CIRCULAR EXTERNA 7 DE 2000 

(Junio 6)

Asunto: Tasa máxima de interés a cobrar por las entidades vigiladas

A raíz de las certificaciones expedidas por la Superintendencia Bancaria acerca del interés bancario corriente, se han elevado numerosas consultas a esta superintendencia relacionadas con el límite máximo de intereses que pueden cobrarse por parte de las entidades vigiladas.

En aras de absolver las inquietudes más comunes que se han presentado y de fijar la posición de la Superintendencia de la Economía Solidaria sobre esta materia se expide la presente circular.

Con tal fin se tratan a continuación los siguientes puntos:

1. Autoridad competente para certificar el interés bancario corriente.

2. Tasa máxima de interés que pueden cobrar legalmente las entidades vigiladas.

3. Autoridades competentes para reliquidar créditos y determinar el delito de usura.

4. La naturaleza especial de las entidades vigiladas y las tasas máximas de interés que pueden cobrar.

5. Solución de conflictos transigibles entre las entidades vigiladas y sus asociados con ocasión del cobro de tasas de interés.

1. Autoridad competente para certificar el interés bancario corriente.

En primer término, es importante aclarar al sector solidario que la única autoridad competente para certificar la tasa de interés bancario corriente es la Superintendencia Bancaria, con base en el artículo 326 del estatuto orgánico financiero, subrogado por el Decreto 2359 de 1993, artículo 2º.

La Superintendencia de la Economía Solidaria no tiene atribuida expresamente ninguna facultad legal para certificar una tasa de interés corriente equivalente para el sector solidario, por lo que las entidades de la economía solidaria para efectos de las tasas máximas de interés que pueden legalmente cobrar deben tener como punto de referencia la certificación del interés bancario corriente expedido por la Superintendencia Bancaria.

2. Tasa máxima de interés que pueden cobrar legalmente las entidades vigiladas.

El artículo 19 del Decreto 1134 de 1989 dispone: “Tasas activas y pasivas. En materia de tasas de interés de las operaciones activas y pasivas de las cooperativas de ahorro y crédito y secciones de ahorro y crédito de las cooperativas multiactivas e integrales, éstas se sujetarán a las establecidas por las cajas de ahorro o instituciones financieras del sector cooperativo vigiladas por la Superintendencia Bancaria”. (Se resalta).

Respecto de las demás entidades del sector solidario no existe norma especial que regule el monto máximo de intereses que legalmente pueden cobrar las entidades vigiladas por la Superintendencia de la Economía Solidaria, por lo que es necesario remitirse a las normas generales que regulan la materia. Es decir que por remisión del artículo 158 de la Ley 79 de 1988, aplicable a todas las entidades de economía solidaria para efectos de llenar vacíos legales, se llega a la conclusión de que las tasas de interés que pueden cobrar las entidades vigiladas están reguladas por los artículos 884 del Código de Comercio (modificado por la Ley 510 de 1999, artículo 111) y demás normas concordantes.

Cabe anotar que así lo ha entendido y aplicado siempre el sector al momento de fijar las tasas de interés acordadas para los créditos con sus asociados, pues las entidades vigiladas han tenido como punto de referencia el interés que cobran las entidades con ánimo de lucro para establecer el propio, en muchas ocasiones, acudiendo a los mismos límites máximos.

A este respecto se tiene que las normas que tratan este tema, entre otras, el artículo 235 del Código Penal que tipifica el delito de usura, lo hacen de manera general, de tal suerte que no pueden entenderse como excluidas o exceptuadas de dicha normatividad las operaciones realizadas por las cooperativas y demás entidades de la economía solidaria.

De conformidad con reiterada jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia (en especial la sentencia 30 de mayo de 1996, con ponencia del magistrado Carlos Esteban Jaramillo Schloss); del Consejo de Estado (Sentencia del 18 de septiembre de 1998); y de la Corte Constitucional (Sentencia C-136 de marzo 4 de 1999, con ponencia del magistrado José Gregorio Hernández Galindo), el tope que establece el legislador para lo intereses constituye una norma de orden público, es decir, que rige independientemente de la voluntad de los particulares y a la que los mismos deben sujetarse. El hecho de que se trate de entidades de naturaleza solidaria, sin ánimo de lucro, no es una causal de exoneración para las entidades vigiladas, en cuanto a que no deban sujetarse a las tasas máximas de interés.

Por lo anterior, en concepto de esta superintendencia, las tasas de interés contempladas en las operaciones de créditos nuevos aprobados por las entidades vigiladas no podrán sobrepasar las tasas máximas de usura, calculadas según la certificación vigente emitida por la Superintendencia Bancaria para la tasa efectiva anual que hayan cobrado los bancos por los créditos ordinarios de libre asignación. En el caso de cupos de crédito, el límite máximo de tasa de interés se determinará según la tasa de interés de usura aplicable el día del desembolso.

3. Autoridades competentes para reliquidar créditos y determinar el delito de usura.

Es necesario hacer claridad a las entidades vigiladas, sus asociados y al público en general, que no es competencia de esta superintendencia el ordenar de manera particular a ninguna entidad que reliquide los créditos que ha otorgado para ajustarlos a las tasas máximas de interés legalmente permitidas, sino que esta decisión es competencia de la justicia ordinaria a petición de los interesados.

Igualmente, no corresponde a esta entidad sino a las autoridades penales, pronunciarse sobre la posible comisión del delito de usura con ocasión del cobro de tasas de interés por créditos.

4. De la naturaleza especial de las entidades vigiladas y las tasa de interés a cobrar por las mismas.

Es claro, desde los orígenes mismos del cooperativismo y de las entidades solidarias, que el objetivo de los créditos que conceden dichas entidades a sus asociados, es promoverlos económicamente en condiciones especiales.

En este sentido hace un llamado la Superintendencia de la Economía Solidaria a los directivos de las entidades del sector para que en aras de cumplir con la función social de las mismas, estudien e implementen los mecanismos que permitan que las empresas asociativas sin ánimo de lucro a su cargo promuevan real y efectivamente a sus asociados económicamente y les presten servicios en condiciones más favorables que las entidades con ánimo de lucro.

Considera esta superintendencia que, a pesar de lo anterior, las entidades vigiladas pueden incurrir en algunas ocasiones en costos o en riesgos más altos que los de otros tipos de entidades para poder prestar sus servicios a los asociados, sin embargo, su objeto social se perdería si para los asociados fuera más favorable contraer esas mismas obligaciones en entidades con ánimo de lucro que en su propia entidad solidaria.

5. De la solución de conflictos transigibles entre las entidades vigiladas y sus asociados con ocasión del cobro de tasas de interés.

Los créditos que otorgan las entidades vigiladas constituyen actos cooperativos o solidarios (L. 79/88, art. 7º) toda vez que se trata de operaciones entre los asociados y sus entidades, en desarrollo del objeto social.

En consecuencia, debe tenerse en cuenta que antes que acudir a la justicia ordinaria, se requiere, por expresa disposición legal, surtir los procedimientos establecidos en los estatutos para solucionar conflictos transigibles entre los asociados y sus propias empresas asociativas con ocasión de dichos actos cooperativos o solidarios.

Quiere destacar con esto la superintendencia que si bien las entidades deben ajustarse a las tasas máximas de interés legalmente permitidas en las operaciones con sus asociados, toda vez que se trata de entidades en las cuales los usuarios de los servicios son los mismos asociados, dueños y gestores de la empresa que los presta (“principio de identidad”), las dificultades económicas que tales ajustes puedan ocasionar a cada entidad vigilada, previamente a ventilarse ante la justicia ordinaria o la Superintendencia de la Economía Solidaria, debería ser objeto de soluciones concretas tomadas por los mismos asociados-usuarios y beneficiarios de los créditos de común acuerdo con las entidades vigiladas.

Estos problemas podrían ser tratados, inclusive, en asamblea general extraordinaria, debido a lo imprevisto y urgente del tema para muchas entidades.

Considera esta superintendencia que no debería presentarse, realmente, contraposición de intereses entre las entidades vigiladas y los asociados usuarios de los créditos, por tratarse de entidades sin ánimo de lucro y de naturaleza solidaria, creadas exclusivamente con el fin de servir a sus propios asociados.

N. del D.: Esta circular va dirigida a representantes legales, revisores fiscales, miembros de los órganos de administración, control y vigilancia y asociados de las entidades sometidas a la supervisión de la Superintendencia de la Economía Solidaria.

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