulta suficiente dejar el dato en blanco, sino que será necesario que de manera expresa manifieste que la desconoce.

IV. Requisitos para solicitar la liquidación obligatoria

No obstante que la Ley 222 no estableció de manera expresa ningún requisito para solicitar la apertura del proceso concursal en la modalidad de liquidación obligatoria, del análisis de cada una de las disposiciones que regulan el proceso concursal en esta modalidad, se concluye que para que estas solicitudes sean viables el interesado debe satisfacer los siguientes requisitos:

1. El solicitante. La solicitud debe ser presentada directamente por el deudor o por su apoderado, el cual deberá ser abogado y adjuntar el original del poder en virtud del cual obra. De la solicitud deberá efectuarse presentación personal, ante la superintendencia o ante cualquier despacho judicial o notaría de cualquier círculo.

2. Anexos. La solicitud deberá estar acompañada de los siguientes documentos:

a) Certificado que acredite la existencia y representación legal del ente deudor;

b) Relación de obligaciones tributarias, discriminando por clase de impuestos, cuantía, forma de pago, intereses, sanciones y las declaraciones tributarias correspondientes. Igualmente deberá precisar las actuaciones administrativas de carácter fiscal o parafiscal y los procesos de jurisdicción coactiva que estén en curso;

c) Relación de procesos judiciales y de cualquier procedimiento o actuación administrativa de carácter patrimonial que adelante el deudor, o que cursen contra él, indicando el juzgado o la oficina donde se encuentren radicados y el estado en que se hallen.

Esta exigencia obedece al hecho de que en el trámite de liquidación obligatoria se aplican las reglas del concordato relativas a la preferencia del trámite, dentro de las cuales se incluye la acumulación de procesos ejecutivos;

d) Un inventario cortado dentro del mes anterior a su presentación, en el cual previa comprobación de su existencia, se detallen y valoren sus activos y pasivos, con indicación precisa de su composición y los métodos para su valuación.

Este requisito permite que la superintendencia pueda dar cumplimiento a la obligación contenida en el numeral 1º del artículo 157 de la Ley 222, para decretar el embargo, secuestro y avalúo de todos los bienes de la deudora;

e) Copia de acta contentiva de la decisión del máximo órgano social, en la cual se autorice al representante legal para solicitar la apertura de la liquidación obligatoria. Este requisito responde al hecho de que la apertura de la liquidación obligatoria implica la disolución de la persona jurídica, decisión que equivale a la declaratoria de disolución anticipada;

f) Los estados financieros debidamente certificados, correspondientes al último ejercicio y el dictamen respectivo, y

g) Una relación completa y actualizada de los acreedores, con indicación del nombre, domicilio y dirección de cada uno, cuantía y naturaleza de los créditos, tasas de interés, documentos en que consten, fechas de origen y vencimiento, nombre, domicilio y dirección de la oficina o lugar de habitación de los codeudores, fiadores o avalistas. En caso de ignorar los mencionados lugares, el deudor deberá manifestarlo expresamente.

V. Uso de medios magnéticos

Este despacho considera necesario subrayar que del cumplimiento de estos requisitos depende que los trámites que deben surtirse dentro del proceso sean ágiles y eficientes, cualidades indispensables para que el deudor en crisis pueda desarrollar el acuerdo concursal que corresponda a su situación concreta, que no siempre podrá resolverse mediante el concordato y que en algunos casos deberá dar lugar a la liquidación. En cualquier caso las entidades deudoras, deberán remitir en medio magnético la información que anexen con la solicitud de concordato o liquidación obligatoria.

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