CIRCULAR EXTERNA 76 DE 1999

 

CIRCULAR EXTERNA 76 DE 1999 

(Diciembre 23)

Ref.: Circular Externa 007 de 1996.

En atención al fallo proferido por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado dentro del proceso S 671, este despacho modifica el contenido del numeral 1º del capítulo segundo, título sexto de la Circular Básica Jurídica, suprimiendo los incisos declarados nulos, a saber:

“De conformidad con lo dispuesto en el numeral 1º, del artículo 97 y el segundo párrafo del numeral 2º, del artículo 100 del estatuto orgánico del sistema financiero, las entidades del sector asegurador deben suministrar a los tomadores y asegurados la información necesaria para lograr transparencia en sus operaciones de suerte que les permita, a través de elementos de juicio claros y objetivos, escoger sin limitaciones la mejor opción de seguro e intermediación que se ofrezca en el mercado. La comisión es el precio que se paga por la labor de intermediación y, en esa medida, es un factor determinante en la contratación respectiva.

Según se dispone en el Código de Comercio, artículo 1047 numeral 8º, la prima o el modo de calcularla debe expresarse en la póliza de seguro. Tal como se señala en el numeral 2º del artículo 1045 del mismo código, la prima es el precio que se paga por el seguro. De este modo, si la cifra que se incluye en el documento por medio del cual se perfecciona y prueba el contrato de seguro comprende, además, el valor de la contraprestación por la intermediación, es imperativo que se otorgue a los usuarios las herramientas para determinar el precio de la cobertura.

Los mecanismos tendientes a facilitar el conocimiento de la identidad del intermediario y el valor de sus servicios, favorece la confianza del público en el sector asegurador y facilita la labor de inspección y vigilancia que corresponde a esta entidad.

En este orden de ideas, la confianza en el sector asegurador y las necesidades de inspección y vigilancia, lo requerido al respecto en el estatuto mercantil, así como la libertad de contratación, el principio de transparencia y el deber de una completa y adecuada información se traducen, para el caso particular, en dar a conocer al tomador y asegurado, como mínimo, la identidad del intermediario y el costo por su participación.

Así, para cumplir con los objetivos señalados en los literales a), c), e), h) e i) del numeral 1º del artículo 325 del estatuto orgánico del sistema financiero, ésta superintendencia, en ejercicio de las facultades consagradas en los literales a), c) y j) del numeral 3º del artículo 326 y el segundo párrafo del numeral 2º del artículo 100, ambos del mismo estatuto y demás normas concordantes, imparte las siguientes instrucciones:

En el sentido señalado en el literal a) del numeral 2º del artículo 184 del estatuto orgánico del sistema financiero, a partir del 1º de septiembre de 1995, las entidades aseguradoras consignarán en la carátula de la póliza los datos relacionados con el intermediario involucrado, señalando: clase de intermediario, esto es, si se trata de agente, agencia o corredor; el nombre completo o la razón social del intermediario o intermediarios que intervienen; y, el valor a pagarse por el tomador o asegurado, discriminando el total, el valor de la prima sin comisión, el impuesto al valor agregado (IVA) y la comisión.

Tratándose de pólizas colectivas, la anterior información deberá incluirse también en los certificados individuales.

La consignación de los datos indicados deberá hacerse en caracteres destacados, es decir, que resalten a simple vista en relación con el resto de la impresión.

Si durante la vigencia del seguro, sus prórrogas o renovaciones, variasen las condiciones informadas al tomador y asegurado en cumplimiento de lo previsto en esta circular, la aseguradora deberá poner a dichos contratantes en conocimiento de dicha circunstancia, mediante comunicación escrita remitida a la dirección señalada por ellos para recibir notificaciones”.

Para tal efecto se reemplazan las páginas 5, 6 y 7 del capítulo segundo, titulo sexto de la Circular Externa 007 de 1996.

La presente circular rige a partir de la fecha de su publicación.

Anexo

La mención de la dirección de la entidad que expide la póliza, en la cual recibirá notificaciones para garantizar, en todos los casos, la efectividad de dicha diligencia.

Teniendo en cuenta que el artículo 1037 del Código de Comercio define las partes del contrato de seguro, el aparte destinado a las firmas de los intervinientes, tanto en la carátula como en las pólizas o anexos, debe responder igualmente a dicho criterio, de manera que no es preciso asignar tal condición al asegurado sino al tomador, en el evento de que se opte por incluir su firma.

La referencia a la terminación automática del contrato de seguro por mora en el pago de la prima es obligatoria para los seguros de daños, únicamente. Sin embargo, en el supuesto de que se decida su inclusión en las pólizas de seguro de vida, la referencia legal debe corresponder al artículo 1152 del Código de Comercio y no al artículo 1068 del mismo ordenamiento.

2. Primera página de la póliza.

En esta página deben figurar, en caracteres destacados, según los mismos lineamientos atrás señalados, y en términos claros y concisos que proporcionen al tomador la información precisa sobre el verdadero alcance de la cobertura contratada, los amparos básicos y todas y cada una de las exclusiones que se estipulen. Por ningún motivo se podrá consignar en las páginas interiores o en cláusulas posteriores exclusiones adicionales que no se hallen previstas en la primera condición aquí estipulada.

3. Condiciones del contrato.

Las demás condiciones del contrato deben ser claramente legibles y se redactarán en forma tal que tomadores y asegurados puedan comprender e identificar fácilmente las definiciones de los riesgos amparados y las obligaciones emanadas del negocio celebrado. Como lo establece el artículo 184, numeral 2º, letra a) del estatuto orgánico del sistema financiero, el contenido de las pólizas debe ceñirse a las normas que regulan el contrato de seguro, al citado estatuto y a las disposiciones imperativas que resulten aplicables, so pena de ineficacia de la estipulación respectiva.

4. Debe suprimirse del clausulado toda alusión a la aprobación del mismo por parte de esta superintendencia, de conformidad con el numeral 1º del artículo 184 del estatuto orgánico del sistema financiero.

5. La obligación legal de las aseguradoras con ocasión de la asunción de riesgos se circunscribe a indemnizar el perjuicio patrimonial que el asegurado haya sufrido con ocasión del siniestro, en las modalidades que admite la Ley, o al pago de la suma asegurada, según el caso. Por tanto, no es válido asumir como obligación derivada del contrato prestaciones de naturaleza diferente, circunstancia de índole legal que debe considerarse para la estructuración de los amparos.

6. La sanción por la inexactitud o reticencia en la declaración del estado del riesgo se encuentra legalmente consignada en el artículo 1058 del Código de Comercio; en consecuencia, no es conducente estipular una sanción que no consulte la norma en mención.

7. No resulta adecuado calificar la reclamación como una obligación del asegurado en desarrollo del contrato, ni señalar términos específicos para su formulación, toda vez que ésta corresponde a la facultad que puede ejercer el asegurado o beneficiario de hacer efectivo su derecho para lo cual sólo encuentra limitación en el tiempo, en los términos de prescripción señalados por el artículo 1081 del Código de Comercio.

Lo anterior no obsta para que la reclamación se contemple en la póliza como mecanismo para que el asegurado ejercite su derecho.

8. En relación con la cláusula compromisoria que se estipula en algunas pólizas es necesario recordar que dicha materia se encuentra regulada por el Decreto 2279 de 1989, por la Ley 23 de 1991 y por el Decreto 2561 de 1991.

9. Acerca del término para efectuar el pago de la indemnización, éste debe fijarse en un mes contado a partir de la presentación de la reclamación y no en treinta días, de conformidad con lo establecido en los artículos 21 de la Ley 35 de 1993 y 1080 del Código de Comercio.

10. Conforme a los términos del artículo 1075 del Código de Comercio, el aviso de siniestro no requiere formalidad escrita. En consecuencia, al exigir dicha formalidad para las notificaciones que se efectúan en desarrollo del contrato es preciso consignar claramente la salvedad de que trata la norma precitada.

11. Respecto del seguro de responsabilidad civil, el artículo 1133 del Código de Comercio expresó las condiciones necesarias para acceder al pago de la indemnización, no siendo viable la inclusión de requisitos adicionales.

12. Así mismo, la estructuración de los amparos de responsabilidad civil debe ceñirse al artículo 1127 del Código de Comercio, el cual indica que se trata de un seguro a favor de terceros y erige en beneficiario del mismo a la víctima.

13. En los anexos es requisito indispensable la incorporación de la identificación precisa de la póliza a la cual acceden, al tenor del artículo 1049 del Código de Comercio.

14. En el certificado individual del seguro de vida es pertinente incluir la información contenida en el numeral 5º punto 1 literal c) subnumeral 6.1 contenido en el régimen particular de algunos ramos de este capítulo.

15. Vigencia de los contratos. Son características del riesgo asegurable, elemento esencial del contrato de seguro su futureidad y su incertidumbre; por tal circunstancia, no resulta legalmente posible a las entidades aseguradoras expedir pólizas cuya vigencia se inicie con anterioridad a la fecha de su expedición.

En consecuencia, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 326, numeral 5º, literal a del estatuto orgánico del sistema financiero, se considera como práctica insegura y no autorizada la expedición de pólizas en contravención a lo señalado en el párrafo precedente.

16. Coberturas. En la estructuración de las pólizas y anexos deberá tenerse en cuenta que los amparos ofrecidos puedan explotarse bajo los ramos previamente autorizados a la respectiva entidad aseguradora.

De acuerdo con lo anterior, las entidades aseguradoras deberán abstenerse de incluir en los respectivos productos coberturas para las cuales no cuenten con la debida autorización impartida por esta superintendencia, considerándose como constitutiva de práctica no autorizada e insegura la realización de conductas contrarias.

c) Tarifas. En los estudios técnicos y estadísticos que sustenten las tarifas deberán observarse los principios a que se refiere el artículo 184, numeral 3º, del estatuto orgánico del sistema financiero, así:

1. Equidad. La entidad aseguradora deberá observar que prima y riesgo presenten una correlación positiva, de acuerdo con las condiciones objetivas del riesgo.

2. Suficiencia. Es necesario que la tarifa cumpla razonablemente la tasa de riesgo y los costos propios de la operación, tales como los de adquisición, los administrativos y las utilidades.

3. Homogeneidad. Los elementos de la muestra objeto de estudio deben tener características comunes en los órdenes cualitativo y cuantitativo. Además, su escogencia debe cumplir los supuestos de aleatoriedad e independencia determinantes de la calidad de los resultados obtenidos.

4. Representatividad. El tamaño de la muestra debe corresponder a un número objetivo de elementos de la población que garantice un nivel de significación razonable y cubra un período adecuado, de manera que el cálculo de los estimadores presente un bajo nivel de error.

5. Riesgos especiales o novedosos. En los términos de la letra c) numeral 3º del artículo 184 del estatuto orgánico del sistema financiero, solamente tratándose de riesgos especiales o de carácter novedoso respecto de los cuales no resulte viable obtener la información necesaria para efectuar el estudio estadístico pertinente, podrá prescindirse de sustentar la tarifa con las exigencias enunciadas. En tales eventos, resultará necesario acreditar el respaldo de un reasegurador de reconocida solvencia técnica y financiera.

d) Evaluación de las pólizas y tarifas por parte de la Superintendencia Bancaria. Esta superintendencia evaluará el cumplimiento de los requisitos señalados en el artículo 184 numerales 2º y 3º del estatuto orgánico del sistema financiero a través de las visitas de inspección que realiza permanentemente a las entidades del sector, así como mediante la ponderación de los resultados técnicos de los diferentes ramos.

Para efectos de verificar el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 6º literal a) del Decreto 839 de 1991, cuando las compañías de seguros de vida envíen, en la forma que se indica más adelante, los productos de seguros con reserva matemática que van a comercializar, deberán remitir las notas técnicas de los mismos, especificando el nombre comercial del producto al cual acceden, las bases técnicas y los factores de reserva. Tratándose de seguros de vida de ahorro con participación resulta necesario informar la manera como se estructurará el fondo que se establece en el artículo 6º literal b) del Decreto 839 de 1991 y las reglas para su funcionamiento.

1. Registro de productos. Se deben poner a disposición de esta superintendencia las pólizas que se ofrezcan al público mediante su envío a esta dependencia. Debe remitirse obligatoriamente las condiciones generales de las pólizas y las particulares y anexos de uso común identificadas como se indica y en los formatos que se especifica más adelante.

Con los documentos recibidos de acuerdo con las instrucciones en el párrafo anterior, la Superintendencia Bancaria organizará un registro de pólizas y documentos inscritos. La inscripción no implica pronunciamiento alguno respecto de la legalidad de los modelos allegados.

Los modelos de anexos y certificados que no sean enviados a esta entidad se mantendrán a disposición de este organismo, debidamente impresos en la misma forma como serán ofrecidos al público, debiendo informar de dicha circunstancia a esta superintendencia previamente a su comercialización u ofrecimiento, con indicación precisa del ramo bajo el cual se va a explotar. También se mantendrán a disposición de esta entidad las tarifas que no sean enviadas, clasificadas por ramos, junto con los elementos documentales y soportes estadísticos correspondientes.

N. del D.: Esta circular va dirigida a representantes legales, revisores fiscales y entidades aseguradoras.

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