CIRCULAR EXTERNA 6 DE 1997 

(Julio 9)

Este despacho ha venido observando que algunos liquidadores y algunas juntas asesoras de compañías que adelantan el proceso de liquidación obligatoria, solicitan que la Superintendencia de Sociedades defina el procedimiento que deben seguir para solicitar la autorización que les permita formalizar la enajenación de activos y el levantamiento de medidas cautelares, para evitar el deterioro de materias primas, facilitar la venta de activos no operacionales, el. pago de ciertas exigibilidades y, en general, agilizar la toma de decisiones que favorezcan la liquidación.

1. Funciones del liquidador respecto de la enajenación de bienes

Corresponde al liquidador, en ejercicio de las funciones establecidas en el artículo 166 de la Ley 222 de 1995, proceder a la enajenación de los bienes de la sociedad deudora, con las prevenciones y requisitos que a continuación se mencionan en atención a la naturaleza de los bienes.

1.1. En relación con los bienes consumibles:

Uno de los deberes del liquidador es enajenar los bienes consumibles del deudor, de lo cual debe darle noticia inmediata a la junta asesora.

Para estos efectos son bienes consumibles aquellos que desaparacen o se extinguen con el primer uso, de ordinario perecederos y por ello mismo de urgente enajenación. La urgencia del aviso hace referencia a que el deber de informar la ocurrencia de la enajenación a la junta, es coetáneo o muy cercano a su realización, lo que se explica por la urgencia requerida para evitar la pérdida, destrucción o extinción de los bienes.

En su informe a la junta asesora, el liquidador pondrá en conocimiento de ésta, de manera detallada, el tipo de transacción efectuado, la naturaleza de los bienes objeto de la misma, la cuantía, forma de pago y entrega y en general toda la información relativa a la transacción.

1.2. En relación con los bienes no consumibles:

Cuando se trate de bienes que no se destruyan, extingan o perezcan con su primer uso, la Ley impone al liquidador la función de enajenarlos, pero con autorización previa de la junta asesora o de la Superintendencia.

2. Funciones de la junta asesora del liquidador respecto

de la enajenación de bienes

Los numerales 2, 3 y 4 del artículo 178 de la Ley 222 de 1995 otorgan a las juntas asesoras tres funciones básicas: a) La de definir los términos y condiciones dentro de los cuales el liquidador debe enajenar los activos del deudor; b) la de autorizar al liquidador para enajenar los bienes muebles o mercancías que se encuentren en estado de deterioro o por las cuales razonablemente se tema que lleguen a deteriorarse o a perecer, y c) la de requerir al liquidador para que de cuenta de las negociaciones realizadas sobre bienes consumibles del deudor.

Es necesario que las juntas asesoras ejerzan cada una de estas atribuciones con rigor, celeridad y con el cuidado debido.

2.1. Condiciones generales de enajenación de activos:

La Ley 222 de 1995 en su artículo 194 establece algunos criterios generales dentro de los cuales deberá procederse para enajenar activos, a saber:

1. Se preferirá la enajenación que se realice en bloque, o en estado de unidad económica. Si no pudiere hacerse en tal forma, se efectuará la enajenación separada de los distintos elementos.

2. La de bienes muebles cotizados en bolsa de valores, se llevará a cabo por el comisionista de bolsa que sea escogido por la junta asesora.

3. La de bienes muebles no inscritos en bolsa, se realizara directamente por el liquidador, por un valor no inferior a su avalúo.

4. La de los inmuebles, se efectuará directamente por el liquidador o por una compañía dedicada a la finca raíz, previamente aprobada por la junta asesora.

No obstante las anteriores reglas, este despacho estima conveniente advertir a las juntas asesoras que las autorizaciones para enajenar bienes, cualquiera sea la naturaleza de éstos, deben estar precedidas de los suficientes elementos de juicio que demanden un convencimiento pleno e inequívoco en su proceder.

2.2. La venta de bienes en estado de deterioro:

El numeral 3 del citado artículo 178 hace referencia a la autorización previa por parte de la junta para toda enajenación que pretenda realizar el liquidador sobre bienes muebles o mercancías que se encuentren en estado de deterioro o de los cuales se tema razonablemente que lleguen a deteriorarse o perecer.

A este respecto estima conveniente este despacho hacer claridad sobre el concepto "deterioro" con miras a evitar posibles confusiones o equívocos en la disposición de bienes. Este concepto dice relación a cualquier avería, daño, desperfecto, detrimento, falta, falla, menoscabo, merma, maca, perjuicio, estropeo, empeoramiento, que sufra un bien con ocasión de su uso, desuso, almacenamiento, paso del tiempo, o el acaecimiento de una contingencia que así lo provoque y que, en todo caso, depende de las características intrínsecas de su naturaleza misma. En ese orden de ideas, es posible que unos bienes sean susceptibles de deteriorarse con el solo paso del tiempo e independientemente de las buenas condiciones en que se almacenen o guarden, como por ejemplo aquellos cuyo valor está condicionado o guarda directa relación con su vigencia actual, vale decir, porque en su momento son objeto de apreciación por quienes los consumen, utilizan o gozan, es el caso de la música o videos recogidos por cualquier objeto que sea reproducible (CD, acetato, cassette, cartucho, cintas, etc.), de algunas prendas de vestir, o de cualquier otro bien cuyo valor este directamente relacionado con su moda.

Así mismo, otro factor que puede dar lugar al deterioro de algunos bienes, independientemente de sus condiciones de almacenamiento o estado de funcionamiento, es el atraso tecnológico o la obsolescencia progresiva inherente a su naturaleza, como son los equipos de computación, ordenadores o procesadores de datos.

A su vez, cuando se trate de mercancías o sustancias que por su vocación natural estén llamadas a fenecer o extinguirse, su deterioro se entiende consustancial a su naturaleza misma, como por ejemplo las sustancias inflamables (petróleo, aceites derivados inflamables, gasolina, gas natural, etc.).

Las ejemplificaciones aquí mencionados son meramente enunciativas, lo que supone, en consecuencia, que la enajenación de otros bienes deberá estar precedida del análisis respectivo para la determinación de su naturaleza.

Adviértase que, en todo caso, cuando quiera que se pretenda realizar algún acto de enajenación de bienes que se encuentran en estado de deterioro o que razonablemente se tema que lleguen a deteriorarse, es menester la previa autorización de la junta asesora.

2.3 La venta de bienes consumibles:

El numeral 4 del artículo 178 de la citada ley faculta a la junta para requerir al liquidador cuando este no da cumplimiento al mandato del numeral 6º del artículo 166, en los términos mencionados en el punto 1.1 de esta circular, esto es, la inmediatez de la comunicación a la junta de toda enajenación o disposición sobre bienes consumibles del deudor, como por ejemplo alimentos, bebidas, recursos naturales o cualquier otro bien que desaparezca con su primer uso

Entiende esta superintendencia la necesaria labor conjunta de liquidadores y juntas asesoras en la gestión liquidatoria, lo mismo que la atribución de éstas últimas de fiscalizar la labor de los primeros, sobre todo cuando se trata de la enajenación de los activos, pare conseguir la celeridad, economía, claridad y transparencia en el desarrollo de tales negociaciones. De allí que sea imperiosa la pronta instalación y funcionamiento periódico y estricto de las juntas asesoras.

3. Solicitud de enajenación

En el primero de los eventos planteados, es el liquidador quien a su criterio y buen juicio determinará las acciones de disposición que deberá efectuar sobre los bienes consumibles del deudor, con la prevención de comunicar inmediatamente sobre ello a la junta asesora o a la Superintendencia, cuando haga sus veces.

Cuando se trate de enajenar o disponer bienes que no tienen tal calidad, deberá el liquidador solicitar previa autorización a la junta asesora o a la Superintendencia de Sociedades para proceder a ello, so pena de las sanciones y responsabilidades derivadas de la consecuente ilegalidad de tal omisión, conforme a lo preceptuado en el artículo 167 de la Ley 222 de 1995 y 200 del Código de Comercio, esta última norma también aplicable a los miembros de las juntas asesoras, toda vez que por el ejercicio de sus funciones se les hace extensiva.

4. Motivación de la solicitud

Estima este despacho que cualquiera sea el camino normativo que se invoque para la solicitud de enajenación o disposición de bienes, el que en últimas esta determinado por la calidad o naturaleza jurídica de los mismos, deberá acompañarse siempre de una detallada motivación o justificación, así como de la información del destino que se pretenda dar a los dineros producto de tales enajenaciones o disposiciones, teniendo en cuenta la finalidad del tramite liquidatorio y los principios que lo rigen.

5. Levantamiento de medidas cautelares y cancelación de gravámenes

Dispone el artículo 196 de la Ley 222 de 1995 que la Superintendencia de Sociedades, a solicitud de la junta asesora o del liquidador, levantará las medidas cautelares y ordenará la cancelación de los gravámenes que afecten los bienes objeto de la enajenación. Como quiera que es una materia íntimamente relacionada con la enajenación de los activos, pues constituye la razón para el levantamiento de las medidas cautelares o cancelación de gravámenes que sobre ellos pesa, esta superintendencia estima necesario que la solicitud se acompañe también de la motivación detallada y de una noticia sobre el destino final que se dará a los bienes o dineros cuya liberación jurídica se pretenda, poniendo de presente, en todo caso, que el levantamiento de las medidas cautelares o la cancelación de gravámenes por parte de esta superintendencia, no implica per se autorización para la enajenación o disposición de los mismos bienes. Para ello deberá estarse a lo dispuesto en los puntos anteriores.

__________________________________