Superintendencia de Puertos y Transporte

CIRCULAR EXTERNA 60 DE 2016

(Julio 12)

Asunto: medidas de control para garantizar la prestación del servicio de transporte público.

La Constitución Política de Colombia, en su artículo 2º, establece que son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo (entre otros). El mismo artículo, dispone que las autoridades de la República, están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares. De forma concomitante, el artículo 6º, indica que las autoridades públicas son responsables por omitir el ejercicio de sus funciones.

El artículo 24 de la Carta Constitucional, determina el alcance del derecho a la libre circulación, según el cual, todo colombiano (con las limitaciones que establezca la ley), tiene derecho a circular libremente por el territorio nacional, que consiste en la posibilidad de desplazarse y desplazar sus bienes libremente de un lugar a otro. En tal sentido, el ejercicio del derecho a la circulación, se constituye en un presupuesto para el ejercicio de otros derechos constitucionales.

Visto lo anterior, el cierre o bloqueo de las vías, afecta la libertad de locomoción, en cuanto impide a las personas transitar en espacios que, por su carácter público, deben ser accesibles. Además estas conductas lesionan el principio de prevalencia del interés general, pues se limita el derecho a favor de quien pone en práctica el mecanismo de cierre.

De otro lado, los artículos 3º y 5º de la Ley 336 de 1996, por la cual se adopta el Estatuto Nacional de Transporte, señalan que las autoridades competentes exigirán y verificarán las condiciones de seguridad, comodidad y accesibilidad requeridas para garantizarle a los habitantes la eficiente prestación del servicio básico y de los demás niveles que se establezcan al interior de cada modo y que el Estado regulará y vigilará la industria del transporte en los términos previstos en los artículos 333 y 334 de la Constitución Política; además, que el carácter de servicio público esencial bajo la regulación del Estado que la ley le otorga a la operación de las empresas de transporte público, implica la prelación del interés general sobre el particular, especialmente en cuanto a la garantía de la prestación del servicio y a la protección de los usuarios, conforme a los derechos y obligaciones que señale el reglamento para cada modo.

Por su parte los decretos 101 y 1016 de 2000, modificados por el Decreto 2741 de 2001, establecieron el objeto y los sujetos de inspección, vigilancia y control de la Superintendencia de Puertos y Transporte, en virtud de la delegación de las funciones que en principio le corresponden al Presidente de la República, entre ellos, las entidades del sistema nacional de transporte, según lo establecido en la Ley 105 de 1993 (a excepción del Ministerio de Transporte).

Por su parte el artículo 1º de la Ley 769 de 2000, establece como principios rectores del tránsito y transporte “seguridad de los usuarios, la movilidad, la calidad, la oportunidad, el cubrimiento, la libertad de acceso, la plena identificación, libre circulación, educación y descentralización”, en tal sentido, el artículo 164 de la precitada ley, indica que las autoridades de tránsito deben adoptar las medidas requeridas para que los usuarios de los servicios puedan cumplir con las obligaciones que les correspondan.

Todo lo anterior, se destaca para impartir las siguientes instrucciones a las autoridades locales de tránsito regional y local, para que en el marco de sus funciones:

1. Realicen los operativos de control para evitar el bloqueo de las vías de su jurisdicción.

2. Adopten las acciones necesarias para garantizar la seguridad y transitabilidad de las vías en su jurisdicción, de forma individual o conjunta con otras autoridades.

3. Garanticen la existencia de los recursos necesarios para la realización de los controles y el ejercicio de sus facultades (personal operativo de control, grúas, parqueaderos, entre otros).

4. Verifiquen que durante el ejercicio de los operativos de control, se impongan las órdenes de comparendo e informes de infracciones a las normas de transporte a que haya lugar.

5. Ordenen la inmovilización de los equipos de acuerdo con la normatividad vigente.

6. Adopten las medidas para que las empresas de servicio público de transporte intermunicipal, realicen los despachos autorizados y reciban el acompañamiento necesario para garantizar la seguridad de los usuarios, conductores y de los vehículos.

7. Ordenar a las autoridades de control operativo, que remitan de forma inmediata los informes por infracciones a las normas de transporte o los comparendos, a las autoridades competentes para el desarrollo de la investigación.

Esta delegada iniciará el control respectivo para verificar que las autoridades locales, hayan realizado todas y cada una de las acciones encaminadas a superar los hechos que afectan la libre movilización de personas y mercancías, de conformidad con la presente circular.

La presente circular, rige a partir de su expedición y se publicará en la página web de la Superintendencia de Puertos y Transporte.

Publíquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D.C., a 12 de julio de 2016.

N. del D.: esta circular va dirigida a los gobernadores, alcaldes, secretarios de tránsito, de movilidad o de transporte.