CIRCULAR EXTERNA 60 DE DICIEMBRE 7 DE 2007

 

CIRCULAR EXTERNA 60 DE 2007  

(Diciembre 7)

Ref.: Proceso de certificación e inscripción de las personas naturales en el registro nacional de profesionales del mercado de valores.

(Nota: Incorporada en la Circular Externa 29 de 2014 de la Superintendencia Financiera de Colombia)

Con el propósito de procurar la debida aplicación del capítulo IV del título I de la parte primera de la Resolución 400 de 1995 expedida por la Sala General de la Superintendencia de Valores (en adelante Res. 400/95) en lo relativo a la certificación e inscripción en el registro nacional de profesionales del mercado de valores, RNPMV, y al proceso de autorización de entidades certificadoras y de entidades aplicantes de los exámenes de idoneidad profesional, este despacho, en ejercicio de sus atribuciones, en especial las consagradas en el literal a) del artículo 6º de la Ley 964 de 2005, parágrafo primero del artículo 1.1.4.2 de la Resolución 400 de 1995 y en el numeral 9º del artículo 11 del Decreto 4327 de 2005, considera pertinente impartir las siguientes instrucciones:

1. Autorización para ejercer la actividad de certificación.

Los organismos de autorregulación debidamente constituidos e inscritos en el RNPMV, así como las bolsas de bienes y productos agropecuarios, agroindustriales o de otros commodities interesados en obtener la autorización para cumplir la función de certificación de que trata el artículo 1.1.4.5 de la Resolución 400 de 1995 deberán acreditar ante esta entidad los siguientes requisitos:

1.1. Reglamento que desarrolle la actividad de certificación, estableciendo como mínimo:

a) Políticas de definición y ajuste de las tarifas que se cobrarán por la labor de certificación.

b) Indicación expresa de si aplicará directamente los exámenes de idoneidad profesional de que trata el artículo 1.1.4.16 y siguientes de la Resolución 400 de 1995.

El organismo de certificación podrá aplicar directamente los exámenes cuando así se defina en su reglamento.

c) Prever la conformación de un comité académico en los términos del artículo 1.1.4.11 de la Resolución 400 de 1995.

d) Mecanismos y procedimientos para la modificación del reglamento de la actividad de certificación que incluyan la previa aprobación por parte de esta superintendencia, de conformidad con lo establecido en el artículo 1.1.4.7 de la Resolución 400 de 1995.

e) Criterios para determinar la capacidad técnica y profesional de los aspirantes, así como los antecedentes personales que deben acreditar, en adición a los establecidos en el artículo 1.1.4.8 de la Resolución 400 de 1995.

f) Las modalidades y especialidades de certificación.

g) Prever la existencia de un sistema con capacidad de almacenamiento de la información relacionada con las solicitudes de certificación, la verificación de los criterios de que trata el literal e) del presente numeral, las calificaciones de los exámenes de idoneidad profesional y cualquier información adicional derivada del proceso de certificación. Dicho sistema deberá contar con políticas que aseguren el adecuado manejo de toda la información que sea recopilada en desarrollo de la actividad de certificación.

Las entidades certificadoras podrán suscribir convenios o memorandos de entendimiento tendientes a la obtención de la información que se requiera para adelantar la labor de verificación de antecedentes. Así mismo, podrán solicitar a los aspirantes, a las bolsas de valores, las bolsas de bienes y productos agropecuarios, agroindustriales o de otros commodities, a las sociedades administradoras de sistemas de negociación y/o de registro de operaciones sobre valores, a las cámaras de riesgo central de contraparte, y en general a cualquier proveedor de infraestructura, previa autorización de su titular, toda la información que consideren necesaria para adelantar el proceso de certificación.

h) Forma y procedimiento en que se dará a conocer a los aspirantes el resultado del proceso de certificación, indicando de manera expresa que la obtención de la certificación no supone la inscripción en el RNPMV como tampoco la autorización para actuar en el mercado, y que en ningún caso reemplaza los trámites de admisión previstos en los reglamentos de las bolsas, los sistemas de negociación de valores y de registro de operaciones sobre valores.

i) Prever las consecuencias y procedimientos ante la ocurrencia de fraude en la presentación de los exámenes, suplantación de persona, falsedad en documentos u otras faltas que pudieran ocurrir en el curso del proceso de certificación o durante la vigencia de la misma.

j) Procedimiento para informar a esta superintendencia todos los resultados del proceso de certificación de cada aspirante, con independencia de sus resultados.

1.2. Mecanismos que garanticen que las funciones disciplinarias, de supervisión y de certificación se ejercerán de forma separada e independiente. Tales mecanismos deberán implementarse antes del inicio de la función de certificación.

1.3. Acreditar la capacidad técnica y administrativa para desarrollar la función de certificación y para transmitir oportunamente al RNPMV los resultados del trámite de certificación, así como la información que sobre el particular requiera esta superintendencia.

1.4. Designar, por lo menos, un representante legal cuya función principal sea el desarrollo de la actividad de certificación. Lo anterior, sin perjuicio de la responsabilidad y funciones de los demás administradores de la entidad.

2. Alcance de la certificación.

El alcance de la certificación debe entenderse en los siguientes términos:

2.1. La obtención de la certificación no supone la inscripción en el RNPMV como tampoco la autorización para actuar en el mercado. La entidad certificadora deberá informar sobre dicha circunstancia, de manera clara y precisa, a todos los profesionales que pretendan certificarse de conformidad con lo establecido en el literal h) del numeral 1.1 de la presente circular.

2.2. La obtención de la certificación no reemplaza los trámites de admisión previstos en los reglamentos de las bolsas, de los sistemas de negociación y/o de registro de operaciones sobre valores, ni de los sistemas de negociación y/o de registro de operaciones sobre productos agropecuarios, agroindustriales o de otros commodities, salvo que los respectivos reglamentos dispongan lo contrario. Tales entidades deberán verificar de manera previa, la correspondencia entre la modalidad de la certificación e inscripción de la persona natural en el RNPMV y la calidad en la que se solicita la admisión en la respectiva bolsa o sistema de negociación y/o de registro de operaciones sobre valores o sobre productos agropecuarios, agroindustriales o de otros commodities, según corresponda.

2.3. El proceso de certificación, así como la inscripción en el RNPMV son independientes al trámite de posesión al que están obligados los representantes legales, miembros de junta directiva, consejo directivo o de administración, revisores fiscales y oficiales de cumplimiento para la prevención del lavado de activos de las entidades vigiladas por esta superintendencia, y en ningún caso lo sustituye.

2.4. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 31 de la Ley 964 de 2005, el trámite de certificación valdrá para los propósitos de admisión de personas naturales vinculadas a intermediarios de valores a un organismo autorregulador, siempre que el organismo de autorregulación haya expedido dicha certificación y previsto en sus estatutos o reglamentos tal procedimiento.

2.5. Sin perjuicio de la facultad discrecional de la Superintendencia Financiera de Colombia para requerir y evaluar la información adicional que considere necesaria para decidir las solicitudes de inscripción en el RNPMV, se entenderá que las personas certificadas, han acreditado la capacidad técnica, profesional y personal necesaria para proceder a su inscripción en el registro de profesionales, de conformidad con el procedimiento señalado en el numeral 8º de la presente circular.

3. Información del proceso de certificación.

La entidad certificadora deberá informar a la Superintendencia Financiera de Colombia y a las demás entidades certificadoras sobre los procesos de certificación aprobados y denegados; en este último caso, indicando las razones que motivaron la decisión. Dicha información podrá ser usada por las demás entidades certificadoras única y exclusivamente como criterio para analizar los antecedentes del aspirante que pretenda obtener alguna certificación, y en ningún caso podrá publicarla o remitirla a terceros, distintos de autoridades públicas competentes, salvo que medie expresa y previa autorización de su titular.

La entidad certificadora remitirá a la Superintendencia Financiera de Colombia, en los términos que para el efecto establezca la información sobre los resultados de los procesos de certificación que surta, a más tardar dentro del día hábil siguiente a la fecha en que se adopte la decisión respectiva, salvo situaciones de fuerza mayor o caso fortuito.

Para efectos de la información requerida por el numeral 10 del artículo 1.1.4.3 de la Resolución 400 de 1995, cuando no sea posible suministrar la certificación de los nominadores, el profesional podrá suministrar bajo la gravedad del juramento la información correspondiente.

4. Exigencias mínimas de las entidades aplicantes.

Las entidades aplicantes tienen como finalidad la provisión de la infraestructura y demás condiciones necesarias para adelantar los exámenes de idoneidad profesional de que trata el artículo 1.1.4.16 de la Resolución 400 de 1995.

Para el ejercicio válido de tal actividad, las entidades deberán acreditar previamente ante esta superintendencia, por medio de una entidad certificadora, los siguientes aspectos:

4.1. Ser persona jurídica que ejerza funciones de autorregulación en el mercado de valores; bolsas de valores, bolsas de bienes y productos agropecuarios, agroindustriales o de otros commodities; organización gremial o profesional, o institución de educación superior debidamente autorizada por el Ministerio de Educación Nacional.

4.2. Contar con un reglamento de aplicación del examen que establezca como mínimo:

a) Los recursos humanos, administrativos y tecnológicos que se utilizarán para la aplicación del examen de idoneidad.

b) Proceso de inscripción y citación.

c) Periodicidad de los exámenes, la cual, en todo caso deberá ser por lo menos trimestral.

d) Esquema de verificación de la identidad del tomador del examen.

e) Estrategia de seguridad sobre los cuestionarios, preguntas y respuestas, de conformidad con lo establecido por la respectiva entidad certificadora.

f) Sistema y proceso de calificación de conformidad con lo establecido por la respectiva entidad certificadora.

g) Estrategia para divulgar los resultados de las evaluaciones de conformidad con lo establecido por la respectiva entidad certificadora.

h) Política de tarifas.

i) Modelo del examen, de conformidad con lo establecido por la respectiva entidad certificadora.

Las entidades aplicantes deberán utilizar los reglamentos autorizados a la entidad certificadora. Dichos reglamentos se entienden autorizados por vía general, para los efectos del artículo 1.1.4.26 de la Resolución 400 de 1995.

4.3. En el evento en que la entidad aplicante no sea una entidad certificadora, copia del contrato o convenio vigente con una entidad certificadora, cuyo objeto principal sea la aplicación de los exámenes de idoneidad profesional.

4.4. Certificación del representante legal en donde conste que la entidad aplicante adoptará integralmente el modelo de reglamento de aplicación de exámenes que haya aprobado esta superintendencia.

La aplicación de examen de idoneidad profesional no constituye impedimento para ofrecer cursos de capacitación y/o preparación de dichos exámenes.

No obstante, las entidades aplicantes no podrán condicionar la presentación del examen de idoneidad a la aprobación o asistencia obligatoria de algún curso preparatorio o cualquier otro curso relacionado con dicho examen.

Adicionalmente, las entidades aplicantes que ofrezcan cursos de capacitación o preparación para los exámenes de idoneidad profesional deberán adoptar en sus reglamentos normas adecuadas que garanticen que las personas encargadas de la capacitación no tengan acceso al banco de preguntas ni que intervengan en la realización de los exámenes.

En cualquier momento, la Superintendencia Financiera de Colombia podrá verificar el cumplimiento de los requisitos por parte de la entidad aplicante, para efectos de determinar la vigencia de la autorización otorgada para el ejercicio de la actividad.

5. Verificación de antecedentes.

Para efectos de lo dispuesto en los numerales 4º y 8º del artículo 1.1.4.8 de la Resolución 400 de 1995, las entidades certificadoras deberán tener en cuenta las sanciones impuestas por las siguientes autoridades:

5.1. Cuando el aspirante hubiere sido sancionado por la Procuraduría General de la Nación con destitución e inhabilidad general, o suspensión en el ejercicio del cargo e inhabilidad especial, siempre que la sanción se encuentre vigente.

5.2. Cuando contra el aspirante se hubiere proferido fallo con responsabilidad fiscal dentro de los últimos dos (2) años por la Contraloría General de la República, siempre que se encuentre en firme y ejecutoriado.

5.3. Cuando al aspirante se encuentre incluido en la lista SDNT publicada por la OFAC (Office of Foreign Assets Control).

6. Personas obligadas a certificarse.

De conformidad con lo establecido en el artículo 1.1.4.2 de la Resolución 400 de 1995, deberán contar con una certificación vigente para inscribirse o para mantener su inscripción en el RNPMV las personas naturales que desarrollen las siguientes actividades, con independencia del cargo que ocupen o la naturaleza de la vinculación:

6.1. Cualquier persona que al interior de un intermediario de valores tome directamente decisiones, o imparta directamente instrucciones acerca de la estructura, límites, políticas o estrategias para la realización de operaciones de intermediación de valores y/u operaciones de derivados financieros.

En esta categoría no estarán incluidos los presidentes de las entidades ni los miembros de juntas directivas, por el solo hecho de su calidad.

Los presidentes o miembros de junta directiva que tengan código de acceso de operador a un sistema de negociación deberán certificarse en la modalidad que establezca el reglamento de certificación.

6.2. Cualquier persona que al interior de un intermediario de valores o de un miembro de una bolsa de bienes y productos agropecuarios, agroindustriales u otros commodities, sea la autoridad encargada de la administración de riesgos de mercado.

6.3. Cualquier persona que realice una de las siguientes actividades: (i) Quien ejecute órdenes de clientes o terceros sobre valores, derivados financieros, o quien imparta instrucciones para la ejecución de dichas órdenes, con sujeción a instrucciones, directrices, lineamientos y/o políticas establecidas por la entidad a la cual está vinculado, por los reglamentos o normas aplicables a las carteras colectivas administradas, contratos fiduciarios de inversión, contratos de administración de portafolios de terceros, fondos de pensiones obligatorias y voluntarias, fondos de cesantías, o directamente por sus clientes, según corresponda; (ii) Quien estructure, ejecute o imparta instrucciones para realizar operaciones de intermediación de valores o derivados financieros con recursos de propiedad de la entidad (posición propia o cuenta propia) o en las cuales se actúe como contraparte; (iii) Quien tenga asignado un código de acceso de operador o su equivalente a cualquier sistema de negociación o de registro de operaciones sobre valores o quien ingrese órdenes en los mismos. Se exceptúan quienes exclusivamente utilicen dicho código para realizar colocaciones en el mercado primario. (iv) Quien realice cualquiera de las actividades anteriores, o realice actividades de corretaje sobre valores o derivados financieros, al servicio de un corredor de valores especializado en TES (CVTES), (v) Quien ejecute las actividades de intermediación autorizadas a los intermediarios no vigilados por la Superintendencia Financiera de Colombia; (vi) Cualquier persona que tenga acceso físico a una mesa de negociación y que estando en ella realice cualquiera de las actividades descritas en los literales i), ii) y iii) anteriores.

Para efectos del presente numeral, se entiende por mesa de negociación, cualquier recinto en el cual las personas naturales vinculadas a un intermediario de valores estructuren, ejecuten o realicen operaciones de compra y venta de valores, compra y venta de otros activos financieros, operaciones de derivados, ya sea por cuenta propia, o en los cuales reciban órdenes o instrucciones para celebrar tales operaciones en nombre de terceros, teniendo acceso a información de sistemas de negociación y/o de registro de operaciones a través de pantallas, ya sean estas activas o pasivas.

6.4. Cualquier persona que suministre asesoría en productos o servicios relacionados con la intermediación de valores, celebración de operaciones de derivados y operaciones que se realicen por conducto de una bolsa de bienes y productos agropecuarios, agroindustriales y otros commodities. En esta categoría se encuentran incluidas las personas que suministren asesoría para la vinculación en las carteras colectivas reglamentadas en el Decreto 2175 de 2007, así como en los fondos de pensiones voluntarias.

Para efectos del presente numeral se entiende por asesoría la formulación de recomendaciones o el suministro de explicaciones sobre las ventajas o desventajas de una o varias alternativas de inversión relacionadas con valores, derivados financieros, o productos de inversión colectiva, teniendo en cuenta el perfil de riesgo del cliente.

No estarán incluidos en esta categoría las personas cuya labor comercial se límite a la entrega de información sobre alternativas de inversión, sin desarrollar ninguna de las actividades que se consideran asesoría. Tampoco estarán incluidos los corresponsales no bancarios, los corresponsales no bursátiles ni los asesores comerciales que promuevan la compra y/o venta de certificados de depósito a término-CDT ni certificados de depósito de ahorro a término-CDAT.

6.5. Para el caso de los fondos mutuos de inversión sometidos a la inspección y vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia, solamente deberán certificarse e inscribirse en el RNPMV aquellas personas naturales que teniendo acceso directo a un sistema de negociación y/o registro de operaciones sobre valores adelante cualesquiera de las actividades enunciadas en el numeral 6.3 de la presente circular. Para el caso de los fondos mutuos de inversión controlados no requerirán certificación ni inscripción en el RNPMV por haber sido exceptuados por el Gobierno Nacional en el artículo 1.1.4.2 de la Resolución 400 de 1995.

6.6. Las personas naturales que al interior de las sociedades comisionistas estructuren, dirijan y ejecuten operaciones sobre bienes y productos agropecuarios, agroindustriales o de otros commodities, incluidas las operaciones de derivados sobre tales productos, así como las personas naturales que asesoren o promocionen los servicios de registro que ofrecen los miembros de las bolsas de bienes y productos agropecuarios, agroindustriales o de otros commodities.

7. (Modificado).* Vigencia del examen de idoneidad.

El examen de idoneidad profesional aprobado en los términos definidos en el reglamento del organismo certificador tendrá una vigencia de dos (2) años, contados a partir del momento de la aprobación de dicho examen.

Cada examen tendrá una vigencia independiente. Para que la certificación en una modalidad y especialidad dada se considere vigente, deberá estar vigente el examen básico y el examen especializado que corresponda, de conformidad con lo establecido en el reglamento de certificación.

La documentación de soporte, entregada por los aspirantes a la certificación durante el proceso, deberá ser conservada por la entidad certificadora, por lo menos durante la vigencia de la certificación.

De conformidad con lo establecido en el parágrafo primero del artículo 1.1.4.18 de la Resolución 400 de 1995, para extender la vigencia del examen a tres (3) años, la entidad certificadora deberá incluir en sus reglamentos la adopción de esquemas de actualización periódica que tengan en cuenta por lo menos los siguientes aspectos:

a) Los mecanismos o instrumentos de actualización que se utilizarán, los cuales deberán comprender las diferentes áreas temáticas que conforman el examen que corresponda a cada modalidad de certificación, y que garanticen el fomento de los estándares mínimos requeridos para el desarrollo de las actividades de intermediación en el mercado de valores.

b) Los criterios para establecer cuáles cambios regulatorios, técnicos o cualquier otro que se defina por la entidad certificadora, ameritan de actualización por parte de las personas naturales que requieren de certificación para su inscripción o mantenimiento de dicha inscripción en el registro nacional de profesionales del mercado de valores, RNPMV.

De conformidad con el parágrafo segundo del artículo 1.1.4.18 de la Resolución 400 de 1995, la certificación en la modalidad de directivos tendrá una vigencia de cuatro (4) años contados a partir del momento de la aprobación del examen. Los reglamentos de certificación deberán incorporar esta modalidad de certificación.

A la certificación en la modalidad de directivos y su correspondiente inscripción en el RNPMV, no les será aplicable el método de extensión de la vigencia de la certificación de que trata el presente numeral.

*(Nota: Modificado por la Circular Externa 9 de 2012 de la Superintendencia Financiera de Colombia )

8. Inscripción en el RNPMV.

8.1. Régimen de Inscripción. La inscripción en el RNPMV de los profesionales obligados estará sujeta al régimen de inscripción general o al régimen de inscripción individual según corresponda. Lo anterior, en los siguientes términos:

a) Régimen de inscripción general. Se entenderá autorizada de manera general la inscripción en el RNPMV de las personas que cumplan los siguientes requisitos:

1. Que hayan sido certificadas por una entidad legalmente autorizada para el efecto.

2. Que la información necesaria para adelantar el trámite respectivo haya sido recibida de manera integral por esta superintendencia.

3. Que no se encuentre en alguna de las situaciones señaladas en el literal b) del presente numeral.

b) Régimen de inscripción individual. Se someterán al régimen de inscripción individual las personas que se encuentren en cualquiera de las siguientes situaciones:

1. Que la entidad certificadora advierta la existencia de información que, a pesar de no ser una causal para negar la respectiva certificación, pueda resultar relevante para verificar la buena reputación moral y profesional necesarias para la inscripción en el RNPMV. En dicho evento, la entidad certificadora deberá remitir a la Superintendencia Financiera de Colombia, junto con los datos de la respectiva certificación, la información recavada por dicha entidad.

2. Que la Superintendencia Financiera de Colombia decida someter a verificación la información presentada dentro del trámite de certificación e inscripción en el RNPMV.

La inscripción de las personas sometidas al régimen de inscripción individual quedará sujeta a los resultados de la evaluación realizada por la Superintendencia Financiera de Colombia sobre la información recavada en el trámite respectivo.

La Superintendencia Financiera de Colombia podrá solicitar al profesional o a cualquier entidad pública o privada, la información adicional que considere necesaria para verificar el cumplimiento de los requisitos de inscripción en el RNPMV.

8.2. Notificación de la inscripción en el RNPMV. De conformidad con el artículo 19 de la Ley 962 de 2005, el profesional que obtenga su inscripción en el RNPMV se entenderá notificado de dicha decisión, a través de la anotación correspondiente en el aplicativo publicado en la página de internet de la Superintendencia Financiera de Colombia www.superfinanciera.gov.co.

En los casos de negación de la referida inscripción, la notificación de dicha decisión se efectuará a través de acto administrativo motivado, el cual se notificará de manera personal de acuerdo con lo señalado en el artículo 44 del Código Contencioso Administrativo.

La presente circular rige a partir de la fecha de su publicación.

N. del D.: La presente circular externa va dirigida a representantes legales y miembros de junta directiva de intermediarios de valores, organismos de autorregulación y personas naturales sujetas a inscripción en el registro de profesionales del mercado de valores.

(Nota: Incorporada en la Circular Externa 29 de 2014 de la Superintendencia Financiera de Colombia)

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