CIRCULAR EXTERNA 8 DE 2000 

(Julio 11)

Asunto: Programas de atención integral a la niñez y jornadas escolares complementarias.

Atendiendo la competencia de inspección y vigilancia otorgada a esta Superintendencia del Subsidio Familiar en el artículo 3º del Decreto-Ley 2150 del 30 de diciembre de 1992, sobre las cajas de compensación familiar, con el propósito de instruir a las entidades vigiladas sobre la forma como deben cumplir las disposiciones que regulan su actividad, este despacho en desarrollo de la función establecida en el artículo 7º numeral 4º del Decreto 2150 de 1992 se permite fijar el alcance frente a la ejecución de los programas de atención integral a la niñez y jornadas escolares complementarias por parte de las cajas de compensación familiar, en virtud de la declaratoria de inexequibilidad de la Ley 508 de 1999 o plan nacional de desarrollo, efectuada por la Corte Constitucional.

Si bien es cierto que la Ley 508 de 1999 fue declarada inexequible por la Corte Constitucional, también lo es que con fundamento en ella, por encontrarse vigente en ese momento, esta Superintendencia del Subsidio Familiar no sólo ha expedido la Resolución 32 del 31 de enero de 2000 mediante la cual se declaró el cuociente nacional y particular de recaudos y las cajas de compensación familiar obligadas a constituir el Fovis en el año 2000; como los porcentajes que las mismas debían destinar para financiar el régimen de subsidios en salud, la Circular Externa 4 del 23 de febrero del año en curso, mediante la cual se señalaron los lineamientos a los entes vigilados para la ejecución de recursos conforme a lo dispuesto en el artículo 99 de la Ley 508 de 1999 literal b) y su Decreto Reglamentario 2405 de 1999, sino igualmente las aprobaciones impartidas a las diferentes cajas de compensación familiar, para adelantar los programas de atención integral a la niñez y jornadas escolares complementarias, los cuales debo manifestarles se encuentran vigentes y son de obligatorio acatamiento tanto para esta superintendencia que los profirió, como para las cajas de compensación familiar y los particulares en general y hasta tanto no sean modificados, aclarados o revocados por esta misma entidad conforme a las directrices que para esa misma finalidad determine en próximos días el Gobierno Nacional, o en su defecto, declarados nulos por la jurisdicción contenciosa administrativa.

Lo anterior tiene su fundamento en el artículo 66 del Código Contencioso Administrativo que al reglamentar lo relacionado con la pérdida de fuerza ejecutoria de los actos administrativos, determina en forma expresa que:

“Salvo norma expresa en contrario, los actos administrativos serán obligatorios mientras no hayan sido anulados o suspendidos por la jurisdicción en lo contencioso administrativo (pero perderán su fuerza ejecutoria en los siguientes casos:

...

2. Cuando desaparezcan los fundamentos de hecho o de derecho.

...)”.

Pérdida de la fuerza ejecutoria del acto administrativo, que en pronunciamiento del Honorable Consejo de Estado, Sección Primera, Sentencia 4490 de febrero 19 de 1998, Consejero Ponente Juan Alberto Polo Figueroa, dijo:

“Como su nombre lo indica, dicha figura está referida específicamente a uno de los atributos o características del acto administrativo, cual es la de la ejecutividad del mismo, es decir, la obligación que en él hay implícita de su cumplimiento y obedecimiento, tanto por parte de la administración como de los administrados en lo que a cada uno corresponda, consagrada en el primer inciso del precitado artículo 66, al disponer que “salvo norma en contrario, los actos administrativos serán obligatorios mientras no hayan sido anulados o suspendidos por la jurisdicción en lo contencioso pero perderán su fuerza ejecutoria en los siguientes casos.

(...)”.

Dentro de las cinco circunstancias o causas de pérdida de fuerza ejecutoria del acto administrativo, está la invocada por las actoras, esto es, la desaparición de sus fundamentos de derecho (num. 2º, art. 66 cit.), cuya ocurrencia para nada afecta la validez del acto, en cuanto deja incólume la presunción de legalidad que lo acompaña, precisamente el atributo de éste que es el objeto de la acción de nulidad. Por lo mismo, tales causales, de pérdida de ejecutoria, vienen a ser situaciones posteriores al nacimiento del acto de que se trate, y no tienen la virtud de provocar su anulación”.

Aspecto sobre el cual, igualmente el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, en Sentencia de febrero 23 de 1990, expediente 5346, Consejero Ponente, Doctor Gustavo de Greiff Restrepo, dijo:

“Para la Sala es claro que si la teoría se entendiera en el sentido de negar valor a un acto administrativo por el solo hecho de haber desaparecido él o los fundamentos de hecho o de derecho en que se sustentaba, ello no hubiera sido admisible ni antes de la vigencia del Decreto 2304 de 1989 ni después de ella, por la sencilla razón de que el acto administrativo formalmente válido, es decir, el expedido por la administración mediante el procedimiento prescrito por la ley, goza como tantas veces ha dicho la corporación, de una presunción de legalidad y veracidad que sólo puede destruir el juez de la causa, cuando encuentre que tiene algún vicio por razón del órgano que lo produjo, por la materia sobre la que verse o por el procedimiento que se siguió para producirlo, en lo que coincide con los tres requisitos esenciales que debe reunir una norma jurídica positiva para ser tal, a saber: 1. La legitimidad del órgano. 2. La competencia ratione materiae; y 3. La legitimidad del procedimiento.

Por lo anterior es por lo que la Corte Suprema de Justicia ha dicho con verdad que las órdenes y demás actos ejecutivos del gobierno son obligatorios para los particulares mientras el Consejo de Estado no declare su ilegalidad, lo que puede hacer por vía directa o en aplicación de la ilegalidad, semejante a la de inconstitucionalidad.

Además, debe observarse que una cosa es que un acto administrativo carezca de fuerza ejecutoria y otra distinta que deje de existir aun cuando la pérdida de aquélla ocurra precisamente por dejar de existir, por la misma razón de ser distinta la causa del efecto.

Las consideraciones anteriores son las que explican entonces, la razón del cambio que ocurrió en el artículo 66 del Código Contencioso Administrativo con ocasión de su subrogación por el artículo 9º del Decreto-Ley 2304 de 1989. No es entonces, que por haberse suprimido el ordinal 2º pueda decirse que un acto administrativo del cual hubieren desaparecido sus fundamentos de hecho o de derecho no pueda ser anulado o suspendido por el juez de lo contencioso administrativo sino lo que significa es que mientras tal suspensión o anulación no se produzca el acto debe ser aplicado, es decir obedecido, por los particulares y por la misma administración.

En este orden de ideas, debo manifestarles que con la declaración de inconstitucionalidad de la Ley 508 de 1999 o plan nacional de desarrollo, hecha por la Corte Constitucional, en momento alguno se obliga a las cajas de compensación familiar a terminar los programas de atención a la niñez y las jornadas escolares complementarias y a no cumplir los convenios que para el efecto suscribieron con entidades como el ICBF y los municipios, pues de por medio se encuentra la Resolución 32 del 31 de enero de 2000, la Circular Externa 4 del 23 de febrero del año en curso y las aprobaciones impartidas por esta entidad a las diferentes cajas de compensación familiar, para adelantar los referidos programas de atención integral a la niñez y jornadas escolares complementarias, los cuales fueron expedidos válidamente por esta superintendencia cuando se encontraba vigente la Ley 508 de 1999; por tal razón, deberán ser cumplidos.

N. del D.: Esta circular externa va dirigida a los directores administrativos, revisores fiscales y consejos directivos de las cajas de compensación familiar con Fovis.

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