Superintendencia de Puertos y Transporte

CIRCULAR EXTERNA 79 DE 2016

(Noviembre 16)

Asunto: Provisión de contingencias y registro de las obras de los gestores de los sistemas integrados y estratégicos de transporte masivo.

La presente circular tiene como objeto expedir las recomendaciones que deberán tener en cuenta los entes gestores de los sistemas integrados y estratégicos de transporte masivo, para el cumplimiento de las disposiciones legales en materia de provisión de los recursos para la atención de contingencias judiciales, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

1. Marco legal.

En virtud de lo dispuesto en el numeral 14.5 del artículo 14 del Decreto 87 de 2011, le corresponde a la Dirección de Transporte y Tránsito del Ministerio de Transporte, la fijación de los criterios e indicadores técnicos de calidad y seguridad a las que deben ceñirse las empresas de servicio público de transporte, en los modos a su cargo; así como del artículo 42 del Decreto 101 de 2000, modificado por el artículo 4º del Decreto 2741 de 2001, el Presidente de la República delegó a la Superintendencia de Puertos y Transporte, la facultad de vigilar a quienes prestan servicios relacionados con el transporte y el tránsito terrestre. En este marco, esta superintendencia cuenta con la facultad de supervisión sobre los aspectos de carácter subjetivo de las empresas gestoras de los sistemas integrados y estratégicos de transporte masivo.

En desarrollo de lo contemplado en el artículo 354 de la Constitución Nacional(1), la Contaduría General de la Nación, expidió la Resolución 414 de 2014 y sus respectivas modificaciones y complementaciones(2), que define el marco conceptual para la preparación y presentación de la información financiera y las reglas para el reconocimiento, medición, revelación y presentación de los hechos económicos al régimen de contabilidad pública.

Conforme el artículo 2º de la misma resolución, es aplicable a las siguientes empresas:

• “Que no coticen en el mercado de valores;

• “Que no capten ni administren ahorro del público;

• “Que hayan sido clasificadas como empresas por el comité Interinstitucional de la Comisión de Estadísticas de Finanzas Públicas, según los criterios establecidos en el manual de estadísticas de las finanzas públicas.

Con el fin de instruir a los destinatarios sobre la aplicación de la Resolución 414 de 2014, la Contaduría General de la Nación, expidió el Instructivo 2 de 2014, que contiene los siguientes aspectos: (i) la elaboración del estado de situación financiera de apertura; (ii) elaboración de los estados financieros del final del periodo de transición; y (iii) elaboración y presentación de los primeros estados financieros bajo el nuevo marco regulatorio.

De acuerdo al cronograma que estableció la Contaduría General de la Nación, el periodo de preparación obligatoria venció el 31 de diciembre de 2014(3), otorgando un periodo de preparación mayor a tres meses, periodo en el que las empresas destinatarias de este marco normativo, debían realizar actividades relacionadas con el proyecto de convergencia, llevar a cabo las aprobaciones y los trámites necesarios.

Vencido el periodo “periodo de preparación” (31 de diciembre de 2014), las empresas iniciaron su “periodo de transición”, que inició con la emisión del estado de situación financiera de apertura, con corte al 1º de enero de 2015. Adicionalmente, durante el año 2015, las empresas debieron llevar su información comparada bajo los dos marcos legales: el vigente para ese momento y el contenido en la Resolución 414 de 2014.

De otro lado, los numerales 1º y 3º del capítulo V del libro II manual de procedimientos del régimen de contabilidad pública, que establecen el procedimiento contable para el reconocimiento y revelación de los procesos judiciales, laudos arbitrales, conciliaciones extrajudiciales y embargos decretados y ejecutados sobre las cuentas bancarias contenido indican:

“1. Aplicación contable en procesos judiciales, arbitrajes y conciliaciones extrajudiciales (…). Los procesos judiciales, los arbitrajes y las conciliaciones extrajudiciales pueden constituirse en derechos u obligaciones, dependiendo de si las pretensiones económicas son a favor o en contra de la entidad.

(…) 3. Reconocimiento de obligaciones. Las demandas, arbitrajes y conciliaciones extrajudiciales que se interpongan contra la entidad contable pública deben reconocerse en cuentas de orden acreedoras contingentes. Para el efecto, con la notificación de la demanda, o de acuerdo con los procedimientos definidos según se trate de un arbitraje o conciliación extrajudicial, la entidad contable pública constituye la responsabilidad contingente, registrando un crédito a las subcuentas 912001-Civiles, 912002-Laborales, 912004- Administrativos, 912005-Obligaciones fiscales o 912090-Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos, de la cuenta 9120-Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos, según corresponda, y un débito a la subcuenta 990505-Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos, de la cuenta 9905-Responsabilidades contingentes por contra (DB).

Si como resultado de la evaluación del riesgo por la aplicación de metodologías de reconocido valor técnico o el estado del proceso, se determina que la contingencia es probable, reconoce el pasivo estimado, con un débito a la subcuenta 531401-Litigios, de la cuenta 5314- Provisión para contingencias y un crédito a la subcuenta 271005- Litigios, de la cuenta 2710- Provisión para contingencias, previa cancelación de las cuentas de orden acreedoras constituidas.

Tratándose de laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales es factible constituir provisiones de acuerdo con la evaluación del riesgo. Para el efecto, la entidad contable pública registra un débito a la subcuenta 531411-Mecanismos alternativos de solución de conflictos, de la cuenta 5314-Provisión para contingencias y un crédito a la subcuenta 271015-Mecanismos alternativos de solución de conflictos, de la cuenta 2710-Provisión para contingencias, previa cancelación de las cuentas de orden acreedoras constituidas. Con la sentencia definitiva condenatoria, laudo arbitral o conciliación extrajudicial, la entidad contable pública procede al registro del crédito judicialmente reconocido como un pasivo real” (subrayado y negritas fuera del texto original).

Mediante el Concepto 20142000023351 del 17 de septiembre de 2014, la Contaduría General de la Nación, ratificó el procedimiento anteriormente descrito, en lo relacionado con el reconocimiento de las demandas interpuestas en contra de las entidades públicas. Adicionalmente advirtió que, de acuerdo con el contexto legal, contractual o de política que rige el sistema de transporte público masivo, la entidad que resulte condenada puede ejercer una acción de repetición, en contra de quien sea llamado a responder por la condena que eventualmente se imponga.

Para tal efecto, recordó que se deberá reconocer un derecho contingente, debitando la cuenta 8120 “Litigio y mecanismos alternativos de solución de conflictos” y acreditando la subcuenta 890506 “Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos”, de la cuenta 8905 “Derechos contingentes por el contrario”.

Cabe recordar que toda entidad que constituya una sección del Presupuesto General de la Nación(4), que resulte vinculada a un proceso judicial como parte demandada, debe considerarse como sujeto expuesto a la correspondiente respectiva contingencia judicial, razón por la cual es a ella a la que en principio le corresponderá realizar las revelaciones contables y apropiaciones presupuestales derivadas de la contingencia. Lo anterior independientemente que el sujeto pasivo de la contingencia judicial, pueda posteriormente repetir el monto por el cual fue condenado con terceros.

Por otra parte, debe tenerse en cuenta que de conformidad con el documento Conpes 3368 del 1º de agosto de 2005, “por medio del cual se sometieron a consideración diferentes aspectos del papel de la nación para la cofinanciación de los Sistemas Integrados de Transporte Masivo (SITM)”, los recursos que se encuentren por fuera de la cofinanciación entre la nación y las entidades territoriales, que además sean requeridos para el correcto funcionamiento del sistema, deben ser asumidos por la entidad territorial.

2. Conclusiones y recomendaciones.

Con fundamento en lo anterior, a continuación, se realizan las siguientes conclusiones y recomendaciones:

1. De acuerdo al listado de empresas publicado desde el año 2015 por la Contaduría General de la Nación, la Resolución 414 de 2014, es de obligatorio cumplimiento para las que sean gestoras de transporte masivo.

2. A partir del año 2016, las empresas gestoras en los sistemas de transporte masivo y estratégico deben llevar la contabilidad únicamente bajo el nuevo marco normativo contenido en la Resolución 414 de 2014.

3. Las entidades en las que exista participación del sector público, de manera directa o indirecta, igual o superior al cincuenta por ciento (50%) del capital social, como es el caso de las empresas gestoras de transporte masivo, tienen la obligación de proceder a constituir la respectiva provisión cuando se les notifique de una demanda y siempre que se concluya a partir de la evaluación del riesgo por la aplicación de metodologías de reconocido valor técnico o de acuerdo con el estado del proceso que la contingencia es probable, caso en el cual se reconocerá como un pasivo estimado.

4. Si la entidad es condenada, deberá proceder a reconocer el pasivo real, de conformidad con lo establecido en el procedimiento establecido por la Contaduría General de la Nación(5).

5. Por otra parte, respecto al reconocimiento contable de los aportes de la nación y de las entidades territoriales a los proyectos, los entes gestores deben ajustarse al contenido del Concepto número 20142000017601 del 27 de junio de 2014 de la Contaduría General de la Nación. En este documento se afirma que, en el marco de los convenios de cofinanciación de los sistemas de transporte masivo, los entes gestores deben tener como beneficiario final de los recursos entregados por la nación a las entidades territoriales(6).

6. La Contaduría General de la Nación, estableció que corresponde a la entidad territorial determinar si la entrega al ente gestor, tanto de su participación, como de los recursos que le son transferidos por la nación, se efectúa en calidad de recursos entregados en administración o a título de transferencia plena.

• En el primer evento, es decir cuando los recursos son entregados en administración, la titularidad de las obras ejecutadas por el ente gestor se radicaría directamente en cabeza de la entidad territorial, para lo cual debe adelantar las acciones pertinentes para su registro contable.

• En este supuesto, los recursos de cofinanciación de la entidad territorial, bien sean propios o recibidos de la nación, son entregados en administración al ente gestor a través de un encargo fiduciario, de tal manera que las obras correspondientes deben ser recibidas y contabilizadas por el ente territorial. Esta es la regla general y operará en la mayoría de los casos, salvo que el ente territorial a través de un acto administrativo disponga algo distinto, es decir la entrega de los recursos a título de transferencia plena al ente gestor.

• Si los recursos son entregados al ente gestor a título de transferencia plena, las obras que con ellos se construyan serán de titularidad del ente gestor.

En este orden de ideas, se solicita a los entes gestores adelantar las acciones pertinentes para que, en sus estados financieros a 30 de diciembre de 2016, se reflejen las partidas correspondientes a las transacciones determinadas en la presente circular.

La presente circular, rige a partir su publicación en el Diario Oficial y en la página web de la Superintendencia de Puertos y Transporte.

Dada en Bogotá, a 16 de noviembre de 2016.

N. del D.: La presente circular externa va dirigida a representantes legales, revisores fiscales y contadores de los entes gestores de los sistemas de transporte masivo, integrados y estratégicos.

1 “ART. 354.—Habrá un Contador General, funcionario de la Rama Ejecutiva, quien llevará la contabilidad general de la nación y consolidará esta con la de sus entidades descentralizadas territorialmente o por servicios, cualquiera que sea el orden al que pertenezcan, excepto la referente a la ejecución del Presupuesto, cuya competencia se atribuye a la Contraloría. Corresponden al Contador General las funciones de uniformar, centralizar y consolidar la contabilidad pública, elaborar el balance general y determinar las normas contables que deben regir en el país, conforme a la ley”.

2 Al respecto, véanse el Instructivo 2 de 2014, la Resolución 139 de 2015, la Resolución 663 de 2015 y la Resolución 466 de 2016.

3 Al respecto, véase la Resolución 414 de 2014.

4 “ART. 194.—Aportes al Fondo de Contingencias.Todas las entidades que constituyan una sección del Presupuesto General de la Nación, deberán efectuar una valoración de sus contingencias judiciales, en los términos que defina el Gobierno nacional, para todos los procesos judiciales que se adelanten en su contra.
Con base en lo anterior, las mencionadas entidades deberán efectuar aportes al Fondo de Contingencias de que trata la Ley 448 de 1998, o las normas que la modifiquen o sustituyan, en los montos, condiciones, porcentajes, cuantías y plazos que determine el Ministerio de Hacienda y Crédito Público con el fin de atender, oportunamente, las obligaciones dinerarias contenidas en providencias judiciales en firme.
Esta disposición también se aplicará a las entidades territoriales y demás descentralizadas de todo orden obligadas al manejo presupuestal de contingencias y sometidas a dicho régimen de conformidad con la Ley 448 de 1998 y las disposiciones que la reglamenten (…)” (negrita fuera del texto original).

5 Concepto 20114-153077 del 06-05-11 de la Contaduría General de la Nación.

6 Al respecto, véase el Concepto 20142000017601 del 27 de junio de 2014 expedido por la Contaduría General de la Nación.