Circular Básica Jurídica 7 de 1996
Superintendencia Bancaria

Junta de sociosRed de oficinas de la institución financieraConversión de la institución financieraDerecho de preferencia en las accionesDividendo societarioJunta directiva societariaAdministrador societarioRevisor fiscalOficina de representación de instituciones financieras del exteriorOficina de representación de entidades reaseguradoras del exteriorCompetencia deslealProtección del consumidorPrácticas comerciales restrictivasInversiones en inmueblesInversiones de capitalDación en pagoEmisión de bonoMercado de valoresRegistro mercantilConservación de los libros de comercioReserva bancariaReforma estatutariaPosesión del administrador societarioFacultades certificadoras de la Superintendencia BancariaSuperintendencia Bancaria-Funciones sancionatoriasControl del lavado de activosSistema integral para la prevención del lavado de activos

Boletín Minhda 248, enero 23 de 1996

NOTA: Reexpedida. Circ. Externa 29/2014.

La presente circular ha sido actualizada según los boletines de la Superintendencia Financiera. Último boletín analizado: 304 del 13 de junio de 2014.

Circular Externa 7 de 1996

TÍTULO PRIMEROTÍTULO SEGUNDO
CAPÍTULO PRIMEROCAPÍTULO SEGUNDOCAPÍTULO PRIMEROCAPÍTULO SEGUNDO
CAPÍTULO TERCEROCAPÍTULO CUARTOCAPÍTULO TERCEROCAPÍTULO CUARTO
CAPÍTULO QUINTOCAPÍTULO SEXTOCAPITULO QUINTO 
CAPÍTULO SÉPTIMOCAPÍTULO OCTAVO  
CAPÍTULO NOVENOCAPÍTULO DÉCIMO  
CAPÍTULO DÉCIMO PRIMEROCAPÍTULO DÉCIMO SEGUNDO  
CAPÍTULO DÉCIMO TERCEROCAPÍTULO DÉCIMO CUARTO  
CAPÍTULO DÉCIMO QUINTOCAPÍTULO DÉCIMO SEXTO  
TÍTULO TERCEROTÍTULO CUARTO
CAPÍTULO PRELIMINARCAPÍTULO PRIMEROCAPÍTULO PRIMEROCAPÍTULO SEGUNDO
CAPÍTULO SEGUNDOCAPÍTULO TERCEROCAPÍTULO TERCEROCAPÍTULO CUARTO
CAPÍTULO CUARTOCAPÍTULO QUINTOCAPÍTULO QUINTOCAPÍTULO SEXTO
CAPÍTULO SEXTOCAPÍTULO SÉPTIMOCAPÍTULO SÉPTIMOCAPÍTULO OCTAVO
CAPÍTULO OCTAVO CAPÍTULO NOVENOCAPÍTULO NOVENO  
TÍTULO QUINTOTÍTULO SEXTO
CAPÍTULO PRIMEROCAPÍTULO SEGUNDOCAPÍTULO PRIMEROCAPÍTULO SEGUNDO
CAPÍTULO TERCEROCAPÍTULO CUARTOCAPÍTULO TERCEROCAPÍTULO CUARTO
ANEXOS CAPÍTULO QUINTOCAPÍTULO SEXTO
  CAPÍTULO SÉPTIMOANEXOS
TÍTULO SÉPTIMOTÍTULO OCTAVO
CAPÍTULO PRIMEROCAPÍTULO SEGUNDOCAPÍTULO PRIMEROCAPÍTULO SEGUNDO
  CAPÍTULO TERCEROCAPÍTULO CUARTO
  CAPÍTULO QUINTOCAPÍTULO SEXTO
  CAPÍTULO SÉPTIMOANEXOS
TÍTULO NOVENOTITULO DÉCIMO
CAPÍTULO PRIMEROCAPÍTULO SEGUNDOCAPÍTULO PRIMEROCAPÍTULO SEGUNDO
CAPÍTULO TERCEROCAPÍTULO CUARTOCAPÍTULO TERCEROCAPÍTULO CUARTO
CAPÍTULO QUINTOCAPÍTULO SEXTOCAPÍTULO QUINTOCAPÍTULO SEXTO
  CAPÍTULO SÉPTIMOCAPÍTULO OCTAVO
  CAPÍTULO NOVENOCAPÍTULO DÉCIMO
  CAPÍTULO DÉCIMO PRIMERO 

Tabla de contenido

TÍTULO PRIMERO
Aspectos generales páginas: 1- 2- 3- 4- 5- 5-1- 5-2- 5-3- 6- 7- 8- 9- 10- 11- 12- 13- 14- 15- 15-1- 16- 16-1- 17- 18- 19- 20- 21- 22- 23- 23-1- 23-2 - 23-3- 23-4 - 23-5- 23-6- 23-7- 23-8 - 23-9- 23-10- 23-11- 24- 25- 26- 27- 28- 29- 30- 31- 32- 33- 34- 35- 36- 37- 38- 39- 39-1- 39-2- 39-3- 39-4- 39-5- 39-6- 39-7- 39-8- 39-9- 39-10- 40- 41- 42- 43- 44- 45-46- 47- 48- 49- 50- 51- 51-1- 51-2- 51-3- 52- 52-1- 53- 54- 55 a 55-5- 55-6- 55-7- 55-8- 55-9- 55-10- 55-11- 56- 57- 58- 58-1- 59- 60- 61- 62- 63-1- 64- 65- 66- 67- 68- 70- 71- 72- 73- 74- 75- 76- 77- 78- 78-1- 79- 80- 81- 81-182- 82-183- 84- 85- 86- 87- 88- 89- 90- 91- 92- 93- 94- 95- 96- 97- 98- 99- 100- 101- 102- 103- 104
CAPÍTULO PRIMERO
Organización
1. Constitución de entidades vigiladas
1.1. Capitales mínimos
1.2. Documentación requerida
1.3. Condiciones específicas para la constitución de las entidades administradoras del régimen de ahorro individual
a) Constitución
b) Capital mínimo
c) Documentación general
d) Infraestructura técnica
e) Infraestructura administrativa
f) Infraestructura humana
g) Infraestructura financiera
h) Iniciación de operaciones
1.4. Información adicional
1.5. Condiciones específicas para la constitución de las secciones especializadas de ahorro y crédito de las cajas de compensación familiar
1.6. Condiciones específicas para la constitución de casas de cambio
2. Conversión de establecimientos de crédito
2.1. Sujetos
2.2. Aprobación de la asamblea general de asociados
2.3. Cumplimiento de los requisitos exigidos en la ley para la nueva clase de entidad
2.4. Requerimiento de capital
2.5. Autorización estatal
2.6. Publicidad
CAPÍTULO SEGUNDO
Régimen patrimonial
1. Suscripción de acciones
1.1. Reglamento de suscripción de acciones
a) Número de acciones que se ofrecen
b) Forma de suscripción
c) Proporción de la suscripción
d) Plazo de la oferta
e) Precio
f) Plazo para el pago
g) Advertencia sobre la autorización de la Superintendencia Bancaria
1.2. Órgano social competente para aprobar el reglamento de suscripción
1.3. Autorización del órgano de vigilancia y control
1.4. Oferta de suscripción
1.5. Contrato de suscripción de acciones
1.6. Comunicación al órgano de control
2. Derecho de preferencia de los accionistas
2.1. Regulación del derecho de preferencia en el reglamento de suscripción de acciones
2.2. Derecho de preferencia en cabeza del accionista
2.3. Proporción en que puede ejercerse el derecho de preferencia
2.4. Negociación del derecho
2.5. Acciones con dividendo preferencial sin derecho de voto
3. Negociación de acciones de entidades vigiladas
3.1. Transacciones sujetas a aprobación
a) Partes
b) Objeto
c) Naturaleza del acto
d) Monto
3.2. Ineficacia de la transacción
3.3. Inscripción en el libro de registro de accionistas
3.4. Requisitos de la solicitud de aprobación
3.5. Transacción de acciones del Estado en entidades financieras y aseguradoras
3.6. Excepciones
3.7. Información a la Superintendencia Bancaria
4. Pago de dividendos en acciones
4.1. Naturaleza y características
4.2. Condiciones de la decisión
4.3. Capitalización de la cuenta de revalorización del patrimonio
4.4. Autorización
4.5. Información y certificación
5. Adquisición de acciones propias
CAPÍTULO TERCERO
Órganos de administración, dirección y control
1. Asamblea general de accionistas
1.1. Información sobre la convocatoria a la Superintendencia Bancaria de Colombia, SBC
2. Junta directiva
2.1. Régimen de incompatibilidades e inhabilidades
2.2. Independencia de las juntas directivas
3. Representación legal
3.1. Delegación de la representación legal mediante el otorgamiento de poderes
3.2. Designación de representantes legales
4. Revisoría fiscal
4.1. Marco conceptual y normativo de la revisoría fiscal
4.2. Funciones y responsabilidades de la revisoría fiscal
4.3. Pautas relacionadas con la elección del revisor fiscal, ejercicio y entrega del cargo
4.3.1. Criterios objetivos para la elección del revisor fiscal
4.3.2. Calidades subjetivas para la elección del revisor fiscal
4.3.3. Nombramiento y aprobación del presupuesto
4.3.4. Nombramiento de auxiliares y otros expertos
4.3.5. Posesión
4.3.6. Ejercicio del suplente
4.3.7. Efectos de la renuncia, inscripción en el registro mercantil y entrega del cargo
4.4. Normas de auditoría generalmente aceptadas
4.4.1. Normas personales
4.4.2. Normas relativas a la ejecución del trabajo
4.4.3. Normas relativas al dictámen
4.5. Deberes del revisor fiscal frente a la Superintendencia Financiera de Colombia
CAPÍTULO CUARTO
Régimen de oficinas
1. Apertura, traslado, cierre y conversión de oficinas
1.1. Políticas y criterios para la apertura, traslado, cierre y conversión de oficinas
1.2. Régimen de autorización general
1.3. Régimen de autorización individual
a) Condiciones de la solicitud
b) Información a la Superintendencia Bancaria con posterioridad a la apertura o el traslado de oficinas
1.4. Naturaleza de las oficinas
1.5. Conversión de oficinas
1.6. Cierre de oficinas
2. Utilización de redes de oficinas
2.1. Independencia operativa de los servicios
2.2. Identificación locativa del servicio
2.3. Comprobantes de las operaciones
2.4. Contratos sobre fondos comunes ordinarios
2.5. Utilización de la red de oficinas por parte de sociedades comisionistas de bolsa
2.6. Redes de distribución y promoción de productos de las entidades administradores del sistema general de pensiones
a) Destinatarios
b) Exclusividad
c) Entidades habilitadas para la distribución
d) Convenios
e) Información a los usuarios
f) Libertad de selección del asegurador de la renta vitalicia
2.7. Instrucciones aplicables de manera específica a los promotores de las sociedades administradoras del sistema general de pensiones
a) Remuneración
b) Mecanismos de información sobre promotores
c) Prohibiciones aplicables a los promotores
d) Régimen sancionatorio
CAPÍTULO QUINTO
Oficinas de representación
1. Régimen general
2. Régimen de apertura de oficinas de representación y contratos de corresponsalía
3. Excepciones al régimen de apertura
4. Actividades autorizadas
5. Representación de las instituciones del exterior a través de la matriz, filial o subsidiaria establecida en Colombia
6. Representación de varias instituciones del exterior
7. Localización de la oficina de representación del exterior y de su representante
8. Identificación
9. Cambio de dirección
10. Oficinas promotoras
11. Clausura de las oficinas de representación y finalización de la actividad de representación o corresponsalía
12. Obligaciones
13. Régimen de publicidad
14. Representación
15. Facultades de la Superintendencia Financiera de Colombia
16. Remisión de Información
Anexo 1- Información de las oficinas de representación y/o representantes de las instituciones financieras y del mercado de valores del exterior
Anexo 2- Información general de los contratos de corresponsalía
Anexo 3- Información de las oficinas de representación de entidades aseguradoras del exterior
CAPÍTULO SEXTO
Reglas sobre competencia y protección al consumidor financiero
1. Libre competencia, prácticas restrictivas y competencia desleal
2. Programas publicitarios
2.1. Condiciones básicas de los textos publicitarios
2.2. Prácticas prohibidas
2.3. Régimen de autorización general
a) Campañas institucionales
b) Campañas publicitarias no institucionales
c) Publicidad de los intermediarios de seguros y reaseguros
d) Verificación posterior
2.4. Régimen de autorización individual
2.5. Autorizaciones especiales
2.6. Programas publicitarios adelantados por las sociedades fiduciarias
a) Aspectos generales
b) Condiciones para la publicidad de fiducia de inversión
c) Condiciones para la publicidad de fiducia inmobiliaria
2.7. Programas publicitarios adelantados por las sociedades administradoras de fondos de pensiones y de cesantías
a) Aspectos generales
b) Régimen de autorización individual
c) Régimen de autorización general
d) Publicación de la rentabilidad
e) Publicidad de servicios colaterales
2.8. Responsabilidad personal
3. Protección a la libre concurrencia de oferentes para la contratación de pólizas de seguro en instituciones financieras por cuenta de sus deudores
3.1. Instituciones financieras tomadoras de seguros por cuenta de sus deudores
3.2. Verificación
3.3. Previsiones especiales aplicables al procedimiento de contratación de pólizas adelantado por las sociedades administradoras de fondos de pensiones
a) Contenido de las pólizas
b) Publicidad de la aseguradora seleccionada
3.4. Información a la Superintendencia Bancaria
4. Protección a la libertad de contratación de tomadores y asegurados para pólizas de seguro como seguridades adicionales de créditos
4.1. Aspectos generales
4.2. Admisibilidad del seguro como seguridad adicional de un crédito
4.3. Instrucciones para la aceptación y rechazo de pólizas
4.4. Deber de información y manual
4.5. Elementos justificativos del rechazo
4.6. Régimen sancionatorio
5.Reglas sobre protección al consumidor en materia de reclamaciones o quejas contra entidades vigiladas
5.1. Ámbito de aplicación
5.2. Reglas sobre las calidades del defensor del cliente
5.3. Reglas sobre la información que las entidades vigiladas deben suministrar al público respecto de los defensores del cliente
5.4. Reglas sobre el informe de gestión del defensor del cliente
5.5. Reglas sobre la función de vocería de clientes y usuarios
5.6. Reglas sobre la información que deben suministrar las entidades vigiladas a la Superintendencia Financiera de Colombia
5.7. Reglas de información al público respecto de la presentación de quejas contra entidades no obligadas a contar con defensor del cliente o que no lo hayan designado voluntariamente
6. Reglas sobre protección del consumidor en materia de acceso a los servicios de entidades vigiladas
7. Reglas relativas al informe estadístico de reclamaciones presentadas por los consumidores financieros ante las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia o ante los defensores del cliente
8. Instrucciones relacionadas con la protección al consumidor financiero respecto de las condiciones de la gestión de cobranza
8.1. Ámbito de aplicación
8.2. Cobranza prejudicial
8.2.1. Gastos de cobranza prejudicial
8.2.2. Deber de información
8.2.3. Condiciones de la gestión de cobranza prejudicial
8.3. Cobranza judicial
8.4. Cobranza en los créditos de vivienda
8.5. Cobranza en los microcréditos
9. Información al consumidor financiero
9.1. Consideraciones Generales
9.2. Ámbito de aplicación
9.3. Finalidad de la información
9.4. Requisitos de la información
9.5. Difusión de la información
9.6. Difusión de la información a través de los sitios web de las entidades
9.7. Contenido mínimo de la información
9.8. Reglas especiales para las entidades aseguradoras
10. Cláusulas y prácticas abusivas
10.1. Cláusulas abusivas
10.2. Otras cláusulas abusivas
10.3. Prácticas abusivas
11. Normas y principios que deben observarse para la fijación, difusión y publicidad de las tarifas y precios de los productos y servicios financieros
11.1. Reporte anual de costos totales
11.1.1. Contenido
11.1.2. Destinatarios
11.1.3. Forma de entrega
11.1.4. Periodicidad
11.2. Paquete de servicios básicos
11.3. Ventas atadas
Anexo 1. Reglas para la aplicación de la identificación “VIGILADO Superintendencia Bancaria de Colombia” en la publicidad impresa.
Anexo 2. Reglas para utilizar la identidad visual oficial "Depósito Seguro" por parte de las instituciones financieras sujetas al régimen del seguro de depósitos e inscritas en el Fondo de Garantías de Instituciones Financieras Fogafin, en la publicidad divulgada masivamente por escrito.
Anexo 3. Reglas para utilizar la identidad visual oficial "Seguro de Depósito" por parte de las entidades cooperativas sujetas al régimen del seguro de depósito del Fondo de Garantías de Entidades Cooperativas Fogacoop, en la publicidad divulgada masivamente por escrito.
CAPÍTULO SÉPTIMO
Bienes e inversiones de las entidades vigiladas
1. Inversiones en bienes inmuebles y demás activos fijos
1.1. Inversiones en mejoras
1.2. Inversiones en adquisición y construcción de inmuebles y otros activos fijos
a) Régimen de autorización general
b) Régimen de autorización previa
1.3. Información a remitir
2. Inversiones de capital
2.1. Inversiones en sociedades de servicios financieros
2.2. Inversión en sociedades de servicios técnicos o administrativos
a) Empresas de seguridad
b) Empresas de administración de depósitos de valores y servicios conexos
c) Empresas de servicios de cobranza
d) Empresas de sistemas y servicios de informática
2.3. Límite a las inversiones de capital realizadas por los establecimientos de crédito
a) Base de liquidación del límite de inversiones
b) Inversiones computables
c) Inversiones excluidas del cómputo
2.4. Límite a las inversiones de capital realizadas por las sociedades de servicios financieros
a) Sociedades fiduciarias
b) Almacenes generales de depósito
2.5. Restricciones a las inversiones realizadas por filiales de servicios financieros
2.6. Límites para las inversiones en sociedades de servicios financieros realizadas por las entidades aseguradoras
2.7. Restricciones aplicables a la realización de inversiones por parte de las sociedades de servicios técnicos o administrativos
CAPÍTULO OCTAVO
Operaciones comunes a las entidades vigiladas
1. Régimen de emisión de bonos
1.1. Capacidad de emisión
a) Según la calidad de la persona jurídica
b) Inscripción de los títulos en bolsa
1.2. Autorización estatal
1.3. Condiciones para la autorización de la emisión de bonos
1.4. Condiciones particulares de la emisión de bonos convertibles en acciones
a) Régimen de emisión de bonos convertibles en acciones
b) Restricciones para su adquisición o negociación
1.5. Representación de los tenedores de bonos
a) Régimen de autorización general
b) Régimen de autorización individual
1.6. Régimen aplicable a la emisión de bonos de las corporaciones financieras
1.7. Información sobre las emisiones de bonos
2. Operaciones en el mercado público de valores
2.1. Transacciones de compra y venta de títulos por cuenta de terceros
2.2. Registro de las operaciones de compra y venta de valores por cuenta propia
CAPÍTULO NOVENO
Obligaciones especiales de las entidades vigiladas
1. Inscripción en el registro mercantil
1.1. Registro de libros en las cámaras de comercio
1.2. Certificación de la existencia y representación legal de las entidades sometidas a la vigilancia de la Superintendencia Bancaria
2. Conservación de documentos y microfilmación de archivos
2.1. Conservación
a) Constancias de asientos definitivos y tiquetes de depósito
2.2. Microfilmación
3. Colaboración con la justicia
4. Reserva bancaria
4.1. Función de la reserva bancaria
4.2. Inoponibilidad de la reserva bancaria frente a actuaciones del Ministerio Público
4.3. Reserva de las actuaciones del Ministerio Público
5. Reformas estatutarias
5.1. Autorizaciones especiales
5.2. Información sobre reformas estatutarias
5.3. Solemnización de la reforma
6. Derogado. Superbancaria, Circ. Externa 46/2002
7. Sistema de control interno
7.1. Consideraciones generales
7.2. Ámbito de aplicación
7.3. Definición y objetivo del sistema de control interno
7.4. Principios del sistema de control interno
7.4.1. Autocontrol
7.4.2. Autorregulación
7.4.3. Autogestión
7.5. Elementos del sistema de control interno
7.5.1. Ambiente de control
7.5.2. Gestión de riesgos
7.5.3. Actividades de control
7.5.4. Información y comunicación
7.5.5. Monitoreo
7.5.6. Evaluaciones independientes
7.6. Áreas especiales dentro del sistema de control interno
7.6.1. Control Interno en la gestión contable
7.6.2. Normas de control interno para la gestión de la tecnología
7.7. Responsabilidades dentro del sistema de control
7.7.1. Órganos internos
7.7.2. Órganos externos
7.8 Documentos mínimos que deben sustentar la implementación del SCI
7.9. SCI respecto de las entidades sometidas a control exclusivo de la SFC
CAPÍTULO DÉCIMO
Actuaciones ante la Superfinanciera
1. Instrucciones relativas a la posesión ante la Superintendencia Financiera de Colombia de representantes legales, miembros de junta directiva, consejos directivos o de administración, revisores fiscales y oficiales de cumplimiento para la prevención del lavado de activos de las entidades vigiladas
1.1. Personas que deben tomar posesión
1.2. Eventos en los que no se requiere posesión
1.3. Funciones del responsable del trámite de posesión
1.4. Reglas relativas al trámite de posesiones
1.5. Reglas relativas a situaciones que ponen fin al ejercicio de los cargos que requieren posesión ante la SFC
1.5.1. Reglas en caso de renuncias
1.5.2. Reglas en caso de remoción
1.5.3. Reglas en caso de vacancias
2. Reglas sobre cambio de domicilio
2.1. Suministro de información sobre cambio de domicilio y dirección para notificaciones
2.2. Suministro de información sobre cambio de domicilio y dirección para notificaciones, posterior a la desvinculación de la entidad
2.3. Información sobre antecedentes laborales
2.4. Dirección de notificación para actuaciones específicas
Actuaciones ante la superintendencia
3. Derecho de petición
3.1. Procedencia
3.2. Requisitos
3.3. Verificación de requisitos
3.4. Presentación y radicación
3.5. Peticiones verbales
3.6. Desistimiento
3.6.1. Desistimiento tácito
3.6.2. Desistimiento expreso
3.7. Término para resolver las peticiones
3.8. Interrupción de términos
3.9. Atención prioritaria
3.10. Peticiones reiteradas, oscuras e irrespetuosas
4. Acumulación
5. Traslados
6. Solicitudes en actuaciones en curso
7. Rechazo de solicitud de información reservada
7.1. Inoponibilidad de la reserva
7.2. Información personal
8. Funcionarios que autorizan consulta de documentos, expedición de copias o fotocopias
9. Información general
9.1. Pago de fotocopias
10. Quejas
10.1 Procedencia
10.2. Requisitos
11. Reglas relativas a la expedición de certificaciones por parte de la Superintendencia Bancaria
11.1. Dependencia encargada de expedir certificaciones
11.2. Certificaciones que debe expedir la Superintendencia Bancaria
11.3. Trámite para la solicitud de certificaciones
12. Certificación de la representación legal
12.1. Trámite de certificaciones
12.2. Certificación de la representación legal de las sucursales
13. Actuaciones iniciadas de oficio por la Superintendencia Bancaria
13.1. Visitas de inspección
a) Identificación de los funcionarios asignados a la visita
b) Suministro de información a las comisiones de visita
13.2. Correspondencia oficial
a) Correspondencia con entidades vigiladas
b) Consultas
c) Descargos de carácter institucional y personal
d) Respuesta a informes de visita
e) Solicitud de prórrogas
f) Comunicaciones que deban ser sometidas al conocimiento de la junta directiva
14. Sanciones pecuniarias impuestas por la Superintendencia Bancaria y vía gubernativa
14.1. Ejecutoria
14.2. Notificación
14.3. Ejecutoriedad y ejecutividad de la sanción
15. De los recursos en la vía gubernativa
15.1. Procedencia
15.2. Oportunidad y presentación
CAPÍTULO DÉCIMO PRIMERO
Instrucciones relativas a la administración del riesgo de lavado de activos y de la financiación del terrorismo
Consideraciones generales
1. Definiciones
1.1. Agentes económicos
1.2. Beneficiario final
1.3. Cliente
1.4. Factores de riesgo
1.5. Producto
1.6. Riesgos asociados LA/FT
1.7. Riesgo reputacional
1.8. Riesgo legal
1.9. Riesgo operativo
1.10. Riesgo de contagio
1.11. Riesgo inherente
1.12. Riesgo residual o neto
1.13. Segmentación
1.14. Servicios
1.15. Transferencias
1.16. Usuarios
1.17. Corresponsalía trasnacional
2. Ámbito de aplicación
3.Definición del riesgo de lavado de activos y de la financiación del terrorismo
4. Alcance del sistema de administración del riesgo de lavado de activos y de la financiación del terrorismo
4.1. Etapas de Sarlaft
4.1.1. Identificación
4.1.2. Medición o evaluación
4.1.3. Control
4.1.4. Monitoreo
4.2. Elementos del Sarlaft
4.2.1. Políticas
4.2.2. Procedimientos
4.2.3. Documentación
4.2.4. Estructura organizacional
4.2.5. Órganos del control
4.2.6. Infraestructura tecnológica
4.2.7. Divulgación de la información
4.2.8. Capacitación
5. Reglas especiales para transferencias
5.1. Tranferencias internacionales
5.1.1. Transferencias realizadas a través de swift
5.1.2. Transferencias realizadas a través de money remitters o cualquier otro sistema
5.2. Transferencias nacionales
6. Práctica insegura
ANEXO I. Reporte de operaciones sospechosas
ANEXO II. Reporte de transacciones en efectivo - Documento técnico
ANEXO III. Reporte de clientes exonerados de transacciones en efectivo - Documento técnico
ANEXO IV. Reporte de operaciones de transferencia, remesa, compra y venta de divisas - Documento técnico
ANEXO V. Reporte de información de transacciones realizadas en Colombia con tarjeta de crédito o débito expedida en el exterior - Documento técnico
ANEXO VI. Reporte de productos ofrecidos por las entidades vigiladas - Documento técnico
ANEXO VII. Reporte de patrimonios autónomos - Ley 1508 de 2012 - Documento técnico
ANEXO VIII. Reporte de información sobre campañas políticas y partidos políticos - Documento técnico
CAPÍTULO DÉCIMO SEGUNDO
Requerimientos mínimos de seguridad y calidad en el manejo de información a través de medios y canales de distribución de productos y servicios
1.Ámbito de aplicación
2.Definiciones y criterios de seguridad y calidad
2.1. Criterios de seguridad de la información
2.2. Criterios de calidad de la información
2.3. Canales de distribución de servicios financieros
2.4. Instrumentos para la realización de operaciones
2.5. Vulnerabilidad informática
2.6. Cifrado fuerte
2.7. Sistema de acceso remoto (RAS)
2.8. Operaciones
2.8.1.
Operaciones no monetarias
2.8.2. Operaciones monetarias
2.9. Cliente
2.10. Usuario
2.11. Producto
2.12. Servicio
2.13. Dispositivo
2.14. Información confidencial
2.15.
Autenticación
2.16. Mecanismos fuertes de autenticación
2.16.1. Biometría
2.16.2. Certificados de firma digital
2.16.3. OTP (One Time Password)
2.16.4. Tarjetas con estándar EMV
2.16.5. Registro y validación de características de computadores o equipos móviles
2.17. Banca móvil
2.18. Proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones
3. Obligaciones generales
3.1. Seguridad y calidad
3.2. Tercerización-Outsourcing
3.3. Documentación
3.4. Divulgación de la información
4. Obligaciones adicionales por tipo de canal
4.1. Oficinas
4.2. Cajeros automáticos (ATM)
4.3. Receptores de cheques
4.4. Receptores de dinero en efectivo
4.5. POS (incluye PIN Pad)
4.6. Sistemas de audio respuesta (IVR)
4.7. Centro de atención telefónica (call center, contact center)
4.8. Sistemas de acceso remoto para clientes
4.9. Internet
4.10. Prestación de servicios a través de nuevos canales
4.11. Banca móvil
5. Reglas sobre actualización de software
6. Obligaciones específicas por tipo de medio-Tarjetas débito y crédito
7. Análisis de vulnerabilidades
CAPÍTULO DÉCIMO TERCERO
Instrucciones en materia de prevención y control de lavado de activos y de la financiación del terrorismo a los emisores no sometidos a inspección y vigilancia de la SFC
Páginas: 1-1-1- 2- 3- 4- 5- 6- 7- 8- 9
1. Ámbito de aplicación
1.1. Instrucciones especiales para los eventos de colocación en el mercado primario
1.2. Instrucciones para los eventos de negociación en el mercado secundario
2. Sistema integral para la prevención y control de lavado de activos y de la financiación del terrorismo
2.1. Requisitos del Sipla
2.2. Estructura organizacional
2.2.1. Junta directiva u órgano que haga sus veces
2.2.2. Representante legal
2.2.3. Oficial de cumplimiento
2.2.4. Revisoría fiscal o quien haga sus veces
2.3. Manual Sipla
2.4. Procedimiento para el conocimiento de los inversionistas
2.4.1. Procedimientos para el conocimiento de los inversionistas en el mercado primario
2.4.2. Procedimientos para el conocimiento de los inversionistas en el mercado secundario
2.5. Personas públicamente expuestas
2.6. Excepciones a la obligación de diligenciar el formulario de vinculación de inversionistas
2.7. Operaciones inusales y operaciones sospechosas
2.7.1. Operación inusual
2.7.2. Determinación de operaciones sospechosas
2.8. Procedimientos para el control y reporte
2.8.1. Control y registro de transacciones en efectivo
2.8.2. Reportes
3. Conservación de documentos
ANEXO I
ANEXO II
ANEXO III
CAPITULO DÉCIMO CUARTO
Sistema de atención al consumidor
Páginas: 1- 2- 3- 4- 5- 6
1. Consideraciones generales
2. Ámbito de aplicación
3. Definición de la debida atención y protección del consumidor financiero
4. Alcance del sistema de atención al consumidor financiero
5. Elementos mínimos que componen el SAC
6. Etapas del sistema de atención al consumidor financiero
CAPÍTULO DÉCIMO QUINTO
Reglas relativas a los servicios prestados por las entidades vigiladas a través de corresponsales locales

Páginas: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7
1. Clases de servicios que pueden prestar los establecimientos de crédito, las sociedades administradoras de inversión, las sociedades comisionistas de bolsas de valores, las sociedades administradoras de fondos de pensiones, las sociedades fiduciarias y las sociedades intermediarias del mercado cambiario
1.1. Servicios que pueden prestar los establecimientos de crédito a través de corresponsales bancarios
1.2. Servicios que pueden prestar las sociedades comisionistas de bolsas de valores a través de corresponsales
1.3. Servicios que pueden prestar los intermediarios del mercado cambiario a través de corresponsales
1.4. Servicios que pueden prestar las sociedades administradoras fondos de inversión colectiva a través de corresponsales
1.5. Servicios que pueden prestar las sociedades administradoras de los fondos de pensiones a través de corresponsales
1.6. Servicios que pueden prestar las sociedades fiduciarias a través de corresponsales
2. Disposiciones generales para la prestación de servicios de las entidades vigiladas a través de sus corresponsales
2.1. Administración de los riesgos implícitos a la prestación de servicios a través de corresponsales
2.1.1. Administración del riesgo operativo
2.1.2. Reglas relativas a la administración del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo
2.2. Condiciones operativas para la prestación de servicios a través de corresponsales
2.3. Condiciones de idoneidad moral, infraestructura física, técnica y de recursos humanos de los corresponsales
2.4. Contratos con los corresponsales
2.4.1. Modificaciones de los contratos
2.5. Información a los clientes y usuarios
3. Disposiciones relacionadas con la prestación de servicios de varias entidades vigiladas a través de un mismo corresponsal
CAPÍTULO DÉCIMO SEXTO
Proveeduría de precios para la valoración de inversiones de las entidades vigiladas
Sección I-Consideraciones generales
Sección II-De los proveedores de precios para valoración
Sección III-De las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera
TÍTULO SEGUNDO
Instrucciones generales relativas a las operaciones comunes a los establecimientos de crédito
Páginas: 1- 2-3- 4- 5- 6- 7- 8- 9- 10- 11- 12- 13- 14- 15- 16- 17- 17-2- 18- 19- 20- 21- 22- 22-1- 23- 24- 24-1- 25- 26- 27- 28- 29- 30- 31- 32- 33- 34- 35- 36- 37- 38- 39- 39-1- 39-2- 39-3- 40- 41- 42- 43
CAPÍTULO PRIMERO
Instrucciones generales relativas a las operaciones activas de crédito comunes a los establecimientos de crédito
1. Condiciones generales aplicables a cualquier operación activa de crédito
1.1. Condiciones generales para el otorgamiento y ejecución de los créditos
a) Requerimientos de información
b) Personas obligadas a presentar declaración
c) Asalariados no declarantes
d) Entidades no contribuyentes
e) Registro de abonos parciales y de la cancelación de obligaciones en el título valor correspondiente
f) Tasas máximas de interés
g) Contratación de tasas de interés en operaciones activas
h) Publicidad sobre costos y rendimientos de operaciones activas y pasivas
i) Otorgamiento de crédito a entidades estatales
j) Requisitos para el otorgamiento de créditos a cargo de entidades públicas territoriales
1. Regulación vigente
2. Destinación de los recursos de financiación
3. Capitalización de intereses
4. Garantías
5. Límites a los niveles de endeudamiento
6. Planes de desempeño
7. Mecanismos adicionales de verificación y protección
8. Elaboración de manuales internos
9. Registro en la dirección general de crédito público
k) Contratos con empresas de servicios públicos de carácter oficial
l) Pago anticipado de créditos de vivienda a largo plazo
m) Gratuidad en los incentivos que ofrezcan las entidades a través de promociones comerciales
2. Operaciones de redescuento
2.1. Información a Finagro
2.2. Retención de los créditos redescontados
2.3. Otorgamiento de créditos puente
2.4. Otorgamiento de “créditos de feria ganadera”.
2.5. Desviación de recursos de créditos de fomento
2.6. Exigencia de reciprocidad en el otorgamiento de créditos de fomento
3. Operaciones con tarjeta de crédito
3.1. Estudio de crédito
3.2. Cupos de crédito
3.3. Limitación de los cupos
3.4. Aumento de los cupos
a) Tasas de interés. Alcances
b) Límites
c) Generalidad
d) Inmodificabilidad
e) Publicidad
f) Extractos
g) Avisos
3.5. Plazo y valor de financiación
3.6. Prácticas inseguras
4. Operaciones interfinancieras
4.1. Requisitos
a) Cupo individual
b) Cupo global
5. Aceptaciones de títulos
5.1. Condiciones generales para la aceptación de títulos valores
a) Compra venta como relación causal
b) Control
c) Requisitos del auxiliar
d) Condiciones de seguridad de los títulos
e) Contenido de los documentos
f) Condiciones para la aceptación de letras de cambio
g) Cupo individual de crédito
h) Pago de la letra de cambio
i) Prescripción de la acción cambiaria
j) Régimen aplicable
k) Evaluación de solvencia del ordenante
6. Crédito documentario
6.1. Naturaleza jurídica
6.2. Características de la carta de crédito
a) Autonomía
b) Literalidad
c) Formalidad
6.3. Obligaciones deI emisor
a) Identificación de los beneficiarios
b) Pago
c) Verificación de la documentación del beneficiario
6.4. Transferencia de la carta de crédito
6.5. Concordato del ordenante
6.6. Apertura de créditos documentarios con recursos de líneas de crédito directas
7. Operaciones con títulos valores en blanco
7.1. Condiciones
7.2. Impuesto de timbre sobre títulos valores en blanco —pagarés— otorgados a favor de entidades financieras
ANEXO TÉCNICO-Estándares mínimos de seguridad para la realización de algunas operaciones a través de terminales, cajeros automáticos, puntos de servicio en oficinas y establecimientos comerciales y tarjetas débito o crédito1. Características de las terminales o cajeros automáticos (CAs)
1.1. Reglas especiales sobre terminales o CAs mediante los cuales se puedan realizar consignaciones o pagos
1.1.1. Receptores de efectivo
1.1.2. Receptores de cheques
1.1.2.1. Receptores con dispositivos
1.1.2.2. Receptores mediante el uso de sobres
1.2. Características generales
2. Reglas relativas a la seguridad de las operaciones de consignación o pago en efectivo o cheque
3. Reglas especiales en materia de tarjetas débito o crédito
4. Reglas sobre modificaciones del software
4.1. Ambientes
4.1.1. Ambiente de desarrollo
4.1.2. Ambiente de pruebas o auditoría
4.1.3. Ambiente de producción
4.2. Características de los ambientes
4.3. Proceso de catalogación y documentación del software
4.4. Etapas del procedimiento
4.4.1. Solicitud del mantenimiento o modificación del software
4.4.2. Modificación en el ambiente de desarrollo
4.4.3. Pruebas en el ambiente de auditoría
4.4.4. Traslado del cambio o modificación al ambiente de producción
CAPÍTULO SEGUNDO
Instrucciones generales relativas a las garantías
1. Garantías admisibles
1.1. Pignoración de rentas y operaciones de crédito con entidades territoriales y entidades descentralizadas
1.2. Garantía personal
1.3. Títulos valores entregados en garantía
a) Menciones de los títulos valores
b) Librador
c) Vencimiento
d) Negociación
e) Propiedad
1.4. Prenda sobre el establecimiento de comercio
a) Definición
b) La subrogación legal establecida en el Código de Comercio cuando se da en prenda el establecimiento de comercio incluyendo el gravamen de los activos circulantes
c) Requisitos para considerar la prenda sobre establecimiento de comercio como garantía admisible
1.5. Pignoración de los cánones de arrendamiento de los contratos de leasing
a) Objeto
b) Requisitos
1.6. Bonos de prenda
2. Garantías no admisibles
CAPÍTULO TERCERO
Operaciones en moneda extranjera de los establecimientos de crédito
1. Aprobación para la adquisición de acciones o partes de capital en entidades financieras del exterior
1.1. Requisitos
a) Indicadores financieros
b) Estados financieros
c) Razón social
d) Solidez
1.2. Reinversión de capitales en el exterior
a) Concepto de la Superintendencia Bancaria
1.3. Utilidades
1.4. Reinversión de la utilidad
1.5. Contabilización de las utilidades generadas en el exterior
2. Operaciones de comercio exterior-Reglamentación en materia de importaciones
2.1. Documento de transporte
2.2. Declaración de cambio
2.3. Pago de importaciones en pesos
2.4. Prácticas no autorizadas o inseguras
2.5. Régimen sancionatorio
3. Información sobre operaciones con divisas recibidas por los residentes en el país por concepto de operaciones que no deban canalizarse obligatoriamente a través del mercado cambiario
4. Pago de giros de divisas que no deben canalizarse obligatoriamente a través del mercado cambiario
CAPÍTULO CUARTO
Instrucciones generales relativas a las operaciones pasivas
1. Depósitos
1.1. Condiciones de la apertura de cuentas
1.2. Investigación de cuentas
1.3. Saldos abandonados en cuentas corrientes y de ahorros
a) Condición legal para que un bien sea mostrenco
b) Requisitos para la denuncia de un bien mostrenco
c) Reserva bancaria frente a la información solicitada
1.4. Derogado. Superbancaria, Circ. Externa 2/2004.
1.5. Recepción de moneda metálica e improcedencia del cobro por la recepción de este tipo de depósito
1.6. Embargo de depósitos
a) Acatamiento de las órdenes judiciales
b) Órdenes de embargo
c) Procedimiento
d) Procedimiento cuando el saldo embargado es inferior al límite señalado en la orden
1.7. Procedimiento en caso de medidas cautelares decretadas sobre recursos inembargables.
1.8. Cuentas corrientes de establecimientos de crédito en el Banco de la República
2. Depósitos de de ahorro y certificados de ahorro a término
2.1. Aspectos comunes
2.2 Depósitos de ahorro y certificados de ahorro a término de corporaciones financieras y compañías de financiamiento comercial
2.2.1. Infraestructura tecnológica
2.2.2. Infraestructura financiera
2.2.3. Gestión de riesgos
2.2.4. Coeficientes de volatidad
3. Desembolso de créditos a través de CDTs y CDATs por parte de los establecimientos de crédito: práctica no autorizada e insegura
4. Convenio para recaudos de impuestos
5. Instrucciones relativas a las cuentas de ahorro electrónicas
 5.1. Condiciones especiales para la apertura de cuentas de ahorro electrónica
5.1.1. Identificación del cliente
 5.1.2. Extractos
5.2. Instrucciones especiales en materia de seguridad y calidad
5.3. Reglas especiales en materia de protección al consumidor financiero
5.3.1. Publicidad
5.3.2. Información
 6. Trámite simplificado para la apertura de cuentas de ahorros
6.1. Condiciones especiales para el trámite simplificado de apertura de cuentas de ahorro
6.2. Información a los consumidores financieros
6.3. Extractos
6.4. Instrucciones especiales sobre administración de riesgos de lavado de activos
6.5. Instrucciones especiales en materia de seguridad y calidad para la realización de operaciones
6.6. Terminación de las cuentas
7. Instrucciones relativas a la administración y el manejo de los depósitos de dinero electrónico
7.1. Reglas para la apertura de los depósitos de dinero electrónico de personas naturales
7.2. Depósitos de dinero electrónico para la canalización de subsidios estatales
7.3. Autorización de los reglamentos
 7.4. Extractos
7.5. Reglas especiales en materia de información
 7.6. Instrucciones especiales en seguridad y calidad para la realización de operaciones
7.7. Instrucciones especiales para la administración del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo
CAPITULO QUINTO Régimen de horarios
TÍTULO TERCERO
Disposiciones especiales relativas a las operaciones de los establecimientos de crédito en particular
Páginas 1- 2- 3- 4- 5- 6- 7- 8- 9- 10- 11- 12- 13- 14 a 27- 28- 29- 30- 31- 32- 33- 34- 35- 36- 37- 38- 38-1- 38-2- 38-3- 38-4- 38-5- 38-6- 39- 40- 41-46- 47- 48- 49- 50- 51- 52- 53- 54- 55- 56- 57
CAPÍTULO PRIMERO
Disposiciones especiales relativas a las operaciones de los establecimientos bancarios
1. Cuentas corrientes
1.1. Con entidades públicas
1.2. Con entidades que manejan el presupuesto nacional
2. Prohibiciones y limitaciones
2.1. Apertura de cuentas corrientes a nombre de establecimientos de comercio
2.2. Cobro de cuota de manejo
2.3. Cobro de multa por cheques devueltos por fondos insuficientes
2.4. Convenios para trámite de órdenes de pago
2.5. Saldos mínimos
2.6. Sobregiro en cuenta corriente
2.7. Prohibiciones para incrementar y producir sobregiros
2.8. Formularios de cheques
2.9. Protesto de cheques
2.10. Cheques especiales
a) Cheque fiscales
b) Cheques con negociabilidad restringida
c) Canje de cheques con negociabilidad restringida
d) Procedimiento para el pago de cheques con negociabilidad restringida y para abono en cuenta
e) Consignación en las corporaciones de ahorro y vivienda
3. Cajillas de seguridad
4. Operaciones interbancarias
4.1. Compensación interbancaria
4.2. Saldo débito en la cuenta corriente con el Banco de la República
4.3. Canje
5. Reglas relativas a la apertura y régimen de los depósitos en moneda legal de no residentes en el país y de los depósitos en moneda extranjera
5.1. Requisitos para al apertura de cuentas en moneda legal a no residentes
5.2. Requisitos para la apertura de cuentas en moneda extranjera
5.3. Requisitos para la constitución de depósitos por parte de entidades financieras del exterior
CAPÍTULO SEGUNDO
Disposiciones relativas a las corporaciones financieras
1. Noción de empresa
1.1. Actividad económica organizada
1.2. Empresario
1.3. Establecimiento de comercio
CAPÍTULO TERCERO
Disposiciones especiales relativas a las compañías de financiamiento comercial
1. Contratos de arrendamiento financiero
1.1. Adquisición de bienes
1.2. Ejercicio de la opción de compra
1.3. Adquisición de bienes usados
1.4. Mantenimiento; fabricación o construcción de bienes
1.5. Tratamiento de los prepagos
1.6. Terminación anticipada de los contratos de arrendamiento financiero y/o refinanciación de los cánones y otros conceptos
1.7. Cancelación del precio en la adquisición de los bienes para ser entregados en arrendamiento financiero
1.8. Constitución de garantías sobre los bienes entregados en arrendamiento financiero
1.9. Práctica insegura
2. Aplicación del Decreto 384 de 1993 dentro del contrato de arrendamiento financiero
3. Avalúos de bienes retirados en leasing
4. Inventario de activos en leasing
CAPÍTULO CUARTO
Disposiciones aplicables a los créditos de vivienda
1. Sistema especializado de financiación de vivienda
1.1. Ámbito de aplicación
1.2. Unidad de valor real, UVR
1.2.1. Metodología para el cálculo del valor en pesos de la UVR
1.2.2. Cálculo y divulgación del valor en pesos de la UVR
1.2.3. Informe del valor de reajuste
2. Uniformidad de los documentos contentivos del crédito de vivienda individual a largo plazo
2. 1. Contratos de mutuo o pagarés
2. 1.1. Condiciones uniformes
2.1.2. Condiciones limitantes
2.1.3. Cláusulas prohibidas
2.2. Contrato de hipoteca
3. Tasas de interés en créditos de vivienda
3.1. Tasas máximas de interés remuneratorias
3.1.1. Para créditos en UVR
3.1.2. Para créditos en pesos
3.1.3. Para créditos de vivienda de interés social
3.2. Expresión de las tasas en términos efectivos
3.3. Oportunidad para el inicio del cobro de intereses
3.4. Interés de mora
4. Aplicación de los pagos
5. Sistemas de amortización
5.1. Sistemas en unidades de valor real, UVR
5.1.1. Cuota constante en UVR (Sistema de amortización gradual)
5.1.2. Amortización constante a capital en UVR
5.1.3. Cuota decreciente mensualmente en UVR cíclica por períodos anuales
5.2. Sistemas en pesos
5.2.1. Cuota constante (amortización gradual en pesos)
5.2.2. Amortización constante a capital
6. Información al deudor
6.1. Información previa a la formalización del crédito
6.1.1. Folleto informativo
6.1.2. Proyección del crédito
6.2. Extractos
6.3. Anualmente
6.4. Documentación del crédito
6.5. Publicidad
7. Cuentas de ahorro programado
8. Cesión del crédito
9. Gastos derivados de cobro jurídico
10. Avalúos
11. Crédito a constructores-Subrogación de obligaciones
12. Sanciones
13. Sanciones
CAPÍTULO QUINTO
Disposiciones especiales relativas a las casas de cambio
1. Naturaleza de las casas de cambio
2. Constitución de las casas de cambio
2.1. Manuales
2.2. Protección contra riesgos
3. Información sobre cuentas corrientes y cuentas de ahorro
4. Régimen de oficinas
5. Adquisición, adecuación y remodelación de inmuebles
6. Publicidad
6.1. Programas publicitarios
6.2. Carteleras
6.3. Información sobre operaciones con divisas recibidas por los residentes en el país por concepto de operaciones que no deban canalizarse obligatoriamente a través del mercado cambiario
7. Pago de giros de divisas que no deben canalizarse obligatoriamente a través del mercado cambiario
CAPÍTULO SEXTO
Instrucciones especiales aplicables a las entidades de desarrollo de los entes territoriales
1. Régimen legal
1.1. Campo de aplicación
1.2. Naturaleza y objeto
1.3. Certificado de autorización
1.4. Información legal
a) Naturaleza de los fondos
b) Destinación de los recursos
c) Órbita de las actividades
d) Facultad para celebrar encargos fiduciarios
e) Inversiones
f) Información financiera
g) Administradores
h) Capital mínimo
i) Información operacional
j) Información sobre bienes
1.5. Especialización
1.6. Programa
1.7. Suspensión de la autorización impartida por la Superintendencia Bancaria
1.8. Operaciones de liquidez
1.9. Encaje e inversiones
1.10. Adquisición y posesión de bienes muebles e inmuebles
1.11. Ajustes de inversión
1.12. Vigilancia
1.13. Reforma de estatutos
2.Régimen especial para los institutos de fomento y desarrollo de las entidades territoriales que manejen excedentes de liquidez
2.1. Autorización
2.2.Gobierno corporativo
2.2.1.Manual de buen gobierno y ética
2.2.2.Funciones de los órganos de administración
2.2.3.Sistema de control interno
2.3.Administración de excedentes de liquidez de las entidades territoriales
2.4.Cartera de crédito
2.4.1.Otorgamiento
2.4.2.Seguimiento

2.4.3.Recuperación
2.4.4.Modalidades cartera de créditos
2.4.5.Reglas sobre calificación de los créditos
2.4.6.Reglas sobre provisiones de los créditos
2.4.7.Suspensión de la causación y contabilización de intereses
2.4.8.Valoración de garantías

2.5.Financiación de las actividades previstas en el numeral 2° del artículo 268 del estatuto orgánico del sistema financiero
2.6.Descuento y negociación de pagarés, giros, letras de cambio y otros títulos de deuda
2.7.Administración de fondos especiales
2.8.Revelación de información
2.9.Requerimientos tecnológicos y operativos

2.10.Prevención y control de lavado de activos y de la financiación del terrorismo
2.11.Régimen de responsabilidad y sanciones administrativas
2.12.Finalización del régimen especial de supervisión
2.13.Publicidad
CAPÍTULO SÉPTIMO
Reglas relativas a la protección de los usuarios de las operaciones de cobertura de créditos individuales de vivienda a largo plazo
Consideraciones generales
1. Obligación de suministrar información adecuada
2. Reglas relativas a la información previa a la solicitud de cobertura
3. Solicitud de cobertura
4. Reglas relativas a la información en los extractos
5. Publicidad
1. Obligación de suministrar información adecuada
2. Reglas relativas a la información previa a la celebración del contrato de leasing habitacional
3. Reglas relativas a la información a los locatarios
3.1. Extractos
CAPÍTULO OCTAVO
Reglas relativas a la protección de los usuarios de las operaciones de leasing habitacional
4. Publicidad
5. Condiciones de los sistemas de amortización
CAPÍTULO NOVENO
Reglas relativas a los servicios financieros prestados por los establecimientos de crédito a través de corresponsales
1.1.Instrucciones especiales para la realización de las distintas operaciones previstas en el artículo 2º del Decreto 2233 de 2006
1.2. Normas relacionadas con la administración de los riesgos implícitos en la prestación de servicios a través de corresponsales
1.3. Características tecnológicas mínimas de los terminales electrónicos
1.4. Condiciones de idoneidad moral, infraestructura física, técnica y de recursos humanos de los corresponsales
1.5. Contratos con los corresponsales
1.6. Información a los clientes y usuarios
TÍTULO CUARTO
Entidades administradoras de pensiones y cesantías
Páginas 1- 2- 2-1- 3- 3-1- 3-2- 3-3- 3-4- 3-5- 4- 4-1- 5- 5-1- 6- 6-1- 7- 8- 9- 10- 11- 12- 12-1- 13- 14- 15- 16- 17- 17-1- 18- 19- 20- 21- 22-2324- 25- 26- 27- 28- 29- 30- 31- 32- 33- 34- 35- 36- 37- 38-1- 38-2- 38-3- 38-4- 38-5- 38-6- 38-7- 39-1- 39-2- 39-3
CAPÍTULO PRIMERO
Instrucciones generales relacionadas con las entidades administradoras del sistema general de pensiones
1. Cálculo de reservas
2. Tablas de mortalidad de invalidez de activos, de mortalidad de inválidos y de rentistas
3. Procedimiento para el traslado de afiliados
3.1. Términos para los traslados
3.2. Diligenciamiento del formulario
3.3. Solicitudes de retracto
3.4. Reporte de solicitudes de traslado a la administradora anterior
3.5. Informe de solicitudes de traslado
3.6. Traslado de la información y de los saldos del afiliado a la nueva entidad administradora
3.7. Efectividad del traslado ante la nueva administradora
3.8. Primera cotización a la nueva administradora
3.9. Documentos soporte de las solicitudes efectuadas
3.10. Realización de convenios particulares
3.11. Solicitudes de traslado formuladas con anterioridad a la vigencia del presente procedimiento
4. Beneficios tributarios
5. Publicación de rentabilidades, comisión de administración y seguros previsionales
6. Múltiple vinculación
6.1. Casos de múltiple vinculación
a) Personas que se encontraban vinculadas al Instituto de Seguros Sociales al 31 de marzo de 1994, que con posterioridad a tal fecha diligenciaron formulario de vinculación o ratificación ante el citado Instituto y antes de que transcurrieran tres años seleccionaron el régimen de ahorro individual
b) Personas que no se encontraban vinculadas al Instituto de Seguros Sociales al 31 de marzo de 1994, que con posterioridad a tal fecha diligenciaron formulario de vinculación ante el citado instituto y antes de que transcurrieran tres años seleccionaron el régimen de ahorro individual
c) Personas que al vincularse a una entidad administradora diligenciaron un formulario que no se ajustaba a las disposiciones legales y antes de transcurrir los términos para el traslado se vincularon a otra entidad administradora
d) Personas que en la misma fecha diligenciaron formularios de vinculación ante distintas entidades administradoras sin que pueda establecerse cuál se realizó primero
e) Personas que a la entrada en vigencia del sistema general de pensiones se encontraban vinculadas a una caja, fondo o entidad previsional del sector público o privado, posteriormente diligenciaron formulario de vinculación ante el Instituto de Seguros Sociales y antes de que transcurrieran tres años a partir de dicho diligenciamiento seleccionaron el régimen de ahorro individual
f) Personas que se encontraban vinculadas al Instituto de Seguros Sociales al 31 de marzo de 1994, que con posterioridad a tal fecha se vincularon como servidores públicos a una entidad del nivel territorial y al entrar en vigencia el sistema general de pensiones en dicha entidad, seleccionaron el régimen de ahorro individual
g) Personas que no se encontraban vinculadas al Instituto de Seguros Sociales al 31 de marzo de 1994, que con posterioridad a tal fecha diligenciaron formulario de vinculación ante el citado instituto, luego se vincularon como
h) Trabajadores que no seleccionaron régimen a la entrada en vigencia del sistema general de pensiones, cuyas cotizaciones fueron efectuadas por el empleador en varias entidades administradoras en desarrollo de lo previsto en el artículo 25 del Decreto 692 de 1994
6.2. Cruce de información
6.2.1. Cruce de información entre administradoras del régimen de ahorro individual
6.2.2. Remisión de información
6.3. Información de resultados y determinación de la causa que originó la múltiple vinculación
6.4. Traslado de cotizaciones e información
6.5. Deber de informar al trabajador y al empleador
6.6. Otros casos de múltiple vinculación
6.7. Cumplimiento de los términos legales para el traslado de afiliados
6.8. Solicitudes de reconocimiento de prestaciones
a) Pensión de vejez
b) Prestaciones a que haya lugar por los riesgos de invalidez y muerte
6.9. Solicitudes de vinculación inicial
6.9.1. Consulta de nuevas afiliaciones
6.9.2. Respuesta a la consulta de nuevas afiliaciones
6.9.3. Revisión a la respuesta de consulta de nuevas afiliaciones
7. Declaración de Ingresos percibidos
8. Reglas sobre reconocimiento y pago de pensiones
9. Remisión de extractos por parte de las entidades administradoras del régimen solidario de prestación definida con prima media
10. Pago de pensiones mediante consignación en cuenta corriente o de ahorros
11. Traslado de régimen pensional en los términos de la
Sentencia SU 062 de 2010 de la Corte Constitucional.
12. Procedimiento para el traslado de recursos e intercambio de información entre entidades administradoras del sistema general de pensiones (SGP) y la entidad administradora del servicio social complementario de beneficios económicos periódicos, BEPS.
CAPÍTULO SEGUNDO
Instrucciones relacionadas con las sociedades administradoras del régimen de ahorro individual con solidaridad
1. Disposiciones relacionadas con las sociedades
1.1. Democratización de acciones
1.2. Contratación seguros de invalidez y sobrevivencia
1.3. Remisión de extractos a los afiliados y pensionados del régimen de ahorro individual
a) Periodicidad y plazo para el envío de extractos a los afiliados
b) Contenido mínimo de los extractos
c) Medio y dirección a la cual deberán remitirse los extractos periódicos
1.4. Comisiones
a) Comisión por administración de pensiones bajo la modalidad de retiro programado
b) Comisión por concepto de la administración de recursos de afiliados cesantes
c) Comisión por traslado de afiliados
1.5. Campañas de información y de educación para la promoción del esquema de multifondos
2. Disposiciones relacionadas con los fondos administrados
2.1. Régimen de gastos admisibles para el fondo de pensiones
2.2. Elección o cambio de tipo de fondo de pensiones obligatorias
2.3. Retracto de la elección de tipo de fondo
CAPÍTULO TERCERO
Disposiciones relacionadas con las sociedades administradoras de fondos de pensiones y cesantías
1. Disposiciones relacionadas con las sociedades
1.1. Democratización de acciones
1.2. Comisiones
2. Disposiciones relacionadas con los fondos administrados
2.1. Reglamento de funcionamiento de los fondos de cesantías
a) Régimen de aprobación general
b) Régimen de aprobación individual
c) Información a la Superintendencia Bancaria
2.2. Régimen de gastos admisibles para el fondo de cesantías
2.3. Auxilio de cesantías
a) Consignación del auxilio de cesantías y afiliación de trabajadores
b) Plazo para consignación
c) Afiliación de personas independientes
d) Traslado a otra administradora
e) Remisión de extractos a los afiliados a los fondos de cesantías
f) Valoración cuentas individuales
2.4. Cesión de fondos de cesantías
a) Cierre
b) Identificación
c) Garantía de rentabilidad mínima
d) Procedimiento a realizar en el fondo cesionario
e) Información a la Superintendencia Financiera
2.6. Índice representativo del mercado accionario del exterior
2.7. Información sobre los derechos y obligaciones de los afiliados y efectos de la selección o modificación de perfil de administración
2.8. Definición o modificación del perfil de administración de aportes y/o recursos a los fondos de cesantías
 2.9. Reglas y requisitos para el funcionamiento del mecanismo de registro de operaciones con los recursos de los tipos de fondos de pensiones obligatorias y los portafolios de los fondos de cesantía
3.Políticas de inversión, asignación estratégica de activos y funciones de los comités de riesgos e inversiones
 3.1. Políticas de inversión
3.2. Comité de riesgos y comité de inversiones
 3.3. Asignación estratégica de activos
4. Ejercicio de los derechos políticos de las AFP respecto de las inversiones que realicen con los recursos de los fondos de pensiones obligatorias y de cesantías
CAPÍTULO CUARTO
Régimen de inversión de los recursos de los fondos de pensiones obligatorias
1.Inversiones admisibles
1.1. Títulos, valores o participaciones de emisores nacionales
1.2. Títulos, valores o participaciones de emisores del exterior
1.3.Otros activos
2. Requisitos de calificación para las inversiones admisibles
3. Límites globales de inversión
4. Límites individuales de inversión por emisor
5. Límites máximos de inversión por emisión
6. Límite de concentración de propiedad accionaria
7. Límites de inversión en vinculados
8. Operaciones con instrumentos financieros derivados
9. Valor del fondo
10. Excesos de inversión
11. Inversiones en títulos inscritos en el Registro Nacional de Valores y Emisores y sistemas de negociación de valores
12. Custodia
13. Conflictos de interés, inversiones y operaciones no autorizadas
14. Operaciones de reporto o repo pasivas y operaciones simultáneas pasivas
15. Reglas especiales aplicables a las operaciones repo, simultáneas y de transferencia temporal de valores
CAPÍTULO QUINTO
Conocimiento del cliente en los fondos de pensiones voluntarias, de los afiliados independientes a los fondos de cesantías y de las personas que realicen aportes voluntarios a los fondos de pensiones obligatorias
CAPÍTULO SEXTO
Disposiciones relacionadas con los patrimonios autónomos o encargos fiduciarios que constituyan las entidades territoriales, sus descentralizadas y Ecopetrol para garantizar el cumplimiento de determinadas obligaciones pensionales
1. Autorización
2. Objeto exclusivo de los patrimonios autónomos y encargos fiduciarios
3. Prohibiciones
4. Valor de los activos e integración de los patrimonios autónomos y encargos fiduciarios
5. Bonos pensionales
6. Régimen de inversiones
7. Garantía de rentabilidad mínima
8. Separación contable
9. Fondos de pensiones voluntarios
10. Entidades autorizadas para administrar los recursos correspondientes a pasivos pensionales a cargo de la Empresa Colombiana de Petróleos
CAPÍTULO SÉPTIMO
Disposiciones relativas a la administración de fondos de pensiones voluntarias
1. Reglas sobre los planes de pensiones de jubilación e invalidez
1.1. Reglas sobre los planes institucionales y su autorización por parte de la Superintendencia Financiera
1.1.1. Contenido de los planes institucionales
1.1.2. De la autorización de los planes de pensiones por parte de la Superintendencia Financiera
2. Prácticas inseguras y no autorizadas
3. Revelación de información a partícipes
3.1. Extracto de cuenta
3.2. Ficha técnica
CAPÍTULO OCTAVO
Disposiciones relativas al régimen de inversiones de los fondos de pensiones de jubilación e invalidez voluntarios (fondos de pensiones voluntarias)
1. Inversiones admisibles
1.1. Títulos, valores o participaciones de emisores nacionales
1.2. Títulos, valores o participaciones de emisores del exterior
1.3. Otros activos
2. Requisitos de calificación para las inversiones admisibles
3. Foros para la realización de operaciones en el mercado
4. Operaciones con instrumentos financieros derivados
5. Límites, reglas y prohibición aplicables en la realización de operaciones repo, simultáneas y de transferencia temporal de valores
6. Excesos en las inversiones y en los límites de los instrumentos financieros derivados
7. Custodia
CAPÍTULO NOVENO
Disposiciones relativas al régimen de inversiones de los fondos de cesantía
1. Remisión al Decreto 669 de 2007
2. Productos estructurados de capital protegido
3. Operaciones con instrumentos financieros derivados
4. Límites individuales de inversión por emisor
5. Reglas para la realización de operaciones repo, simultáneas y de transferencia temporal de valores
TÍTULO QUINTO
Disposiciones especiales relativas a las operaciones de las sociedades fiduciarias, almacenes generales de depósito y fondos ganaderos
Páginas 1- 2- 3- 4- 5- 6- 7- 8- 9- 10- 11- 12- 13- 14- 15- 16- 17- 18- 19- 20- 21- 22- 23- 23-1- 24- 25- 26- 27- 28- 29- 30- 31- 32- 33- 34- 35- 36- 37- 38- 39- 40- 41- 42- 43- 44- 45- 46- 47- 48- 49- 50
CAPÍTULO PRELIMINAR
Requisitos para la vinculación de clientes a través de diferentes negocios fiduciarios
CAPÍTULO PRIMERO
Disposiciones aplicables a los negocios fiduciarios
1. Negocios fiduciarios
1.1. Concepto de negocios fiduciarios
1.2. Otras operaciones y/o contratos autorizados a las sociedades fiduciarias
2. Negocios fiduciarios
2.1. Redacción y presentación
2.2. Previsiones generales
2.2.1. Normas y principios a considerar
2.2.2. Interpretación
2.2.3. Prohibición general
2.2.4. Práctica insegura
2.2.5. Condiciones inequitativas e ilegales
2.3. Contenido de los contratos
2.3.1. Objeto
2.3.2. Bienes fideicomitidos
2.3.3. Rendimientos o utilidades
2.3.4. Obligaciones y derechos de las partes contratantes
2.3.5. Remuneración
2.3.6. Terminación del negocio fiduciario
2.3.7. Órganos asesores y/o administradores
2.3.8. Gastos
2.3.9. Gestión de riesgos
2.3.10. Avalúos de los bienes fideicomitidos
2.3.11. No localización de fideicomitentes, beneficiarios y/o acreedores garantizados
2.3.12. Liquidación
3. Contratos de adhesión y contratos de prestación masiva
4. Alcance del artículo 1238 del Código del Comercio
4.1. Aspectos sustanciales
4.2. Aspectos procesales
4.3. Efectos de la declaratoria judicial de extinción del negocio fiduciario frente a las obligaciones contraídas por el patrimonio autónomo
5. Normas especiales respecto de ciertos contratos fiduciarios
5.1. Contratos de fiducia de inversión
5.1.1. Fideicomiso de inversión
5.1.2. Modelos preimpresos y destinación específica de los recursos fideicomitidos
5.1.3. Delegación de la profesionalidad
5.2. Contratos de fiducia inmobiliaria
5.3. Contratos de fiducia en garantía
5.4. Negocios fiduciarios con entidades públicas
5.4.7. Responsabilidad administrativa
6. Rendición de cuentas e informes periódicos
6.1. Rendición de cuentas
6.1.1. Concepto
6.1.2. Carácter indelegable
6.1.3. Periodicidad de las rendiciones de cuentas
6.1.4. Forma de rendir cuentas
6.2. Informes periódicos
6.3. Garantía
7. Reportes de información
8. Clasificación por tipos de negocios fiduciarios
8.1. Fiducia de inversión
8.1.1. Fideicomisos de inversión con destinación específica
8.1.2. Administración de inversiones de fondos mutuos de inversión
8.2. Fiducia inmobiliaria
8.2.1. De administración y pagos
8.2.2. De tesorería
8.2.3. De preventas
8.3. Fiducia de administración
8.3.1. Administración y pagos
8.3.2. Administración de procesos de titularización
8.3.3. Administración de cartera
8.3.4. Administración de procesos concursales
8.4. Fiducia en garantía
8.4.1. Fiducia en garantía propiamente dicha
8.4.2. Fiducia en garantía y fuente de pagos
8.5. Fiducia con recursos del sistema general de seguridad social y otros relacionados
8.5.1. Pasivos pensionales
8.5.2. Recursos de la seguridad social
9.Naturaleza de los recursos entregados para efectos de la clasificación por tipos y subtipos
10. Transición
CAPÍTULO SEGUNDO
Operaciones de los almacenes generales de depósito
1. Objeto social
1.1. Operaciones autorizadas a los almacenes generales de depósito
a) Aplicación de los estatutos especiales a los almacenes generales de depósito
b) Alcance del artículo 33 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero
1.2. Contrato de depósito
a) Contenido del contrato de depósito
b) Constitución de depósitos-Relación de mercancías depositadas frente al patrimonio técnico-Clases de depósitos
c) Valor de mercancías a depositar
d) Práctica insegura. Avalúo de mercancías
e) Reavalúo de mercancías
f) Autorización de lugares de depósito
g) Depósito de mercancías en bodegas particulares
h) Control de lugares de depósito
i) Mercancías genéricamente designadas
1.3. Expedición de certificados de depósito y bonos de prenda
a) Expedición de certificados de depósito y bonos de prenda. Registro
b) Excepción a la obligación de depositar previamente las mercancías a la expedición de los certificados de depósito y bonos de prenda
c) Régimen de autorización de certificados de depósito y bonos de prenda sobre mercancías en tránsito
d) Títulos sobre mercancías para exportación
e) Constancia en títulos sobre el tránsito de mercancías
f) Entrega del certificado de depósito y del formulario del bono de prenda. Obligaciones y responsabilidades
g) Emisión en caso de mercancías recibidas por un almacén general de depósito y depositadas en bodegas de otro
h) Instrucciones para expedir y emitir bonos de prenda
i) Endoso de los certificados de depósito en garantía y descuento de los bonos de prenda
1.4. Procedimientos en relación con mercancías depositadas
a) Venta de mercancías depositadas
b) Procedimiento para subasta de mercancías
c) Mercancías en proceso de transformación
d) Transformación de mercancías sujetas a gravamen
e) Transporte y traslado de mercancías
f) Requisitos para retiro total de mercancías
g) Retiros parciales de mercancías
h) Entrega parcial de mercancías
1.5. Disposición del bien propio gravado con prenda
2. Títulos sobre algodón en tránsito
2.1. Expedición de títulos sobre algodón
a) Obligación de constatar la existencia real de algodón
b) Exigencia para redescuento fibra y semilla de algodón
2.2. Operaciones y controles sobre el algodón destinado a empresas textiles
3. Depósito de semilla de arroz. Cobro de bodegajes de mercancías de la DIAN, retiro de mercancías de bodegas particulares
3.1. Semillas certificadas. Práctica no autorizada e insegura
3.2. Obligaciones en relación con el depósito
3.3. Otorgamiento de préstamos
a) Préstamos y certificados
b) Sanciones para el deudor de préstamos
b) (sic) Certificados sobre existencia de préstamos
3.4. Intermediarios aduaneros
a) Depósito sobre mercancía para importación o exportación
b) Documentos para carpeta D.O.
4. Inversiones
4.1. En bienes inmuebles
a) Aviso de adquisición de inmuebles
b) Obligación de enajenar bienes
4.2. En otros activos
a) Inversiones
4.3. Aseguramiento de bienes
a) Seguro de incendio de mercancías
b) Obligación de mantener aseguradas las mercancías contra incendio
5. Régimen de tarifas intereses y comisiones
5.1. Tarifas por servicios
5.2. Depósitos que ofrecen movimiento permanente
5.3. Cobro de los servicios de almacenamiento
a) Servicios extraordinarios
b) Comisiones como intermediarios aduaneros
c) Cuentas de cobro
d) Saldos a favor del depositante
e) Prohibición para el pago de comisiones
5.4. Intereses por préstamos del artículo 33, numeral 5º del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y por mora
6. Prohibiciones
6.1. De captación de recursos
6.2. De expedir cartas de crédito
6.3. De efectuar el pago con recursos propios
6.4. De pagar comisiones a los bancos
6.5. De pignorar simultáneamente con bonos de prenda y certificados de depósito
6.6. De adicionar los contratos de tenencia
6.7. De propiciar prácticas evasivas de impuestos
CAPÍTULO TERCERO
Disposiciones comunes para las sociedades de servicios financieros
1. Prácticas inseguras
1.1. Inversión de los recursos en los fondos
1.2. Operaciones de adelgazamiento
CAPÍTULO CUARTO
Disposiciones especiales relativas a los fondos ganaderos
1. Naturaleza de los fondos ganaderos
2. Objeto social
3. Duración de la sociedad
4. Capital
5. Juntas directivas
6. Representación legal y dirección de los fondos
7. El revisor fiscal
8. Incompatibilidades e inhabilidades
9. Sanciones
10. Derecho a voto en las asambleas
11. Reparto de utilidades
12. Inversiones
13. Readquisición de acciones
14. Contratos de ganado en participación
15. Reposición de semovientes
16. Política del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
17. Crédito de fomento agropecuario
18. Financiamiento. Incentivo a la pequeña y mediana producción ganadera, ICG
18.1. Naturaleza y formas del incentivo
18.2. Cuantía del incentivo
18.3. Recursos para el ICG
19. Inspección, vigilancia y control
20. Representación de Fedefondos
21. Régimen de oficinas, publicidad, adquisición, adecuación y remodelación de inmuebles, inscripción en el registro mercantil, conservación de documentos y microfilmación de archivos, colaboración con la justicia, reserva bancaria, reformas de estatutos y lavado de activos
22. Actuaciones ante la Superintendencia Bancaria
23. Derogatoria
ANEXOS
Anexo 1-Instructivo ficha técnica
Anexo 2-Ficha técnica
TÍTULO SEXTO
Capitalización, seguros e intermediarios
Páginas
Capítulo I 1- 2- 3- 4
Capítulo II 1- 2- 3- 4- 5- 6- 7- 8- 9- 10- 11- 12- 13- 14- 15- 15-1- 16- 17- 18- 19- 20- 21- 22- 23- 24- 25- 26- 27- 28
Capítulo III 1- 2
Capítulo IV 1- 2- 3- 4- 5
Capítulo V 1- 2- 3
CAPÍTULO PRIMERO
Disposiciones especiales aplicables a las sociedades capitalizadoras
1. Reglas para la autorización de planes de capitalización
1.1. Régimen de autorización general
1.2. Régimen de autorización individual
2. Reglas relativas a las condiciones de los contratos
2.1. Contenido de los títulos
2.1.1. En la primera página
2.1.2. Otras condiciones
2.2. Condiciones de las notas técnicas
2.3. Intereses
2.4. Sorteos de capitalización
2.4.1. Conformación de grupos
2.4.2. Elaboración de las listas de los suscriptores que han de participar en el sorteo
2.4.3. Derecho a participar en el sorteo
2.4.4. Información a los suscriptores favorecidos
2.4.5. Participación de títulos rescindidos
2.4.6. Títulos caducados o rescindidos
2.4.7. Títulos rescindidos antes del sorteo
2.4.8. Información a los suscriptores
2.4.9. Obligación de señalar fechas para los sorteos
2.4.10. Actas de sorteo
2.5. Conservación de títulos de información
3. Reglas aplicables al régimen de las reservas
3.1. Remisión de cálculos de la reserva matemática
3.2. Improcedencia de constitución de reservas técnicas
3.3. Reglas sobre calificación mínima y cuantificación del riesgo crediticio de las inversiones que respalden reservas técnicas
4. Información a suscriptores
CAPÍTULO SEGUNDO
Disposiciones especiales aplicables a las entidades aseguradoras y reaseguradoras
1. Reglas generales sobre la operación de seguros
1.1. Reglas para la autorización de ramos de seguros
1.1.1. Acta de la junta directiva
1.1.2. Justificación
1.1.3. Estudio de mercado
1.1.4. Incidencia técnica, financiera y administrativa
1.1.5. Identificación de los reaseguros
1.1.6. Modelos de las pólizas, tarifas y notas técnicas
1.2. Reglas generales sobre pólizas y tarifas
1.2.1. Requisitos generales de las pólizas de seguros
1.2.1.1. En la carátula
1.2.1.2. A partir de la primera página de la póliza (amparos y exclusiones)
1.2.1.3. Otras condiciones de la póliza
1.2.2. Requisitos generales de las tarifas
1.2.2.1. Equidad
1.2.2.2. Suficiencia
1.2.2.3. Homogeneidad
1.2.2.4. Representatividad
1.2.2.5. Riesgos especiales o novedosos
1.2.3. Remisión de pólizas y tarifas a la SFC
1.2.3.1. Depósito de póliza y anexos
1.2.3.2. Evaluación de pólizas
1.2.3.3. Evaluación de tarifas
1.2.4. Incumplimiento de exigencias legales
1.3. Reglas sobre manejo de negocios en coaseguro
1.3.1. Aspectos generales
1.3.2. Expedición
1.3.3. Remesa
1.3.3.1. Informe uno-Informe general
1.3.3.2. Informe dos-Primas recaudadas y comisiones
1.3.3.3. Informe tres-Siniestros incurridos
1.3.3.4. Informe cuatro-Listados de primas emitidas
1.3.3.5. Informe cinco-Listado de primas anuladas
1.3.3.6. Informe seis-Listado de primas pendientes
1.3.4. Indemnizaciones
1.4. Reglas sobre comisión para el intermediario de seguros
1.5. Reglas relativas a la financiación de primas
1.5.1. Requisitos
1.5.2. Constitución de provisiones
1.5.3. Aplicación
1.6. Reglas relativas a la cesión y aceptación de reaseguros
1.6.1. Condiciones de operación
1.6.2. Condiciones de los contratos
1.6.3. Control de cesiones y aceptaciones de reaseguros facultativos
1.6.4. Prácticas inseguras
1.7. Algunas prácticas inseguras relativas a la contratación de seguros
1.8. Criterios y Elementos Mínimos de las Notas Técnicas
2. Reglas sobre ciertos aspectos financieros
2.1. Régimen patrimonial
2.1.1. Margen de solvencia
2.1.1.1. Cuantía mínima del margen de solvencia en las compañías de seguros generales
2.1.1.2. Cuantía mínima del margen de solvencia en las compañías de seguros de vida
2.1.2. Patrimonio técnico
2.1.2.1. Cálculo de capital primario
2.1.2.2. Deducciones de capital primario
2.1.2.3. Cálculo de capital secundario
2.1.2.4. Valor computable del capital secundario
2.2. Reglas sobre el régimen de reservas técnicas y su inversión
2.2.1. Reglas sobre reservas técnicas
2.2.1.1. Control de reservas de siniestros
2.2.1.2. Constancias a reclamantes
2.2.1.3. Retención de reserva de riesgos en curso en la operación de reaseguro
2.2.2. Reglas sobre inversión de las reservas técnicas
2.2.3.Reglas para el cálculo de reservas técnicas en los ramos Pensiones Ley 100 y Conmutación pensional
3. Reglas particulares aplicables a ciertos ramos
3.1. Reglas aplicables al seguro obligatorio de daños corporales causados a las personas en accidentes de tránsito, SOAT
3.1.1. Obligatoriedad de la expedición de pólizas
3.1.2. Control en la expedición mediante mecanismos de mercadeo masivo
3.1.3. Transferencias de recursos al Fonsat
3.1.3.1. Transferencia anual de excedentes
3.1.3.2. Transferencias adicionales al Fonsat
3.1.3.3. Instrucciones contables
3.1.3.4. Reporte de la información a la SBC
3.1.3.5. Reporte anual sobre oportunidad y suficiencia de las transferencias
3.1.4. Condiciones generales de la póliza
3.1.4.1. Amparos
3.1.4.2. Exclusiones
3.1.4.3. Acción para reclamar
3.1.4.4. Presentación de la reclamación
3.1.4.5. Pago de la indemnización y sanción por mora
3.1.4.6. Irrevocabilidad
3.1.4.7. Cambio de cilindraje
3.1.4.8. Transferencia del vehículo
3.1.4.9. Régimen legal
3.1.4.10. Definiciones
3.1.5. Tarifa máxima anual
3.2. Reglas aplicables al seguro de invalidez y sobrevivientes
3.2.1. Características de las pólizas
3.2.2.2. Auxilio funerario
3.2.2.3. Exclusiones
3.2.2.4. Definiciones
3.2.2.5. Valores asegurados
3.2.2.6. Prima
3.2.2.7. Pago de la prima
3.2.2.8. Siniestros
3.2.2. Condiciones generales
3.3. Reglas aplicables al ramo pensiones Ley 100
3.3.1. Autorización de productos por parte de la SBC
3.3.2. Planes de pensiones
3.3.2.1. Naturaleza del seguro
3.3.2.2. Condiciones de los planes para las pólizas previsionales de renta vitalicia
3.4. Reglas aplicables al seguro de riesgos profesionales
3.4.1. Autorización del ramo
3.4.1.1. Capacidad administrativa
3.4.1.2. Prestación de servicios de prevención
3.4.2. Administración del sistema de riesgos profesionales
3.4.2.1. Vinculación y desvinculación al sistema general de riesgos profesionales
a) Afiliación al sistema general de riesgos profesionales
b) Novedades-Ingreso y retiro de trabajadores
c) Novedades empleador-Centros de trabajo
d) Relación de beneficiarios
3.4.2.2. Liquidación de aportes al sistema general de riesgos profesionales
a) Liquidación y pago integrado de aportes al sistema general de riesgos profesionales
b) Imputación de pagos
3.4.2.3. Reglas generales de los formularios del sistema general de riesgos profesionales
3.4.2.4. Traslado de administradora de riesgos profesionales
3.4.2.5. Información a los trabajadores afiliados
3.4.2.6. Control de formularios
3.4.3. Reserva de enfermedad profesional
3.4.4. Pago de comisiones de intermediación
3.5. Reglas aplicables al seguro de enfermedades de alto costo
3.5.1. Auditoría médica
3.5.2. Condiciones generales de la póliza
3.5.3. Nota técnica
3.5.4. Generación y reporte de información al Sistema General de Seguridad Social en Salud
3.6. Reglas aplicables a los seguros de vida
3.6.1. Seguro de vida individual
3.6.2. Seguros de vida con ahorro
3.6.3. Seguro de vida grupo
3.6.3.1. Clases
a) Deudores
b) Contributivas
c) No contributivas
3.6.3.2. Grupo asegurable
3.6.3.3. Selección
3.6.3.4. Solicitudes
3.6.3.5. Condiciones de los certificados individuales
3.6.3.6. Garantía de la convertibilidad
3.6.3.7. Pólizas de deudores
3.6.4. Tabla colombiana de mortalidad de los asegurados
3.7. Reglas especiales aplicables al ramo pensiones con conmutación pensional
3.8. Tablas de riesgos de vejez, invalidez y sobrevivencia
3.9. Reglas aplicables al ramo de cumplimiento
3.10.Reglas aplicables al ramo de seguro de rentas voluntarias
3.11. Reglas aplicables al seguro de Beneficios Económicos Periódicos, BEPS
3.11.1. Nota técnica
3.11.2. Autorización especial del ramo de seguro BEPS
3.11.3. Condiciones generales de la póliza
3.11.3.1. Definiciones
3.11.3.2. Amparo
3.11.3.3 Exclusiones
3.11.3.4. Reajuste de valores
3.11.3.5. Prima
3.11.3.6. Pago del beneficio económico periódico
3.11.3.7. Fecha de vigencia
3.11.3.8. Irrevocabilidad
3.11.3.9. Prohibición de beneficios adicionales
4. Reglas relativas a otras actividades desarrolladas por las entidades aseguradoras
4.1. Emisión de planes alternativos de pensiones
4.1.1. Requisitos
4.1.1.1. Amparo
4.1.1.2. Aportes
4.1.1.3. Traslado de capital
4.1.2. Condiciones generales
4.2. Administración de fondos de pensiones de jubilación e invalidez
4.2.1. Informes diarios
4.2.2.2. Informe mensual
4.2.3. Codificación de fideicomisos o patrimonios autónomos
5. Suscripción de contratos de encargo fiduciario de inversión por parte de las entidades aseguradoras
CAPÍTULO TERCERO
Aspectos relativos a los corredores de seguros y de reaseguros
1. Reglas aplicables a los corredores de seguros
1.1. Constitución
1.2. Capital mínimo
1.3. Derogado. Superbancaria, Circular Externa 11/2004.
1.4. Financiación de primas
1.5. Concursos de méritos
2. Reglas aplicables a los corredores de reaseguros
2.1. Inscripción
2.2. Notas cobertura
3. Disposiciones comunes
3.1. Anticipos de comisiones
3.2. Regla adicional en materia de publicidad
CAPÍTULO CUARTO
Reglas relativas al registro de reaseguradores y corredores de reaseguros del exterior, Reacoex
1. Aspectos generales
1.1. Objeto y alcance del Reacoex
1.2. Efectos de la inscripción
1.3. Criterios aplicables para la inscripción
1.3.1. Criterio para la inscripción de una entidad reaseguradora del exterior
1.3.2. Criterio para la inscripción de un corredor de reaseguros del exterior
2. Procedimiento de inscripción
2.1. Regla relativa a los sujetos legítimos para presentar la solicitud
2.2. Reglas relativas a la solicitud
2.2.1. Contenido y forma de la solicitud de inscripción de entidades reaseguradoras del exterior
2.2.2. Contenido y forma de la solicitud de inscripción de corredores de reaseguros del exterior
2.3. Negación de la solicitud de inscripción
3. Reglas particulares de operación del registro
3.1. Remisión periódica de información
3.2. Suspensión y cancelación de la inscripción
3.3. Prácticas inseguras en la contratación e intermediación de reaseguros en el exterior
3.4. Práctica insegura en relación con la remisión de información
3.5. Publicidad y acceso
3.6. Régimen de actualización de la inscripción para Lloyd´s de Londres
3.7. Agencias calificadoras de riesgo admisibles para la inscripción y calificaciones mínimas admisibles
3.8. Retrocesiones al exterior
3.9. Principio de prudencia
CAPÍTULO QUINTO
Reglas especiales sobre gestión de riesgos en las entidades aseguradoras
Consideraciones generales
1. Aspectos generales
1.1. Obligación de adoptar sistemas especiales de administración de riesgos de seguros, Sears
1.2. Características del Sears
1.2.1. Cuantificación del riesgo
1.2.2. Cubrimiento del riesgo
1.2.3. Control de riesgos
1.3. Adopción de políticas sobre asunción de riesgos
1.3.1. Riesgo de crédito en seguros
1.3.2. Riesgo de mercado en seguros
1.3.3. Riesgo de liquidez en seguros
1.3.4. Riesgo de suscripción
1.3.5. Riesgo de insuficiencia de reservas técnicas
1.3.6. Riesgo legal en seguros
1.3.7. Riesgo operacional en seguros
1.3.8. Riesgo estratégico en seguros
1.3.9. Riesgo reputacional en seguros
2. Reglas especiales de la estructura y operación del Sears
2.1. Infraestructura
2.2. Características de las metodologías de cuantificación de los riesgos de seguros
2.3. Procesos de control y de monitoreo de riesgos
2.4. Periodicidad de la evaluación y reporte a la SBC
2.5. Facultad de objeción del Sears por parte de la SBC
 
CAPÍTULO SEXTO
Reglas relativas al registro de entidadesaseguradoras e intermediarios de seguro agropecuario del exterior RAISAX
1. Aspectos Generales
2. Procedimiento de inscripción
3. Reglas particulares de operación del Registro
CAPÍTULO SÉPTIMO
Reglas relativas al registro de aseguradoras del exterior que ofrezcan seguros asociados al transporte marítimo internacional, la aviación comercial internacional, el lanzamiento y transporte espacial, (incluyendo satélites), así como seguros que amparen mercancías en tránsito internacional, Raimat

1.Aspectos generales
1.1. Objetivo y alcance del Raimat
1.2. Efectos de la inscripción
2. Procedimiento de inscripción
2.2. Reglas relativas a la solicitud
2.2.1. Contenido y forma de la solicitud de inscripción de entidades aseguradoras del exterior
2.2.2. Régimen de inscripción para los Miembros de Lloyd's
2.3.
Agencias calificadoras de riesgo admisibles para la inscripción y calificaciones mínimas admisibles
2.4. Negativa de la solicitud de inscripción
3. Reglas particulares de operación del registro
3.1. Remisión periódica de información
3.2. Suspensión y cancelación de la inscripción
3.3. Publicidad y acceso de la información contenida en el Raimat
ANEXOS
Anexo 1 Tarifa máxima anual del seguro obligatorio de accidentes de tránsito-SOAT en salarios mínimos legales diarios vigentes a partir del 27 de noviembre de 2002
Anexo 2 Tarifa máxima anual del seguro obligatorio de accidentes de tránsito-SOAT en salarios mínimos legales diarios vigentes a partir del 1º de junio de 2003
Anexo 3 Tarifa máxima anual del seguro obligatorio de accidentes de tránsito-SOAT en salarios mínimos legales diarios vigentes a partir del 1º de diciembre de 2003
Anexo 4 Tabla colombiana de mortalidad de los asegurados
Anexo 5 Tabla de mortalidad de rentistas
Anexo 6 Tabla de invalidez de activos
Anexo 7 Tabla de mortalidad de inválidos
Anexo 8 Tablas de mortalidad para la población del servicio social complementario de Beneficios Económicos Periódicos – BEPS
Anexo 9 Nota técnica del ramo de seguros del servicio social complementario de beneficios económicos periódicos, BEPS - Primas por recaudar
Anexo 10 Provisión primas por recaudar
Anexo 11 Reserva técnica de riesgo en curso
Anexo 12 Reserva matemática
Anexo 13 Resultado técnico y estadístico
Anexo 14 Balance general consolidado comparativo
Anexo 15 Anexo balance general consolidado-Activo
Anexo 16 Anexo balance general consolidado-Pasivo y patrimonio
Anexo 17 Estado de resultados consolidado comparativo
Anexo 18 Anexo estado de resultados consolidado comparativo
Anexo 19 Balance general comparativo-Entidades aseguradoras
Anexo 20 Estado de resultados comparativo-Entidades aseguradoras
Anexo 21 Inversiones-Entidades aseguradoras
Anexo 22 Balance general comparativo-Sociedades de capitalización
Anexo 23 Estado de resultados comparativo-Sociedades de capitalización
Anexo 24 Balance general comparativo-Sociedades corredoras de seguros y reaseguros
Anexo 25 Estado de resultados comparativo-Sociedades corredoras de seguros y reaseguros
Anexo 26 Estado anual de ingresos y egresos-SOAT
Anexo 27 Nómina de reaseguradores
Anexo 28 Reporte de cúmulos del seguro de terremoto
Anexo 29 Reserva para siniestros avisados
Anexo 30 Reserva para siniestros pendientes no avisados seguros provisionales de invalidez y sobrevivencia
Anexo 31 Inversiones obligatorias en TRD-Ley 546 de 1999
Anexo 32 Reservas técnicas de seguros
Anexo 33 Capital mínimo de funcionamiento
Anexo 34 Información estadística de afiliados-Sistema general de riesgos profesionales
Anexo 35 Información estadística de prestaciones-Sistema general de riesgos profesionales
Anexo 36 Número de pensionados por sobrevivencia-Sistema general de riesgos profesionales
Anexo 37 Estado de ingresos y egresos y movimientos del fondo del 5%
Anexo 38 Número de pensionados por invalidez-Sistema general de riesgos profesionales
Anexo 39 Formulario de afiliación
Anexo 40 Anexo al formulario de afiliación
Anexo 41 Beneficiarios de trabajadores afiliados
Anexo 42 Novedades-Ingreso y retiro de trabajadores
Anexo 43 Novedades empleador-Centro de trabajo
Anexo 44 Formulario de autoliquidación de aportes-Sistema general de riesgos profesionales
Anexo 45 Comprobante para el pago de aportes-Sistema general de riesgos profesionales
Anexo 46 Declaración del control de ley margen de solvencia-Seguros
Anexo 47 Declaración del control de ley-Defecto de inversión de las reservas técnicas
Anexo 48 Declaración del control de ley margen de solvencia-Sociedades de capitalización
Anexo 49 Base gravable del impuesto de industria y comercio-Compañía de seguros y reaseguradoras
Anexo 50 Base gravable del impuesto de industria y comercio-Sociedades de capitalización
Anexo 51 Contratos aceptados
Anexo 52 Otros instrumentos computables para inversiones de las reservas
Anexo 53 Pólizas expedidas
Anexo 54 Siniestros pagados
Anexo 55 Cotización seguro vehículos-Individual servicio particular
Anexo 55(sic) Cálculo de la reserva matemática para los ramos de seguros que generan el pago de una pensión o renta
Anexo 56 Cálculo del patrimonio adecuado-margen de solvencia y patrimonio técnico
Anexo 57 Declaración del control de ley patrimonio adecuado-Seguros
Anexo 58 Declaración del control de ley-Defecto de inversión de las reservas técnicas
Anexo 59 Otros instrumentos computables para inversiones de las reservas
Anexo 60 Estructura de contratos de reaseguro automáticos proporcionales
Anexo 61 Estructura contratos de reaseguro automáticos no proporcionales
Anexo 62 Nómina de reaseguradores-Contratos de reaseguro proporcionales y no proporcionales
Anexo 63 Primas aceptadas en reaseguro
Anexo 64 Primas cedidas en reaseguro
Anexo 65 Reaseguradores y compañías cedentes del exterior no listados
Anexo 66 Cesión de reaseguro-Garantía única de cumplimiento
Anexo 67 Saldos cuenta corriente y reserva para siniestros parte reaseguradores
Anexo 68 Riesgos seguros terremotos
TÍTULO SÉPTIMO
Entidades cooperativas
Páginas 1- 2- 3
CAPÍTULO PRIMERO 1. Régimen de publicidad de los entes cooperativos
CAPÍTULO SEGUNDO1. Conversión de las cooperativas de ahorro y crédito vigiladas por la Superintendencia de la Economía Solidaria en cooperativas financieras
1.1. Procedimiento
1.2. Documentos anexos a la petición de conversión en cooperativa financiera
1.3. No autorización de la conversión
2. Especialización de las cooperativas multiactivas o integrales con sección de ahorro y crédito vigiladas por la Superintendencia de la Economía Solidaria en cooperativas financieras
2.1. Término
2.2. Alternativas para la especialización
2.3. Plazo para el cumplimiento del plan de ajuste
2.4. Documentos anexos a la petición de especialización en cooperativa financiera
2.5. Requisitos que debe cumplir la nueva cooperativa financiera producto de la especialización
2.6. No autorización de la especialización
3. Cooperativas exceptuadas de convertirse o especializarse
TÍTULO OCTAVO
Instrucciones relativas a la constitución, administración, gestión y distribución de fondos de inversión colectiva

Páginas
1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24
Capítulo I: Disposiciones generales.Disposiciones generales
Capítulo II: Esquema para la autorización de familias de fondos de inversión colectiva.1. Autorización familias de fondos de inversión colectiva.
2. Tipos de familias de fondos de inversión colectiva.
Capítulo III: Constitución y administración de fondos de inversión colectiva y familias de fondos de inversión colectiva.1. Acreditación de requisitos aplicables a las sociedades administradoras de fondos de inversión colectiva.
2. Requisitos de autorización de FICs y familias de FICs.
3. Obligaciones de revelación de información.
4. Informe de rendición de cuentas de la sociedad administradora.
5. Cálculo de los montos de suscripciones.
6. Operaciones de reporto o repo, simultáneas y de transferencia temporal de valores, operaciones de derivados, y operaciones apalancadas.
Capítulo IV: Gestión fondos de inversión colectiva1. Delegación de la actividad de gestión de FICs
Capítulo V: Distribución de fondos de inversión colectiva1. Medios autorizados para realizar la distribución de FIC.
2. Deber de asesoría especial.
3. Obligaciones adicionales de los distribuidores especializados de fondos de inversión colectiva.
4. Requerimientos especiales para los sujetos promotores que componen la fuerza de ventas.
5. Reglamento de funcionamiento de la cuenta ómnibus.
Capítulo VI: Fondos de capital privado1. Reglas especiales para los fondos de capital privado.
Capítulo VII: Fondos de inversión colectiva inmobiliarios1. Destinación de los inmuebles y proyectos inmobiliarios en los que deben invertir los fondos de inversión colectiva inmobiliarios que formen parte de una familia de fondos de inversión colectiva.
2. Inversión en acciones o cuotas de interés social emitidas por compañías extranjeras listadas en bolsas de valores internacionales, cuyo objeto exclusivo sea la inversión en bienes inmuebles o en proyectos inmobiliarios, o ambos.
3. Determinación del valor del aporte en especie de bienes inmuebles y derechos fiduciarios.
4. Valoración de los FIC inmobiliarios.
ANEXOSAnexo 1: Contenido mínimo del reglamento para fondos de inversión colectiva abiertos.
Anexo 2: Contenido mínimo del reglamento para fondos de inversión colectiva abiertos con pacto de permanencia.
Anexo 3: Contenido mínimo del reglamento para fondos de inversión colectiva cerrados.
Anexo 4: Contenido mínimo del reglamento marco de las familias de fondos de inversión colectiva.
Anexo 5: Contenido mínimo de los prospectos.
Anexo 6: Instructivo y formato de la ficha técnica

 




 
 
 
TÍTULO NOVENO
Intermediación en el mercado de valores
Páginas 1- 2- 3- 4- 5- 6- 7- 8- 9- 10
CAPÍTULO PRIMERO
Consideraciones generales
CAPÍTULO SEGUNDO
Principios aplicables a la realización de las políticas y procedimientos de los intermediarios de valores
1. Énfasis en el conocimiento del cliente
2. Generación de una cultura de cumplimiento
3. Consistencia de las políticas y procedimientos
4. Énfasis en el profesionalismo de los intermediarios de valores
5. Énfasis en la revelación de políticas y procedimientos
6. Estructura organizacional
CAPÍTULO TERCERO
Intermediación en el mercado mostrador
1. Definición
2. Obligación de registro
2.1. Operaciones objeto de registro
2.2. Afiliación obligatoria a un sistema de registro de operaciones sobre valores
2.3. Requisitos para el afiliado a un sistema de registros de operaciones sobre valores
2.4. Plazo para reportar las operaciones ejecutadas

2.5. Reporte de las operaciones ejecutadas
2.6. Demostración de las condiciones de las operaciones
2.7. Procedimiento de reporte de las operaciones
2.8. Información mínima a reportar
2.9. Reglas particulares para operaciones repo, simultáneas y de transferencia temporal de valores
2.10. Proceso de complementación
2.11. Compensación y liquidación de operaciones registradas
2.12. Reporte de la hora de ejecución de las operaciones
2.13. Modificaciones y anulaciones de registros
3. Transparencia en las operaciones objeto de registro
3.1. Operaciones de crédito público y de manejo de deuda realizadas con la Nación
3.2. Momento de diseminación de la información de las operaciones objeto de registro
4. Manuales y procedimientos respecto operaciones en el mercado mostrador
4.1. Cumplimiento de deberes consagrados para quienes tengan calidad de clientes inversionistas
5. Régimen aplicable al registro de operaciones sobre instrumentos financieros derivados
CAPÍTULO CUARTO
Libro electrónico de registro de órdenes y principios para el procesamiento de órdenes de sociedades comisionistas de valores
1. Principios a seguir en el procesamiento de órdenes
2. Sistema electrónico de registro de órdenes sobre valores
CAPÍTULO QUINTO
Reglas relativas al funcionamiento de los sistemas electrónicos de ruteo de órdenes
1. Definiciones
2. Ámbito de aplicación
3. Agentes autorizados para el ofrecimiento y uso de sistemas electrónicos de ruteo de órdenes
4. Valores y operaciones
5. Requerimientos aplicables a las sociedades comisionistas de bolsa de valores
5.1. Requisitos previos
5.2. Reglamentos y manuales
5.2.1. Previos al acceso electrónico directo
5.2.2. Flujo de información
5.2.3. Sistemas y controles
5.3. Disponibilidad de recursos
5.4. Deberes de las sociedades comisionistas de bolsa de valores
5.5. Contenido mínimo de los contratos
5.6. Condiciones de operación de los sistemas electrónicos de ruteo de órdenes
6. Supervisión
7. Requerimientos aplicables a los administradores de sistemas de negociación de valores y a las bolsas de valores
7.1. Requisitos previos
7.2. Requisitos de funcionamiento
7.3. Información de los sistemas de negociación de valores y de la bolsa de valores
CAPÍTULO SEXTO
Instrucciones relativas a la actividad de custodia de valores
1. Ámbito de aplicación
2. Proceso de autorización
3. Estándares especiales aplicables a los sistemas del custodio de valores
4. Obligaciones del custodio de valores
5. Contratos
6. Sub-custodia de valores ubicados en el exterior
7. Reglas relativas a la administración de riesgos
8. Documentación
9. Información a los custodiados
10. Estándares especiales para los proveedores de infraestructura
11. Órganos de control


TÍTULO DÉCIMO
Disposiciones especiales relativas a las operaciones de las entidades señaladas en el parágrafo tercero del artículo 75 de la Ley 964 de 2005 y de los emisores de valores
CAPÍTULO PRIMEROEmisión de bonos de las sociedades comisionistas de bolsa
CAPÍTULO SEGUNDOPrácticas no autorizadas e inseguras de los emisores de valores
CAPÍTULO TERCEROPrácticas inseguras y no autorizadas de las entidades relacionadas en los numerales 1º y 3º del parágrafo tercero del artículo 75 de la Ley 964 de 2005
CAPÍTULO CUARTOContenido de los comprobantes de liquidación
CAPÍTULO QUINTOOperaciones de democratización realizadas a través de bolsa
CAPÍTULO SEXTOPólizas de seguro
CAPÍTULO SÉPTIMOListado de valores extranjeros en los sistemas de cotización de valores del extranjero
CAPÍTULO OCTAVOListado de valores extranjeros en los sistemas de cotización de valores del extranjero mediante acuerdos o convenios de integración de bolsas de valores
CAPÍTULO NOVENOJurisdicción aplicable a la obligación de la entidad extranjera
CAPÍTULO DÉCIMOEjercicio de derechos sociales por parte de inversionistas extranjeros en valores locales , Inscritos en el RNVE
CAPÍTULO DÉCIMO PRIMEROInstrucciones para el desarrollo de la actividad de formadores de liquidez del mercado de valores

Circular Básica Jurídica 7 de 1996

Circulares Externas Modificatorias

TÍTULO I
Aspectos generales
 TÍTULO II
Instrucciones generales relativas a las operaciones comunes a los establecimientos de crédito
CAPÍTULO I
Organización
199714 (Mar. 21)CAPÍTULO I
Instrucciones generales relativas a las operaciones activas de crédito comunes a los establecimientos de crédito
199615 (Feb. 23)
41 (Mayo 29)
200621(Jul. 12)199729 (Mayo 8)
47 (Jul. 25)
55 (Ago. 8)
64 (Sept. 16)
200731(Mayo 17)200060 (Ago. 1º)
CAPÍTULO II
Régimen patrimonial
199641 (Mayo 29)200346 (Dic. 23)
200058 (Jul. 27)20042 (Ene. 13)
CAPÍTULO III
Órganos de administración, dirección y control
20037 (Feb. 25)200752 (Oct. 25)
200447 (Nov. 29)200929 (Jul. 17)
200528 (Sep. 20)  
200731(Mayo 17)CAPÍTULO II
Instrucciones generales relativas a las garantías
199714 (Mar. 21)
17 (Abr. 14)
200854 (Oct. 21)  
CAPÍTULO V
Oficinas de representación
199678 (Nov. 1º)199820 (Mar. 9)
199714 (Mar. 21)CAPÍTULO III
Operaciones en moneda extranjera de los establecimientos de crédito
199670 (Oct. 18)
199888 (Dic. 4)200029 (Abr. 7)
200038 (Mayo 10)
65 (Ago. 25)
77(Nov. 30)
200332 (Jun. 27)
200154 (Nov. 16)CAPÍTULO IV
Instrucciones generales relativas a las operaciones pasivas
199887 (Dic. 1º)
200243 (Sep. 30)
52 (Dic. 20)
  
200537 (Oct. 14)199952 (Ago. 23)
   200226 (Mayo 17)
CAPÍTULO VI
Reglas relativas a la competencia y a la protección del consumidor
199714 (Mar. 21)
69 (Nov. 7)
20098 (Mar. 25)
19987 (Ene. 23)CAPÍTULO V
Régimen de horarios
199688 (Nov. 27)
200446(Nov. 26)200622 (Jul. 19)
200523(Ago. 3)
40 (Oct. 27)
  
20065 (Mayo 22)
40 (Dic. 22)
45 (Dic. 22)
  
200715 (Mar. 22)   
200848 (Sep. 19)TÍTULO III
Disposiciones especiales relativas a las operaciones de los establecimientos de crédito en particular
CAPÍTULO VII
Bienes e inversiones de las entidades vigiladas
199641 (Mayo 29)CAPÍTULO PRELIMINAR199672 (Oct. 21)
75 (Oct. 31)
84 (Nov. 19)
19988 (Ene. 23)
60 (Ago. 6)
200246 (Oct. 29)
200540 (Oct. 27)  
CAPÍTULO VIII
Operaciones comunes a las entidades vigiladas
199641 (Mayo 29)  
199923 (Abr. 22)  
200540 (Oct. 27)  
200717(Mar-30)CAPÍTULO I
Disposiciones especiales relativas a las operaciones de los establecimientos bancarios
199641 (Mayo 29)
CAPÍTULO IX
Obligaciones especiales de las entidades vigiladas
199661 (Jul. 19)200345 (Dic. 17)
199714 (Mar. 21)
20 (Abr. 21)
33 (Mayo 19)
CAPÍTULO II
Disposiciones relativas a las corporaciones financieras
199641 (Mayo 29)
19989 (Ene. 28)
25 (Abr. 15)
52 (Jul. 13)
CAPÍTULO III
Disposiciones especiales relativas a las compañías de financiamiento comercial
  
199913 (Feb. 15)
35 (Jun. 18)
CAPÍTULO IV
Disposiciones aplicables a los créditos de vivienda
199641 (Mayo 29)
83 (Nov. 18)
200246 (Oct. 29)
200518(Jun. 29)200085 (Dic. 29)
200914(Mayo 19)
CAPÍTULO X
Actuaciones ante la Superintendencia Bancaria
199720 (Abr. 21)20012 (Ene-11)
200164 (Dic. 28)
65 (Dic. 28)
CAPÍTULO V
Disposiciones especiales relativas a las casas de cambio
199641 (Mayo 29)
20037 (Feb. 25)200332 (Jun. 27)
36 (Ago. 29)
200527(Sep. 20)
30(Sep. 22)
37 (Oct. 14)
200731(Mayo 17)
201016 (Jun. 30)   
CAPÍTULO XI
Instrucciones relativas a la administración del riesgo de lavado de activos y de la financiación del terrorismo
200246 (Oct. 29)
49 (Dic. 4)
CAPÍTULO VI
Instrucciones especiales aplicables a las entidades de desarrollo de los entes territoriales
199825 (Abr. 15)
200325 (Jun. 10)CAPÍTULO VII
Reglas relativas a la protección de los usuarios de las operaciones de cobertura de créditos individuales de vivienda a largo plazo
20035 (Feb. 12)
200434 (Ago. 27)
40 (Oct. 5)
CAPÍTULO VIII
Reglas relativas a la protección de los usuarios de las operaciones de leasing habitacional
200322 (Jun. 8)
20061 (Ene. 27)
4 (Mayo 2)
200438 (Sep. 20)
200826 (Jun. 27)CAPÍTULO IX
Reglas relativas a los servicios financieros prestados por los establecimientos de crédito a través de corresponsales
200626 (Ago. 4)
20093 (Feb. 27), 8 (Mar. 25), 9 (Abr. 1).   
CAPÍTULO XII
Requerimientos mínimos de seguridad y calidad en el manejo de información a través de medios y canales de distribución de productos y servicios
200752(Oct. 25)   
CAPÍTULO XIII
Instrucciones en materia de prevención y control de lavado de activos y de la financiación del terrorismo a los emisores no sometidos a inspección y vigilancia de la SFC
200762(Dic. 14)   
200860 (Dic. 18)   
CAPÍTULO XIV
Sistema de atención al consumidor financiero
201015 (Jun. 30) 
TÍTULO IV
Entidades administradoras de pensiones y cesantías
TÍTULO V
Disposiciones especiales relativas a las operaciones de las sociedades fiduciarias, almacenes generales de depósito y fondos ganaderos
CAPÍTULO I
Instrucciones generales relacionadas con las entidades administradoras del sistema general de pensiones
199693 (Dic. 30)CAPÍTULO PRELIMINAR
Requisitos para la vinculación de clientes a través de diferentes negocios fiduciarios
199681 (Nov. 13)
199710 (Mar. 7)199731 (Mayo 15)
38 (Jun. 18)
199819 (Mar. 4)199880 (Nov. 11)
200418 (Mayo 30)  
200620(Jul. 12)  
CAPÍTULO II
Instrucciones relacionadas con las sociedades administradoras del régimen de ahorro individual con solidaridad
200025 (Mar. 30)
34 (Abr. 28 )
40 (Mayo 12)
CAPÍTULO I
Operaciones autorizadas a las sociedades fiduciarias
199641 (Mayo 29)
95 (Dic. 30)
200428 (Jul. -27)199751 (Jul. 31)
200644(Dic. 22)20019 (Mar. 16)
200743 (Jun. 29)200336 (Ago. 29)
200855 (Oct. 31)  
CAPÍTULO III
Disposiciones relacionadas con las sociedades administradoras de fondos de pensiones y cesantías
200513(Mayo 23)200432 (Ago. 9)
200644 (Dic. 22)20053 (Feb. 21)
200743(Jun. 29)200713(Mar. 1)
17 (Mar. 30)
200855 (Oct. 31)200846 (Sep. 3)
 200955 (Dic. 22)   
 20103(Ene. 21)   
CAPÍTULO IV
Régimen de inversión de los recursos de los fondos de pensiones obligatorias
199641 (Mayo 29)CAPÍTULO II
Operaciones de los almacenes generales de depósito
199641 (Mayo 29)
  199726 (Abr. 30)
199760 (Ago. 29)199825 (Abr. 15)
199913 (Feb. 15)
55 (Sep. 13)
20071955(Oct. 31)
20001 (Ene. 3)  
200110 (Mar. 20)
25 (Jun. 15)
26 (Jun. 22)
  
200218 (Abr. 3)
27 (Mayo 17)
CAPÍTULO III
Disposiciones comunes para las sociedades de servicios financieros
200717 (Mar. 30)
200413 (Mar. 19)CAPÍTULO IV
Disposiciones especiales relativas a los fondos ganaderos
199772 (Dic. 26)
200534 (Oct. 14)   
200717 (Mar. 30)
20 (Abr. 11)
24 (Abr. 23)
   
20085 (Feb. 14)
8 (Mar. 26)
33 (Ago. 4)
50 (Oct. 15)
   
200936(Sep. 28)   
  59 (dic. 30)   
CAPÍTULO V
Conocimiento del cliente en los fondos de pensiones voluntarias, de los afiliados independientes a los fondos de cesantías y de las personas que realicen aportes voluntarios a los fondos de pensiones obligatorias
19986 (Ene. 22)   
200246 (Oct. 29)   
CAPÍTULO VI
Disposiciones relacionadas con los patrimonios autónomos o encargos fiduciarios que constituyan las entidades territoriales, sus descentralizadas y Ecopetrol para garantizar el cumplimiento de determinadas obligaciones pensionales
199951 (Ago. 10)   
CAPÍTULO VII
Disposiciones relativas a la administración de fondos de pensiones voluntarias
200617 (Jul. 5)
40 (Dic. 22)
   
200742 (Jun. 29)   
 20103 (Ene. 21)   
CAPÍTULO VIII
Disposiciones relativas al régimen de inversiones de los fondos de pensiones de jubilación e invalidez voluntarios (fondos de pensiones voluntarias)
200834 (Ago. 4)
52 (Oct. 15)
   
CAPÍTULO IX
Disposiciones relativas al régimen de inversiones de los fondos de cesantía
200832 (Ago. 4)
51 (Oct. 15)
   
TÍTULO VI
Capitalización, seguros e intermediarios
TÍTULO VII
Entidades cooperativas
CAPÍTULO PRELIMINAR19985 (Ene. 22)CAPÍTULO I
Régimen de publicidad de los entes cooperativos
199878 (Nov. 4)
199924 (Abr. 22)
57 (Sep. 27)
CAPÍTULO II
Conversión de las cooperativas de ahorro y crédito vigiladas por la Superintendencia de la Economía Solidaria en cooperativas financieras
199878 (Nov. 4)
200246 (Oct. 29)   
CAPÍTULO I
Disposiciones especiales aplicables a las sociedades capitalizadoras
19985 (Ene. 22)   
200252 (Dic. 20)   
201013 (Jun. 18)   
CAPÍTULO II
Disposiciones especiales aplicables a las entidades aseguradoras y reaseguradoras
199621 (Mar. 15)
31 (Abr. 2)
SB-80 SNS-19 (Nov. 7)
   
19984 (Ene. 22)
71 (Oct. 1º)
91 (Dic. 23)
   
199942 (Jul. 7)
65 (Nov. 9)
70 (Nov. 29)
76 (Dic. 23)
   
20001º (Ene. 3)   
200145 (Oct. 11)   
200317 (Mayo 29)   
200441 (Oct. 7)   
200543 (Nov. 18)   
20051 (Dic. 7)   
200631 (Sep. 19)   
20094 (Feb. 27)
5 (Mar. 2)
   
CAPÍTULO III
Aspectos relativos a los corredores de seguros y de reaseguros
199641 (Mayo 29)
43 (Mayo 30)
   
200411 (Mar. 19)   
CAPÍTULO IV
Reglas relativas al registro de reaseguradores y corredores de reaseguros del exterior, Reacoex
     
CAPÍTULO V
Reglas especiales sobre gestión de riesgos en las entidades aseguradoras
200252 (Dic. 20)   
20038 (Feb. 26)
13 (Mayo 12)
17 (Mayo 29)
   
200543 (Nov. 18)   
ANEXOS20063 (Mar. 31)
8 (Mayo 22)
36 (Nov. 14)
38 (Dic. 18)
   
2007 16 (Mar. 30)
17 (Mar. 30)
59 (Nov. 19)
65 (Dic. 28)
   
2008 2 (Ene. 24)    
2009 11 (Abr. 30)
12 (Abr. 30)
24 (Jul. 1º)
   
 201010 (Mayo 31) 
TÍTULO VIII
Instrucciones sobre la administración y gestión de carteras colectivas
TÍTULO IX
Intermediación en el mercado de valores
CAPÍTULO I
Ámbito de aplicación
200754 (Oct. 30)CAPÍTULO I
Consideraciones generales
2008 19 (Jun. 5)
CAPÍTULO II
Constitución, administración y gestión de carteras colectivas
2007 54 (Oct. 30) CAPÍTULO II
Principios aplicables a la realización de las políticas y procedimientos de los intermediarios de valores
2008 19 (Jun. 5)
CAPÍTULO III
Fondos de capital privado
2007 54 (Oct. 30) CAPÍTULO III
Intermediación en el mercado mostrador
2008 19 (Jun. 5)
29 (Jul. 17)
   200947 (Nov. 19)
CAPÍTULO IV
Otras disposiciones
2007 54 (Oct. 30) CAPÍTULO IV
Libro electrónico de registro de órdenes y principios para el procesamiento de órdenes de sociedades comisionistas de valores
2008 19 (Jun. 5)
29 (Jul. 17)
CAPÍTULO V
ANEXOS
2007 54 (Oct. 30)   

Circular Externa 7 de 1996

TÍTULO I

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TÍTULO PRIMERO-Aspectos generales

CAPÍTULO PRIMERO-Organización

1. Constitución de entidades vigiladas

1.1. Capitales mínimos

Los capitales mínimos para la constitución de instituciones sometidas al control y vigilancia de la Superintendencia Bancaria son los establecidos en el artículo 80, numeral 1º del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, los cuales son reajustables el primero de enero de cada año en forma automática en el mismo sentido y porcentaje en que varíe el índice de precios al consumidor que suministra el DANE.

1.2. Documentación requerida

Con el fin de contar con suficientes elementos de juicio que permitan evaluar el carácter, la responsabilidad y la idoneidad de los inversionistas, además de su capacidad patrimonial, al acta de organización se acompañarán los siguientes documentos:

a) Nombre y documento de identidad de los futuros accionistas o asociados, directores o miembros del consejo de administración y del representante(s) legal(es) o gerente(s). Si alguno o algunos de los otorgantes es una persona jurídica debe identificarse con el NIT, adjuntando un certificado actualizado sobre su existencia y representación legal, una copia de los estatutos vigentes, acreditando, además, que conforme a su objeto social cuenta con capacidad jurídica para realizar la inversión. Cuando se trate de una institución sometida al control de la Superintendencia Bancaria bastará su mención;

b) Justificación de la fuente u origen de los recursos que se destinarán a la constitución de la institución, indicando la parte del capital que cada uno de los aspirantes cubrirá;

c) Inversiones de capital que los interesados (constituyentes) mantengan en instituciones financieras, así:

1. Directamente o por conducto de sus cónyuges o parientes dentro del 4º grado de consanguinidad, 2º de afinidad o único civil.

2. A través de personas jurídicas en las que los suscriptores del acta, directamente o por intermedio de las personas a ellos relacionadas según los términos del literal precedente, posean el 20% o más del capital social, o cuando dicho porcentaje sea poseído por conducto de sociedades matrices o subordinadas de éstas o de aquellas que participarían en la constitución.

3. Tratándose de personas jurídicas, las que posean éstas directamente o por intermedio de su matriz o de sus subordinadas o de las subordinadas de éstas;

d) Endeudamiento de los otorgantes y de las personas mencionadas en el numeral precedente con el sector financiero;

e) Declaraciones de renta de los potenciales constituyentes correspondientes a los tres (3) últimos años gravables y copia de los estados financieros correspondientes a los tres (3) últimos ejercicios más recientes, debidamente certificados y acompañados de las notas a los estados financieros, así como del dictamen e informe del revisor fiscal, si lo hubiere;

f) Si entre los aspirantes hay personas jurídicas deberá indicarse el nombre de sus administradores, de sus representantes legales y de las personas naturales o jurídicas que, directa o indirectamente, posean el 5% o más del capital social. Para la aplicación del porcentaje señalado, se acumularán las participaciones de personas vinculadas entre sí por matrimonio, parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o único civil, o las que posean personas jurídicas en las que los socios referidos o cualquiera de las personas anteriormente mencionadas cuenten con el 20% o más del capital social. Con la indicación de los nombres de los socios precitados se adjuntará copia de sus estados financieros más recientes y de la declaración de renta correspondiente al último ejercicio fiscal;

g) Hoja de vida de los futuros constituyentes, si son personas naturales, y de los administradores, representantes legales y socios que posean el 5% o más de su capital, si son personas jurídicas, utilizando para el efecto los formatos diseñados para posesiones por la Superintendencia Bancaria;

h) Para efectos de evaluar las condiciones personales y profesionales del inversionista extranjero, además de cumplir con las exigencias generales señaladas, se deberá adjuntar la

TÍTULO I

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autorización del organismo competente en el país de origen, en el que conste que puede efectuar la inversión, si fuere el caso.

Los documentos otorgados en el exterior deben ser presentados ante el cónsul colombiano y, en su defecto, ante el cónsul de una Nación amiga, y legalizados ante el Ministerio de Relaciones Exteriores. Si están otorgados en idioma extranjero se acompañarán de la traducción oficial correspondiente;

i) Estudio de factibilidad que demuestre la viabilidad de la entidad que se constituiría, así como las razones que la sustentan. El mismo deberá contemplar una proyección de la entidad a cinco (5) años, y

j) A la solicitud respectiva se deberá acompañar autorización escrita de los interesados tendiente a permitir que la Superintendencia Bancaria requiera de las autoridades respectivas sus antecedentes judiciales o de policía, disciplinarios o profesionales conforme lo indica el artículo 17 del Decreto 2150 de 1995.

1.3. Condiciones específicas para la constitución de las entidades administradoras del régimen de ahorro individual

La constitución de las entidades administradoras del régimen de ahorro individual deberá someterse a las presentes instrucciones, debiendo tenerse en cuenta que la autorización que imparta esta superintendencia para el funcionamiento de una sociedad administradora de pensiones, o de una sociedad administradora de pensiones y cesantía, no implica de suyo autorización para administrar el respectivo fondo, la cual se otorgará una vez se acredite la capacidad técnica, humana y administrativa necesaria y se apruebe el reglamento del fondo.

Es pertinente aclarar que las sociedades administradoras de fondos de cesantía actualmente existentes que deseen administrar un fondo de pensiones están obligadas a solicitar y a obtener previamente de esta superintendencia el permiso correspondiente, para lo cual deberán acreditar el cumplimiento de los requisitos contenidos en los siguientes ítem, relativos a capital mínimo, capacidad patrimonial, estudio de factibilidad e infraestructura técnica, administrativa y humana.

a) Constitución

Las sociedades administradoras de fondos de pensiones y las sociedades administradoras de fondos de pensiones y de cesantía deberán constituirse como sociedades anónimas o entidades cooperativas, de acuerdo con lo dispuesto en el literal a) del artículo 91 de la Ley 100 de 1993, en concordancia con el artículo 53 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, efecto para el cual se seguirá el procedimiento consagrado en la última norma mencionada;

b) Capital mínimo

Para que las sociedades administradoras de fondos de pensiones puedan administrar uno de tales fondos, deberán acreditar al momento de su constitución un capital mínimo equivalente al 50% del capital mínimo exigido para la constitución de una corporación financiera, en los términos del literal b) del artículo 91 de la Ley 100 de 1993, el cual respaldará exclusivamente el desarrollo del negocio de administración de fondos de pensiones.

Para efectos del cumplimiento de este requisito, la Superintendencia Bancaria podrá tomar en consideración las sumas que registren las sociedades administradoras de fondos de pensiones y de cesantía, en sus balances con corte al último día del mes inmediatamente anterior, por encima de las mínimas exigidas para administrar un fondo de cesantía. En todo caso la superintendencia verificará que se esté dando cumplimiento al margen de solvencia establecido para el efecto, y que con el mencionado cómputo de anteriores capitalizaciones no se esté poniendo en peligro inmediato el cumplimiento de dicho margen.

Así mismo, se tendrá en cuenta la reserva legal y el monto de la prima de colocación de acciones si la hubiere.

Las sociedades administradoras de fondos de pensiones y de cesantía que se constituyan deberán acreditar un capital social mínimo equivalente a la sumatoria del capital señalado en el presente literal y del capital mínimo exigido para la constitución de una sociedad de servicios financieros;

c) Documentación general

Con el fin de contar con suficientes elementos de juicio que permitan evaluar, además del carácter, idoneidad y responsabilidad de los inversionistas, su capacidad patrimonial, es preciso que se remita la documentación exigida por esta superintendencia en el numeral 1.2 del presente capítulo.

Tratándose de sociedades administradoras de fondos de pensiones y de cesantías, actualmente existentes, deberá remitirse la información concerniente a la capacidad patrimonial de los inversionistas para suscribir las nuevas acciones o aportes solidarios. En lo relacionado con el carácter, idoneidad y responsabilidad de sus accionistas, solo deberá enviarse la documentación correspondiente a aquellas personas que hayan ingresado a la sociedad con posterioridad a su constitución y que por poseer un porcentaje inferior al 10% no requirieron de la respectiva autorización de la Superintendencia Bancaria.

Todo lo anterior, sin perjuicio de que aún los inversionistas constituyentes que pretendan incrementar su participación social deban tramitar las autorizaciones a que haya lugar de conformidad con las disposiciones vigentes.

TÍTULO I

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d) Infraestructura técnica

Las sociedades administradoras de fondos de pensiones y las administradoras de fondos de pensiones y cesantías que pretendan constituirse, así como las sociedades administradoras de fondos de cesantía actualmente existentes que decidan administrar un fondo de pensiones, deberán demostrar que cuentan con una infraestructura técnica adecuada, lo cual implica que por lo menos se presente la siguiente información, junto con la documentación correspondiente:

1. Plan informático en el cual se describan las especificaciones técnicas de los sistemas de información, equipos de cómputo y en general del ambiente informático a implantar en la entidad, debiendo establecer claramente cada una de las actividades a desarrollar, así como también el tiempo requerido para su montaje y puesta en funcionamiento.

2. Sistemas de información requeridos, debiendo describirse el plan específico de adquisición, arrendamiento o desarrollo de los sistemas de información que se relacionan más adelante, indicando los tiempos requeridos para su instalación y puesta en funcionamiento. Estos sistemas deberán tener capacidad para operar en forma integrada y deberán permitir la generación de los reportes e informes requeridos por esta superintendencia, siguiendo las especificaciones técnicas definidas para tal fin. Para el efecto, se tomarán en cuenta transitoriamente las reglas aplicables a las sociedades administradoras de fondos de cesantías.

Los siguientes son los sistemas de información básicos necesarios para el funcionamiento de un fondo de pensiones, los cuales se enuncian sin perjuicio de los requeridos para el funcionamiento administrativo de la entidad como tal (por ejemplo el sistema de gestión administrativa y financiera):

• Sistema de gestión contable

• Sistema para la valoración diaria del portafolio de inversiones de los fondos y de la administradora

• Sistema para el manejo de afiliados y beneficiarios, el cual, entre otros aspectos, debe contemplar:

— Manejo y registro de afiliados y sus beneficiarios

— Recaudo de los aportes

— Registro y manejo de aportes obligatorios

— Registro y manejo de aportes voluntarios

— Manejo de comisiones

— Manejo de bonos pensionales

— Manejo de acciones de cobranza

— Manejo de traslados

— Manejo de retiros

• Sistema para el manejo de pensiones

• Sistema para el manejo de información histórica

3. Equipos de cómputo que se requerirán, indicando los planes de compra y/o arrendamiento de los mismos, debiendo tenerse en cuenta por lo menos los siguientes aspectos:

• Contemplar la posibilidad de manejar en forma simultánea por lo menos quince usuarios, ya sea a través de terminales o de microcomputadores conectados en red.

• Los planes de compra y/o arrendamiento de equipos de cómputo presentados por la entidad, deberán indicar claramente el tiempo requerido para la instalación y puesta en funcionamiento de dichos equipos y de los diferentes sistemas de información que sobre ellos van a funcionar, de acuerdo con lo exigido en el subnumeral anterior.

• Para determinar la capacidad de memoria mínima requerida, se considera que cada usuario que se tenga trabajando en línea en los sistemas de información debe disponer de por lo menos 1.5 megabytes de memoria principal, para una capacidad instalada mínima de 22 megabytes de memoria principal.

• Los equipos de cómputo deberán poseer la capacidad de almacenamiento en disco requerida para manejar las operaciones propias del negocio de acuerdo con los siguientes estimativos:

Registro y manejo de afiliados y beneficiarios. Por cada cincuenta mil afiliados (50.000), se requiere mínimo de un Gigabyte (1 Gb. Mil Megabytes).

Registros contables. Para cada fondo administrado, así como para la contabilidad de la administradora, se requiere mínimo de 100 megabytes

Registro y valoración del portafolio de inversión. Por cada título incluido en el portafolio de inversión se requiere mínimo de 200 kilobytes.

Los anteriores estimativos no incluyen los requerimientos de memoria principal y almacenamiento en discos de los sistemas operacionales, bases de datos o software específico para el funcionamiento de los equipos de cómputo o sistemas de información.

• Los equipos de cómputo adquiridos o arrendados por las sociedades administradoras deberán posibilitar la capacidad de crecimiento en cuento al número de usuarios y contar con la capacidad

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de migrar hacia sistemas de cómputo de mayor capacidad o hacia nuevas plataformas tecnológicas en el evento en que se requiera. En todo caso, la capacidad de equipos deberá ser correspondiente con las proyecciones de afiliados incluidas en los estudios de factibilidad.

4. Sistema y equipos de comunicaciones, debiendo incluirse el plan de adquisición o arrendamiento de los equipos y dispositivos necesarios para comunicarse con la Superintendencia Bancaria vía módem, ya sea para transmitir información de la entidad vigilada a la Superintendencia Bancaria o viceversa. Igualmente, se deberá prever en la plataforma tecnológica seleccionada la capacidad de la misma para soportar la instalación de dispositivos y software de comunicaciones y sistemas de información necesarios, que le permitan a la Superintendencia Bancaria entrar a consultar en forma remota la información archivada en los equipos de cómputo de cada fondo y/o de cada sociedad administradora.

La plataforma tecnológica de la sociedad deberá facilitar la conexión remota de sus diferentes oficinas en el país, a través de redes de comunicación que le permitan mantener actualizada, por lo menos diariamente, la información que la superintendencia requiera.

5. Personal capacitado y entrenado para el manejo y operación tanto de los equipos de cómputo y de comunicaciones, como para los sistemas de información implantados en la organización.

6. Planes de contingencia y sistemas de respaldo y seguridad que le permitan a la entidad ante un daño grave, destrucción o robo de sus equipos de cómputo, regresar a su normal funcionamiento en un tiempo prudencial;

e) Infraestructura administrativa

Las sociedades administradoras de fondos de pensiones y las administradoras de fondos de pensiones y cesantías que pretendan constituirse, así como las sociedades administradoras de fondos de cesantías actualmente existentes que decidan administrar un fondo de pensiones, deberán demostrar que cuentan con una infraestructura administrativa adecuada, para lo cual deberán acreditar los requisitos y remitir la documentación que se señala a continuación:

1. Estructura básica administrativa

Además de la gerencia general, cada entidad deberá contar con recursos humanos o de apoyo administrativo suficientes por lo menos para las siguientes áreas: comercial, operativa, financiera, técnica, jurídica, cotrol interno, y administrativa.

2. Aspectos locativos de funcionamiento de la sociedad administradora, debiéndose describir lo referente a las áreas de trabajo y ubicación de la parte operativa de la sociedad.

3. Ubicación geográfica de la entidad, junto con las distancias relativas a las fuentes de recursos, tanto a nivel de la oficina principal como de sucursales y agencias;

f) Infraestructura humana

Las sociedades administradoras de fondos de pensiones y las administradoras de fondos de pensiones y cesantías que pretendan constituirse, así como las sociedades administradoras de fondos de cesantías actualmente existentes que decidan administrar un fondo de pensiones, deberán demostrar que cuentan con una infraestructura humana, adecuada, para lo cual deberán acreditar los requisitos y remitir la documentación que se señala a continuación:

1. Inicialmente y durante el primer año de funcionamiento del sistema general de pensiones, las administradoras deberán contar, por lo menos, con una persona capacitada para la atención de consultas por cada 10.000 afiliados. Así mismo, contar como mínimo con 1 persona capacitada para la individualización de cuentas por cada 10.000 afiliados, durante los tres primeros meses de funcionamiento de cada entidad y, en todo caso, durante todo el tiempo que resulte necesario para que se ajuste a los requerimientos legales sobre el particular.

2. Áreas de capacitación tanto del personal interno como de la fuerza de ventas, con áreas especializadas en la atención de consultas y reclamos y con áreas encargadas de administrar la permanente y oportuna cobranza de las cotizaciones obligatorias.

3. En los casos en los cuales se proyecte contratar con firmas externas el desarrollo de ciertas labores operativas, técnicas o jurídicas, deberá indicarse el tipo de apoyo que se requerirá bajo esa modalidad. En todo caso las sociedades administradoras deberán contar a nivel interno con una persona responsable del área respectiva.

4. Las personas responsables de cada una de las áreas de la entidad deberán ser de reconocida solvencia moral y profesional, y contar con una experiencia profesional o técnica en áreas afines o relacionadas no inferior a 5 años.

5. Las sociedades administradoras deberán asumir una política de selección de personal que consulte las necesidades y requerimientos de este tipo de entidades a fin de asegurar un adecuado desarrollo de las actividades que les son propias;

g) Infraestructura financiera

Las sociedades administradoras de fondos de pensiones y las administradoras de fondos de pensiones y cesantías que pretendan constituirse, así como las sociedades administradoras de fondos de cesantía actualmente existentes que decidan administrar un fondo de pensiones, deberán demostrar que cuentan con una infraestructura

TÍTULO I

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Circular Externa 21 de 2006

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financiera adecuada, para lo cual deberá remitirse un estudio de factibilidad, que comprenda, por lo menos:

1. Estudio de mercado, en el cual se analicen como mínimo los siguientes aspectos:

• La demanda actual de producto y su proyección, teniendo en cuenta la magnitud estimada para la fecha de iniciación del proyecto y para algunas fechas futuras, utilizando tres escenarios ubicados en tres años como mínimo.

• La fracción de la demanda que pretende atender el proyecto.

• Los resultados de las estimaciones correspondientes al proyecto con base en las condiciones de competencia que se presentan en el mercado.

2. Estudio financiero que contemple como mínimo:

• Las necesidades totales de capital, sin perjuicio del mínimo exigido por la ley, y el cubrimiento de la inversión fija.

• Ingresos y gastos en funcionamiento normal del proyecto, para cuya determinación se deberán señalar, con base en el estudio de mercado y utilizando los mismos escenarios, los ingresos producto de la operación del negocio, (ingresos por comisiones sustentados en el volumen de afiliados), y los ingresos provenientes de recursos de capital (intereses por inversiones). Los gastos que se registren en la proyección debe contener las erogaciones por concepto de personal, administrativos y de publicidad, así como los derivados de la amortización de las inversiones de capital.

• Punto de nivelación de ingresos y gastos calculados para el período de funcionamiento normal.

• Evaluación financiera.

• Tasa interna de retorno del proyecto, y relaciones financieras básicas, fundamentalmente los indicadores de rentabilidad y eficiencia del negocio (Margen operacional, incidencia de gastos laborales y administrativos).

• Conclusiones del estudio financiero, y

h) Iniciación de operaciones

Como quiera que la autorización para la constitución y funcionamiento de una entidad no faculta a una administradora para administrar un fondo de pensiones, sino a partir del momento en el cual se haya acreditado ante la Superintendencia Bancaria que se ha dado cumplimiento real a todos los requisitos mínimos establecidos en cuanto a capacidad humana, técnica y administrativa y cuente con la aprobación del reglamento del respectivo fondo, la iniciación de operaciones de las administradoras de fondos de pensiones y de cesantía se someterá a la previa aprobación de la Superintendencia Bancaria la cual se obtendrá en dos etapas:

Etapa inicial. Para la cual deberá remitirse la información y documentación prevista en el presente numeral, la cual será verificada por la superintendencia, a fin de establecer el cumplimiento de las exigencias señaladas.

Etapa final. Obtenida la autorización inicial, se demostrará que se cuenta en la práctica con la capacidad adecuada, según las especificaciones iniciales.

Obtenidas estas aprobaciones, así como la del reglamento del respectivo fondo, éste podrá entrar en funcionamiento y, por lo tanto, la administradora podrá empezar a recibir afiliados.

1.4. Información adicional

El Superintendente Bancario podrá solicitar adicionalmente toda la información y datos complementarios que permitan analizar suficientemente la idoneidad, responsabilidad y solvencia moral de las personas que soliciten la autorización.

1.5. Condiciones específicas para la constitución de las secciones especializadas de ahorro y crédito de las cajas de compensación familiar

a) Constitución: De acuerdo con la Ley 920 de 2004 las cajas de compensación familiar podrán constituir secciones especializadas de ahorro y crédito que tendrán la naturaleza de patrimonios autónomos.

b) Capitales mínimos: De conformidad con lo previsto en los artículo 1º y 2º del Decreto 2801 de 2005, las cajas de compensación familiar cuya capacidad de aporte de capital, sea igual o superior al ciento por ciento (100%) de los recursos necesarios para conformar una cooperativa financiera, deberán destinar la suma correspondiente al capital mínimo de una cooperativa financiera, para la constitución de una sección especializada de ahorro y crédito.

No obstante, cuando su capacidad de aporte sea inferior al ciento por ciento (100%) pero igual o superior al cincuenta por ciento (50%) de los recursos necesarios para conformar una cooperativa financiera, deberán destinar para su constitución como mínimo el cincuenta por ciento (50%) del capital mínimo requerido para la constitución de una cooperativa financiera.

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c) Obtención previa de la autorización de la Superintendencia Financiera de Colombia: Con el fin de contar con la suficiente información sobre la caja de compensación familiar y de poder establecer la adecuada infraestructura técnica, administrativa y humana de la sección especializada de ahorro y crédito, a la solicitud de autorización para la constitución de dicha sección se acompañará la siguiente información:

1. Indicación del nombre y documento de identidad de los miembros del consejo directivo y del director administrativo de la respectiva caja de compensación familiar.

2. Acta a través de la cual se acredite la decisión del consejo directivo de la respectiva caja de compensación familiar de constituir la sección especializada de ahorro y crédito.

3. Copia de los estatutos de la caja de compensación, previamente adecuados en los términos de la Ley 920 de 2004.

4. Certificación emitida por el revisor fiscal de la respectiva caja de compensación familiar, en donde conste, en los términos del Decreto 2801 de 2005, la capacidad de aporte de capital para la constitución de la sección especializada.

5. Copia de los estados financieros de la caja de compensación debidamente certificados y acompañados de las notas a los estados financieros, correspondientes a los tres (3) últimos ejercicios o, en caso de contar con menos tiempo de constituida la caja, con todos los que cuente; el dictamen e informe del revisor fiscal; el NIT; un certificado actualizado de existencia y representación legal, con vigencia no mayor a quince (15) días.

6. Estudio de factibilidad que demuestre la viabilidad de la sección especializada de ahorro y crédito que se constituiría, así como las razones que la sustentan, teniendo en cuenta lo indicado en el literal d) numeral 3º, del artículo 53 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero. Este estudio deberá contemplar una proyección de la sección especializada a cinco (5) años.

7. La información adicional que requiera esta superintendencia para poder analizar adecuadamente la idoneidad, responsabilidad y solvencia moral de las personas que soliciten la autorización, así como el debido manejo de las operaciones autorizadas.

Adicionalmente, deberá tramitarse a través de la página web de la SFC (internet) la solicitud de posesión contenida en la proforma F-0000-19, para efectos de la posesión de los miembros del consejo de administración, de los representantes legales y de los revisores fiscales de las secciones especializadas de ahorro y crédito, principales y suplentes, en concordancia con las disposiciones consagradas para tal efecto en el capítulo 10, título I de la Circular Externa 7 de 1996 y en el Decreto 4709 de 2005. Las instrucciones para su manejo, se encuentran en la página web de la SFC, junto con la proforma.

1.6. Condiciones específicas para la constitución de casas de cambio

A. Constitución. El trámite de constitución de las casas de cambio debe someterse a las reglas contempladas en el artículo 53 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y a las previstas en este numeral y en el numeral 1.2 del presente capítulo.

Con el propósito de conocer como funcionaría la entidad que se constituye desde el punto de vista operativo y tecnológico, deberá remitir a esta superintendencia la siguiente información:

— Descripción de los procesos misionales de la futura sociedad, con sus respectivos procedimientos y soporte tecnológico.

— Identificación de los principales riesgos operativos y tecnológicos, asociados a los procesos y sistemas de información misionales.

— Plataforma tecnológica seleccionada sobre la cual operaría la entidad, considerando elementos tales como: centros de cómputo, equipos centrales, red de comunicaciones, aplicaciones misionales, seguridad tanto física como de las aplicaciones y de la información.

— Plan de conservación, custodia y seguridad de la información tanto documental como electrónica.

— Prospecto de planes de contingencia y continuidad del negocio con los cuales iniciaría operaciones la sociedad.

— Cronograma que desarrollaría la firma para entrar en funcionamiento.

B. Certificado de autorización. Para obtener el certificado de autorización por parte de la Superintendencia Financiera de Colombia, las casas de cambio deben acreditar el cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 64 de la Resolución Externa 8 de 2000 de la Junta Directiva del Banco de la República, sin perjuicio de las siguientes disposiciones especiales:

a) Capital mínimo.Para obtener el certificado de autorización por parte de la Superintendencia Financiera de Colombia, las casas de cambio deben acreditar un capital pagado que no podrá ser inferior a la suma indicada en el literal b) del artículo 64 de la Resolución Externa 8 de 2000 de la Junta Directiva del Banco de la República. Dicha suma se ajustará anualmente en la forma que indica dicha disposición.

El capital mínimo deberá ser pagado en su totalidad en dinero. No resulta posible efectuar aportes en especie.

b) Plataforma tecnológica y administrativa. Al tenor de lo dispuesto por la Resolución Externa 8 de 2000 de la Junta Directiva del Banco de la República, para obtener el certificado de autorización las casas de cambio deben contar con una plataforma tecnológica e infraestructura administrativa y recurso humano tal que les permita velar de

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manera adecuada por los intereses de quienes con ellas realicen las operaciones permitidas por el régimen cambiario y les posibilite, al mismo tiempo, el debido manejo y control del conjunto de sus operaciones en procura de lograr su correcto registro y el oportuno reporte de la información que requieran tanto esta superintendencia como otras autoridades competentes, y, en especial, protegerse contra los riesgos inherentes a su actividad (lavado de activos, crediticio, liquidez, operativo), para lo cual deben allegar la siguiente información, junto con la documentación correspondiente:

1. Organigrama

El organigrama de la sociedad, junto con la relación de la planta de personal de dirección, manejo y confianza, anexando las respectivas hojas de vida, en la Proforma F.0000-19, hoja de vida sistematizada.

El organigrama deberá contemplar las reglas relativas a la administración del riesgo operativo, de acuerdo con lo dispuesto en el numeral 3.2.4 del capítulo XXIII de la circular básica contable y financiera de esta superintendencia.

2. Manuales

Los manuales e instructivos de procedimiento y control interno, dentro de los cuales debe contemplarse lo relativo a los mecanismos de control y prevención de lavado de activos, que contenga como mínimo los aspectos previstos en los artículos 102 a 107 del EOSF y en el capítulo décimo primero del título primero de la presente circular y en las demás normas aplicables.

Adicionalmente, deberá incluir los manuales relacionados con las reglas relativas a la administración del riesgo operativo, de acuerdo con lo dispuesto en el numeral 3.2.3.1 del capítulo XXIII de la circular básica contable y financiera de esta superintendencia.

3. Procesos y plataforma tecnológica

La entidad que se constituye deberá remitir con destino a la delegatura para riesgos operativos una certificación donde conste que ella cuenta con:

— La infraestructura tecnológica necesaria para su operación y que la misma ha sido sometida a pruebas con resultados satisfactorios.

— Sistemas de seguridad informáticos, que han sido probados y verificado su efectividad.

— El plan de continuidad del negocio y su respectivo plan de contingencia con el cual iniciaría operaciones la sociedad. Indicando que este último ha sido aprobado por el órgano competente, que dispone de los recursos necesarios para su oportuna ejecución, que ha superado las pruebas necesarias para confirmar su eficacia y que es conocido por todos los usuarios. El plan debe cubrir, entre otros, los siguientes temas: grupo de contingencias y sus funciones, identificación de eventos que pueden afectar la operación de los sistemas, medidas adoptadas para minimizar el riesgo, actividades a realizar cuando se presenten fallas, alternativas de operación y regreso a la actividad normal.

— El plan de seguimiento que adelantarán los órganos de control societario, para monitorear la puesta en marcha de la nueva sociedad.

Finalmente, la entidad deberá mantener permanentemente aprobados, actualizados y a disposición de la Superintendencia Financiera, los siguientes documentos:

— Manual de funciones de cada uno de los cargos de la entidad.

— Manual de procesos de la entidad con sus respectivos procedimientos.

— La documentación a que hace referencia el numeral 3.2.3 del capítulo XXIII de la Circular Básica Contable y Financiera de esta superintendencia.

— El plan de continuidad del negocio y el plan de contingencia.

— Plan estratégico de sistemas de información.

2. Conversión de establecimientos de crédito

Para la conversión de los establecimientos de crédito, reforma que conlleva su sometimiento al régimen previsto para la entidad resultante, sin que se produzca solución de continuidad tanto en su existencia como persona jurídica como en sus contratos o en su patrimonio, deberán observarse las siguientes directrices:

2.1. Sujetos

Los establecimientos bancarios, corporaciones financieras, corporaciones de ahorro y vivienda, compañías de financiamiento comercial y organismos cooperativos de grado superior de carácter financiero están autorizados para convertirse en cualesquiera de los cuatro primeros tipos de establecimientos de crédito mencionados, conservando su naturaleza civil, comercial o(sic)

2. Conversión de establecimientos de crédito

Para la conversión de los establecimientos de crédito, reforma que conlleva su sometimiento al régimen previsto para la entidad resultante, sin que se produzca solución de continuidad tanto en su existencia como persona jurídica como en sus contratos o en su patrimonio, deberán observarse las siguientes directrices:

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2.1. Sujetos

Los establecimientos bancarios, corporaciones financieras, corporaciones de ahorro y vivienda, compañías de financiamiento comercial y organismos cooperativos de grado superior de carácter financiero están autorizados para convertirse en cualesquiera de los cuatro primeros tipos de establecimientos de crédito mencionados, conservando su naturaleza civil, comercial o

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cooperativa, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 2º y 66 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero.

2.2. Aprobación de la asamblea general de asociados

En atención a que la conversión está considerada como una reforma del contrato social, para el caso de las sociedades anónimas la asamblea general de accionistas deberá adoptarla con el quórum decisorio consagrado en el artículo 421 del Código de Comercio, salvo que los estatutos sociales establezcan una mayoría superior.

En todo caso, tratándose de entidades cooperativas deberá darse cumplimiento a lo previsto en la Ley 79 de 1988, particularmente en su artículo 32, teniendo presente que a ninguna cooperativa le está permitido adoptar la forma de sociedad comercial, de conformidad con el artículo 6º de dicha ley.

En los demás casos se estará a lo dispuesto en los estatutos a este respecto.

2.3. Cumplimiento de los requisitos exigidos en la ley para la nueva clase de entidad

El cumplimiento de los requisitos exigidos en la ley para la nueva clase de entidad se contempla como supuesto que debe verificar la Superintendencia Bancaria para autorizar la conversión. Por consiguiente, la institución solo podrá realizar las actividades propias del establecimiento resultante de la operación, debiendo presentar dentro de los tres (3) meses siguientes a la autorización un programa de adecuación de las operaciones al nuevo régimen, el cual tendrá una duración máxima de dos (2) años. La aprobación de la superintendencia estará condicionada a la celebración del programa de adecuación correspondiente.

2.4. Requerimiento de capital

De conformidad con lo previsto en los artículos 80 numeral 1º y 66 numeral 3ª del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, el capital requerido será el exigible para la constitución del tipo de entidad que va a resultar al finalizar el proceso de conversión, según lo indicado en el numeral 1.1 del presente capítulo.

Para estos efectos debe tenerse en cuenta que de conformidad con lo establecido por el artículo 80, numeral 4º, parágrafo del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, el valor pagado de los bonos obligatoriamente convertibles en acciones se tendrá en cuenta para la determinación del capital mínimo requerido, cuando en el respectivo prospecto de emisión se establezca que en los eventos de liquidación, el importe de su valor quedará subordinado al pago del pasivo externo y se cumplan los requisitos consagrados en el artículo 86, numeral 2º, en concordancia con los numerales 3º, y ibídem. Así mismo, las garantías de pago de obligaciones otorgadas por la Nación o el Fondo de Garantías de Instituciones Financieras, de acuerdo con lo previsto en los artículos 20 de la Ley 117 de 1985 y en el artículo 320, numeral 3º, literal b) del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, computan para la determinación del monto mínimo de capital a que alude el presente numeral.

2.5. Autorización estatal

Los establecimientos de crédito que decidan convertirse deben obtener previamente la autorización de la Superintendencia Bancaria, so pena de ineficacia, de acuerdo con el artículo 71, numeral 4º del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero.

Para el efecto, corresponderá al representante legal de la entidad formular la respectiva petición, acompañada de los documentos que a continuación se indican:

a) Copia del acta de la reunión de la asamblea general de asociados en la cual conste la aprobación dada por el órgano social competente a la conversión y a los nuevos estatutos. Debe tenerse presente para estos efectos que durante la vigencia de una emisión de bonos la reforma estatutaria solo podrá realizarse en los casos previstos en el artículo 1.2.4.41 de la Resolución 400 de 1995, expedida por la Sala General de la Superintendencia de Valores;

b) Certificación en la cual se acredite el importe de capital mínimo exigido, suscrita por el revisor fiscal de la entidad;

c) Estudio de factibilidad que demuestre la conveniencia de la operación, así como las razones que la sustentan. El mismo deberá contemplar una proyección de la entidad a cinco (5) años, bajo la nueva naturaleza, teniendo en cuenta la incidencia del programa de adecuación a que se refiere el numeral 2.3 del presente capítulo, y

d) En el evento en que se produzcan cambios a nivel de administradores, deberán allegarse los documentos requeridos en el capítulo 10, numeral 1º del presente título. Cabe recordar que de conformidad con el artículo 71, numeral 2º, inciso 2º del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, el Superintendente Bancario debe abstenerse de autorizar la participación en la conversión de personas que se encuentren en los casos previstos en dicha norma.

La aprobación se impartirá una vez se verifique el cumplimiento de los requisitos legales pertinentes y que el bienestar público se fomentará con la operación.

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2.6. Publicidad

Una vez formalizada la conversión deberá darse inmediato cumplimiento a lo prescrito en el artículo 71, numeral 6º del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero.

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CAPÍTULO SEGUNDO-Régimen patrimonial

1. Suscripción de acciones

Ante las diversas interpretaciones que se han presentado en torno al ejercicio del derecho de preferencia en la suscripción de acciones por parte de los accionistas, y a los requisitos que debe reunir el reglamento de suscripción correspondiente, las siguientes son las instrucciones que en lo sucesivo deben tenerse en cuenta para tales efectos:

1.1. Reglamento de suscripción de acciones

La suscripción de nuevas acciones, como norma general, requiere la expedición de un reglamento de suscripción de acciones, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 385, inciso 1º del Código de Comercio.

Según lo indicado en el artículo 386 del Código de Comercio el reglamento de suscripción deberá contener:

a) Número de acciones que se ofrecen

El número de las acciones que se ofrezcan en el reglamento de suscripción será igual al de las acciones que se emitan en cada oportunidad pero podrá ser inferior al de las que se encuentren en reserva (C. Co., art. 386, num. 1º);

b) Forma de suscripción

Toda colocación de acciones debe efectuarse con sujeción al derecho de preferencia, salvo que en el contrato social se disponga expresamente que las acciones podrán colocarse sin sujeción a tal derecho, o cuando medie renuncia del máximo órgano social para una determinada emisión de acciones (C. Co., art. 420, num. 5º).

El derecho de preferencia en la suscripción de acciones se concreta en la fecha en que se produce el aviso de oferta correspondiente, en favor de los accionistas que aparezcan inscritos como tales en dicho momento;

c) Proporción de la suscripción

La proporción para el ejercicio del derecho de suscripción preferente se establece al momento de la aprobación del reglamento por parte del órgano social competente, en relación con el capital suscrito y en circulación a tal fecha (C. Co., arts. 386 y 388, inc. 1º). En consecuencia, la proporción está dada en función de cada acción suscrita, más no en función de cada accionista (v.gr. 1 acción por cada dos acciones en circulación).

Dicha proporción, establecida en abstracto en el reglamento, se aplicará en concreto en favor de los accionistas en la fecha de la oferta, de acuerdo con el número de acciones que posean.

No obstante que el derecho de los accionistas a suscribir preferencialmente en toda nueva emisión de acciones se mide por la proporción necesaria que existe entre las acciones que se emiten y las que están colocadas, en el reglamento debe en todo caso mencionarse dicha proporción;

d) Plazo de la oferta

El plazo de la oferta, en ningún caso será inferior a quince (15) días ni superior a tres (3) meses (C. Co., arts. 386, num. 3º y 388, inc. 1º). Dicho término corre a partir del momento en que se comunique la oferta de suscripción y para su cómputo deben tenerse en cuenta los criterios señalados en el artículo 829 del Código de Comercio.

Si el reglamento contiene dos ofertas, dirigida una a los accionistas con derecho preferencial de suscripción y la otra a los demás terceros el plazo total de la oferta no será menor de quince días hábiles ni excederá de tres meses (C. Co., arts. 386, num. 3º; 388 y 829).

Los citados términos comenzarán a contarse a partir de la fecha en que el representante legal de la sociedad ofrezca las acciones por los medios de comunicación previstos en los estatutos para la convocatoria de la asamblea ordinaria (artículo 388 inciso 2º. En lo demás se sujetarán a las normas que contiene el artículo 829 del mencionado Código de Comercio);

e) Precio

El precio al cual sean ofrecidas no puede ser inferior al valor nominal de las acciones (C. Co., art. 386, num. 4º);

f) Plazo para el pago

Cuando se prevea la cancelación por cuotas o se establezca un plazo para la suscripción de acciones de instituciones financieras, debe tenerse en cuenta en todo caso, que al momento de la suscripción deberá pagarse no menos de la mitad del valor de cada acción suscrita, y el saldo dentro del año siguiente, contado a partir de la fecha de la suscripción (C. Co., art. 386, num. 5º en concordancia con lo previsto en el EOSF, art. 81, num. 2º), y

g) Advertencia sobre la autorización de la Superintendencia Bancaria

Cuando la composición accionaria de la institución permita prever que existen accionistas que mediante la suscripción de acciones podrían obtener o superar un porcentaje de participación del 10% del

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capital suscrito de la entidad, deberá preverse en los reglamentos de colocación de acciones la necesidad de obtener la autorización de la Superintendencia Bancaria para los efectos contemplados en el numeral 3º del presente capítulo, especialmente cuando los estatutos prevean en su favor el ejercicio del derecho de preferencia, so pena de que algunas de las suscripciones que lleguen a promoverse puedan derivar en ineficacia.

1.2. Órgano social competente para aprobar el reglamento de suscripción

Tratándose de acciones ordinarias, el reglamento de suscripción de acciones debe ser aprobado por la junta directiva, a falta de disposición estatutaria expresa que asigne la competencia a otro órgano social (C. Co., art. 385, inc. 2º).

1.3. Autorización del órgano de vigilancia y control

Aprobado el reglamento de suscripción por el órgano social, deberá ser sometido a consideración de esta Superintendencia, a quien corresponde impartir su autorización, previamente a la colocación de las acciones (C. Co., art. 390, inc. 1º, en concordancia con el art. 2034 ibíd.), salvo las excepciones legales. La omisión de esta formalidad acarreará la ineficacia de la oferta, sin perjuicio de las sanciones que por tal hecho resulten aplicables a los administradores de la sociedad.

La facultad de autorización que le corresponde al órgano de vigilancia y control, según lo previsto en el artículo 390 del mencionado código, no implica una aprobación del reglamento de suscripción de acciones, la cual compete únicamente al órgano social señalado en los estatutos o a la junta directiva si nada se dispone al respecto. La autorización de la superintendencia conlleva un control de legalidad posterior que presupone la aprobación por parte del órgano social competente; es decir, la autorización estatal no concurre a formar la voluntad privada en estas materias.

1.4. Oferta de suscripción

Obtenida la autorización de esta superintendencia y con el fin de hacer efectivo el derecho de preferencia de los accionistas, el representante legal deberá ofrecer las acciones dentro de los quince (15) días siguientes a la fecha del acto administrativo de autorización correspondiente. No obstante, debe tenerse presente que cuando las acciones vayan a ser colocadas mediante oferta pública, el plazo anteriormente señalado comenzará a contarse desde la fecha en que la Superintendencia de Valores imparta la autorización que resulte de su competencia.

Con respecto a la forma, requisitos y efectos del acto de oferta son aplicables las reglas generales propias de ésta (C. Co., libro 4º, Tít. 1º, Cap. III), aclarando que si se trata de una colocación de acciones con derecho de preferencia, la oferta debe ser comunicada por los mismos medios previstos para la convocatoria de la asamblea ordinaria (art. 388 ibíd).

1.5. Contrato de suscripción de acciones

Comunicada a la sociedad la aceptación de la oferta o propuesta, dentro del término de duración de la misma, se entenderá celebrado el contrato de suscripción de acciones (C. Co., arts. 384 y 864), sin que se requiera de formalidad adicional alguna y pudiendo acreditarse por cualquier medio legal de prueba, en los términos del artículo 394 del estatuto mercantil. Las acciones que no sean suscritas dentro del plazo de la última oferta retornarán a la reserva.

1.6. Comunicación al órgano de control

Vencido el término de la oferta para suscribir, el gerente y el revisor fiscal deberán comunicar a esta Superintendencia, dentro del mes siguiente, los resultados de la oferta de suscripción, indicando el número de acciones suscritas; los pagos efectuados a cuenta de las mismas; la cifra en que se eleva el capital suscrito; las cuotas pendientes y los plazos para cubrirlas (C. Co., art. 392).

2. Derecho de preferencia de los accionistas

Para el ejercicio del derecho de suscripción preferente de que gozan los accionistas en toda nueva emisión de acciones, resulta conveniente tener en cuenta las siguientes precisiones:

2.1. Regulación del derecho de preferencia en el reglamento de suscripción de acciones

En todo reglamento de suscripción de acciones deberá regularse el derecho de preferencia a que alude el artículo 388 del Código de Comercio, para efectos de lo cual se señalará "la proporción y forma en que podrán suscribirse" las acciones emitidas (C. Co., arts. 382 inc. 2º y 386, num. 2º). No obstante, podrán colocarse las acciones sin sujeción al derecho de preferencia, pero para tal efecto será requisito indispensable que exista estipulación estatutaria expresa o voluntad de la asamblea en tal sentido, requiriéndose además la atorización del reglamento por esta superintendencia, en la forma prevista para todo reglamento de suscripción (C. Co., art. 388, inc. 3º).

2.2. Derecho de preferencia en cabeza del accionista

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El derecho de preferencia es un privilegio del que gozan los accionistas, traducido en la facultad para suscribir proporcionalmente las nuevas acciones emitidas por la sociedad, o aquéllas en reserva que sean liberadas, que tiene por finalidad conservar el "statu quo" de cada asociado respecto del ejercicio de los derechos políticos y patrimoniales.

En consecuencia, es un derecho de carácter abstracto que se radica en cabeza del accionista, en cuanto conserve su calidad de tal, como titular de las acciones correspondientes.

El derecho de preferencia no se concreta para el accionista como derecho individual exigible a la sociedad, sino a partir del momento en que le sea comunicada la oferta de suscripción a que alude el artículo 388, inciso 2º del Código de Comercio, vale decir, cuando se expida el aviso correspondiente (art. 845 del código), pues solo con este acto jurídico unilateral, como conclusión del procedimiento anterior de aprobación y autorización del reglamento, surge en cabeza de la sociedad la obligación de efectuar la suscripción y el derecho correlativo del accionista de acceder a dicha suscripción.

Con anterioridad a la oferta de suscripción el derecho de preferencia no existe sino como facultad abstracta y eventual del accionista, a tal punto que "el derecho a la suscripción de acciones solamente será negociable desde la fecha del aviso de oferta" (C. Co., art. 389) y "toda emisión de acciones podrá revocarse o modificarse por la asamblea general, antes que sean colocadas o suscritas y con sujeción a las exigencias prescritas en la ley o en los estatutos para su emisión" (C. Co., art. 383, inc. 1º).

2.3. Proporción en que puede ejercerse el derecho de preferencia

La proporción en que puede ejercerse el derecho de preferencia por cada acción suscrita debe ser aquella que se determine al momento de aprobación del reglamento por el órgano social competente, en desarrollo de lo ordenado por el artículo 386, inciso 2º en concordancia con el artículo 388 del Código de Comercio.

Así pues, mientras que el derecho a la suscripción preferencial se concreta con la oferta de suscripción, la proporción que corresponde a éste se determina al momento de la aprobación del reglamento. Pero dicha proporción debe determinarse en función de las acciones suscritas al momento de aprobación del reglamento, no en función de los accionistas, de manera tal que si esta calidad varía posteriormente, debido a la negociación de las acciones, será el titular de éstas al momento de la oferta (fecha en que se concreta el derecho) quien goce del beneficio de suscripción preferencial, en la proporción establecida al momento de aprobarse el reglamento (v.gr. 2, 3 ó 5 acciones nuevas por cada acción suscrita).

La regla antes expuesta deberá aplicarse estrictamente en el contrato de suscripción que la sociedad celebre con cada accionista, y en la expedición posterior de los títulos de las acciones (C. Co., arts. 399 y ss.), pues de conformidad con el artículo 388 "los accionistas tendrán derecho a suscribir preferencialmente en toda nueva emisión de acciones, una cantidad proporcional a las que posean en la fecha en que se apruebe el reglamento", debiendo entenderse que los accionistas a que alude la norma son aquellos que tengan el carácter de tales al momento de la oferta, quienes podrán ejercer la preferencia en forma proporcional a las acciones poseídas a la fecha de aprobación del reglamento, o a las poseídas por quien les hizo el traspaso de las mismas, dado que, como ya se anotó, la proporción se establece en función de la acción.

2.4. Negociación del derecho

El derecho de suscripción solamente es negociable desde la fecha del aviso de oferta, según las voces del artículo 389 del estatuto mercantil, para lo cual "bastará que el titular indique por escrito a la sociedad el nombre del cesionario o cesionarios".

2.5. Acciones con dividendo preferencial sin derecho de voto

Para efectos de la emisión, colocación y ejercicio del derecho de preferencia de las acciones con dividendo preferencial sin derecho de voto, las entidades deberán dar cumplimiento a lo previsto en la Ley 27 de 1990, capítulo IV y el Decreto Reglamentario 3091 de 1990.

3. Negociación de acciones de entidades vigiladas

Teniendo en cuenta que conforme al artículo 88 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero la realización de los actos jurídicos por virtud de los cuales se adquieren acciones de entidades sujetas a la vigilancia de la Superintendencia Bancaria deben obtener la aprobación previa del Superintendente Bancario, se imparten las siguientes instrucciones en orden a que las entidades vigiladas procuren a través de su observancia la eficacia de las operaciones que se celebren:

3.1. Transacciones sujetas a aprobación

De conformidad con el artículo citado, las transacciones de acciones, inclusive las que se originan en la suscripción o negociación de bonos obligatoriamente convertibles en acciones, que reúnan las siguientes características deberán obtener la autorización previa de la superintendencia.

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a) Partes

Personas jurídicas o naturales, nacionales o extranjeros, sea que se encuentren o no sometidas al control de la Superintendencia Bancaria, o de cualquier otro organismo de vigilancia y control;

b) Objeto

La transacción debe versar sobre acciones emitidas por establecimientos bancarios, compañías de seguros y reaseguros, corporaciones financieras, corporaciones de ahorro y vivienda, compañías de financiamiento comercial, sociedades fiduciarias, sociedades administradoras de fondos de pensiones y de cesantía, almacenes generales de depósito, sociedades de capitalización, y demás entidades sujetas a la vigilancia de la Superintendencia Bancaria;

c) Naturaleza del acto

Ha de tenerse presente que el término transacción está referido a cualquier acto jurídico unilateral o bilateral, sin consideración a su naturaleza, en virtud del cual una persona puede llegar a adquirir acciones de una entidad vigilada por la Superintendencia Bancaria. A título de ejemplo se citan los siguientes actos: Compraventa, suscripción, permuta, dación en pago, donación, fiducia mercantil, adjudicación o postura en remate judicial y aporte a sociedad, y

d) Monto

El objeto de la transacción debe consistir en la adquisición del diez por ciento (10%) o más de las acciones suscritas de cualquiera de las entidades arriba mencionadas, mediante la realización de una sola operación o de varias que se ejecuten en forma simultánea o sucesiva. Así mismo, toda transacción por cuya virtud el adquirente incremente el porcentaje del diez por ciento mencionado, cualquiera que sea el monto de las acciones a adquirir, requerirá de la autorización.

3.2. Ineficacia de la transacción

Las transacciones que se efectúen sin la previa aprobación de la Superintendencia Bancaria son ineficaces de pleno derecho; en otras palabras, la sanción de la ineficacia se aplica sin que se requiera para el efecto declaración judicial o de cualquiera otra autoridad.

En este sentido, debe subrayarse que la ineficacia que se desprende de la negociación de acciones de entidades sometidas a la vigilancia de la Superintendencia Bancaria sin la previa autorización que impone el numeral 1º del artículo 88 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, no puede subsanarse con posterioridad al acuerdo que materialice la transacción, bien sea mediante la posterior solicitud de autorización del Superintendente Bancario, o por la simple variación de las condiciones bajo las cuales se celebró originalmente el negocio jurídico ineficaz, en la medida en que tal situación no se encuentra prevista por las normas de manera expresa, como sí sucede frente a la inexistencia prevista en el inciso 2º del artículo 898 del Código de Comercio, o en el caso de determinadas situaciones respecto de las cuales la norma mercantil, además de prever la ineficacia, determina de manera expresa los mecanismos para que se recupere el vigor jurídico propio de todo negocio o actuación a la cual la ley le atribuya en principio efectos en derecho.

A título de ejemplo, se mencionan las siguientes situaciones en las cuales se presentaría la ineficacia prevista por el numeral 2º del artículo 88 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero:

a) Cuando una persona decide transferir a otra, a cualquier título (compraventa, donación, sucesión etc.) acciones de una institución financiera en cuantía tal que el adquirente tendría una participación en la entidad igual o superior al 10% del capital suscrito de la misma, no se subsana esta ineficacia por efecto de capitalizaciones que se efectúen con posterioridad a la fecha de la negociación, pretendiendo entender que en dichas oportunidades la transacción no superaría, entonces, el 10% del capital suscrito;

b) Cuando una persona que haya efectuado una transacción cualquiera tendiente a la adquisición de acciones, siendo tal negociación ineficaz, y se abstenga de suscribir nuevas emisiones de la misma entidad, de forma tal que posteriormente posea menos del 10% del capital suscrito de aquélla, no se subsana la ineficacia inicial y, por tanto, la transacción mantiene su carácter de ineficaz, y

c) En aquellos casos en los cuales un accionista pretenda hacer ejercicio de su derecho de suscripción preferencial en una emisión de acciones, y exista la posibilidad de llegar a obtener por este medio una participación igual o superior al 10% del capital suscrito de la entidad (vr. gr. en el caso en que los demás accionistas omitan suscribir acciones de la respectiva emisión), la colocación solo podrá hacerse efectiva una vez se obtenga el permiso previo de la Superintendencia Bancaria o sea posible establecer con certeza que no se excederán los límites señalados para el cumplimiento de tal requisito.

3.3. Inscripción en el libro de registro de accionistas

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De acuerdo con lo señalado en el numeral anterior, y para los efectos previstos en el artículo 406 del Código de Comercio, las sociedades vigiladas por la superintendencia se abstendrán de inscribir en el libro de registro de accionistas las transferencias de acciones a que se refiere el numeral 3.1 de este capítulo en cuanto no se acompañe a la solicitud de inscripción copia auténtica del acto respectivo, expedido por el Superintendente Bancario, en virtud del cual se imparta la correspondiente aprobación.

En ejercicio del deber de velar por el cumplimiento de las normas a las cuales se encuentran sujetas las instituciones vigiladas por esta entidad, entre ellas el artículo 88 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, corresponderá a los representantes legales y revisores fiscales de tales instituciones impedir, tanto que la respectiva entidad expida títulos representativos de sus acciones a nombre de personas que habiendo estado obligadas a obtener el permiso previo de la Superintendencia Bancaria no hayan dado cumplimiento a dicho requisito con anterioridad a la negociación que pretenda la transferencia de la calidad de accionista, como el registro de tales operaciones en el libro de accionistas.

Las entidades vigiladas informarán a la Superintendencia Bancaria sobre la inscripción, en el libro de registro de accionistas de las transacciones sujetas a aprobación, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha en que haya tenido ocurrencia la mencionada inscripción, indicando el nombre de los intervinientes y el número de acciones objeto de adquisición, de acuerdo con los formatos establecidos en la Circular 100 de 1995.

3.4. Requisitos de la solicitud de aprobación

Las solicitudes de aprobación de las transacciones a las que se ha hecho referencia en los numerales que anteceden, deberán reunir los requisitos y venir acompañadas de los documentos que a continuación se indican:

a) Nombre y documento de identidad o NIT de los potenciales adquirentes; certificado de existencia y representación legal cuando se trate de personas jurídicas y, en el evento en que la transacción comprenda acciones en circulación, identificación del titular o titulares del derecho de dominio sobre las mismas;

b) Detalle de las condiciones en que se celebraría la transacción, que deberá incluir la descripción de los aspectos financieros de la misma, justificando la capacidad de pago de quienes pretenden adquirir y precisando la fuente u origen de los recursos que se emplearán para la adquisición; en el evento en que se vaya a obtener una financiación de un tercero, se deberá identificar el mismo, las relaciones económicas o financieras que con él se tengan y se especificarán los lineamientos o parámetros a los que se sujetará el empréstito;

c) Inversiones de capital que los posibles adquirentes mantengan en entidades vigiladas por la Superintendencia Bancaria, así:

1. Directamente o por conducto de sus cónyuges o parientes dentro del 4º grado de consanguinidad, 2º de afinidad o único civil.

2. A través de personas jurídicas en las que los adquirentes, directamente o a través de personas a ellos relacionadas según los términos del numeral precedente, posean el 20% o más del capital social, o cuando dicho porcentaje sea poseído a través de sociedades matrices o subordinadas de estas últimas o de aquellas que intervendrían en las transacciones.

3. Por intermedio de sociedades matrices o subordinadas de estas últimas o de aquellas que intervendrían en la transacción;

d) Endeudamiento de los potenciales adquirentes con el sector financiero;

e) Declaraciones de renta de los posibles adquirentes correspondientes a los tres (3) últimos años gravables y copia de los estados financieros correspondientes a los tres (3) últimos ejercicios, debidamente certificados;

f) Si entre los posibles adquirentes hay personas jurídicas deberá indicarse el nombre de sus administradores, de sus representantes legales y de las personas naturales o jurídicas que, directa o indirectamente, posean el 5% o más del capital social. Para la aplicación del porcentaje antes señalado se acumularán las participaciones de personas vinculadas entre sí por matrimonio, parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o único civil, o las que posean personas jurídicas en las que los socios referidos o cualquiera de las personas anteriormente mencionadas cuenten con el 20% o más del capital social. Con la indicación de los nombres de los socios precitados se adjuntará copia de sus estados financieros más recientes y de la declaración de renta correspondiente al último ejercicio fiscal;

g) Hoja de vida de los eventuales adquirentes, si son personas naturales, y de los administradores, representantes legales y socios que posean el 5% o más de su capital, si son personas jurídicas; para su diligenciamiento se utilizará el formato establecido para las solicitudes de posesión, y

h) Manifestación de los posibles adquirentes sobre los intereses comunes, directos o indirectos, que existan con los accionistas de la entidad en la que se persigue efectuar la inversión.

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En aquellos eventos en los cuales el potencial adquirente previamente posea una suma igual o superior al 10% de las acciones suscritas de la entidad y desee incrementar dicho porcentaje, será suficiente, en principio, el envío de la información a que hacen relación los literales a) y b) de este numeral, siempre y cuando la transacción no tenga por objeto la adquisición del 5% o más de las acciones suscritas.

Cuando el posible adquirente sea una institución vigilada por la Superintendencia Bancaria, solamente será necesario identificar al propietario de las acciones, si las mismas se encuentran en circulación, y cumplir el requisito consignado en el literal b) de este numeral.

3.5. Transacción de acciones del Estado en entidades financieras y aseguradoras

En los procesos orientados a la enajenación de la participación que la Nación, una entidad descentralizada o el Fondo de Garantías de Instituciones Financieras posean en una institución financiera o aseguradora, deberán tener presente las siguientes instrucciones en relación con la aprobación que en ciertos casos es exigida como requisito esencial para la eficacia de las transacciones que se celebren en desarrollo de tales procesos.

a) Cuando en desarrollo de uno de los procesos de privatización indicados en el inciso anterior se pretenda adquirir el cinco (5%) por ciento o más de las acciones o bonos obligatoriamente convertibles en acciones en circulación de la correspondiente institución, sea que dicha adquisición se vaya a efectuar en forma directa o indirecta, será necesario obtener la previa aprobación de esta Superintendencia, cualquiera que sea el procedimiento elegido para llevar a cabo la venta de las acciones o bonos obligatoriamente convertibles en acciones, a menos que quienes vayan a efectuar la correspondiente adquisición se encuentren en el supuesto a que se refiere el artículo 305 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero;

b) En el evento en que la aprobación sea requerida, los interesados presentarán la información a que se refiere el numeral 3.4 del presente capítulo con el objeto de acreditar su idoneidad, responsabilidad, carácter y solvencia patrimonial. Con el propósito de disponer de los elementos de juicio necesarios para adoptar la decisión se deberá manifestar, al formular la solicitud, cuál es el número máximo de acciones que se pretende adquirir, de manera que se pueda establecer la debida conformidad entre patrimonio, recursos disponibles y eventual valor de la transacción, calculado con base en el precio mínimo de la entidad financiera (el requisito de la aprobación por parte del consejo de ministros, fue declarado inexequible por la C. Const. mediante Sent. C-452, oct. 5/95). La autorización que otorgue la Superintendencia Bancaria se entenderá limitada al número máximo de acciones anunciadas en la solicitud elevada a esta superintendencia;

c) Cuando se tenga prevista la adquisición de un porcentaje igual o superior al veinte por ciento (20%) del capital de la entidad respecto de la cual se va a realizar el proceso de privatización y adicionalmente se posean inversiones directas o indirectas en otras instituciones financieras, en forma directa o por intermedio o con el concurso de sus filiales o vinculadas o con la participación de personas relacionadas de cualquier otra forma con la adquirente indirecta, se deberá aportar toda la información que a juicio de los interesados sea apropiada para que la superintendencia pueda establecer que con la transacción no se va a estar en capacidad de mantener o determinar precios inequitativos, o de limitar servicios, o de impedir, restringir o falsear la libre competencia en los mercados en que participe la adquirente, sus filiales, subsidiarias o vinculadas o, si es del caso, las medidas que se adoptarían para prevenir la ocurrencia de una de tales situaciones;

d) En el evento en que en los procesos de privatización mencionados anteriormente, los fondos de inversión de capital extranjero de que trata el artículo 40 de la Resolución 51 de 1991 del Consejo Nacional de Política Económica y Social, Conpes, o los fondos comunes especiales administrados por sociedades fiduciarias que hayan sido autorizados para ese efecto, pretendan adquirir el cinco por ciento (5%) o más de las acciones o bonos obligatoriamente convertibles en acciones de la respectiva institución financiera o entidad aseguradora, sin que ninguno de los inversionistas o fideicomitentes individualmente considerados pretendan adquirir acciones o bonos en un porcentaje igual o superior al señalado, será suficiente, en principio, el envío de:

1. Autorización para su funcionamiento impartida por la Superintendencia de Valores, tratándose de fondos de inversión de capital extranjero, o con la indicación del fondo común especial correspondiente y la sociedad fiduciaria que lo administra.

2. La relación de los interesados en la negociación con su correspondiente documento de identidad o NIT y los valores hasta los cuales se pretende hacer la inversión, y

e) En el caso de que existan inversionistas o fideicomitentes que pretendan adquirir en forma directa o indirecta el cinco por ciento (5%) o más de las acciones o bonos obligatoriamente convertibles en acciones de la correspondiente institución, se deberá allegar, además de la información de que trata el presente numeral, la documentación requerida en el numeral 3.4 de la presente circular.

3.6. Excepciones

De conformidad con lo previsto en los artículos 88, numeral 3º y 305 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, las transacciones señaladas en el numeral 3.1 de este capítulo no requerirán

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de la aprobación previa por parte de esta superintendencia, siempre que las personas interesadas en la adquisición hayan obtenido aprobación de esta superintendencia dentro de los tres años anteriores a la fecha en que se pretende realizar la transacción de acciones o de bonos obligatoriamente convertibles en acciones de la misma entidad, así tales transacciones hubieran sido realizadas con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 35 de 1993.

Ello significa que una vez obtenida la aprobación de la Superintendencia Bancaria respecto de determinadas personas para una adquisición de acciones o de bonos obligatoriamente convertibles en acciones de una entidad, no se requerirá nueva aprobación para las transacciones posteriores que esas mismas personas realicen durante los tres años siguientes, siempre que se den los supuestos que se señalan a continuación:

a) Que se trate de acciones o bonos obligatoriamente convertibles en acciones de la misma institución para la cual se impartió aprobación;

b) Que en el lapso comprendido entre la aprobación otorgada por esta superintendencia y la fecha en que se pretende realizar la otra u otras transacciones, las personas interesadas en la operación no hayan sido sancionadas por la Superintendencia Bancaria, de Valores, de Sociedades, o por la antigua Superintendencia de Cambios, ni se les haya dictado medida de aseguramiento o condena dentro de un proceso penal, y

c) Que tales inversionistas informen previamente a esta superintendencia sobre la pretendida adquisición.

3.7. Información a la Superintendencia Bancaria

En aquellos eventos en los cuales se den los supuestos contenidos en el numeral anterior, los potenciales inversionistas deberán informar a la Superintendencia Bancaria con no menos de diez días calendario de antelación a cada transacción, los siguientes aspectos:

a) Las personas que intervendrán en la operación;

b) El monto de las acciones o bonos obligatoriamente convertibles en acciones que se pretenden adquirir, precisando si la adquisición se realizará en una o varias operaciones sucesivas, y el porcentaje máximo de capital de la respectiva entidad que va a ser objeto de negociación, así como, el que se posee en la fecha de presentación de la información;

c) Las condiciones en que se celebrará la transacción en los términos establecidos en el numeral 3.4, literal b) del presente capítulo, y

d) La manifestación de los potenciales inversionistas, de que no se hallan incursos en ninguno de los impedimentos señalados en la letra b) del numeral anterior.

No obstante lo anterior, en caso de que la adquisición de acciones se pretenda realizar mediante operaciones sucesivas cuya duración no exceda de tres meses, solo será necesario proporcionar la información anteriormente indicada para la primera operación, siempre y cuando para las operaciones subsiguientes se mantengan las mismas condiciones. En caso contrario, los inversionistas deberán informar sobre las nuevas condiciones en que se celebrará la respectiva operación.

Sin perjuicio de que los inversionistas remitan la información prevista en el presente numeral, las instituciones vigiladas deberán en todo caso remitir a esta superintendencia la información requerida en los numerales 3.3 y 3.7 del presente capítulo.

4. Pago de dividendos en acciones

4.1. Naturaleza y características

De acuerdo con lo previsto en el inciso 3º del artículo 455 del Código de Comercio, el dividendo puede pagarse en forma de acciones liberadas de la misma sociedad, si así lo dispone la asamblea con el voto del ochenta por ciento (80%) de las acciones representadas, de lo cual se sigue que, cuando la asamblea general de accionistas acoge la alternativa de pagar dividendos en forma de acciones liberadas, hace uso de la función que privativamente le asigna la ley de disponer de las utilidades sociales (C. Co., arts. 187, num. 3º y 420, num. 2º), participando los asociados en esta decisión en forma colectiva, como voceros del interés común, de manera que, cuando ella se adopta con el voto favorable del 80% de las acciones presentes, se obliga a las minorías ausentes o disidentes. De lo anterior se deduce, entonces, que:

a) La aprobación del pago de dividendos en acciones no supone un contrato de suscripción de acciones, ya que los requisitos o elementos esenciales de éste difieren de los del pago de dividendos en especie;

b) La aprobación del pago de dividendos en acciones obedece a una manifestación unilateral de la asamblea de accionistas, en cumplimiento de las relaciones jurídicas nacidas del contrato de sociedad. Por ello, no se perfecciona a partir de una oferta o propuesta de negocio jurídico como quiera que en este caso no comporta para los asociados la alternativa de suscribir

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o no acciones, dado que la capitalización de utilidades se impone a ellos como obligatoria, aún para ausentes o disidentes como ha quedado dicho, y

c) Por virtud de todo lo anterior, no es necesario elaborar un reglamento de colocación de acciones, formalidad que resulta indispensable para definir los términos y condiciones de la oferta de suscripción, pero no del pago del dividendo en acciones.

4.2. Condiciones de la decisión

Para hacer efectivo el pago del dividendo en acciones liberadas, es necesario que en la reunión en que dicha determinación se apruebe, la asamblea se pronuncie sobre los siguientes aspectos:

a) El valor de las acciones;

b) Las fechas de pago acordadas;

c) La forma como se cubrirán los dividendos cuyo monto no permita liberar una acción. Para este efecto, no puede perderse de vista el carácter indivisible de la acción, así como la imposibilidad de acordar cualquier sistema que conlleve el desconocimiento o mengua del derecho a participar en los dividendos (v.gr. desechar las fracciones), dado su carácter esencial, intangible e inviolable. Se sugiere, entonces, optar por el pago en efectivo de la suma equivalente al valor de las fracciones; si por el contrario, se decide facultar a los asociados para que liberen la unidad, completando en dinero su valor, se requerirá contrato y, por ende, reglamento de suscripción, para hacer válidamente la oferta a los accionistas;

d) Teniendo en cuenta que corresponde a la junta directiva y al representante legal de la compañía, en los términos del artículo 446, numeral 2º del Código de Comercio, presentar el proyecto de distribución de utilidades, es recomendable que se someta a la asamblea general el proyecto de pago de dividendos en acciones con los elementos indicados en el punto precedente, y

e) Las sociedades deben tener presente que el pago de dividendos debe efectuarse con acciones de la reserva o con acciones readquiridas, cuando esto último sea viable; en consecuencia, deberá contarse con la capacidad de emisión necesaria para la procedencia del pago de dividendos en acciones.

4.3. Capitalización de la cuenta de revalorización del patrimonio

De conformidad con lo previsto en el artículo 5º del Decreto 836 de 1991, en concordancia con el artículo 15 del Decreto 2912 de 1991, las entidades vigiladas pueden capitalizar el valor registrado en la cuenta de revalorización del patrimonio. Para tal efecto, será necesario que se atiendan las siguientes instrucciones:

a) La decisión deberá ser adoptada por la mayoría absoluta de las acciones presentes en la asamblea de accionistas o del órgano que haga sus veces, con base en los estados financieros de fin de ejercicio en los cuales se establezca la existencia del valor correspondiente en la mencionada cuenta de revalorización del patrimonio;

b) La asamblea deberá dar aplicación a lo previsto en el numeral 4.2. del presente capítulo sobre instrucciones para el pago de dividendos en acciones, y

c) Las fracciones de acciones que resulten de la capitalización no podrán pagarse en efectivo, por lo cual su valor deberá reintegrarse a la cuenta de revalorización del patrimonio. Sin embargo, si la asamblea decide liberar las acciones podrá completarse en dinero la unidad, pero será necesario para el efecto adoptar el reglamento de suscripción correspondiente.

4.4. Autorización

En la medida en que no es necesario el reglamento de colocación de acciones cuando se trata de la distribución de dividendos en acciones, tampoco es procedente en este caso la autorización de la Superintendencia Bancaria a que hace referencia el artículo 390 del Código de Comercio.

En estos eventos, el control de legalidad se ejercerá a través del estudio de los proyectos de distribución de utilidades, de las actas de asamblea y de los informes y certificaciones a que se refiere el siguiente numeral.

4.5. Información y certificación

Una vez efectuado el pago de dividendos en acciones, el representante legal *( y el revisor fiscal ) informarán a esta superintendencia el número de acciones distribuidas, la cifra en que se eleva el capital suscrito y la fecha en que fueron entregadas.

Igualmente, remitirán dentro del mes siguiente al vencimiento del último plazo para el pago de las acciones, un certificado de la cámara de comercio del domicilio social donde conste *( la inscripción de la certificación suscrita por el revisor fiscal ) , en la cual informe el citado aumento, según el Decreto 1154 de 1984.

NOTA: Derogado textos entre paréntesis, Superfinanciera. Circ. Externa 54/2008.

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Circular Externa 58 de 2000 

(Julio 27)

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5. Adquisición de acciones propias

Cuando quiera que de conformidad con lo establecido en el artículo 10 literal b) del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, una entidad vigilada por la Superintendencia Bancaria pretenda recibir en parte de pago de obligaciones sus propias acciones, la decisión en tal sentido deberá ser aprobada por la asamblea general de accionistas de acuerdo con lo establecido en el artículo 396 del Código de Comercio y atendiendo a las mayorías previstas en la ley.

Conviene recordar que la norma del estatuto mercantil antes señalada es aplicable a las entidades vigiladas por la Superintendencia Bancaria, en la medida en que, de acuerdo con el artículo 2034 del Código Civil, no pugna contra normas especiales aplicables a aquellas.

TÍTULO I

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Circular Externa 28 de 2005 

(Septiembre 20)

CAPÍTULO TERCERO-Órganos de administración, dirección y control

1. Asamblea general de accionistas

1.1. Información sobre la convocatoria a la Superintendencia Bancaria de Colombia, SBC

El artículo 190 del Código de Comercio (C. Co.) dispone que "las decisiones tomadas en una reunión celebrada en contravención a lo prescrito en el artículo 186 serán ineficaces", a la vez que el artículo 186 establece: "Las reuniones se realizarán con sujeción a lo prescrito en las leyes y en los estatutos en cuanto a convocación y quórum".

Las entidades vigiladas deben comunicar a la SBC la fecha, hora y lugar en que se verificará la correspondiente asamblea o junta de socios. Para tal efecto, la antelación de los 15 días hábiles o 5 días comunes de la convocatoria, según el caso, se cuentan a partir de la fecha de recibo de la respectiva citación por parte del accionista o asociado o de la fecha de publicación del correspondiente aviso

De otra parte, para los propósitos establecidos en el artículo 326, numeral 2º, literal i) EOSF, debe remitirse y radicarse ante la SBC, con no menos de treinta (30) días comunes de antelación a la fecha de celebración de la asamblea o junta de socios, la documentación que se señala en el capítulo IX de la Circular Externa 100 de 1995, indicando la fecha de corte o período al cual corresponde.

El término de los treinta (30) días comunes tanto para transmisión como para la entrega de la documentación a que hace referencia el anexo 1, comienza a correr desde el día en que se reciba la totalidad de la documentación debidamente diligenciada, conforme la respectiva lista de chequeo. Este término se interrumpe cuando como producto de la revisión de los estados financieros y la documentación remitida, se requieran explicaciones o ajustes que a juicio de la SBC deba rendir y/o realizar la entidad. El incumplimiento al anterior término o la falta de la documentación requerida para el análisis implicará que la SBC no pueda pronunciarse oportunamente respecto de los estados financieros.

Aquella información no solicitada en el capítulo IX de la Circular Externa 100 de 1995 y que se encuentre contenida en los artículos 291 y 446 Código de Comercio, debe permanecer en la respectiva entidad a disposición de la SBC para el momento en que sea requerida.

2. Junta directiva

2.1. Régimen de incompatibilidades e inhabilidades

El régimen de incompatibilidades e inhabilidades aplicable a los establecimientos de crédito, sociedades de servicios financieros, sociedades de capitalización, aseguradoras, intermediarios y agencias colocadoras de seguros y sociedades de servicios técnicos o administrativos, es el previsto en los artículos 75, 76, 77 y 78 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, EOSF, respectivamente.

Igualmente, debe recordarse que las normas sobre inhabilidades e incompatibilidades tienen carácter restrictivo, razón por la cual se hace imposible extender su aplicación a entidades diferentes de las aquí mencionadas.

2.2. Independencia de las juntas directivas

Para efectos de lo dispuesto en el artículo 73 numeral 8º EOSF, las entidades vigiladas no podrán designar como miembros principales y suplentes de sus juntas directivas o consejos de administración a un número de personas vinculadas laboralmente a la respectiva entidad que, reunidas en sesión y en ejercicio de los cargos de miembros de tales órganos, puedan conformar, entre ellas, mayorías decisorias generales o especiales, de acuerdo con la ley y los respectivos estatutos.

A continuación se señala a manera de ejemplo el número máximo de miembros vinculados laboralmente con la entidad que podría tener una junta o consejo, en función de la regla anterior:

Número de integrantesQuórum deliberatorio artículo 437 Código de ComercioMayoría de los miembros artículo 437 Código de ComercioNúmero de renglones máximos posibles con miembros vinculados
5332
6443
7443
8554
9554
10665

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Circular Externa 54 de 2008 

(Octubre 21)

En aquellos eventos en los cuales en la ley o los estatutos de la entidad, se establezca un quórum especial superior, de acuerdo con lo previsto en el artículo 437 del Código de Comercio, es obligación de las entidades vigiladas velar porque la regla en mención sea acatada.

3. Representación legal

3.1. Delegación de la representación legal mediante el otorgamiento de poderes

La representación voluntaria de personas naturales y jurídicas a través de actos de apoderamiento constituye una facultad legítima al amparo y con los efectos previstos en los artículos 832 y siguientes del Código de Comercio, actos que al igual que pueden conferirse a un tercero ajeno a la institución, pueden recaer en empleados o funcionarios de la misma, entre ellos los directores de agencia.

El otorgamiento de poderes es viable bajo el entendido de que los mismos no constituyen delegación de la representación legal que, en virtud de lo dispuesto en el artículo 440 C. Co., ostenta quien ejerce un cargo que tiene funciones representativas de acuerdo con la ley o los estatutos sociales. Tal representación voluntaria derivada del apoderamiento no tiene tampoco los alcances prescritos en el artículo 196 y siguientes del Código de Comercio.

Por ello, en los poderes que se confieran en nombre de las entidades vigiladas se deben señalar de manera clara las operaciones para las cuales los apoderados tienen la facultad de representar a la institución ante terceros, debiendo los apoderados (incluyendo los directores de agencia) en todos los documentos, actos y negocios que celebren, registrar expresamente la calidad de tales, aun en aquellos actos en los cuales tal aclaración no sea requerida por la ley.

Con todo, el otorgamiento de poderes de carácter general o de poderes especiales de gran amplitud a personas que habiendo sido designadas en cargos que conlleven facultades de representación legal no han cumplido con el requisito legal de tomar posesión del cargo, constituye una forma de obviar el cumplimiento de este deber, razón por la cual la SBC en uso de las facultades conferidas en el artículo 326 numeral 5º literal a) EOSF, califica como práctica no autorizada el otorgamiento de este tipo de poderes.

3.2. Designación de representantes legales

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 198 y 440 del Código de Comercio, los representantes legales de las sociedades sometidas a la vigilancia y control de la SBC deben ser elegidos por las asambleas o por las juntas directivas de esas entidades, lo que implica que tal facultad no puede delegarse ni atribuirse al representante legal de la sociedad ni a otros funcionarios.

Respecto de las entidades de naturaleza cooperativa vigiladas por la SBC, la designación de los mencionados representantes legales deberá efectuarse por el consejo de administración, conforme a lo establecido en el artículo 37 de la Ley 79 de 1988.

Lo anterior se entiende sin perjuicio del régimen especial aplicable a las entidades públicas.

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(Octubre 21)

4. Revisoría fiscal

4.1. Marco conceptual y normativo de la revisoría fiscal

La revisoría fiscal desempeña un papel de especial importancia en la vida del país, a tal punto que su labor, realizada en forma eficaz, independiente y objetiva, brinda confianza para la inversión, el ahorro, el crédito y en general, contribuye al dinamismo y el desarrollo económico. Como órgano privado de fiscalización, la revisoría se encuentra estructurada con el ánimo de dar seguridad a los propietarios de las empresas sobre la calidad de la información financiera, la seguridad y conservación de los activos sociales y el cumplimiento de las disposiciones emanadas de los órganos sociales, entre otros.

Dentro del desarrollo de la vida de la sociedad comercial le corresponde al revisor fiscal ejercer una función de vigilancia permanente de la actividad social para prestar a los socios una colaboración completa y eficaz que les permita ejercer adecuado control de la ejecución del contrato, desde el seno de la asamblea general, siendo su obligación no solo la de proteger intereses particulares sino la de velar por los intereses económicos de la comunidad, entendiéndose por esta no solamente a las personas naturales o jurídicas vinculadas directamente a la empresa sino a la sociedad en general, y naturalmente, al Estado (C. Const., Sent. C-062/98).

El marco normativo de la revisoría fiscal se encuentra definido, entre otras disposiciones, por la Ley 145 de 1960, el Código de Comercio, las leyes 43 y 45 de 1990 y 190 y 222 de 1995.

4.2. Funciones y responsabilidades de la revisoría fiscal

Entre las diversas funciones y responsabilidades que las normas vigentes asignan a los revisores fiscales, se considera pertinente destacar las siguientes:

4.2.1. En desarrollo de lo establecido en el artículo 207, numeral 1º, del Código de Comercio, el revisor fiscal, mediante el seguimiento y análisis de las operaciones que realiza la entidad a lo largo del ejercicio, debe verificar si las mismas resultan conformes a las órdenes de la asamblea de accionistas y junta directiva, así como a las disposiciones legales y estatutarias que les resulten aplicables, principalmente en sus aspectos financieros y contables, con el fin de emitir una opinión sobre el particular.

4.2.2. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 207, numeral 2º, del Código de Comercio, el revisor fiscal debe presentar, por escrito y ante quien ostente legalmente la facultad para adoptar las decisiones preventivas o correctivas que sean del caso, evaluaciones y recomendaciones encaminadas a prevenir que los administradores u otros funcionarios del ente fiscalizado incurran o persistan en actos irregulares, ilícitos o que contraríen las órdenes de los órganos sociales superiores. Para cumplir con tal fin, sus informes, recomendaciones y actuaciones en general deben realizarse en la debida oportunidad.

Sobre el particular, resulta pertinente aclarar que la existencia del secreto profesional y la confidencialidad no constituyen razones válidas para que el revisor fiscal se abstenga de cumplir con el deber mencionado en el párrafo anterior.

Algunas de las irregularidades que deben denunciarse, son las siguientes:

i) Abusos de sus órganos de dirección, administración o control, que impliquen desconocimiento de los derechos de los asociados o violación grave o reiterada de las normas legales o estatutarias.

ii) No suministro oportuno de información a la Superintendencia Financiera de Colombia u otras entidades estatales, a los organismos de autorregulación debidamente autorizados o al público, cuando de ella se puedan inferir riesgos significativos para la continuidad de la entidad o cuando su divulgación deba realizarse según las normas aplicables.

iii) Suministro de información que no se ajuste a la realidad o que no cumpla con los requisitos de calidad establecidos para el efecto.

iv) No llevar la contabilidad o los libros de acuerdo con la ley o con los principios contables generalmente aceptados.

v) Realización de operaciones no comprendidas en el objeto social.

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vi) La existencia de riesgos relevantes que no estén siendo adecuadamente gestionados por la administración de la entidad fiscalizada y que en su criterio tengan un impacto significativo para el desarrollo de su objeto social.

vi)(sic) Las demás que considere pertinentes.

La obtención de una certificación emitida por el representante legal de la entidad fiscalizada en la que manifieste que en la misma no se presenta ninguna de las irregularidades antes mencionadas o que no se tiene conocimiento de la ocurrencia de ellas, no es evidencia suficiente para la adecuada ejecución de la referida función del revisor fiscal, por lo cual dicha certificación debe ser complementada con la ejecución de procedimientos de verificación idóneos, que le permitan contar con elementos de juicio suficientes para emitir su opinión.

4.2.3. Según lo establecido en el artículo 207, numeral 3º, del Código de Comercio, corresponde al revisor fiscal, dentro del ámbito de su competencia, colaborar con las entidades de supervisión cuando estas lo requieran en el marco de sus atribuciones legales, en la forma, condiciones y con la oportunidad que se establezca en el acto administrativo correspondiente, el cual deberá ser suscrito por un funcionario competente.

El revisor fiscal debe suministrar a los organismos de supervisión del Estado, información atinente a las situaciones de crisis de las entidades fiscalizadas que afecten materialmente su capacidad para cumplir con los compromisos contraídos o que representen un riesgo significativo para la continuidad del negocio, dado el peligro que la referida situación representa para la entidad, sin que pueda entenderse que el suministro de dicha información menoscabe la independencia propia del ejercicio de la revisoría fiscal.

Una abstención u omisión del revisor fiscal en comunicar a las autoridades competentes las situaciones de crisis, puede producir tanto daño a la respectiva entidad fiscalizada y a sus asociados como a la comunidad, en la medida en que puede llevar a que las entidades u órganos competentes dejen de adoptar en forma oportuna las medidas apropiadas para impedir que el riesgo se concrete o para minimizar el daño que pueda causarse. La existencia del secreto profesional, no exonera al revisor fiscal del deber antes mencionado.

4.2.4. Según lo dispuesto en el artículo 207, numeral 4º, del Código de Comercio, el revisor fiscal deberá verificar a lo largo del ejercicio, los criterios y procedimientos utilizados para llevar la contabilidad, el manejo de los libros de contabilidad, los libros de actas, los documentos contables y archivos relacionados, no solo respecto de la entidad sino también de los recursos de terceros que esta administre (fondos públicos, recursos del sistema general de seguridad social, negocios fiduciarios o patrimonios autónomos, universalidades, entre otros), para verificar que los registros sean correctos y cumplan todos los requisitos establecidos por las normas aplicables, de manera que pueda verificar que se conservan adecuadamente los documentos de soporte de los hechos económicos, de los derechos y de las obligaciones, los cuales constituyen fundamento de la información contable.

4.2.5. A lo largo del ejercicio, el revisor fiscal debe verificar mediante comprobaciones periódicas, la existencia de los activos, la adopción e implementación de medidas suficientes para la protección, conservación y mantenimiento del patrimonio social y si estas son adecuadas frente a los riesgos asumidos según su naturaleza.

De la misma manera, deberá evaluar la forma en que se realiza la medición de la capacidad de uso o recuperación de los activos, incluyendo en su análisis todos los aspectos que resulten relevantes, tales como comprobar la existencia de los títulos de propiedad y su correspondiente protocolización; verificar la ubicación de los bienes, el cumplimiento de las normas para su utilización; los métodos empleados para determinar las valorizaciones así como la idoneidad de los respectivos valuadores, de forma que se pueda garantizar el adecuado manejo y control de los bienes, tanto de aquellos de propiedad del ente económico fiscalizado como de los que se encuentran bajo su responsabilidad a cualquier título. Lo anterior, en desarrollo de lo establecido en el artículo 207, numeral 5º, del Código de Comercio.

4.2.6. De conformidad con el artículo 207, numeral 6º, del Código de Comercio, cuando el revisor fiscal encuentre deficiencias en cuanto a las medidas tomadas por la administración para el control de los riesgos que puedan afectar materialmente el patrimonio de la entidad, debe impartir en forma oportuna las instrucciones y recomendaciones que resulten pertinentes para mejorar la efectividad y eficacia del control sobre los bienes y valores sociales, sus métodos y procedimientos, sin que ello implique coadministración. Adicionalmente, deberá hacer seguimiento a las medidas adoptadas por parte de los administradores frente a las referidas instrucciones y recomendaciones, de lo cual se deberá dejar constancia por escrito.

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4.2.7. En desarrollo de lo establecido en el artículo 207, numeral 7º, del Código de Comercio, el revisor fiscal debe expresar su juicio profesional respecto de la calidad y razonabilidad de los estados financieros y demás información contable, tomando como referencia las normas aplicables y los parámetros establecidos para el efecto en cada caso, mediante documentos debidamente firmados en los cuales conste su número de matrícula profesional. Respecto del dictamen de los estados financieros debe darse cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley 222 de 1995, y demás normas que lo adicionen, modifiquen o sustituyan.

El revisor fiscal debe obtener evidencia válida y suficiente sobre las operaciones realizadas por el ente económico y los documentos que soportan los registros correspondientes en cada caso, con el objeto de contar con los elementos de juicio necesarios para emitir su opinión profesional, dictámenes, informes y/o expedir certificaciones, aplicando para el efecto tanto las normas que rigen la profesión contable como las metodologías y procedimientos generalmente aceptados en la misma.

4.2.8. Según lo dispuesto en el artículo 209, numeral 3º, del Código de Comercio, y sin perjuicio de la responsabilidad que corresponde a la administración, el revisor fiscal debe evaluar si el sistema de control interno de la entidad fiscalizada, incluyendo en este los sistemas de administración de riesgos implementados o que deban ser implementados de conformidad con las disposiciones que le resulten aplicables, promueve la eficiencia de la misma, reduce los riesgos de pérdida de activos operacionales y financieros; propicia la preparación y difusión de información financiera de alta calidad que muestre los resultados de la administración de los recursos de la entidad y los riesgos relevantes que la afectan, en forma tal que resulte útil para los usuarios de dicha información, así como analizar si los referidos sistemas le permitan a la administración garantizar el adecuado cumplimiento de las normas vigentes.

No obstante, la responsabilidad por la correcta implementación y eficacia de los sistemas de control interno y de administración de riesgos corresponde a los administradores de cada entidad, debiendo ser aplicados por todos los funcionarios de la misma, quienes participarán en el proceso según el nivel jerárquico al que pertenezcan, mediante una adecuada articulación de los distintos espacios de responsabilidad para asegurar el logro de los objetivos institucionales.

La evaluación del revisor fiscal debe realizarse en el contexto del alcance de las funciones que le asigna la ley y permitir verificar que los referidos sistemas coadyuvan a que la administración garantice el adecuado cumplimiento de las normas vigentes.

Dentro de este contexto, y sin perjuicio de las funciones asignadas en otras disposiciones al revisor fiscal, deberá elaborar, por lo menos al cierre de cada ejercicio, un reporte dirigido a la junta directiva u órgano que haga sus veces, mediante el cual informe acerca de las conclusiones obtenidas en el proceso de evaluación del cumplimiento de las normas e instructivos sobre los sistemas de administración de riesgo que deba implementar la respectiva entidad fiscalizada, de conformidad con las normas que le resulten aplicables según su objeto social.

Además, deberá poner oportunamente en conocimiento del representante legal, y cuando sea del caso del oficial de cumplimiento, del comité de auditoría y del auditor interno, según corresponda, las inconsistencias y fallas detectadas en cada uno de los sistemas de administración de riesgo, así como todo incumplimiento que detecte a las disposiciones que regulan la materia. En caso que sus observaciones o recomendaciones no sean adecuadamente atendidas por la administración o por el oficial de cumplimiento, o cuando la gravedad de las deficiencias encontradas así lo amerite, deberá informar sobre tales circunstancias a esta superintendencia, de manera inmediata.

4.2.9. Cumplir las demás atribuciones que le señalen las leyes o los estatutos y las que, siendo compatibles con las anteriores, le encomiende la asamblea o junta de socios.

Las atribuciones adicionales a las indicadas en las normas legales, que los órganos competentes otorguen al revisor fiscal, deben ser acordes con la naturaleza de su función y preservar su independencia, objetividad e imparcialidad, evitando situaciones que puedan dar lugar a conflictos de interés.

Para efectos de cumplir en forma adecuada las funciones antes relacionadas, dentro del ámbito de fiscalización del revisor fiscal estarán todas las operaciones, actos y áreas de la entidad, así como todos sus bienes, sin reserva alguna.

Tratándose de sociedades o entidades que administren recursos o activos de terceros, fondos públicos, patrimonios autónomos, recursos del sistema general de seguridad social, universalidades o similares, entre otros, la labor de fiscalización del revisor fiscal debe incluir no solamente a la respectiva entidad,

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sino también a las carteras de terceros, patrimonios autónomos, fondos o recursos administrados, según corresponda.

Por otra parte, su ejercicio y su responsabilidad deben cubrir todo el ejercicio contable, y no solo ejecutarse a la fecha de cierre de estados financieros o de presentación de informes especiales. Por tanto, el revisor fiscal debe ejecutar en períodos intermedios, por lo menos, las siguientes actividades:

a) Indagar sobre el ambiente de control y sobre cualquier cambio de importancia ocurrido en el sistema de control interno contable y gestión de riesgos, que afecte la preparación de la información financiera.

b) Aplicar procedimientos analíticos a la información financiera para identificar aspectos inusuales y obtener explicación por parte del representante legal o administradores responsables, acerca de las variaciones significativas o materiales que se presenten.

c) Leer las actas de junta directiva y asamblea de accionistas u órganos equivalentes para detectar situaciones que puedan afectar la calidad, suficiencia u oportunidad de la información transmitida a las entidades de supervisión y al mercado en general.

d) Verificar, mediante los procedimientos de auditoría pertinentes, que la información haya sido preparada de conformidad con los principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia y otras normas en materia contable y de divulgación de información que rijan al ente fiscalizado; que las mencionadas disposiciones hayan sido aplicadas sobre bases uniformes y que se revele en forma adecuada y oportuna cualquier evento subsecuente que pudieran afectar dicha información.

e) Reportar, o requerir a la administración para que reporte a la Superintendencia Financiera de Colombia, cualquier información adicional que resulte necesaria para comprender cabalmente la situación actual de la entidad.

Para el correcto desempeño de las funciones del revisor fiscal, los administradores de la entidad están en la obligación de suministrarle toda la información por él solicitada, así como los recursos que requiera para el adecuado ejercicio de sus funciones. En caso de no recibir la colaboración antes mencionada en debida forma y/o en la oportunidad requerida, el revisor fiscal deberá poner este hecho en conocimiento del órgano competente, según el caso, y a la vez, cuando lo considere necesario, informar a esta superintendencia.

4.3. Pautas relacionadas con la elección del revisor fiscal, ejercicio y entrega del cargo

Sin perjuicio del derecho de cualquier socio o accionista de presentar al máximo órgano social candidatos para la revisoría fiscal, corresponderá a la junta directiva, a través del comité de auditoría, someter a consideración de la asamblea general de accionistas u órgano equivalente, la hoja de vida de los posibles candidatos, para lo cual deberá verificar previamente que los mismos cumplan con los requisitos necesarios para desempeñar adecuadamente sus funciones y que no se encuentren incursos en las incompatibilidades e inhabilidades previstas en los artículos 205 del Código de Comercio, 50 y 51 de la Ley 43 de 1990 y demás normas que resulten aplicables.

4.3.1. Criterios objetivos para la elección del revisor fiscal

En los términos de los artículos 205 y 215 del Código de Comercio y 50 y 51 de la Ley 43 de 1990, un contador no podrá ser revisor fiscal de una entidad:

a) Si es asociado de la misma entidad o de alguna de sus subordinadas.

b) Si es asociado o empleado de la entidad matriz.

c) Si está ligado por matrimonio o parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad, primero civil o segundo de afinidad, o es consocio, de los administradores y funcionarios directivos, el cajero, auditor o contador de la misma entidad fiscalizada. Lo mismo se aplica si tiene con las personas antes mencionadas vínculos económicos, amistad íntima o enemistad grave, intereses comunes o cualquier otra circunstancia que pueda restarle independencia u objetividad a sus conceptos o actuaciones.

d) Si desempeña en la misma entidad o en sus subordinadas cualquier otro cargo dentro de los seis (6) meses anteriores a la designación actuó como empleado de la sociedad, de su matriz, de sus subsidiarias o filiales.

e) Si la persona natural tiene el cargo de revisor fiscal en cinco sociedades por acciones. Sobre el particular, dada la importancia de la actividad desarrollada por las entidades del sector financiero, esta superintendencia considera que la aplicación estricta de este límite debe ser sopesada responsablemente por la revisoría fiscal, para lo cual, deberá analizar previamente de manera rigurosa que se garantice que quien va ejercer la labor cuente con todos los recursos necesarios

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para cumplir con sus funciones, en términos de personal, tiempo y tecnología, atendiendo el tamaño de las entidades y la complejidad de sus operaciones.

f) Si no tiene residencia permanente en Colombia, según lo establecido en el artículo 472, numeral 6º, del Código de Comercio.

En todo caso, el revisor fiscal debe evaluar la existencia de conflictos de interés antes de iniciar la ejecución de su labor o, si estos se presentan con posterioridad a la aceptación del cargo, informarlos una vez los conozca o sobrevengan.

4.3.2. Calidades subjetivas para la elección del revisor fiscal

Para garantizar un adecuado y eficiente cumplimiento de las funciones del revisor fiscal resulta necesario que quien se postule, independientemente del órgano o persona que lo presente a la asamblea, cumpla los siguientes requisitos:

a) Demostrar preparación técnica y experiencia adecuadas para un óptimo desempeño de sus funciones, teniendo en cuenta el objeto social o actividad económica del ente, su tamaño y la complejidad de sus operaciones.

b) Contar con un equipo profesional de apoyo idóneo y suficiente, acorde con la naturaleza, tamaño y complejidad del ente auditado y de sus operaciones.

c) Tener una disponibilidad de tiempo y de recursos que razonablemente permita garantizar que su labor tendrá el alcance y la cobertura requeridos en la presente circular externa, teniendo en cuenta no solo las características propias del respectivo ente económico y del sector al cual pertenece, sino también las de las otras entidades en las cuales ejerce la revisoría fiscal.

d) Presentar a la asamblea de accionistas o junta de socios, a través del comité de auditoría de la entidad respectiva, una propuesta de servicios que incluya como mínimo los siguientes aspectos:

i) Alcance de su labor respecto de cada una de las principales áreas que son competencia de la revisoría fiscal, según lo establecido en la presente circular.

ii) Número de horas/hombre mensuales que dedicará a la revisoría del respectivo ente económico.

iii) Informes que presentará y su periodicidad.

iv) Personas que forman parte de su equipo de trabajo, anexando sus hojas de vida e indicando la especialidad de cada uno y el área de la cual se encargará dentro del equipo de trabajo.

v) Bases del cálculo de los honorarios.

vi) Acuerdos respecto de la planeación del trabajo de revisoría fiscal

vii) Acuerdos concernientes al uso del trabajo del auditor interno.

viii) Acuerdos adicionales con la entidad.

El comité de auditoría, u órgano social encargado de analizar las propuestas presentadas antes de la reunión, deberá evaluar de forma previa a su presentación a la asamblea de accionistas u órgano equivalente, si el perfil profesional de cada aspirante al cargo de revisor fiscal y el contenido de su propuesta se ajustan a los requerimientos legales y necesidades del respectivo ente económico. Si bien las propuestas que presenten los accionistas durante la realización de la asamblea no deberán ser objeto de esta revisión previa, si deberán contener todos los datos y documentos que suministren al máximo órgano social elementos de juicio suficientes para adoptar su decisión.

4.3.3. Nombramiento y aprobación del presupuesto

La designación de los revisores fiscales de las sociedades deberá ser efectuada por la asamblea general de accionistas o máximo órgano del respectivo ente, según lo dispuesto en el artículo 204 del Código de Comercio, función que no podrá delegarse, ni aun en comisiones conformadas por accionistas concurrentes a la asamblea, por cuanto se trata de una función de carácter legal asignada expresamente por la ley al máximo órgano social. En el caso de las entidades públicas, se aplicará lo dispuesto en las normas que les resulten aplicables.

Según lo dispuesto en el artículo 204 del Código de Comercio, tratándose de sociedades, la elección del revisor fiscal será competencia exclusiva de la asamblea o del órgano que haga sus veces, por la mayoría de votos establecida en la ley o en los estatutos. En las cooperativas financieras, atendiendo lo

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establecido en el artículo 32 de la Ley 79 de 1988, la elección se efectuará por la mayoría de los votos presentes.

En las sociedades que tengan junta directiva, el período del revisor fiscal será igual al de aquella, pero podrá ser removido en cualquier tiempo por la asamblea general de accionistas con el voto favorable de la mitad más uno de las acciones representadas en la respectiva reunión.

Con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 5º del artículo 79 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, en la sesión en la cual se designe al revisor fiscal deberá definirse e incluirse en el acta la información relativa a las apropiaciones previstas y autorizadas para el suministro de recursos humanos, técnicos y logísticos destinados al adecuado desempeño de las funciones a él asignadas, adjuntando el análisis efectuado para el cálculo de tales recursos, en función del tamaño de la entidad, el número de oficinas, el volumen y complejidad de sus operaciones, tanto a nivel nacional como en el exterior, así como la expansión prevista para la entidad.

Con el propósito de que la apropiación presupuestal que se defina cumpla la finalidad de garantizar la permanencia, acceso irrestricto e ilimitado a la información, independencia y adecuado cumplimiento de todas las funciones que corresponden al revisor fiscal, se hace necesario que se discriminen los siguientes aspectos, que se estiman fundamentales para determinar el monto y alcance de tales recursos:

a) Valor total de la remuneración mensual del revisor fiscal, teniendo en cuenta las restricciones legales aplicables a la respectiva entidad, indicando el número de horas que, como mínimo, este y su equipo deben dedicar al ejercicio de sus funciones, discriminando las de su asistencia a las reuniones de la junta directiva del ente, cuando sea del caso.

b) Los auxiliares, expertos y otros colaboradores que requiera, indicando las características profesionales o técnicas de los mismos y su costo, el cual estará comprendido en el valor de la remuneración pagada mensualmente a la revisoría fiscal.

c) Valor mensual estimado para viáticos y gastos de transporte de los miembros del equipo de la revisoría fiscal

d) Tecnología, medios de comunicación y demás elementos que serán puestos a disposición de la revisoría fiscal y de sus colaboradores, con el fin de garantizar su acceso irrestricto e ilimitado a toda la información que requiera para el adecuado ejercicio de sus funciones.

Tratándose de sociedades comisionistas de bolsa de valores, sociedades fiduciarias, sociedades administradoras de inversión y, en general, entidades que administren recursos o activos de terceros, negocios fiduciarios, universalidades, patrimonios autónomos o recursos del sistema general de seguridad social, entre otros, las apropiaciones presupuestales deben contemplar el cumplimiento por parte del revisor fiscal de todas sus funciones, no solamente respecto de la entidad contratante, sino también de los recursos o activos de terceros, negocios fiduciarios, patrimonios autónomos, universalidades, fondos o recursos administrados, según se trate.

El vínculo contractual que se establezca entre el ente fiscalizado y el revisor fiscal no debe modificar los objetivos ni las características de la labor que a este le corresponde realizar, ni crearle una relación de subordinación con los órganos de administración, pues su dependencia corresponde única y exclusivamente al máximo órgano social. Cualquiera que sea el vínculo adoptado, este subsistirá hasta el vencimiento del período para el cual fue designado o cuando el órgano competente acepte la renuncia presentada o decida su remoción, situación que puede verificarse en cualquier momento, aun antes de que se haya vencido el período para el cual fue designado.

En la fijación de sus honorarios, quienes se postulen para el cargo de revisor fiscal deberán cumplir los principios y normas éticas fundamentales que rigen la contaduría pública y que se encuentran en la Ley 43 de 1990, entre las cuales se considera procedente destacar la contenida en el artículo 46, según la cual, siendo la retribución económica de los servicios profesionales un derecho, el contador público fijará sus honorarios de conformidad con su capacidad científica y/o técnica y en relación con la importancia y circunstancia en cada uno de los casos que le corresponda cumplir, pero siempre previo acuerdo por escrito entre el contador público y el usuario.

Por lo anterior, los profesionales de la contaduría pública deben exigir como contraprestación por sus servicios, unos honorarios equivalentes a la responsabilidad que el cargo o la tarea implica, la complejidad del ente fiscalizado, y la importancia de la tarea que la sociedad le encomienda como experto.

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Finalmente en relación con este tema, debe tenerse en cuenta lo establecido en el artículo 59 de la Ley 43 de 1990.

4.3.4. Nombramiento de auxiliares y otros expertos

Sobre el particular, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 210 del Código de Comercio, el revisor fiscal podrá tener auxiliares u otros colaboradores nombrados y removidos libremente por él, que actúen bajo su dirección y responsabilidad, con la remuneración que fije la asamblea, junta de socios u órgano equivalente, sin perjuicio de que los revisores tengan colaboradores y auxiliares contratados y remunerados libremente por ellos.

Para el efecto, los revisores fiscales de las entidades vigiladas y controladas podrán contar con el apoyo de expertos con conocimientos específicos en ciencias o temas que superen los que ordinariamente debe tener el revisor fiscal.

Los auxiliares y colaboradores del revisor fiscal, deberán cumplir con los mismos requisitos éticos exigidos a este, especialmente en materia de independencia, así como tener una formación profesional y experiencia acorde con su función dentro del equipo de auditoría, según se analiza en el numeral 4.4.1 del presente capítulo. En ningún caso los auxiliares o colaboradores del revisor fiscal podrán ser empleados de la entidad fiscalizada, o estar vinculados a ella mediante cualquier modalidad contractual que pueda implicar una subordinación a esta o a su administración.

4.3.5. Posesión

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 21 de la Ley 45 de 1990, 79 numeral 3º y 326 numeral 2º, literal g) del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero; 3º, numeral 34 del Decreto 2739 de 1991, 40 de la Ley 454 de 1998 y 14 del Decreto 1565 de 2006, los revisores fiscales principales y suplentes de las entidades vigiladas, deben tomar posesión de sus cargos ante la Superintendencia Financiera de Colombia, para lo cual deben atender las instrucciones impartidas en el numeral 1.3 del capítulo décimo, título primero de la Circular Básica Jurídica de la Superintendencia Financiera de Colombia.

Cuando la designación recaiga en una asociación o firma de contadores, la diligencia de posesión se surtirá en relación con el contador público que aquella designe para desempeñar personalmente las funciones del revisor fiscal. Sin perjuicio de lo anterior, comoquiera que las personas jurídicas que prestan servicios de revisoría fiscal actúan por intermedio o a través de las personas naturales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 215 del Código de Comercio, en armonía con el artículo 4º de la Ley 43 de 1990, la labor realizada por el contador público que actúe en nombre y representación de la firma de auditoría que le encomendó las funciones de revisoría fiscal es indivisible de la propia responsabilidad que a esta le compete.

La Superintendencia Financiera de Colombia autorizará la posesión una vez se cerciore acerca del carácter, la idoneidad y la experiencia de la persona designada por el órgano social competente para ejercer la revisoría fiscal.

Lo anterior por cuanto, la revisoría fiscal es una institución que trasciende la defensa de las expectativas individuales, en la medida en que está llamada a velar por intereses superiores que afectan al Estado y a la comunidad en general; que no se reduce al cumplimiento de ciertos requisitos de idoneidad técnica, como los exigidos al contador profesional para que pueda desplegar la actividad que le es propia, sino que demanda probidad y compromiso con valores sociales que busca proteger el legislador al establecer ciertos mecanismos de control sobre las entidades, y al exigir la presencia de funcionarios que vigilen el desarrollo de las mismas.

La posesión de los revisores fiscales de las entidades vigiladas tiene como objetivo primordial mantener la confianza del público en las instituciones del sector financiero, mediante el ejercicio de una supervisión preventiva que verifique la idoneidad de los candidatos, analizando su formación profesional, experiencia y antecedentes, con miras a obtener elementos de juicio respecto de su capacidad profesional, honestidad, responsabilidad e integridad, condiciones indispensables para quienes tienen a su cargo funciones de fiscalización de instituciones que manejan los recursos del público.

Para efectos de decidir acerca de la posesión de un aspirante a revisor fiscal de una entidad vigilada, la Superintendencia Financiera de Colombia debe tener en cuenta tanto requisitos objetivos como calidades subjetivas. Los primeros se relacionan con la verificación de los requisitos exigidos en las normas aplicables, tales como el cumplimiento del régimen de inhabilidades e incompatibilidades correspondiente

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y la obtención de la tarjeta profesional; las segundas, incluyen claramente una facultad discrecional, que concede a la Superintendencia Financiera de Colombia, atribuciones para determinar los criterios y elementos de juicio que considera procedente utilizar para evaluar la conducta de los candidatos a revisores fiscales, su capacidad y trayectoria profesional, seriedad, responsabilidad y moralidad.

A la luz de lo anterior, la Superintendencia Financiera de Colombia no se puede limitar a verificar que los aspirantes al cargo de revisor fiscal tengan el título de contador público, la tarjeta profesional correspondiente y que hayan sido elegidos por el órgano social competente, pues estaría valorando solamente los requisitos objetivos, desatendiendo el expreso mandato legal contenido en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, referente a la necesidad de valorar también las calidades subjetivas necesarias para el adecuado ejercicio de las funciones que corresponde desarrollar a quienes van a tener a su cargo la fiscalización de las entidades vigiladas, en todas las cuales se encuentra involucrado en alto grado el interés público.

Entre las referidas calidades subjetivas ocupan un lugar muy importante la honestidad y la responsabilidad, dado que se trata de entidades que están captando, intermediando y/o administrando grandes sumas de recursos del público. En tal sentido, el historial crediticio de quienes aspiran a fiscalizar las entidades aporta información relevante respecto a la honestidad, responsabilidad y seriedad con que dichas personas atienden sus obligaciones y permite inferir la forma en la cual pueden comportarse en el futuro. Similar propósito tiene el análisis del historial de sanciones impuestas a los aspirantes por parte de entidades de control del Estado, a través del cual se evalúa si en su actividad profesional han tenido o no un estricto cumplimiento de las normas legales y, en caso negativo, cuál fue la importancia de la infracción cometida y si se han presentado reincidencias, sin que ello implique que se quiera aplicar una doble sanción.

Adicionalmente, se considera necesario que los aspirantes a fiscalizar las entidades vigiladas por esta superintendencia cuenten con experiencia en cargos similares, exigiéndose mayor experiencia a medida que aumenta el tamaño de la respectiva entidad y la complejidad de sus negocios. Si bien parte de dicha experiencia puede haber sido adquirida en otros sectores empresariales, se considera necesario que los aspirantes cuenten con experiencia previa en el sector, dada la especialización de las actividades que desarrollan las referidas entidades, con una normatividad y sistemas operativos que difieren considerablemente de los aplicables a la generalidad de las empresas. No obstante, no se exige que la experiencia en el sector provenga del desempeño de cargos del mismo nivel, admitiéndose por ejemplo, la experiencia como contadores, auditores o contralores de otras entidades vigiladas.

El ejercicio del cargo de revisor fiscal de las entidades vigiladas, sin haber tomado posesión del mismo, dará lugar a las sanciones correspondientes, sin perjuicio de que por este solo hecho, la Superintendencia Financiera de Colombia se abstenga de autorizar la posesión.

No se requiere adelantar nuevamente el trámite de posesión cuando se trate de reelección del revisor fiscal, independientemente de la condición de principal o suplente. Sin embargo, deberá procederse de conformidad con lo dispuesto en el inciso segundo del numeral 1.2 del capítulo décimo, título primero de la Circular Básica Jurídica.

4.3.6. Ejercicio del suplente

Dada la importancia de las funciones asignadas al revisor fiscal, la responsabilidad del suplente es igual a la del principal respecto del adecuado cumplimiento de sus funciones, cuando deba reemplazarlo, de acuerdo con lo previsto en el presente capítulo y en el marco normativo vigente.

No obstante, es de advertir que la revisoría fiscal no puede ser ejercida de manera simultánea por las personas designadas para dicho cargo como titular y suplente, por cuanto tal situación conlleva a diluir la responsabilidad inherente al control y fiscalización de la gestión de los negocios sociales, en expresa contravención a la previsión consagrada en el artículo 215 del Código de Comercio, que exige el desempeño personal del cargo.

El suplente solo debe ejercer las funciones del titular del cargo ante la falta definitiva o temporal de este, y debe abstenerse de expedir dictámenes, informes, certificaciones y demás documentos relacionados con el ejercicio de la revisoría, salvo cuando se encuentre reemplazando al titular, por las razones antes mencionadas.

4.3.7. Efectos de la renuncia, inscripción en el registro mercantil y entrega del cargo

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 164 del Código de Comercio, las personas inscritas en la cámara de comercio del domicilio social como revisores fiscales de una sociedad, conservarán tal carácter para todos los efectos legales, mientras no se cancele dicha inscripción mediante el registro de

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un nuevo nombramiento o elección o la inscripción de su renuncia, previo cumplimiento de los requisitos exigidos para el efecto.

En consecuencia, las personas que se encuentren debidamente posesionadas e inscritas en la cámara de comercio como revisores fiscales, mantendrán tal condición para todos los efectos legales, hasta tanto ocurra uno de los siguientes eventos: i) se registre un nuevo nombramiento y posesión de una persona diferente o ii) se proceda a la actualización del registro mercantil, inscribiendo su renuncia, conforme a las siguientes reglas:

a) En caso de remoción o renuncia, presentada ante quien actúe como secretario en las reuniones del máximo órgano social, el responsable del trámite de posesión debe proceder de conformidad con las instrucciones impartidas en el numeral 1.5.1 del capítulo décimo, título primero de la Circular Básica Jurídica de la Superintendencia Financiera de Colombia.

b) Si en los estatutos sociales no se prevé expresamente un término dentro del cual deba proveerse el reemplazo del revisor fiscal saliente, los órganos encargados de llevar a cabo el nombramiento deberán iniciar el trámite de posesión dentro de treinta (30) días comunes, contados a partir de la fecha de presentación de la renuncia, so pena de las sanciones a que haya lugar.

Vencido este término sin que se haya designado y posesionado el reemplazo, corresponderá al revisor fiscal saliente informar tal situación mediante comunicación dirigida a la cámara de comercio respectiva, adjuntando el soporte correspondiente en el que acredite la fecha en que la misma fue presentada con el fin de que se actualice el registro.

De igual manera, los revisores fiscales deberán remitir a la Superintendencia Financiera de Colombia para los fines legales pertinentes, copia del certificado expedido por la cámara de comercio en el cual conste la inscripción de la renuncia, remoción o circunstancia que ponga fin al ejercicio del cargo.

Sin perjuicio de lo anterior, se recomienda que el revisor fiscal saliente formalice la entrega del cargo mediante un documento en el cual informe sobre los principales aspectos de la entidad, el trabajo realizado hasta dicha fecha, los proyectos en curso y los planes pendientes.

4.4. Normas de auditoría generalmente aceptadas

En cumplimiento de lo establecido en el numeral 2º del artículo 8º de la Ley 43 de 1990, en ejercicio de su función como revisor fiscal, el respectivo contador deberá aplicar las normas de auditoría de general aceptación contempladas en el artículo 7º de la misma ley.

Dichas normas son las siguientes:

4.4.1. Normas personales

De conformidad con lo dispuesto en el numeral 1º del artículo 7º de la Ley 43 de 1990, las normas personales de auditoría generalmente aceptadas se relacionan con las cualidades profesionales que debe tener el revisor fiscal para el adecuado ejercicio de sus funciones, para lo cual se requiere que:

4.4.1.1. El examen debe ser ejecutado por personas que tengan entrenamiento adecuado y estén habilitadas legalmente para ejercer la contaduría pública en Colombia. En este sentido, es necesario que el revisor fiscal tenga las competencias profesionales requeridas para el desarrollo de sus funciones y la prestación del servicio con el debido cuidado y diligencia, teniendo en cuenta el objeto social o actividad económica del ente, su tamaño y la complejidad de sus operaciones. Las competencias técnicas se refieren al conocimiento, adquirido a través de estudios profesionales adelantados en centros de educación debidamente acreditados, y la experiencia, que haya sido obtenida en labores de revisoría fiscal o auditoría en entidades de características similares a la que se pretende fiscalizar.

Adicionalmente, en el ejercicio de su actividad profesional y en el desarrollo de sus negocios debe haber cumplido sus obligaciones y observado buena conducta, acorde con los principios éticos.

4.4.1.2. En la ejecución de su examen y en la preparación de sus informes, debe proceder con diligencia profesional, imparcialidad y objetividad en sus juicios.

La diligencia profesional se debe demostrar en todas las etapas de la tarea del revisor fiscal, desde la planeación hasta la presentación de su dictamen. Impone a cada persona del grupo de revisoría fiscal, la responsabilidad del cumplimiento de las normas en la ejecución del trabajo y en la emisión del informe. Su ejercicio exige, así mismo, una revisión estricta a cada nivel de supervisión del trabajo efectuado y del juicio emitido por todos y cada uno de los profesionales del equipo de trabajo de revisoría.

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Cuando el revisor fiscal utilice la asesoría de especialistas cuya opinión sea básica para el ejercicio de su función, deberá asegurarse de su competencia y capacidad, en forma previa a su vinculación al grupo de trabajo. Así mismo, para poder apoyarse en auditorías realizadas por terceros, es necesario verificar la competencia profesional de los auditores respectivos, su independencia y la calidad del trabajo por ellos realizado.

El revisor fiscal debe aceptar únicamente los trabajos que pueda efectuar con la debida diligencia profesional.

4.4.1.3. El revisor fiscal, así como quienes conforman su equipo o grupo de auditoría, deben tener independencia mental en todo lo relacionado con su trabajo para garantizar la imparcialidad y objetividad de sus juicios, depende exclusivamente de la asamblea general o del órgano que haga sus veces y debe ser ajeno a cualquier tipo de subordinación respecto de órganos de dirección y administradores que son, precisamente, los sujetos pasivos de su control.

Con tal propósito, en consideración a la necesidad de proteger el principio de independencia que garantiza la objetividad e integridad que debe observar el contador público para el cabal cumplimiento de sus funciones y, en especial, para garantizar que la labor de fiscalización ejercida por el revisor fiscal se encuentre libre de cualquier conflicto de intereses que comprometa la imparcialidad de quien está llamado a dar fe pública de las operaciones y actuaciones del ente a vigilar, y por otra, en salvaguarda del régimen de inhabilidades e incompatibilidades que se encuentra expreso en el Código de Comercio, en la Ley 43 de 1990 o en otras normas o estatutos que resulten aplicables, las firmas de contadores, tanto directamente como a través de otras personas naturales o jurídicas a ellas vinculadas, deben abstenerse de prestar a las entidades fiscalizadas otros servicios propios de la disciplina contable, tales como contabilidad por outsourcing, auditoría y asesoría tributaria.

La independencia supone una actitud mental que permite al contador público actuar con libertad respecto a su juicio profesional, para lo cual debe encontrarse libre de cualquier predisposición que limite su imparcialidad en la consideración objetiva de los hechos, así como en la formulación de sus conclusiones. Por su parte, la objetividad implica el mantenimiento de una postura imparcial en todas las funciones del contador público, de quien se exige total independencia en sus relaciones con la entidad o persona objeto de fiscalización.

Conforme a lo señalado, se considera necesario resaltar lo expresado en otro acápite, donde se determinó que las personas jurídicas que prestan servicios relacionados con la ciencia contable actúan a través de personas naturales, predicándose, entonces, la condición de revisor fiscal tanto de la persona jurídica como de la persona natural designada para desarrollar las funciones propias de este cargo.

En este orden de ideas, y con apoyo en lo preceptuado en el artículo 48 de la Ley 43 de 1990 y el ordinal 3º del artículo 205 del Código de Comercio, las personas jurídicas contratadas para la prestación de servicios de revisoría fiscal no podrán desempeñar en la misma sociedad o ente económico otro cargo, ni prestar otros servicios profesionales durante el respectivo período, prohibición cuya trasgresión dará lugar a que la firma elegida para desarrollar la función de fiscalización responda disciplinariamente ante la Junta Central de Contadores, en presencia de una la presunta violación del régimen de inhabilidades e incompatibilidades.

En igual sentido, y en acatamiento de lo ordenado por el artículo 51 de la Ley 43 de 1990, cuando una persona jurídica haya prestado servicios contables de auditoría, contabilidad por outsourcing o asesoría tributaria, entre otros, deberá rehusarse a aceptar la designación como revisor fiscal en la misma empresa, sus subsidiarias y/o filiales, por lo menos durante los seis (6) meses siguientes a la fecha de cesación de sus funciones.

De otra parte, atendiendo los estándares y las prácticas internacionales, se sugiere como práctica de buen gobierno corporativo, que las entidades adopten medidas adicionales que faciliten el mantenimiento de la independencia del revisor fiscal, tales como:

Designar como revisor fiscal a personas o firmas que no hayan recibido de la compañía, su matriz o sus subordinadas, ingresos que representan el veinticinco por ciento (25%) o más de los ingresos anuales en el país durante los últimos 5 años del respectivo revisor fiscal o de la firma de revisoría a la cual pertenece, con base en una certificación que para el efecto imparta el revisor fiscal o la firma de revisoría correspondiente.

Que la entidad, en los contratos que suscriba con su revisoría fiscal, pacte cláusulas en las que la firma de revisoría se obligue a rotar a las personas que al interior de la entidad adelantan dicha función con por lo menos una periodicidad de cinco (5) años. Igualmente, a pactar que la persona que ha sido rotada solamente pueda retomar la auditoría de la misma compañía luego de un período de dos (2) años. La misma recomendación aplica para los casos en los cuales el revisor fiscal sea una persona natural.

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En adición a lo anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 37 de la Ley 43 de 1990, el revisor fiscal y su equipo de trabajo o grupo de auditoría deben observar en todos los casos los siguientes principios básicos de ética profesional: integridad, objetividad, independencia, responsabilidad, confidencialidad, observaciones de las disposiciones normativas, competencia y actualización profesional, difusión, colaboración y respeto entre colegas. Dichos principios deben ser igualmente cumplidos por todas las personas que integran el equipo de la revisoría fiscal, incluyendo a los expertos que le colaboren en áreas diferentes a la técnico contable.

4.4.2. Normas relativas a la ejecución del trabajo

Las normas sobre la ejecución del trabajo, hacen referencia a la preparación, desarrollo y supervisión de la labor desempeñada por la revisoría fiscal y en este sentido regulan el conjunto de técnicas de auditoría aplicables a las partidas, los procesos y la documentación que examine para poder cumplir a cabalidad con sus funciones legales.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 37 de la mencionada Ley 43 de 1990, el revisor fiscal debe considerar y estudiar al usuario de sus servicios como ente económico separado que es, relacionarlo con las circunstancias particulares de su actividad, sean estas internas o externas, con el fin de aplicar, en cada caso, las técnicas y métodos más adecuados para el tipo de ente económico y la clase de trabajo que se le ha encomendado, teniendo en cuenta, por lo menos las siguientes directrices:

4.4.2.1. Planeación

El trabajo de los revisores fiscales debe ser técnicamente planeado y debe contemplar una supervisión al trabajo de sus auxiliares.

En su planeación el revisor fiscal deberá tener en cuenta las siguientes etapas:

Desarrollar un plan de auditoría con el fin de reducir el riesgo de auditoría a un nivel aceptablemente bajo.

Planear la naturaleza, oportunidad y extensión de la dirección y supervisión de los miembros del equipo de trabajo y de la revisión de su trabajo.

Actualizar la estrategia general y el plan de auditoría y efectuar los ajustes que resulten pertinentes durante el curso del trabajo.

Documentar la estrategia general y el plan de auditoría, incluyendo los cambios importantes hechos durante el trabajo.

Presentar los elementos de la planeación que considere pertinentes al comité de auditoría de la junta directiva, incluyendo aspectos generales tales como tiempos, la participación de expertos cuya colaboración se requiera, indicando las áreas en las cuales se emplearán, al igual que los objetivos e informes que se espera de ellos; elementos de soporte requeridos, fechas de reuniones, informes que se presentarán de forma ordinaria y cualquier otro aspecto que se considere relevante.

Una apropiada planeación del trabajo del revisor fiscal garantiza la calidad y resultado de las pruebas desarrolladas. Así mismo, ayuda a asegurar que la revisoría fiscal evalúe de manera adecuada las áreas, riesgos y procesos más importantes, la asignación y supervisión de la labor desarrollada por sus auxiliares, así como el desarrollo del trabajo con expertos y otras áreas de control. En lo relacionado con estos últimos, se debe evaluar su competencia, objetividad, experiencia, independencia y alcance de su trabajo.

En este orden de ideas, teniendo en cuenta lo estipulado en el artículo 7º de la Ley 43 de 1990, en el cual se indican las normas de auditoría generalmente aceptadas que deben seguir los contadores públicos en el desarrollo de sus funciones en materia de auditoría de cuentas o desarrollo de la revisoría fiscal, se considera que el trabajo ejecutado por el revisor fiscal ha cumplido con los presupuestos exigidos en la regulación, cuando haya sido técnicamente planeado y esté soportado en un plan global de auditoría debidamente documentado, lo cual se evidenciará a partir de los documentos de planeación. Cualquier desviación material debe ser adecuadamente justificada.

4.4.2.2. Evaluación del control interno

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Obedece a la valoración que efectúa la revisoría fiscal de los sistemas de control interno y administración de riesgos implementados por las entidades fiscalizadas, con el fin de emitir una opinión profesional sobre su suficiencia y efectividad, según lo señalado en el numeral 4.2.8 de este capítulo.

Dicha evaluación debe realizarse para cada uno de los elementos del sistema, tales como ambiente de control, actividades de control, gestión de riesgos, comunicación, sistemas de información y tecnología y monitoreo, utilizando como marco de referencia los estándares internacionales que resulten aplicables. Para aquellos aspectos relacionados con materias diferentes a lo financiero-contable, podrá apoyarse en el análisis y evaluación de especialistas competentes.

No obstante la evaluación que corresponde al revisor fiscal, debe recordarse que la responsabilidad por la correcta implementación y eficacia de los sistema de control interno y de administración de riesgos corresponde a los administradores de cada entidad.

Dentro de este contexto, y sin perjuicio de las funciones asignadas en otras disposiciones al revisor fiscal, este deberá elaborar un reporte periódico dirigido a la junta directiva u órgano que haga sus veces, mediante el cual informe acerca de las conclusiones obtenidas en el proceso de evaluación del cumplimiento de las normas e instructivos sobre los sistemas de administración de riesgo que deba implementar la respectiva entidad fiscalizada, de conformidad con las normas que le resulten aplicables (1) .

4.4.2.3. Obtención de evidencia

El revisor fiscal debe obtener evidencia válida y suficiente por medio de análisis, inspección, observación, interrogación, confirmación y otros procedimientos de auditoría, con el propósito de allegar las bases razonables para emitir un dictamen tanto de los estados financieros sujetos a revisión, como del sistema de control interno y el cumplimiento de la regulación, así como las certificaciones sobre la información que deba remitir a esta superintendencia.

En consecuencia, la evaluación que se adelante deberá quedar debidamente soportada, cubrir de manera total a la entidad y, realizarse con la periodicidad establecida en la planeación.

Esta evidencia deberá documentarse en papeles de trabajo o aplicativos de sistemas que comprenderán la totalidad de los documentos preparados o recibidos por el revisor fiscal, de manera que en conjunto constituyen un compendio de la información utilizada y de las pruebas efectuadas en la ejecución de su trabajo, junto con las decisiones que ha adoptado para llegar a formarse una opinión sobre los estados financieros, o sobre la información relacionada con las certificaciones por él emitidas.

El revisor fiscal debe adoptar procedimientos apropiados que permitan mantener la confidencialidad y salvaguarda de la información, de acuerdo con los requisitos legales y profesionales.

En consecuencia, todas las evaluaciones adelantadas deberán quedar debidamente soportadas en evidencia obtenida de fuentes confiables, tanto internas como externas.

Igualmente, el revisor fiscal deberá preparar papeles de trabajo, documentos, registros magnéticos u otros medios que sean lo suficientemente completos y detallados para proporcionar la comprensión global de las evaluaciones y auditorías realizadas. Esta evidencia debe cumplir con los requisitos de forma y fondo considerados en las mejores prácticas de auditoría.

Los documentos antes mencionados deberán incluir por lo menos, la planeación, naturaleza, oportunidad y alcance de los procedimientos aplicados; los programas de auditoría y las modificaciones al respecto, los soportes del desarrollo del trabajo, entre otros; evaluaciones de riesgos, evidencia de la revisión y supervisión del trabajo del equipo de revisoría, así como las conclusiones y recomendaciones extraídas de la evidencia y las comunicaciones dirigidas a la gerencia o a los demás órganos de administración de la sociedad.

La evidencia obtenida y acumulada por el revisor fiscal y su equipo, debe considerar la aplicación de normas técnicas de general aceptación.

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Si bien la evidencia obtenida en el desarrollo del trabajo de revisoría y los papeles de trabajo son de propiedad del revisor fiscal, los mismos deben estar a disposición de la Superintendencia Financiera de Colombia, al igual que la documentación por medios electrónicos, los archivos y manuales de usuario, cuando este organismo lo requiera en ejercicio de sus atribuciones legales.

4.4.3. Normas relativas al dictamen

4.4.3.1. Aspectos generales

En virtud de lo dispuesto en los artículos 208 del Código de Comercio; 7º, numeral 3º, de la Ley 43 de 1990 y 38 de la Ley 222 de 1995, corresponde al revisor fiscal dictaminar los estados financieros del ente fiscalizado.

El dictamen del revisor fiscal deberá hacerse por escrito, contener una clara, precisa y detallada expresión de su opinión sobre los estados financieros (2) , y elaborarse de conformidad con las disposiciones legales aplicables, considerando en forma subsidiaria las normas internacionales de auditoría, en aquellos aspectos que no resulten contrarios a las normas nacionales.

En la redacción del dictamen deberán tenerse en cuenta los siguientes aspectos

Siempre que el nombre de un contador público sea asociado con estados financieros, deberá expresar de manera clara e inequívoca la naturaleza de su relación con tales estados. Si practicó un examen de ellos, el contador público deberá expresar claramente el carácter de su examen, su alcance y su dictamen profesional sobre lo razonable de la información contenida en dichos estados financieros.

El informe debe contener indicación sobre si los estados financieros están presentados de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia.

El informe debe contener indicación sobre si tales principios han sido aplicados de manera uniforme en el período corriente en relación con el período anterior.

Cuando el revisor fiscal considere necesario expresar salvedades o efectuar reservas sobre algunas de las afirmaciones genéricas de su dictamen, deberá expresarlas de manera clara e inequívoca, indicando a cual de tales afirmaciones se refiere y los motivos e importancia de la salvedad en relación con los estados financieros en conjunto.

Cuando el contador público considere no estar en condiciones de expresar una opinión sobre los estados financieros tomados en conjunto deberá manifestarlo explícita y claramente.

4.4.3.2. Elementos del dictamen del revisor fiscal

El dictamen deberá contener, por lo menos, lo siguiente:

Título: Deberá contener un título que indique claramente que es el dictamen del revisor fiscal.

Destinatario: Deberá dirigirse al órgano competente.

Párrafo introductorio: Deberá identificar la entidad cuyos estados financieros se han auditado y además identificar el título de cada uno de los estados financieros auditados, referirse al resumen de políticas contables importantes y otras notas aclaratorias, y especificar la fecha y período cubierto por los estados financieros.

Responsabilidad de la administración por los estados financieros: El dictamen del revisor fiscal deberá declarar que la administración es responsable por la preparación y presentación de los estados financieros, de acuerdo con el marco de referencia de información financiera aplicable y que esta responsabilidad incluye:

Diseñar, implementar y mantener el control interno relevante a la preparación y presentación de los estados financieros que estén libres de errores de importancia relativa, ya sea por fraude o por error;

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Seleccionar y aplicar las políticas contables apropiadas; y

Hacer estimaciones contables que sean razonables en las circunstancias.

Responsabilidad del revisor fiscal: El dictamen deberá declarar que la responsabilidad del revisor fiscal es la de expresar una opinión sobre los estados financieros con base en el trabajo realizado.

El dictamen del revisor fiscal deberá declarar que su trabajo se realizó de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia. Así mismo, deberá explicar que esas normas requieren que el revisor fiscal cumpla con los requisitos éticos y que planee y desempeñe la revisoría para obtener seguridad razonable sobre si los estados financieros están libres de errores de importancia material.

Descripción del trabajo del revisor fiscal: El dictamen del revisor fiscal deberá describir su trabajo informando los siguientes aspectos:

a) Si ha obtenido las informaciones necesarias para cumplir adecuadamente sus funciones.

b) Si en el curso de su revisión ha seguido los procedimientos aconsejados por las normas de auditoría generalmente aceptadas.

c) Si la contabilidad de la respectiva entidad se lleva conforme a las normas legales y a la técnica contable.

d) Si los valores que se presentan en los estados financieros han sido fielmente tomados de los libros.

e) Si el balance presenta en forma fidedigna, de acuerdo con las normas de contabilidad generalmente aceptadas, la respectiva situación financiera al terminar el período revisado.

f) Si el estado de pérdidas y ganancias refleja el resultado de las operaciones efectuadas en el período respectivo.

g) Si el balance y el estado de pérdidas y ganancias reflejan adecuadamente el impacto de los diferentes riesgos a que se ve expuesta la entidad en desarrollo de su actividad, medido de acuerdo con los sistemas de administración implementados.

h) Para el caso de las compañías de seguros y capitalización, si son adecuadas y suficientes las reservas técnicas de seguros y títulos de capitalización.

i) Si existe la debida concordancia entre el informe de gestión presentado por los administradores y los estados financieros, cuando estos son presentados conjuntamente.

j) El pronunciamiento sobre los negocios fiduciarios, patrimonios autónomos, carteras colectivas, fondos públicos, fondos que administren recursos de la seguridad social, universalidades o recursos de terceros respecto de los cuales se haya efectuada auditoría financiera.

k) Si la entidad ha efectuado en forma correcta y oportuna sus aportes al sistema de seguridad social integral, en cumplimiento de lo exigido por el artículo 11 del Decreto reglamentario 1406 de 1999.

l) Si se ha efectuado el seguimiento a las recomendaciones efectuadas, detallando el cumplimiento de las mismas y el porcentaje de ejecución.

m) El pronunciamiento sobre el origen de los recursos con cargo a los cuales se pagaron las comisiones de intermediación en el ramo de seguro de riesgos laborales, en cumplimiento de lo dispuesto en el parágrafo 5 del artículo 11 de la Ley 1562 de 2012, en concordancia con el artículo 31 de la misma ley.

Opinión del revisor fiscal: Deberá expresar una opinión sin salvedad cuando el revisor fiscal concluye que los estados financieros dan un punto de vista verdadero y están presentados razonablemente, respecto de todo lo importante, de acuerdo con el marco de referencia de información financiera aplicable.

Firma del revisor fiscal: El revisor fiscal debe firmar a título personal, si actúa como persona natural, y de actuar a nombre de una firma de auditoría, además debe señalar el nombre de la misma.

Fecha del dictamen del revisor fiscal: La fecha del dictamen informa al lector que el revisor fiscal ha considerado el efecto de eventos y transacciones de los que se enteró y que ocurrieron hasta esa fecha.

Dirección: El revisor fiscal en su dictamen deberá indicar la dirección de su domicilio.

Adicionalmente, de conformidad con lo establecido en el artículo 209 del Código de Comercio, el revisor fiscal debe informar a la asamblea, junta de socios o máximo órgano social lo siguiente:

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i) Si los actos de los administradores de la sociedad se ajustan a los estatutos y a las órdenes o instrucciones de la asamblea o junta de socios;

ii) Si la correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de actas de registro de acciones, en su caso, se llevan y se conservan debidamente, y

iii) Si hay y son adecuadas las medidas de control interno, de conservación y custodia de los bienes de la sociedad o de terceros que estén en poder de la compañía.

4.4.3.3. Párrafo de énfasis (Asuntos que no afectan la opinión del revisor fiscal)

Cuando existan asuntos que no afecten la opinión del revisor fiscal, este deberá indicarlo así en su dictamen agregando un párrafo para resaltar un asunto de importancia relativa respecto de un problema que pueda afectar al ente económico como negocio en marcha.

El revisor fiscal deberá considerar en su dictamen, agregando un párrafo de énfasis, si hay una falta de certeza importante, cuya resolución dependa de hechos futuros y que pueda afectar los estados financieros. Una falta de certeza es un asunto cuyo resultado depende de acciones o hechos futuros que no están bajo control directo de la entidad, pero que pueden afectar a los estados financieros.

4.4.3.4. Diferentes formas de opinión (Asuntos que si afectan la opinión del revisor fiscal)

Un revisor fiscal puede expresar una opinión con salvedad, cuando existe cualquiera de las circunstancias siguientes y, a su juicio el efecto del asunto es o puede ser de importancia relativa para los estados financieros: (i) hay una limitación en el alcance del su trabajo, o (ii) hay un desacuerdo con la administración respecto a la aceptación de las políticas contables seleccionadas, el método de su aplicación o lo adecuado de las revelaciones de los estados financieros.

Las circunstancias descritas en el numeral (i) podrían llevar a una opinión con salvedad o a una abstención de opinión. Las circunstancias descritas en el literal (ii) podrían llevar a una opinión con salvedad o a una opinión adversa.

Deberá expresar una opinión con salvedad, cuando el efecto de cualquier desacuerdo con la administración o limitación en el alcance no es de tanta importancia relativa ni tan dominante como para requerir una opinión adversa o una abstención de opinión. Una opinión con salvedad deberá expresarse como “excepto por” o “sujeto a” u otra expresión similar, los efectos del asunto a que se refiere la salvedad. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7º, numeral 3º, literales d) y e) de la Ley 43 de 1990, las salvedades deben expresarse en forma clara e inequívoca, precisando a cuál de las afirmaciones contenidas en los estados financieros se refiere, las razones que motivan la salvedad y la importancia de la misma en relación con los estados financieros tomados en su conjunto.

Deberá expresarse una abstención de opinión cuando el posible efecto de una limitación en el alcance sea de importancia relativa o de tal dominancia que el revisor fiscal no haya podido obtener suficiente evidencia apropiada de auditoría y, en consecuencia, no pueda expresar una opinión sobre los estados financieros.

Deberá expresar una opinión adversa, cuando el efecto de un desacuerdo sea de importancia relativa y de tal dominancia para los estados financieros, que el revisor fiscal concluya que una opinión con salvedad del dictamen no es adecuada para relevar la naturaleza equívoca e incompleta de los estados financieros.

Siempre que el revisor fiscal exprese una opinión distinta o emita una opinión con salvedad deberá incluirse en el dictamen una clara descripción de todas las razones sustantivas y, a menos que no sea factible, una cuantificación de los posibles efectos en los estados financieros.

En caso de considerar que no está en condiciones de expresar un dictamen sobre los estados financieros tomados en su conjunto, el revisor fiscal deberá manifestarlo explícita y claramente.

No puede perderse de vista que la atestación y firma del revisor fiscal tienen valor probatorio por lo cual frente a la responsabilidad que le compete, resultan de gran importancia las reservas o salvedades que efectúe en los dictámenes que emita.

4.4.3.5. Estados financieros del período anterior dictaminados por otro revisor fiscal

Si los estados financieros del ejercicio anterior fueron dictaminados por otro contador público, se debe indicar:

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i) Que los estados financieros del período anterior fueron auditados por otro revisor fiscal;

ii) El tipo de dictamen emitido por el revisor fiscal anterior y en el caso de que se trate de un dictamen con salvedades, las razones que lo originaron, y

iii) La fecha de dicho dictamen.

4.4.3.6. Estados financieros del período anterior no dictaminados

Cuando los estados financieros del período anterior no estén dictaminados, el revisor fiscal entrante deberá declarar en su dictamen esta situación.

Sin embargo, dicha declaración no exime al revisor fiscal del requisito de llevar a cabo procedimientos adecuados respecto de los saldos iniciales del período actual.

4.4.3.7. Dictamen sobre negocios fiduciarios, patrimonios autónomos, recursos de seguridad social y universalidades:

En el caso de las sociedades fiduciarias, sociedades administradoras de fondos de pensiones y cesantía, entidades administradoras del régimen de prima media con prestación definida, entidades aseguradoras, sociedades comisionistas de bolsas de valores, sociedades administradoras de inversión y en general sociedades que administren portafolios de terceros, el dictamen que se emita deberá pronunciarse respecto de los estados financieros de la entidad, así como de los negocios que se describen más adelante, patrimonios autónomos, portafolios de terceros, fondos de reservas pensionales que administren, según sea del caso.

En tal sentido, el dictamen del revisor fiscal deberá incluir una opinión respecto de los negocios que a continuación se señalan:

Carteras colectivas

Aquellos negocios fiduciarios que administran recursos o bienes de naturaleza pública cuando dichos recursos sean aportes patrimoniales al fideicomiso y provengan directa o indirectamente de una entidad de carácter público, sea del nivel nacional, departamental, municipal, distrital o de los organismos descentralizados que conforman dichos niveles, sin tener en cuenta la modalidad de contratación utilizada para la celebración del negocio.

Fondo Nacional de Pensiones de Entidades Territoriales (Fonpet-L. 549/99).

Fondo de Pensiones Públicas del Nivel Nacional (Fopep).

Fondos de Pensiones Territoriales (Decreto-Ley 1296/94).

Fondo prestacional del sector salud, en lo relacionado con pensiones.

Patrimonios autónomos para la normalización de pasivos pensionales.

Patrimonios autónomos para administración de procesos concursales.

Los patrimonios autónomos y encargos fiduciarios a que hace referencia el Decreto 810 de 1998.

Los patrimonios autónomos destinados a la garantía y pago de bonos pensionales y cuotas partes de bonos pensionales (D. 1299/94).

Fondos de cesantía.

Fondo de Solidaridad y Garantía (Fosyga).

Fondo de Solidaridad Pensional.

Fondos de reservas pensionales administrados por las entidades administradoras del régimen solidario de prima media con prestación definida.

Fondos de pensiones obligatorias y voluntarias.

Fondos de reservas de la administradora de riesgos profesionales del Instituto de Seguros Sociales o la administradora que la sustituya.

Los contratos de fiducia o de encargo fiduciario a que hace referencia el artículo 54 de la Ley 100 de 1993.

Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y Ecopetrol y patrimonio autónomos de Telecom y las teleasociadas en liquidación.

Fondo de Prevención Vial.

Los demás negocios fiduciarios que manejen recursos del sistema de seguridad social de pensiones, salud y riesgos profesionales.

Los demás que señale la Superintendencia Financiera de Colombia

Los demás negocios seleccionados por el revisor fiscal mediante metodología que señale la Superintendencia Financiera de Colombia.

Por otra parte, para el caso de las sociedades titularizadoras, el revisor fiscal deberá hacer mención expresa en su dictamen a que en desarrollo de su labor auditó los estados financieros tanto de la

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Circular Externa 54 de 2008

(Octubre 21)

sociedad titularizadora como de las universalidades por ella administradas y formular las opiniones que resulten pertinentes sobre los mismos.

Cuando se trate de administradores de carteras colectivas, de conformidad con lo establecido en el artículo 57 del Decreto 2175 de 2007, el respectivo revisor fiscal deberá presentar un informe por cada una de las carteras que la entidad administre.

4.4.3.8. Pronunciamiento y dictamen sobre estados financieros consolidados

A efectos de dictaminar los estados financieros consolidados, el revisor fiscal deberá desarrollar previamente una labor de auditoría respecto de dichos estados financieros, sus anexos y soportes, siguiendo las pautas generales señaladas en la presente circular para la auditoría y dictamen de estados financieros.

En su dictamen, el revisor fiscal deberá indicar de manera detallada el alcance de la labor realizada, precisando el grado en el cual se apoyó en el trabajo de otros auditores.

De igual manera, los soportes de la auditoría financiera consolidada y el resultado de las evaluaciones derivadas de aquella, deben quedar adecuadamente documentados en papeles de trabajo, los cuales podrán ser objeto de revisión por parte de esta superintendencia.

4.4.3.9. Informe sobre estados financieros intermedios

La firma digital a los estados financieros intermedios de las entidades vigiladas o controladas por la Superintendencia Financiera de Colombia implica que en opinión del revisor fiscal la información reportada ha sido fielmente tomada de los libros de contabilidad, en su elaboración se ha dado cumplimiento a todas las normas legales aplicables y que se han seguido procedimientos adecuados para su determinación y presentación, sin perjuicio de que el revisor fiscal manifieste por escrito a la Superintendencia Financiera de Colombia cualquier salvedad, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de transmisión de los estados financieros respectivos, mediante carta en la cual se indique en forma concreta y precisa las causas que la motivan.

Es de recordar que al preparar y auditar estados financieros de períodos intermedios, aunque en aras de la oportunidad se apliquen métodos alternos, se deben observar los mismos principios que se utilizan para elaborar y auditar estados financieros al cierre del ejercicio.

Lo anterior se entiende sin perjuicio de dar cumplimiento a las disposiciones emanadas de otras autoridades competentes.

Informe sobre estados financieros combinados

Tratándose de estados financieros combinados se requerirá un informe del revisor fiscal en el que se determine si para su elaboración se han cumplido los procedimientos establecidos por las normas expedidas por la Superintendencia Financiera de Colombia o las que llegaren a expedirse.

4.5. Deberes del revisor fiscal frente a la Superintendencia Financiera de Colombia

Para efectos de racionalizar el ejercicio de las funciones del revisor fiscal de las entidades supervisadas, circunscribiéndola al marco de su competencia según lo aquí señalado, a partir de la fecha de entrada en vigencia de la presente circular externa, los revisores fiscales únicamente deberán presentar a la Superintendencia Financiera de Colombia, los siguientes informes:

4.5.1. Los exigidos por el Código de Comercio, la Ley 43 de 1990, el Decreto 2649 de 1993 y demás normas que los modifiquen, adicionen o complementen, relacionados, con la presentación de estados financieros básicos, tanto de fin de ejercicio como de períodos intermedios y de estados financieros consolidados, para sus diferentes propósitos.

4.5.2. Los que deban ser elaborados en cumplimiento de las normas establecidas por la Superintendencia Financiera de Colombia en uso de la facultad consagrada en el artículo 326, numeral 3º, letra b) del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero.

TÍTULO I

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Circular Externa 54 de 2008

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4.5.3. Los requeridos expresamente en las normas relacionadas con la actividad u objeto social de la entidad fiscalizada, tales como los relativas al acceso al cupo ordinario de liquidez en el Banco de la República a que alude el parágrafo del artículo 11 de la Resolución Externa 33 de 1992, expedida por la Junta Directiva del Banco de la República o las que la modifiquen, adicionen o deroguen para el caso de los establecimientos de crédito. Igualmente, los reportes sobre la fidelidad de la información transmitida a la Superintendencia Financiera en relación con el cumplimiento del régimen de encaje, inversiones, posición propia, transferencias al Fonsat y las normas de patrimonio adecuado o de solvencia, entre otros.

4.5.4. Los informes a través de los cuales se pongan en conocimiento de la Superintendencia Financiera de Colombia las observaciones de mayor importancia relativa o materialidad sobre las cuentas evaluadas, las debilidades encontradas, la cuantificación de las mismas, los comentarios y conclusiones efectuados tanto por la administración como por la revisoría fiscal, en la proforma que se adjunta a la presente circular. Este informe deberá presentarse por lo menos anualmente, dentro de los tres meses siguientes al cierre de cada ejercicio, sin perjuicio de los informes extraordinarios a que haya lugar, de conformidad con lo señalado en el numeral 4.2.3 de este capítulo.

4.5.5. Los prospectos de información y otros documentos relacionados con ofertas de títulos en el mercado público de valores, exclusivamente respecto de aquellos aspectos incluidos en los referidos documentos que tengan relación con el ámbito de sus atribuciones legales, según lo expuesto en el numeral 4.2 del presente capítulo.

4.5.6. Los que tengan relación directa con aspectos contables o financieros de la entidad fiscalizada.

Los citados informes deben remitirse de acuerdo con los procedimientos establecidos por la Superintendencia Financiera de Colombia para cada caso, sin perjuicio de atender las solicitudes formuladas a través de las glosas que de su análisis se desprendan.

Lo anterior se entiende sin perjuicio de dar cumplimiento a las disposiciones emanadas de otras autoridades diferentes a la Superintendencia Financiera de Colombia, que versen sobre remisión de información a esta entidad o a cualquier otra.

TÍTULO I

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Circular Externa 31 de 2007

(Mayo 17)

CAPÍTULO CUARTO-Régimen de oficinas

1. Apertura, traslado, cierre y conversión de oficinas

La apertura, traslado, cierre y conversión de oficinas de las entidades vigiladas por la Superintendencia Bancaria, deberá sujetarse a las siguientes directrices:

1.1. Políticas y criterios para la apertura, traslado, cierre y conversión de oficinas

Para efectos de lo dispuesto en el artículo 92 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, la apertura, traslado, cierre y conversión de oficinas de las entidades sometidas a la vigilancia de la Superintendencia Bancaria deberá necesariamente obedecer al conocimiento integral que los directores y administradores tengan acerca de los mercados potenciales, de la situación de competencia en las zonas correspondientes, de la capacidad operativa de la respectiva institución y de la incidencia que tales decisiones tienen sobre su estructura económica y financiera, conocimiento éste que deberá fundamentarse en estudios técnicos de factibilidad.

Las determinaciones se adoptarán bajo la responsabilidad de los administradores de las entidades en desarrollo de las políticas que sobre la materia establezca cada una de ellas y deberán consultar el interés de la comunidad.

1.2. Régimen de autorización general

Las entidades vigiladas, con excepción de aquellas sometidas al régimen de autorización individual previsto en el numeral 1.3 del presente capítulo, pueden abrir, trasladar o cerrar sus oficinas, sucursales o agencias, sin la autorización previa de la SFC, cuando reúnan los siguientes requisitos:

a) Cumplir con las obligaciones establecidas en el Decreto 2150 de 1995, y

b) Contar con las seguridades necesarias para la oportuna y correcta prestación del servicio al público.

Prueba del cumplimiento de los requisitos anteriores deberá permanecer en la presidencia, o en la secretaría general de la entidad, o en el órgano que haga sus veces, a disposición de esta superintendencia.

Todas las aperturas, traslados y cierres de oficinas, sucursales o agencias deberán ser informadas a esta superintendencia con destino a la oficina de registro, a más tardar dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al hecho, debiendo remitirse al efecto copia del certificado del registro mercantil que acredite la apertura del nuevo establecimiento de comercio, o el traslado o cierre del existente.

1.3. Régimen de autorización individual

Tratándose de entidades sometidas a vigilancia especial o que se encuentren adelantando programas de recuperación, saneamiento o adecuación de capital, la SBC determinará, en cada caso, si requerirán obtener de manera individual y previa autorización para la apertura, traslado o cierre de sus oficinas.

a) Condiciones de la solicitud

En los eventos en que se haga necesaria la autorización individual antedicha, la entidad interesada deberá presentar solicitud escrita que contenga al menos, la siguiente información:

1. Exposición de las razones que justifican la apertura o traslado que se propone, identificando el acta mediante la cual el órgano competente adoptó la decisión correspondiente.

2. Ubicación precisa del nuevo establecimiento de comercio o de la zona respectiva, su naturaleza (sucursal o agencia), así como la descripción y delimitación geográfica de su área de influencia.

3. Participación de instituciones afines en el área de influencia proyectada;

TÍTULO I

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Circular Externa 41 de 1996

(Mayo 29)

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4. Naturaleza de la oficina proyectada.

5. Indicación de los siguientes aspectos:

— Inversión estimada para su instalación

— Horario básico de funcionamiento

— Horarios adicionales o extendidos

— Medidas de seguridad que se adoptarán

— Servicios que se pretenden prestar al público

— Los demás datos financieros y económicos propios del estudio de factibilidad, y

b) Información a la Superintendencia Bancaria con posterioridad a la apertura o el traslado de oficinas

Dentro de las dos semanas siguientes a la apertura o traslado de una oficina, deberá informarse a la Superintendencia Bancaria sobre tal circunstancia y adjuntarse certificación de la cámara de comercio correspondiente que acredite el registro respectivo, lo cual deberá surtirse dentro del término que al efecto señale esta entidad en el acto de autorización.

En caso de no llevarse a cabo la apertura o traslado de la oficina dentro del término indicado, la entidad deberá informar tal hecho igualmente a esta superintendencia, solicitando la prórroga del término inicialmente concedido en caso en que aún persista el interés de la entidad en la solicitud inicialmente autorizada.

1.4. Naturaleza de las oficinas

De conformidad con lo establecido en los artículos 263 y 264 del Código de Comercio, las oficinas de las instituciones vigiladas por la Superintendencia Bancaria solo pueden tener la calidad de sucursales o agencias, en los términos de las disposiciones mencionadas.

En consecuencia, cuando se pretenda abrir oficinas que tengan por objeto la prestación de servicios restringidos, la naturaleza de la correspondiente oficina deberá ajustarse a alguna de las categorías citadas, sin perjuicio de que puedan tales oficinas ofrecer sus servicios de manera transitoria y temporal mediante el traslado de recursos humanos o técnicos para la prestación de sus servicios por fuera del local de las mismas, caso en el cual deberá informarse previamente a la Superintendencia Bancaria, indicando el tipo de servicio que se ofrecerá, la oficina responsable de las operaciones que se realicen, y el período en el cual se operará a través de esta modalidad.

Cuando se adopte la decisión de instalar nuevos cajeros automáticos deberá informarse a la Superintendencia Bancaria con no menos de quince días hábiles de antelación a la fecha en la que se proyecte inaugurar el servicio respectivo, debiéndose expresar el lugar de ubicación del cajero que se pretende instalar.

1.5. Conversión de oficinas

Toda modificación que se efectúe a la naturaleza jurídica de una oficina en funcionamiento deberá ser previamente informada a la Superintendencia Bancaria, indicándose la nueva dependencia contable o administrativa de la oficina objeto de conversión.

1.6. Cierre de oficinas

El cierre de oficinas podrá adoptarse dentro del sistema de autorización general. En consecuencia, los mismos podrán hacerse conforme a la decisión adoptada por el órgano social competente, para lo cual solo deberá procurarse que en la localidad donde se desea cerrar la oficina continúe la prestación del servicio por parte de otra entidad financiera. De esta decisión deberán ser informados por escrito y con una antelación no inferior a treinta días (30) comunes todos los clientes de la oficina que se va a cerrar, con indicación expresa de los trámites a seguir respecto de los depósitos y las obligaciones contraidas por cada uno de ellos, y durante el mismo tiempo se informará a través de cualquier medio publicitario al público en general.

2. Utilización de redes de oficinas

Para efectos de lo previsto en el artículo 93 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, norma que contempla la posibilidad de que las sociedades de servicios financieros, las entidades aseguradoras, sociedades de capitalización e intermediarios de seguros contraten el uso de la red de oficinas de los establecimientos de crédito para la promoción y gestión de sus operaciones, deberán tenerse en cuenta las siguientes condiciones:

TÍTULO I

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2.1. Independencia operativa de los servicios

Los funcionarios de los establecimientos de crédito no pueden participar en las labores de promoción y gestión que las sociedades de servicios financieros, las entidades aseguradoras, sociedades de capitalización, e intermediarios de seguros adelanten en los establecimientos de crédito en uso de su red de oficinas, salvo para el caso de negocios y operaciones de los fondos comunes ordinarios, evento en el cual deberá observarse lo dispuesto por el artículo 5º del Decreto 2239 de 1991. Para tal efecto, deberán ubicar su propio personal en las labores de gestión y promoción de sus operaciones.

Así mismo debe tenerse presente que corresponderá a los establecimientos de crédito que faciliten su red de oficinas, el deber de garantizar la existencia de una rigurosa independencia tanto locativa como operativa que evite cualquier posible confusión de los usuarios del servicio sobre la identidad corporativa de las instituciones.

2.2. Identificación locativa del servicio

De conformidad con lo establecido por el artículo 93 ibídem, cuando las sociedades fiduciarias, las sociedades administradoras de fondos de pensiones y de cesantías, las entidades aseguradoras, las sociedades de capitalización y los intermediarios de seguros acuerden con un establecimiento de crédito la utilización de su red de oficinas, deberán adoptar las medidas necesarias para que el público las identifique como una persona autónoma e independiente del establecimiento de crédito.

Además, el área para la ubicación del personal dependiente de las entidades usuarias de la red deberá adecuarse de forma tal que se garantice una apropiada independencia de las demás áreas propias del establecimiento de crédito, así como estar identificada con un aviso que se destaque frente a los demás del local en donde se encuentra ubicada, en el cual se indicará de manera clara y completa la razón o denominación social de la entidad usuaria o la sigla que la identifique de conformidad con sus estatutos sociales, acompañada siempre de la denominación genérica del tipo de entidad.

2.3. Comprobantes de las operaciones

En los comprobantes de las transacciones que adelanten los establecimientos de crédito por cuenta de las entidades usuarias de su red de oficinas, deberá incluirse en forma destacada y claramente legible, en letra de molde y en negrilla la siguiente leyenda:

ADVERTENCIA: EL(LA) (aquí el nombre del establecimiento de crédito) ACTÚA BAJO LA EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DE (aquí el nombre de la entidad usuaria) Y, POR LO TANTO, NO ASUME NINGUNA OBLIGACIÓN FRENTE AL CLIENTE RELACIONADA CON LA EJECUCIÓN DEL NEGOCIO QUE DA ORIGEN A ESTA TRANSACCIÓN.

Los comprobantes a que hace referencia el anterior ordinal deberán contener por lo menos, la información que identifique con precisión la operación de que se trate.

2.4. Contratos sobre fondos comunes ordinarios

Los contratos que celebren los establecimientos de crédito, a través de sus propios funcionarios y de su red de oficinas, por cuenta de una sociedad fiduciaria o mediante los cuales se efectúe la vinculación de fideicomitentes a un fondo común ordinario, deberán tener impreso en la carátula del mismo con caracteres destacados, en letra de molde y en negrilla la siguiente leyenda:

EN LAS OPERACIONES QUE SE REALICEN A TRAVÉS DE LA RED DE OFICINAS DE(L) (LA) (aquí el nombre del establecimiento de crédito), ESTE(A) ACTÚA EN NOMBRE Y POR CUENTA DE (aquí el nombre de la sociedad fiduciaria) Y NO ASUME RESPONSABILIDAD EN LA GESTIÓN FIDUCIARIA ENCOMENDADA POR EL CLIENTE A ELLA. SUS OBLIGACIONES SE LIMITAN AL CORRECTO CUMPLIMIENTO DE LAS INSTRUCCIONES IMPARTIDAS POR (aquí el nombre de la sociedad fiduciaria) PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE DICHA RED. SOBRE LOS RECURSOS QUE LAS SOCIEDADES FIDUCIARIAS RECIBEN, DIRECTAMENTE O A TRAVÉS DEL USO DE LAS REDES DE OFICINAS DE ESTABLECIMIENTOS DE CRÉDITO, LA LEY NO CONTEMPLA AMPARO DEL SEGURO DE DEPÓSITO.

2.5. Utilización de la red de oficinas por parte de sociedades comisionistas de bolsa

Cuando los establecimientos de crédito faciliten su red de oficinas para la realización de negocios propios de las sociedades comisionistas de bolsa, deberán atenderse todas las previsiones prescritas en el presente capítulo, sin perjuicio de las normas e instrucciones especiales que a tales entidades les sean aplicables.

2.6. Redes de distribución y promoción de productos de las entidades administradores del sistema general de pensiones

Las redes de distribución y la promoción de los productos de las entidades administradoras del sistema general de pensiones cualquiera que sea su modalidad, entre ellas la utilización de redes de oficinas de establecimientos de crédito, se sujetarán a las siguientes instrucciones específicas:

TÍTULO I

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a) Destinatarios

Las previsiones contenidas en el Decreto 720 de 1994 son destinatarias las entidades administradoras del sistema general de pensiones, cualquiera que sea su modalidad, es decir, que las mismas comprenden a las administradoras del régimen de prima media con prestación definida y a las sociedades administradoras del régimen de ahorro individual con solidaridad.

Igualmente son sus destinatarios los entes habilitados para la explotación de planes de pensiones y complementarios y las entidades aseguradoras de vida que cuenten con capacidad legal para la explotación de planes alternativos de pensiones, según lo prevé el Decreto 876 de 1994;

b) Exclusividad

Conforme al inciso tercero del artículo 4º del Decreto 720 de 1994, la labor de promoción de los vendedores personas naturales, con o sin vinculación laboral, se desarrolla en beneficio de la sociedad administradora del sistema general de pensiones con la cual se hubiere celebrado el respectivo convenio. Es sancionable por la respectiva sociedad, en los términos contractuales, el incumplimiento de esta obligación por parte de los vendedores personas naturales.

Sin embargo, mediando autorización expresa por parte de la respectiva sociedad administradora del sistema general de pensiones, el vendedor podrá desarrollar su labor en beneficio de entidades distintas a aquélla con la cual celebró originalmente el convenio respectivo, con excepción de la posibilidad -por parte de las entidades administradoras del sistema general de pensiones- de compartir las redes de distribución que prevé el artículo 16 del Decreto 720 de 1994;

c) Entidades habilitadas para la distribución

La distribución de productos puede efectuarse por conducto de instituciones financieras, intermediarios de seguros -sujetos o no a supervisión permanente- y por entidades distintas a unas y otros, siempre que cuenten con capacidad legal para el ejercicio del comercio, caso este último en el cual es menester la autorización previa que imparta la Superintendencia Bancaria para la celebración de los respectivos convenios.

En los eventos de distribución por conducto de instituciones financieras o intermediarios de seguros no es indispensable la obtención previa de autorización impartida por la Superintendencia Bancaria para la celebración de los respectivos convenios, y

d) Convenios

Los convenios que se celebren para la promoción de los servicios que prestan las entidades administradoras del sistema general de pensiones mediante la utilización de las redes de oficinas de las demás instituciones financieras, se sujetarán a las siguientes condiciones:

a) Los convenios aludidos, cuyo propósito consiste en la precisión de las condiciones bajo las cuales se realizarán las operaciones de recaudo, pago y traslado de los correspondientes recursos, quedarán a disposición de la Superintendencia Bancaria en las propias instalaciones de la respectiva sociedad, sin que sea indispensable su remisión a esta entidad;

b) Los convenios podrán prever actividades a desarrollar respecto de los afiliados y de los trabajadores, tales como promoción, vinculación y, en general, labores de asesoría, comprendiendo el empleo y diligenciamiento de formularios de vinculación o de autoliquidación; en todo caso deberán contener, cuando menos, la información a que hace alusión el artículo 9º del Decreto 720 de 1994, y su modificación será procedente, entre otros motivos, cuando los costos de los mismos o algunas de sus previsiones afecten a los afiliados;

c) En ningún caso los costos que genere el empleo de las instituciones financieras por parte de las sociedades administradoras, podrán ser trasladados, directa o indirectamente, a los afiliados, conforme lo señala el inciso 2º del artículo 8º del decreto citado en el literal anterior;

d) En cualquier caso, las instituciones financieras deberán disponer lo pertinente para la separación de las actividades propias de su objeto respecto de aquéllas derivadas de la gestión de los aludidos convenios;

e) Información a los usuarios

En desarrollo de los deberes que se le imponen a los promotores de las sociedades administradoras de pensiones, estos tienen que informar de manera oportuna, amplia y suficiente a los posibles afiliados acerca de la integridad de los aspectos que sean relevantes para la toma de la correspondiente decisión de afiliación, según lo señala el artículo 12 del Decreto 720 de 1994, para lo cual deberán sujetarse a los parámetros técnicos definidos por cada sociedad administradora, como elementos de referencia para el suministro de información al momento de afiliación.

La omisión de esta obligación implica para el promotor la posibilidad de suspensión de la actividad correspondiente, y para la sociedad administradora en cuyo beneficio se haya efectuado la labor de afiliación la asunción de los respectivos perjuicios, sin que ello impida la posibilidad de repetición con que cuenta la sociedad administradora respecto del promotor.

En todo caso, en desarrollo de los objetivos señalados en el artículo 325, numeral 1º, literales c) y e) del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, en particular la necesidad de garantizar la

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eficiencia en la prestación del servicio y de prevenir la ocurrencia de situaciones que puedan generar la pérdida de confianza en el público, establece esta superintendencia como práctica no autorizada omitir el suministro de la información oportuna, amplia y suficiente a la cual tiene derecho el afiliado, tanto al momento de su vinculación como durante la vigencia de la misma, con ocasión de las prestaciones debidas por virtud de la mencionada afiliación.

Las sociedades administradoras del sistema general de pensiones, cualquiera que sea su modalidad, deberán disponer lo pertinente para que fundamentalmente en las áreas de capacitación se difunda con suficiencia la calificación de no autorizada la práctica consistente en no informar adecuadamente a los posibles afiliados al momento de efectuar la respectiva labor de promoción para su vinculación y, en general, acerca de las sanciones que corresponden por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones que les son propias a los promotores, y

f) Libertad de selección del asegurador de la renta vitalicia

Las sociedades administradoras y, en su caso, los promotores deberán sujetarse a lo previsto en el Decreto 719 de 1994 y las normas que lo desarrollen, cuando se trate de cumplir con la obligación de asesoría acerca de la selección de la entidad aseguradora de vida del contrato de renta vitalicia, cualquiera que sea su modalidad, que prevé el literal b) del artículo 60 de la Ley 100 de 1993 y el literal j) del artículo 14 del Decreto-Ley 656 de 1994.

2.7. Instrucciones aplicables de manera específica a los promotores de las sociedades administradoras del sistema general de pensiones

a) Remuneración

La remuneración de los promotores de las sociedades administradoras del sistema general de pensiones, consiste en el reconocimiento de la comisión que se hubiere pactado por su labor de mediación en la afiliación, con prescindencia expresa de cualquier otra consideración vinculada con circunstancias de naturaleza distinta a la labor de mediación, entendida ésta como la gestión que sea suficiente para lograr la afiliación a una determinada sociedad administradora de pensiones.

La comisión constituye la medición de una labor específica y omite legalmente el reconocimiento de una gestión cuya evaluación se efectúe en términos de volumen, pues el encargo de mediación ha de atender elementos objetivos propios de la mejor elección del afiliado y no la mejor remuneración del vendedor.

La comisión debe corresponder a una labor idónea y suficiente que sea simétrica con la protección que expresamente se le otorga al usuario del sistema;

b) Mecanismos de información sobre promotores

Con sujeción al principio de protección del derecho a la intimidad, las sociedades administradoras del sistema general de pensiones podrán disponer mecanismos privados de difusión acerca de los promotores que empleen, con el fin de constatar la existencia de inhabilidades, incompatibilidades, sanciones contractuales precedentes y, en general, cualquier información que resulte relevante para la operatividad de las redes de distribución del mencionado sistema;

c) Prohibiciones aplicables a los promotores

En virtud de lo previsto en el artículo 17 del Decreto 720 de 1994, serán aplicables respecto de los promotores de las sociedades administradoras del sistema general de pensiones las mismas facultades con que cuenta la Superintendencia Bancaria respecto de los intermediarios de seguros.

Por tanto, en virtud de tal remisión, resultan aplicables entre otras disposiciones, las previstas en el artículo 207 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, en particular la contenida en su numeral 3º, que prevé como prohibiciones la cesión de comisiones a favor del afiliado, el ofrecimiento de beneficios no garantizados o la exageración de los mismos, así como la sugestión tendiente a dañar negocios celebrados por competidores, el hacerse pasar por representante de una entidad sin serlo y, en general, todo acto de competencia desleal, y

d) Régimen sancionatorio

En virtud de lo previsto en el artículo 21 del Decreto 720 de 1994, el régimen sancionatorio aplicable a los promotores de las sociedades administradoras del sistema general de pensiones es el previsto en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, por lo cual resultan aplicables las previsiones contenidas en la parte séptima del mencionado estatuto.

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CAPÍTULO QUINTO-Oficinas de representación

1. Régimen general

La actividad de las oficinas de representación de las instituciones financieras y reaseguradoras del exterior se rige además de lo previsto en el EOSF, por lo dispuesto en el Decreto 2951 de 2004 y las instrucciones contempladas en el presente capítulo.

La actividad de las oficinas de representación de instituciones financieras, reaseguradoras y del mercado de valores del exterior, así como los contratos de corresponsalía celebrados por las sociedades comisionistas de bolsa de valores y las corporaciones financieras, se rige además de lo previsto en la Ley 964 de 2005, el estatuto orgánico del sistema financiero y el Decreto 2555 de 2010, por las instrucciones contempladas enel presente capítulo, en lo que les resulte aplicable.

2. Régimen de apertura de oficinas de representación y contratos de corresponsalía

El régimen de apertura de las oficinas de representación y contratos de corresponsalía de instituciones del exterior se regirá por lo establecido en el artículo 4.1.1.1.2 y siguientes del Decreto 2555 de 2010.

Las instituciones del exterior que pretendan establecer una oficina de representación en Colombia y las instituciones del mercado de valores del exterior que opten por celebrar un contrato de corresponsalía, deben presentar a la Superintendencia Financiera de Colombia, SFC, la correspondiente solicitud por intermedio del representante legal o del apoderado de la institución del exterior interesada o por parte del futuro corresponsal, según sea del caso, junto con los documentos señalados en el artículo 4.1.1.1.4 del Decreto 2555 de 2010, en español o con su respectiva traducción oficial a este idioma.

No obstante, de conformidad con lo establecido en el numeral 10 del artículo 4.1.1.1.4 del Decreto 2555 de 2010, la SFC podrá solicitar documentación adicional para formarse un criterio sobre la idoneidad de la institución del exterior, de sus administradores, accionistas o del plan de negocios.

Toda la documentación que se presente debe cumplir con las formalidades establecidas en la ley para los documentos otorgados en el exterior y deberán ser actualizados cuando a ello hubiere lugar, sin perjuicio del deber de información previsto en este capítulo.

3. Excepciones al régimen de apertura

4. Actividades autorizadas

Las instituciones financieras, reaseguradoras y del mercado de valores del exterior que tengan establecidas oficinas de representación debidamente autorizadas por la SFC, así como las sociedades comisionistas de bolsa de valores o las corporaciones financieras que hayan suscrito contratos de corresponsalía con las entidades del mercado de valores del exterior, sólo podrán realizar las actividades que se señalan en los artículos 4.1.1.1.6 y 4.1.1.1.7 del Decreto 2555 de 2010, según corresponda.

En tal virtud, las actividades de promoción o publicidad que desarrollen las oficinas de representación y los corresponsales, deberán limitarse a los productos y servicios autorizados por la SFC en la correspondiente resolución de apertura o de autorización del contrato respectivo, según sea el caso. La promoción o publicidad de productos o servicios diferentes o adicionales a los autorizados por la SFC, requerirá la autorización previa de este ente de supervisión, sin perjuicio de las sanciones a las que hubiere lugar, en el evento en que dicha actividad se realice sin la autorización correspondiente.

5. Representación de las instituciones del exterior a través de la matriz, filial o subsidiaria establecida en Colombia.

No están obligadas a tener oficina de representación en Colombia, siempre que se cumpla con lo dispuesto en el artículo 4.1.1.1.5 del Decreto 2555 de 2010, las filiales, subsidiarias o agencias establecidas en el extranjero de instituciones financieras, reaseguradoras o del mercado de valores establecidas en el país, ni las instituciones del exterior que tengan en Colombia una filial o subsidiaria autorizada para realizar actividad financiera, reaseguradora o del mercado de valores. Sin embargo, La realización de actos de promoción o publicidad requiere de la autorización previa de la SFC.

En todo caso, de conformidad con lo dispuesto en el parágrafo del artículo 4.1.1.1.5 del Decreto 2555 de la representación a la que se refiere el presente numeral, le serán aplicables las reglas previstas en dicha norma sobre oficinas de representación.

El representante legal designado por la institución del exterior en los términos del numeral 1º del artículo 4.1.1.1.5 del mencionado decreto, o su apoderado, deberá presentar ante la SFC la documentación pertinente a que se hace referencia en el artículo 4.1.1.1.4 del Decreto 2555 de 2010, incluyendo además lo siguiente:

a. La resolución, acuerdo o decisión del órgano o funcionario competente de la institución del exterior solicitante, en la que conste la determinación de acogerse a alguna de las excepciones establecidas en los numerales 7 y 8 del artículo 4.1.1.1.3 del Decreto 2555 de 2010

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b. La resolución, acuerdo o decisión del órgano o funcionario competente de la institución solicitante, en donde se designe la persona natural que actuará como representante y se dedicará a promocionar o publicitar los servicios de la institución representada, en los términos autorizados a las oficinas de representación en el Decreto 2555 de 2010.

c. La hoja de vida de la persona que actuará como representante.

La institución del exterior podrá realizar actos de promoción o de publicidad haciendo uso de la red de oficinas de la entidad establecida en el país en los términos del numeral 5° del artículo 4.1.1.1.5 del Decreto 2555 de 2010. En este caso, la institución del exterior deberá informar a la SFC acerca de cuál o cuáles de las oficinas de su red adelantarán estas labores.

6. Representación de varias instituciones del exterior.

Una misma oficina de representación o la entidad matriz, filial o subsidiaria establecida en el país, de conformidad con el parágrafo 1º del artículo 4.1.1.1.4 del Decreto 2555 de 2010, puede representar a varias instituciones del exterior, siempre y cuando las mismas se encuentren relacionadas mediante vínculos de subordinación o tengan una matriz común. Dicha situación de subordinación deberá ser acreditada ante esta superintendencia.

En este evento, cada una de las instituciones del exterior representadas deberá obtener la autorización para establecer una oficina de representación e implementar los mecanismos necesarios para que los clientes potenciales y actuales de las entidades del exterior diferencien entre los productos o servicios promovidos o publicitados por cada una de las instituciones del exterior representadas.

7. Localización de la oficina de representación del exterior y de su representante.

Una vez sea autorizada la apertura de una oficina de representación por la SFC, su representantedebe informar al grupo de registro de este organismo, la ciudad, la dirección, números de teléfono y de fax, la dirección de correo electrónico, así como cualquier dato necesario para su localización.

Dicha información también deberá ser suministrada por el representante de la institución del exterior autorizada por la SFC para desarrollar las actividades propias de las oficinas de representación bajo alguna de las excepciones contempladas en los numerales 7 y 8 del artículo 4.1.1.1.3 del Decreto 2555 de 2010.

8. Identificación.

Las oficinas de representación, y el representante, al igual que las sociedades comisionistas de bolsa de valores y las corporaciones financieras con las cuales las entidades del mercado de valores del exterior celebren un contrato de corresponsalía, deben identificarse con un aviso visible expuesto al público en el cual se anuncie su condición de oficina de representación, representante o corresponsal de una institución del exterior.

Cuando una institución del exterior, en virtud de lo previsto en el numeral 5 del artículo 4.1.1.1.5 del Decreto 2555 de 2010, use la red de oficinas de la entidad establecida en Colombia para realizar actos de promoción o de publicidad, deberá adoptar las medidas necesarias para que el público identifique que la institución financiera del exterior es una persona jurídica, distinta y autónoma de la institución establecida en el país cuya red se utiliza.

Para efectos de lo anterior, las áreas a través de las cuales se desarrollen las actividades de promoción y publicidad deben identificarse mediante avisos expuestos al públicoque permitan a los clientes potenciales y actuales de las entidades del exterior distinguirdichos espacios y actividadesde los de la entidad establecida en el país. Así mismo, debe velarse porque en las oficinas exista plena independencia entre las áreas en las cuales se desarrollan las actividades de promoción y publicidad de las instituciones extranjeras, y las áreas de la entidad establecida en el país, de manera que el público distinga entre unas y otras.

Tratándose de los eventos previstos en el parágrafo 1º del artículo 4.1.1.1.4 del Decreto 2555 de 2010, deberán implementarse los mecanismos necesarios para que los clientes potenciales y actuales de las entidades del exterior diferencien con claridad entre los servicios ofrecidos por cada una de las instituciones del exterior representadas.

9. Cambio de dirección.

El representante de la oficina de representación y los representantes de las sociedades comisionistas de bolsa de valores y las corporaciones financieras con las cuales las instituciones del mercado de valores del exterior celebren un contrato de corresponsalía, deben informar los cambios de dirección al Grupo de Registro de la SFC y al Registro Nacional de Agentes del Mercado de Valores según corresponda (RNAMV),el respectivo traslado, indicando la nueva dirección, teléfonos, fax y cualquier otro dato necesario para su localización, de manera inmediata a su ocurrencia.

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En el mismo término, el representante de la institución del exterior autorizada por la SFC para desarrollar las actividades propias de las oficinas de representación bajo alguna de las reglas especiales contempladas en los numerales 7 y 8 del artículo 4.1.1.1.3 del Decreto 2555 de 2010, debe informar al Grupo de Registro de la SFCcualquier modificación de los datos suministrados para su localización.

10. Oficinas promotoras.

En el evento en que las instituciones financieras, reaseguradoras y del mercado de valores del exterior, así como las sociedades comisionistas de bolsa de valores y las corporaciones financieras que hayan celebrado un contrato de corresponsalía, decidan establecer oficinas promotoras en lugares diferentes a los de su domicilio, en los términos del numeral 5º del artículo 4.1.1.1.7 del Decreto 2555 de 2010, se deberá, en forma inmediata, dar previo aviso de tal hecho al Grupo de Registro de la SFC.

Así mismo, en estos casos, deberá llevarse a cabo la actualización inmediata en Registro Nacional de Agentes del Mercado de Valores (RNAMV) de ser necesario.

11. Clausura de las oficinas de representación y finalización de la actividad de representación o corresponsalía.

La clausura de las oficinas de representación requiere autorización previa de esta Superintendencia. Para este efecto, cuando una institución del exterior proyecte clausurar su oficina de representación en Colombia, el representante de la misma o el representante legal de la institución del exterior debe informar tal hecho a la SFC, remitiendo el documento en el cual conste la decisión adoptada por el órgano o el funcionario competente de la entidad extranjera, por lo menos con un (1) mes de anticipación a la proyectada clausura.

La institución que se haya acogido a alguna de las excepciones contempladas en los numerales 7 y 8 del artículo 4.1.1.1.3 del Decreto 2555 de 2010 y que proyecte concluir su actividad en Colombia, también debe obtener autorización previa de la SFCpara el efecto, dando aviso de tal hecho con la antelación señalada en el inciso anterior, adjuntando el documento en el cual conste dicha decisión. Toda la documentación que se presente debe cumplir con las formalidades previstas en la ley para los documentos otorgados en el exterior.

El cierre de la oficina de representación de una entidad reaseguradora del exterior no implica la cancelación de la inscripción del reasegurador del exterior en el Reacoex, salvo en aquellos casos en los cuales se presente una solicitud expresa en tal sentido.

Cuando una institución del exterior, decida dar por terminado el contrato de corresponsalía suscrito, la sociedad comisionista o la corporación financiera, deberá informar de manera previa dicha situación a esta superintendencia.

Sin perjuicio de la información o documentación que solicite la SFC para los efectos del presente numeral, deberán informarse los mecanismos de comunicación que se implementarán para que los clientes de las entidades del exterior que, al momento de la clausura de la oficina, de la finalización de la actividad de representación o la terminación del contrato de corresponsalía, mantengan vínculos con la institución del exterior puedan presentar peticiones o reclamaciones y cuenten con información relacionada con la institución del exterior.

12. Obligaciones.

12.1. Obligaciones generales.

, La representación de las oficinas de representación a la que se refiere el artículo 4.1.1.1.5 del Decreto 2555 de 2010, así como las sociedades comisionistas de bolsa de valores y las corporaciones financieras que operen en desarrollo de un contrato de corresponsalía celebrado con instituciones del mercado de valores del exterior deben cumplir con los deberes de todo comerciante, atendiendo las particularidades de su naturaleza. En desarrollo de lo anterior, deberán:

a. Llevar un registro contable separado de los ingresos recibidos en moneda legal o extranjera y la descomposición de los gastos de funcionamiento, los cuales deberán permanecer a disposición de la SFC.

b. Conservar la correspondencia y demás documentos relacionados con sus actividades, los cuales deberán permanecer a disposición de la SFC.

c. Inscribir en el registro mercantil todos los actos, libros y documentos respecto de los cuales la ley exija esa formalidad.

d. Conservar un inventario de los bienes que posee

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12.2.Obligaciones especiales.

a) Deber de información.

Los representantes de las oficinas de representación y aquellos a los que se refiere el artículo 4.1.1.1.5 del Decreto 2555 de 2010, , deben dar estricto cumplimiento al mandato de información a los clientes potenciales o actuales de la entidad del exterior previsto en el artículo 4.1.1.1.9 del Decreto 2555 de 2010. Este mismo mandato debe ser atendido por las sociedades comisionistas de bolsa de valores y las corporaciones financieras que operen en desarrollo de un contrato de corresponsalía celebrado con instituciones del mercado de valores del exterior, de conformidad con lo previsto por el literal b) del numeral 3 del artículo 4.1.1.1.2 del Decreto 2555 de 2010.

Además de lo anterior, deberán informar a los clientes potenciales o actuales de las instituciones del exterior, los mecanismos disponibles para la presentación de quejas o reclamaciones relacionados con la actividad que desarrollan y advertir que los mismos no cuentan con un defensor del consumidor financiero en nuestro país.

En desarrollo del deber previsto en el artículo 4.1.1.1.9 antes citado, las entidades a las que se refiere el presente numeral, deberán adoptar las medidas necesarias para garantizar que estarán informando de tales circunstancias a los clientes potenciales o actuales de las instituciones del exterior de manera adecuada y oportuna.

Corresponde al representante adoptar procedimientos de información a los clientes potenciales o actuales de las instituciones del exterior, los cuales deben ser estrictamente observados por los funcionarios encargados de adelantar labores de promoción y publicidad.

En la papelería y los demás medios de identificación escrita que utilicen, se debe indicar con claridad que se trata de una oficina de representación en Colombia, de la representación de una institución financiera, reaseguradora o del mercado de valores del exterior o de una actividad de corresponsalía y cuál será la entidad que va a prestar el servicio u ofrecer el producto promovido o promocionado.

El cumplimiento de los deberes que se mencionan en el presente numeral, deberá encontrarse debidamente documentado.

b) Deber de asesoría profesional.

Los representantes de las oficinas de representación de instituciones del exterior, y aquellos a los que se refiere el artículo 4.1.1.1.5 del Decreto 2555 de 2010, así como los representantes, las sociedades comisionistas de bolsa de valores y las corporaciones financieras corresponsales, deberán brindar una asesoría profesional a a los clientes potenciales o actuales de las instituciones del exterior, en los términos del inciso segundo del artículo 4.1.1.1.9 del Decreto 2555 de 2010.

Las entidades a las que se refiere el presente numeral, deberán solicitar a los clientes potenciales o actuales de las instituciones del exterior constancia del cumplimiento del suministro de la información a la que se refiere el citado artículo.

c) Otros deberes especiales.

Los representantes de las oficinas de representación de instituciones del exterior, y aquellos a los que se refiere el artículo 4.1.1.1.5 del Decreto 2555 de 2010, así como los representantes, las sociedades comisionistas de bolsa de valores y las corporaciones financieras corresponsales, deberán adoptar las medidas necesarias para (i) evitar que las operaciones de la entidad del exterior puedan ser utilizadas para el ocultamiento, manejo, inversión o aprovechamiento en cualquier forma de dinero proveniente de actividades delictivas, o para dar apariencia de legalidad a las actividades delictivas o a las transacciones y fondos vinculados con la misma, de conformidad con lo establecido por el literal b) del numeral 3 del artículo 4.1.1.1.2 del Decreto 2555 de 2010; y (ii) abstenerse de efectuar o recibir, directamente o por interpuesta persona, dinero o valores en pago de operaciones realizadas por la institución del exterior, o cualquier otro acto que implique el ejercicio de actividades prohibidas por el artículo 4.1.1.1.8 del Decreto 2555 de 2010.

12.3. Deberes especiales para los eventos previstos en el artículo 4.1.1.1.3 del Decreto 2555 de 2010

Los representantes de instituciones financieras, reaseguradoras o del mercado de valores del exterior autorizadas por la SFC para desarrollar actividades bajo alguna de las excepciones contempladas en los numerales 7 y 8 del artículo 4.1.1.1.3 del Decreto 2555 de 2010 tienen, además de los deberes antes señalados, los siguientes:

a. Observar en la realización de actos de promoción y publicidad, lo dispuesto en el artículo 4.1.1.1.1 y siguientes del Decreto 2555 de 2010, así como las instrucciones impartidas por la SFC.

b. Velar porque exista independencia entre las áreas en las cuales se desarrollan las actividades de promoción y publicidad de la institución del exterior de las áreas de la entidad establecida en el país, de tal forma que el público pueda diferenciar entre unas y otras.

c. Velar porque toda promoción de productos y servicios se encuentre debidamente documentada.

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13. Régimen de publicidad.

Las entidades a las que se refiere el presente capítulo deben solicitar autorización de la SFC para desarrollar campañas que tengan por objeto promover o publicitar en el país a la entidad representada y sus servicios. Para el efecto, deben presentar previamente a la SFC para su respectiva autorización los programas de promoción o de publicidad que pretendan divulgar en el territorio nacional.

En los mensajes publicitarios, a continuación de la razón social o genérica de la institución financiera, reaseguradora o del mercado de valores del exterior, debe anotarse la siguiente inscripción: “Promoción y oferta de los negocios y servicios de la entidad financiera, reaseguradora o del mercado de valores del exterior (según el caso), representada en Colombia”.

14. Representación.

La representación legal en Colombia de las oficinas de representación de instituciones del exterior estará a cargo de una persona natural posesionada ante la SFC de conformidad con lo establecido en el literal g) del numeral 2 del artículo 326 del estatuto orgánico del sistema financiero.

Para estos efectos, deberán observarse las reglas sobre calidades y requisitos previstas en el artículo 4.1.1.1.11 del Decreto 2555 de 2010.

Igualmente deben posesionarse ante la SFC, previamente al ejercicio de sus actividades, los representantes de instituciones financieras, reaseguradoras o del mercado de valores del exterior que se hayan acogido a alguna de las excepciones previstas en los numerales 7 y 8 del artículo 4.1.1.1.3 del Decreto 2555 de 2010.

15. Facultades de la Superintendencia Financiera de Colombia.

De conformidad con lo previsto en el artículo 4.1.1.12 del Decreto 2555 de 2010, el cual atribuyó a la SFC facultades de inspección, vigilancia y control respecto de las oficinas de representación de instituciones del exterior, la SFC podrá imponer cualquiera de las sanciones establecidas en la normatividad vigente y en el evento que se evidencie el incumplimiento de las disposiciones legales aplicables a los asuntos a los que se refiere el presente capítulo, procederá a informar al organismo de regulación y de supervisión de la institución del exterior infractora, el desconocimiento a las normas de promoción y publicidad de servicios financieros, aseguradores o del mercado de valores en territorio colombiano o a residentes en Colombia.

16. Remisión de información.

Los representantes de las oficinas de representación de instituciones financieras, reaseguradoras y del mercado de valores del exterior y las sociedades comisionistas de bolsa de valores y las corporaciones financieras que operen en desarrollo de un contrato de corresponsalía celebrado con instituciones del mercado de valores del exterior, deberán remitir a esta superintendencia la información que se solicita en los anexos del presente capítulo, en los términos y periodicidad que en los mismos se indican.

Sin perjuicio de lo anterior, cualquier modificación en la información presentada para obtener la aprobación de la apertura de la oficina o la autorización del contrato de corresponsalía, según corresponda, deberá ser informada de manera inmediata a esta superintendencia.

Así mismo, deberá informarse cualquier proceso de reorganización que afecte a la institución del exterior, los cambios de razón o denominación social, o medidas equivalentes a la toma de posesión.

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TÍTULO I

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ANEXO 1

Información de las oficinas de representación y/o representantes de instituciones financieras y del mercado de valores del exterior

I. Generalidades.

La información solicitada en el presente anexo debe ser remitida a esta superintendencia por parte de los representantes legales de las oficinas de representación de entidades financieras y del mercado de valores del exterior.

Dicha información también deberá ser suministrada en el evento en que la promoción y publicidad de los productos y servicios de la(s) entidad(es) del exterior sea realizada a través de un representante, en lo que resulte aplicable.

Medio de envío: Medio magnético - correo electrónico dirigido a las Delegaturas Institucionales que correspondan, así:

Delegatura para intermediarios financieros: ofrep_interfin@superfinanciera.gov.co

Delegatura para intermediarios de valores y otros agentes: cuenta_propia@superfinanciera.gov.co

Delegatura para pensiones, cesantías y fiduciarias: ofrep_fiduciarias@superfinanciera.gov.co

Formalidad: La información presentada debe encontrarse suscrita por el representante legal.

Corte de la información: Anual.

Periodicidad de envío: Dentro de los tres (3) primeros meses de cada año calendario. Si no existe información para reportar deberá emplearse la abreviatura S/I (sin información). En caso de que los datos requeridos no apliquen, deberá utilizarse la expresión N/A (no aplica).

II. Información de las oficinas de representación.

1. Informe sobre la gestión desarrollada durante el año inmediatamente anterior, especificando lo siguiente:

a) Los productos y servicios promocionados.

b) El número de quejas o reclamaciones presentadas ante la oficina de representación.

c) El nombre completo, tipo y número de identificación de las personas que figuran como promotores o agentes comerciales de la oficina de representación en Colombia, indicando de manera detallada las funciones y facultades conferidas por la entidad representada a cada uno de ellos.

2. Informe sobre la situación financiera de la entidad representada que se encuentre a disposición de la oficina de representación o del representante.

3. Actualización del plan general de funcionamiento de la oficina de representación.

4. Número de certificaciones del deber de asesoría recaudadas durante el periodo.

III. Información de la entidad representada.

1. Entidad que supervisa la actividad del país de origen de la institución del exterior.

2. Nombre completo de la entidad.

3. Domicilio principal (indicando ciudad y país).

4. Dirección.

5. Número de fax.

6. Correo electrónico.

7. Página de internet.

8. Nombre completo de las personas designadas por la entidad representada para reportar toda la información necesaria respecto de la oficina de representación.

9. Número de teléfono, fax, dirección y correo electrónico de la persona de contacto.

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ANEXO 2

Información general de los contratos de corresponsalía

I. Generalidades.

La información solicitada en el presente anexo debe ser remitida a esta superintendencia por parte de los representantes de las sociedades comisionistas de bolsa de valores y las corporaciones financieras que hayan celebrado contratos de corresponsalía con instituciones del exterior.

Medio de envío: Medio magnético correo electrónico dirigido a la Delegatura para intermediarios de valores y otros agentes: cuenta_propia@superfinanciera.gov.co

Formalidad: La información presentada debe encontrarse suscrita por el representante legal.

Corte de la información: Semestral.

Periodicidad de envío: Dentro de los quince (15) primeros días de los meses de julio y enero. Si no existe información para reportar deberá emplearse la abreviatura S/I (sin información). En caso de que los datos requeridos no apliquen, deberá utilizarse la expresión N/A (no aplica).

II. Información general de los contratos de corresponsalía.

1. Entidad que supervisa la actividad del país de origen de la institución del exterior.

2. Especificación de los productos y servicios promocionados.

3. Número de certificaciones de debida asesoría recaudadas durante el respectivo semestre.

4. Informe sobre la situación financiera del organismo representado que se encuentre a disposición de la sociedad comisionista de bolsa o corporación financiera.

5. Número de quejas o reclamaciones presentadas ante el corresponsal.

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ANEXO 3

Información de las oficinas de representación de instituciones reaseguradoras del exterior

I. Generalidades.

La información solicitada en el presente anexo debe ser remitida a esta superintendencia por parte de los representantes legales de las oficinas de representación de instituciones reaseguradoras del exterior.

Medio de envío: Medio magnético - correo electrónico dirigido a la Delegatura para aseguradoras e intermediarios de seguros y reaseguros del exterior: segurossolvencia@superfinanciera.gov.co

Formalidad: La información presentada debe encontrarse suscrita por el representante legal.

Corte de la información: Anual.

Periodicidad de envío: Dentro de los tres (3) primeros meses de cada año calendario. Si no existe información para reportar deberá emplearse la abreviatura S/I (sin información). En caso de que los datos requeridos no apliquen, deberá utilizarse la expresión N/A (no aplica).

II. Información de las oficinas de representación de instituciones reaseguradoras del exterior.

1. Informe sobre la gestión desarrollada durante el año inmediatamente anterior, especificando los productos y servicios promocionados y el número de quejas o reclamaciones presentadas ante la oficina de representación.

2. Informe sobre la situación financiera de la entidad representada que se encuentre a disposición de la oficina de representación.

3. Actualización del plan general de funcionamiento de la oficina de representación.

4. Número de certificaciones del deber de asesoría recaudadas durante el periodo.

5. Relación que contenga las modalidades de todos los contratos suscritos, indicando: (i) ramos involucrados; (ii) identificación de las entidades cedentes, es decir las entidades aseguradoras con las cuales contrataron; (iii) máxima capacidad de aceptación por riesgo y el máximo cúmulo que se puede reasegurar con su intervención en contratos de exceso de pérdidas catastrófico de conformidad con lo previsto en el numeral 7 del artículo 4.1.1.1.4 del Decreto 2555 de 2010; y (iv) vigencia de los mismos.

III. Información de la entidad representada.

1. Entidad que supervisa la actividad del país de origen de la institución del exterior.

2. Nombre completo de la entidad.

3. Domicilio principal (indicando ciudad y país).

4. Dirección.

5. Número de fax.

6. Correo electrónico.

7. Página de internet.

8. Nombre completo de las personas designadas por la entidad representada para reportar toda la información necesaria respecto de la oficina de representación.

9. Número de teléfono, fax, dirección y correo electrónico de la persona de contacto.

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Circular Externa 15 de 2007 

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CAPÍTULO SEXTO-Reglas sobre competencia y protección al consumidor financiero

1. Libre competencia, prácticas restrictivas y competencia desleal

Con fundamento en el artículo 333 de la Constitución Nacional, que consagra el derecho a la libre competencia como un derecho de todos que supone responsabilidades, y correspondiéndole a esta Superintendencia el ejercicio de la función de control y vigilancia de las actividades financiera y aseguradora, como actividades de interés público a la luz del artículo 335 de la misma Carta Política, la Superintendencia se permite impartir las siguientes instrucciones a sus vigiladas:

Gran parte de las actividades desarrolladas por las entidades vigiladas incluyen la distribución de una diversidad de productos y servicios que comprenden, entre otros, depósitos, otorgamiento de créditos, servicios fiduciarios, seguros y emisión de tarjetas de crédito. Dentro de las competencias que le atribuye la ley a la Supe