CIRCULAR EXTERNA 6 DE 2007 

(Mayo 4)

Para: Terminales de transporte terrestre de pasajeros por carretera, empresas de servicio público de transporte terrestre automotor de pasajeros por carretera usuarias de los terminales, gremios de transporte del orden nacional.

De: Superintendente de Puertos y Transporte.

Asunto: Vigencia y cumplimiento del Programa de Seguridad y Pruebas de Alcoholimetría.

(Nota: Véase la Circular Externa 22 de 2012 de la Superintendencia de Puertos y Transporte)

OBJETIVO DE LA CIRCULAR

A través de la presente Circular pretendemos precisar la normatividad vigente, y dar claridad sobre la concepción, implementación, ejecución, control y cumplimiento de los programas de seguridad en la operación de transporte; para con ello contribuir al esclarecimiento de interrogantes e inquietudes que se han generado en los vigilados por esta Superintendencia, como son: empresas de transporte, terminales de transporte, organismos de tránsito y organismos de vigilancia y control.

Primero: Marco jurídico

El marco jurídico que regula el presente tema está contenido en las siguientes normas:

El artículo 3º de la Ley 105 de 1991, por la cual se dictan disposiciones básicas sobre el transporte, se distribuyen competencias y recursos entre la Nación y las entidades territoriales, se reglamenta la planeación en el sector transporte y se dictan otras disposiciones, en relación con el transporte público, dispone:

“El transporte público es una industria encaminada a garantizar la movilización de personas o cosas por medio de vehículos apropiados a cada una de las infraestructuras del sector, en condiciones de libertad de acceso, calidad y seguridad de los usuarios, sujeto a una contraprestación económica.”

Así mismo, el artículo 17 de la Ley 105 de 1993, señala:

“Integración de la infraestructura distrital y municipal de transporte. Hace parte de la infraestructura distrital municipal de transporte, las vías urbanas, suburbanas y aquellas que sean propiedad del municipio, las instalaciones portuarias fluviales y marítimas, los aeropuertos y los terminales de transporte terrestre, de acuerdo con la participación que tengan los municipios en las sociedades portuarias y aeroportuarias, en la medida que sean de su propiedad o cuando estos le sean transferidos (...)”.

Ahora bien, el artículo 21 de la citada ley, establece:

ART. 21.—Tasas, tarifas y peajes en la infraestructura de transporte a cargo de la Nación. Para la construcción y conservación de la infraestructura de transporte a cargo de la Nación, ésta contará con los recursos que se apropien en el presupuesto nacional y además cobrará el uso de las obras de infraestructura de transporte a los usuarios, buscando garantizar su adecuado mantenimiento, operación y desarrollo.

Para estos efectos, la Nación establecerá peajes, tarifas y tasas sobre el uso de la infraestructura nacional de transporte y los recursos provenientes de su cobro se usarán exclusivamente para ese modo de transporte.

Todos los servicios que la Nación o sus entidades descentralizadas presten a los usuarios accesoriamente a la utilización de la infraestructura nacional de transporte, estarán sujetos al cobro de tasas o tarifas.

Para la fijación y cobro de tasas, tarifas y peajes, se observarán los siguientes principios:

a) Los ingresos provenientes de la utilización de la infraestructura de transporte, deberán garantizar su adecuado mantenimiento, operación y desarrollo;

b) Deberá cobrarse a todos los usuarios, con excepción de las motocicletas y bicicletas, máquinas extintoras de incendios de los cuerpos de bomberos voluntarios, cuerpo de bomberos oficiales, ambulancias pertenecientes a la Cruz Roja, Defensa Civil, hospitales oficiales, vehículos de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, vehículos oficiales del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, vehículos oficiales del (DAS) Departamento Administrativo de Seguridad y de las demás instituciones que prestan funciones de Policía Judicial;

c) El valor de las tasas o tarifas será determinado por la autoridad competente; su recaudo estará a cargo de las entidades públicas o privadas, responsables de la prestación del servicio...”.

La Ley 336 de 1996, por la cual se adopta el Estatuto Nacional de Transporte, dispuso que:

“La seguridad, especialmente la relacionada con la protección de los usuarios, constituye prioridad esencial en la actividad del Sector y del Sistema de Transporte.”

De otra parte, el Decreto 2762 de diciembre 20 de 2001, por el cual se reglamenta la creación, habilitación, homologación y operación de los terminales de transporte terrestre automotor de pasajeros por carretera, expedido con base en el artículo 21 de la Ley 105 de 1993, estableció:

“ART. 1º—Objeto. El presente decreto tiene como objetivo:

a) Definir las condiciones y requisitos mínimos para la creación, habilitación y homologación de los terminales de transporte terrestre automotor de pasajeros por carretera;

b) Reglamentar la operación de la actividad transportadora que se desarrolla dentro de los terminales de transporte terrestre automotor de pasajeros por carretera;

c) Determinar las sanciones, así como los sujetos activos y pasivos de las mismas, por el incumplimiento de las obligaciones y violación a las prohibiciones contenidas en el presente decreto.

“ART. 2º—Naturaleza del servicio y alcance. Se consideran de servicio público las actividades que se desarrollan en los terminales de transporte terrestre automotor de pasajeros por carretera, entendiéndolas como aquellas que se refieren a la operación, en general, de la actividad transportadora.

“ART. 3º—Naturaleza jurídica de los terminales. Las empresas administradoras y operadoras de terminales de transporte terrestre automotor son sociedades de capital privado, público o mixto, con personería jurídica, autonomía administrativa, patrimonio y organización propios y se regirán por las disposiciones pertinentes de acuerdo al tipo de sociedad que se constituya.

“ART. 4º—Prestación de este servicio público. El servicio público a que se refiere este decreto será prestado por personas jurídicas que cumplan con los requisitos establecidos en el mismo y demás normas que lo complementen o adicionen.

ART. 5º—Definición. Son consideradas terminales de transporte terrestre automotor de pasajeros por carretera el conjunto de instalaciones que funcionan como una unidad de servicios permanentes, junto a los equipos, órganos de administración, servicios a los usuarios, a las empresas de transporte y a su parque automotor, donde se concentran las empresas autorizadas o habilitadas que cubren rutas que tienen como origen, destino o tránsito el respectivo municipio o localidad.(...)”

“ART. 6º—Obligatoriedad. Las empresas de transporte terrestre automotor de pasajeros por carretera que tengan autorizadas o registradas rutas en cuyos municipios de origen o destino exista terminal de transporte autorizado por el Ministerio de Transporte, están obligadas a hacer uso de estos para el despacho o llegada de sus vehículos”.

“ART. 7º—Autoridades. En materia de terminales de transporte, y para los diferentes efectos, se consideran autoridades competentes las siguientes:

Autoridad municipal o distrital: Para la determinación de los planes y programas contenidos en el plan de ordenamiento territorial, POT, el traslado de las empresas de transporte a las instalaciones del terminal de transporte y la prohibición del establecimiento de terminales en instalaciones particulares diferentes a las aprobadas por el Ministerio de Transporte dentro del perímetro de los respectivos municipios.

Ministerio de Transporte: Para la regulación, autorización a nuevos terminales, reglamentación de la operación de las terminales de transporte y fijación de la tasa de uso.

Superintendencia de Puertos y Transporte: Para la inspección, control y vigilancia de la operación de los terminales de transporte, y del desarrollo de programas de seguridad en la operación del transporte.

De otra parte, el artículo 11 del Decreto 2762, define la tasa de uso, de la siguiente manera:

Definición. Denomínase tasas de uso el valor que deben cancelar las empresas de transporte por el uso de las áreas operativas de los terminales de transporte terrestre de pasajeros por carretera, a la empresa terminal de transporte.

En relación con el valor que deben cancelar las empresas de transporte por el uso de las áreas operativas de los terminales de transporte terrestre de pasajeros por carretera, a la empresa terminal de transporte, el artículo 12, señala:

“ART. 12.—Fijación. El Ministerio de Transporte mediante resolución y teniendo en cuenta, la clase de vehículo a despachar, la longitud de la ruta y el número de terminales en el recorrido, fijará las tasas de uso que deben cobrar los terminales de transporte terrestre, autorizados por éste, a las empresas de transporte intermunicipal de pasajeros usuarias de los mismos, la cual se compone de dos partes: una suma que se destinará al desarrollo de los programas atinentes a la seguridad definidos en el numeral 8º del artículo 13 del presente decreto la cual será recaudada por los Terminales de Transporte y transferida íntegramente a la entidad administradora de los mencionados programas y la otra parte restante ingresará a la empresa terminal de transporte.

Así mismo, en cuanto a las obligaciones de las empresas que constituyen terminales de transporte, el citado Decreto 2762, dispone:

“ART. 13.—Obligaciones. Son obligaciones de las empresas terminales de transporte terrestre automotor de pasajeros por carretera las siguientes:

(...)

8. Con fundamento en el artículo 2º de la Ley 336 de 1996 y en consonancia con los programas de seguridad que implemente el Ministerio de Transporte, las empresas terminales de transporte actualmente en operación, deberán disponer dentro de un plazo de seis (6) meses contados a partir de la fecha de vigencia del presente decreto, dentro de las instalaciones físicas de cada terminal de transporte, los equipos, el personal idóneo y un área suficiente para efectuar exámenes médicos generales de aptitud física y practicar la prueba de alcoholimetría a una muestra representativa de los conductores que estén próximos a ser despachados del respectivo terminal. Para el desarrollo de estos programas se contará con los recursos previstos en el artículo 12 del presente decreto, los cuales se manejarán de manera coordinada y organizada entre las empresas de transporte intermunicipal de pasajeros usuarias de los terminales, o a través de sus agremiaciones y los terminales de transporte en su conjunto.(...)”.

Ahora bien, el Decreto 2741 de 27 de diciembre de 2001, por el cual se modificaron los Decretos 101 y 1016 de 2000, estableció, frente a las competencias de esta Superintendencia:

“ART. 3º—Modifícase el artículo 41 del Decreto 101 de 2000, adicionado por el artículo 1º del Decreto 1402 de 2000, el cual quedará así:

“ART. 41.—Objeto de la delegación. La Supertransporte ejercerá las funciones de inspección, vigilancia y control que le corresponden al Presidente de la República como suprema autoridad administrativa en materia de tránsito, transporte y su infraestructura de conformidad con la ley y la delegación establecida en este decreto.

El objeto de la delegación en la Supertransporte es:

1. Inspeccionar, vigilar y controlar la aplicación y el cumplimiento de las normas que rigen el sistema de tránsito y transporte.

2. Inspeccionar, vigilar y controlar la permanente, eficiente y segura prestación del servicio de transporte, con excepción del servicio público de transporte terrestre automotor colectivo metropolitano, distrital y municipal de pasajeros, del servicio público de transporte, terrestre automotor individual de pasajeros en vehículos taxis en todo el territorio nacional y de la prestación del servicio escolar en vehículos particulares cuya vigilancia continuará a cargo de las autoridades territoriales correspondientes.(...)”

De igual manera, el artículo 6º del mismo Decreto, dispuso:

ART. 6º—Modifícase el artículo 4º del Decreto 1016 de 2000, el cual quedará así:

“ART. 4º—Funciones. La Superintendencia de Puertos y Transporte, en consonancia con la Ley 01 de 1991 y de conformidad con los artículos 41 y 44 del Decreto 101 de 2000 ejercerá las siguientes funciones:

1. Velar por el desarrollo de los principios de libre acceso, calidad y seguridad, en la prestación del servicio de transporte y de la infraestructura de transporte.

(...).

13. Asumir, de oficio o por solicitud de cualquier autoridad o cualquier persona interesada, la investigación de las violaciones de las normas sobre transporte, la adecuada prestación del servicio público de transporte y el desarrollo de la gestión de infraestructura del sector transporte.

(...).

15. Solicitar documentos e información general, inclusive los libros de comercio, así como practicar las visitas, inspecciones y pruebas que sean necesarias para el cumplimiento del objeto de su delegación y funciones.

(...).

19. Establecer mediante actos de carácter general las metodologías, criterios y demás elementos o instrumentos técnicos específicos necesarios para el cumplimiento de sus funciones dentro del marco que estas establecen.(...)”

Así mismo, El artículo 10 del citado Decreto 2741, estableció:

ART. 10.—Modifícase el artículo 14 del Decreto 1016 de 2000, el cual quedará así:

“ART. 14.—Superintendencia Delegada de Tránsito y Transporte Terrestre Automotor. Son funciones de la Superintendencia Delegada de Tránsito y Transporte Terrestre Automotor, sin perjuicio de las que corresponden a las entidades territoriales y demás autoridades, las siguientes:

“(...).

2. Velar por el cumplimiento de los principios de libre acceso, calidad y seguridad, en la prestación del servicio de tránsito y transporte terrestre automotor.

(...).

5. Velar por el cumplimiento de las normas nacionales, internacionales, leyes y normas vigentes que regulen la prestación del servicio en materia de tránsito y transporte terrestre automotor.

(...).

9. Asumir de oficio o a solicitud de cualquier autoridad o persona interesada, la investigación de las violaciones de las normas relativas a las funciones de los organismos de tránsito, así como de las relativas al transporte terrestre de conformidad con la legislación vigente y las demás que se implementen al efecto.

(...).

11. Solicitar documentos e información general, inclusive los libros de comercio, así como practicar las visitas, inspecciones y pruebas que sean necesarias para el cumplimiento de su función de inspección, control y vigilancia en materia de tránsito y transporte terrestre automotor.

(...).

13. Sancionar y aplicar las sanciones a que diere lugar en desarrollo de la labor de inspección, control y vigilancia en materia de transporte terrestre automotor y centros de enseñanza automovilística.

De otra parte, en la Resolución 2222 de 21 de febrero de 2002 “Por la cual se fijan las tasas de uso que deben cobrar los terminales de transporte terrestre automotor de pasajeros por carretera homologados o habilitados por el Ministerio de Transporte”, suscrita por el Ministro de Transporte, se determinó:

“ART. 1º—Fijar las tasas de uso que los terminales de transporte terrestre automotor de pasajeros homologados o habilitados por el Ministerio de Transporte deben cobrar a las empresas de transporte intermunicipal de pasajeros por cada despacho que inicie en ellos el cubrimiento de rutas legalmente autorizadas por el Ministerio de Transporte, la cual consta de los dos componentes establecidos en el artículo 12 del Decreto 2762 de diciembre 20 de 2001, así (...)”.

Así mismo, la citada Resolución 2222 de 2002, en cuanto al sistema de administración de los recursos destinados a los programas de seguridad, que se originan en la citada tasa, señala:

“ART. 2º—Además del valor definido en los literales a, b, c, d y e del artículo 1° de la presente resolución, los Terminales de Transporte cobrarán a las empresas de transporte el valor de la prueba de alcoholimetría por cada despacho de origen así: $ 600= para el año 2002 con una cobertura del 33%, $ 1.200= para el año 2003 con cobertura del 66% y $ 1.800= para el año 2004 con cobertura del 100%. Para enero del año 2005 el valor de esta prueba se incrementará de acuerdo con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del año inmediatamente anterior y se continuará con el mismo procedimiento para los años siguientes teniendo una cobertura del 100%. Este valor es un componente de la tasa de uso para el desarrollo de los programas de seguridad en la operación de transporte definidos en el artículo 12 numeral 8º del Decreto 2762 de diciembre 20 de 2001. Estos recursos serán recaudados por el terminal y depositados diaria e íntegramente en la cuenta que para tal efecto establezca el organismo administrador del programa, el cual será creado por las entidades gremiales nacionales del transporte terrestre intermunicipal de pasajeros.

PAR.—Los terminales de Armenia, Barranquilla y Bucaramanga que hasta la fecha de publicación de la presente resolución vienen prestando el servicio de prueba de alcoholimetría, lo podrán seguir prestando, asumiendo las responsabilidades que de ello se deriven. Los demás terminales deberán, antes del 20 de junio de 2002 disponer de un área adecuada y suficiente dentro del terminal para que la entidad encargada de prestar el servicio instale allí los equipos.”

Así mismo, en relación con el control de los programas de seguridad, el artículo 3º de la misma resolución, dispuso:

ART. 3º—El control del desarrollo de los programas de seguridad en la operación del transporte, estará a cargo de la Superintendencia de Puertos y Transporte”.

Las normas mencionadas, se encuentran vigentes y son de obligatorio cumplimiento por parte de las terminales de transporte y empresas de transporte terrestre intermunicipal de pasajeros por carretera, por lo tanto mientras no exista un pronunciamiento del Gobierno Nacional mediante decreto reglamentario o resolución del señor Ministro de Transporte que las sustituya, modifique o derogue, deben ser acatadas íntegramente, con el fin de garantizar la seguridad de los usuarios de este servicio.

Segundo: Definiciones

El artículo 5º del Decreto 2762 de 2001, definió los terminales de transporte, de la siguiente manera:

“Son consideradas terminales de transporte terrestre automotor de pasajeros por carretera el conjunto de instalaciones que funcionan como una unidad de servicios permanentes, junto a los equipos, órganos de administración, servicios a los usuarios, a las empresas de transporte y a su parque automotor, donde se concentran las empresas autorizadas o habilitadas que cubren rutas que tienen como origen, destino o tránsito el respectivo municipio o localidad.”

Ahora bien, la tasa de uso fue definida por el artículo 11 del mismo decreto, así:

“Denomínase tasa de uso el valor que deben cancelar las Empresas de Transporte por el uso de las áreas operativas de los terminales de transporte terrestre de pasajeros por carretera, a la empresa terminal de transporte.”

De otra parte, el artículo 2º de la Ley 769 de 2002, establece:

ART. 2º—Definiciones. Para la aplicación e interpretación de este código, se tendrán en cuenta las siguientes definiciones (...).

Alcoholimetría: Examen o prueba de laboratorio, o por medio técnico que determina el nivel de alcohol etílico en la sangre.

Tercero: Tasa de uso y Administración de recursos destinados al programa de seguridad

De acuerdo con lo anterior, este despacho precisa lo siguiente:

La tasa de uso está conformada por valores que tienen finalidades específicas, así:

a) Una suma destinada a los programas de seguridad, la cual es recaudada por los Terminales de Transporte y la transfieren al administrador de dichos programas;

b) Otra suma que ingresará directamente a la empresa terminal de transporte.

Ahora bien, el manejo de los recursos provenientes del recaudo de la tasa de uso, se debe hacer de forma coordinada y organizada, de cualquiera de estas dos formas:

a) Por parte de las empresas de transporte intermunicipal de pasajeros usuarias de los terminales y los terminales de transporte; o

b) Por parte de las agremiaciones y los terminales de transporte.

Ahora bien, los recursos destinados al desarrollo de los programas atinentes a la seguridad serán recaudados por los terminales de transporte y transferidos íntegramente al administrador de los mencionados programas.

Así mismo, los recursos serán recaudados por el terminal de transporte y depositados diaria e íntegramente en la cuenta que para el efecto establezca el administrador del programa.

Los recursos no podrán ser administrados de manera directa y autónoma por los terminales de transporte, a excepción de los terminales de Armenia, Barranquilla y Bucaramanga que a la fecha de publicación de la Resolución 2222, venían prestando el servicio de prueba de alcoholimetría, los cuales podrán seguir haciéndolo, asumiendo las responsabilidades que de ello se deriven.

Para efectos de la presente circular se entiende por “agremiación de transportadores de orden nacional”, aquella que estatutariamente tiene establecido un radio de acción nacional y que en la práctica hace efectiva presencia en varios departamentos, a partir de la cobertura de las diversas empresas de transporte que se encuentran afiliadas al mismo.

Cuarto: El administrador del programa de seguridad

En los términos de la Resolución 2222 de 2002 del Ministerio de Transporte, el organismo administrador del programa será creado por las agremiaciones nacionales del transporte terrestre intermunicipal de pasajeros.

Las empresas terminal de transporte deberán verificar que el administrador del programa acredite que cuenta con el patrimonio, la infraestructura, idoneidad, experiencia y capacidad técnica para el desarrollo del programa y cumplir con las disposiciones establecidas en el sistema de salud vigente, ante las autoridades locales, situaciones estas que vigilará y controlará la Superintendencia de Puertos y Transporte, en lo de su competencia.

Los operadores del programa de seguridad deberán presentar informes detallados, a las terminales de transporte, de las pruebas realizadas y de los exámenes médicos de aptitud física a los conductores, precisando los resultados clasificados por empresa y la cobertura, para el efectivo seguimiento, control y aplicación de los correctivos necesarios por parte de esta superintendencia.

En observancia de lo previsto en las normas precitadas, sólo habrá un operador del programa de seguridad, en cada terminal de transporte.

Desde el punto de vista contractual, para el desarrollo de los programas de seguridad, quienes manejan los recursos pueden desarrollar diferentes formas de negocio jurídico, acuerdos o convenios, en los plazos que establezcan las partes, que garanticen el cumplimiento y la continuidad de dichos programas.

Quinto: Vigilancia y control

Las empresas terminales de transporte presentarán ante esta Superintendencia, informes detallados acerca de la ejecución y evaluación de su gestión, apoyados en indicadores que permitan efectuar seguimiento de las actividades a su cargo.

Así mismo, deberán presentar informes de los programas de seguridad, que contengan la siguiente información: nombre del operador del programa de seguridad; clase de negocio jurídico, acuerdo o convenio celebrado para el desarrollo del programa de seguridad; término del mismo; pruebas desarrolladas durante el año; pruebas positivas y número de exámenes de aptitud física.

La información a que se refiere el presente numeral deberá ser presentada anualmente, a más tardar a 31 de marzo.

La información correspondiente al año 2006, se presentará a más tardar dentro de los treinta (30) días calendario contados a partir de la fecha de publicación de la presente circular, en el Diario Oficial.

La información solicitada será presentada ante la Superintendencia Delegada de Tránsito y Transporte de la Superintendencia de Puertos y Transporte, ubicada en el piso 3º de la calle 13 Nº 18-24 de la ciudad de Bogotá, impresa y en formato CD Rom, en programa word o excel, acompañada de los anexos necesarios.

Sexto: Modificación y derogatorias

La presente Circular Externa modifica e incorpora la Circular Externa …(sic) del 17 de febrero de 2006, emanada de la Superintendencia Delegada de Puertos y Transporte de esta Superintendencia y deroga todas las demás que le sean contrarias.

Séptimo: Régimen sancionatorio

Las instrucciones insertas en la presente circular son de obligatorio cumplimiento por los destinatarios de la misma y su inobservancia dará lugar a las acciones administrativas que competen a esta superintendencia y a las sanciones correspondientes, de conformidad con lo establecido en los literales c) y e) del artículo 46 y en el literal a) de su parágrafo, así como en los artículos 50 y 51 de la Ley 336 de 1996, en concordancia con lo previsto en el literal a) del artículo 24 y en el artículo 51 del Decreto 3366 de 2003, así como en los artículos 17 a 19 del Decreto 2762 de 2001.

Octavo: Publicación

La presente circular rige a partir de la fecha de su publicación en el Diario Oficial.

Publíquese y cúmplase,

4 de mayo de 2007.

(Nota: Véase la Circular Externa 22 de 2012 de la Superintendencia de Puertos y Transporte)

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