Superintendencia de Puertos y Transporte

CIRCULAR EXTERNA 77 DE 2016

(Noviembre 10)

Asunto: Procedimiento para levantar la prohibición de enajenación del artículo 97 de la Ley 906 de 2004.

Con el objetivo de exhortar al debido cumplimiento de lo consagrado en el artículo 97 de la Ley 906 de 2004 —Código de Procedimiento Penal—, en lo tendiente al levantamiento de la prohibición de enajenar bienes sujetos a registro con posterioridad a la audiencia de imputación de cargos, esta entidad advierte:

La Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, expresó en Providencia AP6750-2015(1), que la prohibición de enajenación de bienes sujetos a registro durante los seis (6) meses siguientes a la formulación de la imputación, es una medida cautelar que “pretende garantizar el pago de perjuicios en el evento de declararse responsabilidad penal” retirando los bienes del comercio, en este caso, vehículos automotores y procediendo sin perjuicio de los derechos de terceros de buena fe.

De lo precedente, se infiere que dicha medida es objetiva y obligatoria en el entendido de su origen legal:

“ART. 97.—Prohibición de enajenar. El imputado dentro del proceso penal no podrá enajenar bienes sujetos a registro durante los seis (6) meses siguientes a la formulación de la imputación, a no ser que antes se garantice la indemnización de perjuicios o haya pronunciamiento de fondo sobre su inocencia.

Esta obligación deberá ser impuesta expresamente en la audiencia correspondiente. Cualquier negociación que se haga sobre los bienes sin autorización del juez será nula y así se deberá decretar.

Para los efectos del presente artículo el juez comunicará la prohibición a la oficina de registro correspondiente.

Lo anterior sin perjuicio de los negocios jurídicos realizados con anterioridad y que deban perfeccionarse en el transcurso del proceso y de los derechos de los terceros de buena fe, quienes podrán hacerlos valer, personalmente o por intermedio de abogado dentro de una audiencia preliminar que deberá proponerse, para ese único fin, desde la formulación de la imputación hasta antes de iniciarse el juicio oral, con base en los motivos existentes al tiempo de su formulación. El juez que conozca del asunto resolverá de plano (subrayado propio).

Por lo anterior, los organismos de tránsito al momento de recibir una orden judicial de medida cautelar sustentada en el artículo 97 de la Ley 906 de 2004, deben determinar claramente el plazo de duración de la misma: seis meses. Siendo así, “han de proceder de conformidad y levantar la medida prevista en ese canon sin perjuicio de la existencia de otro tipo de medidas cautelares que hipotéticamente lleguen a ser impuestas con posterioridad”(2), verbi gratia, las descritas en el artículo 92 y siguientes de la Ley 906 de 2004.

Una vez transcurrido el término seis (0) (sic) meses, por ministerio de la ley, la medida debe ser levantada automáticamente, ipso jure, sin necesidad de orden del juzgado donde se tramita el proceso.

Con lo referido, se evita a los ciudadanos al trámite burocrático de solicitar el levantamiento de dicha medida, de la cual, la ley determina su duración, y una vez transcurrido el tiempo descrito, debe procederse a su cancelación, en condiciones tales que no haya ningún tipo de incertidumbre sobre su alcance, vigencia y culminación.

La presente circular, rige a partir de su expedición y se publicará en la página web de la Superintendencia de Puertos y Transporte, así como en el Diario Oficial.

Publíquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D.C., a 10 de noviembre de 2016.

N. del D.: La presente circular externa va dirigida a los organismos de tránsito.

1 Radicación 47042 del 18 de noviembre de 2015. Magistrado Ponente José Luis Barceló Camacho.

2 Ibídem.