Superintendencia de la Economía Solidaria

CIRCULAR EXTERNA 8 DE 2014 

(Julio 9)

Asunto: Reglas para la adquisición o venta de cartera de créditos.

Las actividades de las organizaciones de la economía solidaria, de conformidad con la ley y la doctrina cooperativa deben cumplirse con fines de interés social, toda vez que surgen para satisfacer las necesidades de sus asociados y así lo plasman en el acuerdo cooperativo o solidario ya sea para quienes la constituyen o para quienes posteriormente se adhieren, hecho que pone de presente que nacen para prestar esencialmente servicios a quienes las conforman.

Estas organizaciones tienen naturaleza mutualista razón por la cual están fundamentadas en la prestación de servicios a sus asociados, quienes al conformarla o adherirse con la expectativa y el derecho de utilizarlos, mantienen con ella, entre otras, una relación de consumo. Ahora, aunque no tienen ánimo de lucro, están sujetas al deber de guardar la buena fe comercial, desarrollar sus actividades con un interés social y respetar en todo momento las características y principios que rigen las organizaciones solidarias y los derechos de los asociados.

Cabe precisar que si bien las organizaciones de la economía solidaria están sometidas a la vigilancia, inspección y control de la Superintendencia de la Economía Solidaria, deben dar cumplimiento a las normas previstas en el estatuto del consumidor, así como a las instrucciones y demás actos administrativos expedidos por la Superintendencia de Industria y Comercio en lo de su competencia, lo cual incluye el otorgamiento de crédito y la venta de bienes o servicios mediante sistemas de financiación.

Dentro de las diferentes operaciones que realizan estas organizaciones, la compra y la venta de cartera constituye una transacción que puede tener efectos significativos en la situación patrimonial de una organización solidaria y en los derechos de sus asociados, por lo que se debe informar oportunamente a asociados y al público en general, la existencia de este tipo de transacciones, toda vez, que pueden afectar la situación económica, financiera y patrimonial de las organizaciones. Para el efecto, se requiere establecer procedimientos que faciliten los flujos de información y transparencia tanto al interior de las organizaciones en sus asambleas como en sus relaciones con instituciones externas a las mismas.

Respecto de este tipo de transacciones, han sido múltiples las quejas recibidas por esta Superintendencia que evidencian algunas de las conductas que se describen adelante y coinciden con los resultados arrojados por las investigaciones adelantadas, por este ente de control que revelan entre otras, las siguientes:

1. Ventas atadas.

Se ha evidenciado que en el momento del otorgamiento de un crédito, se condiciona tácita o implícitamente el trámite o la aprobación del mismo a la adquisición de bienes y servicios por parte del solicitante del crédito. Lo mismo puede ocurrir como condición para la asociación a la respectiva organización solidaria y por ende a los servicios prestados directamente por esta.

Al respecto, el artículo 36 del Estatuto general del consumidor prevé:

“Artículo 36. Prohibición de Ventas Atadas. Sin perjuicio de las demás normas sobre la materia, para efectos de la presente ley no se podrá condicionar la adquisición de un producto a la adquisición de otros. Tampoco se podrá condicionar el recibo de un incentivo o premio a la aceptación de un término contractual.”

De acuerdo con el texto anterior, cada producto debe ser puesto en el comercio de manera independiente, dejando que el consumidor que en este caso es el asociado, de manera libre determine, conforme a su necesidad, la adquisición que llevará a cabo. Respecto de los incentivos, es imperativo que no haya lugar a imponer condiciones de carácter contractual para la entrega de estos a los asociados.

Condicionar la adhesión a la organización solidaria o el otorgamiento de un crédito a la adquisición de una serie de productos o servicios, constituye una práctica proscrita por la ley. Por otra parte, tal conducta se aparta por completo de las características propias de estas organizaciones y del interés social con el cual deben adelantar sus actividades.

De allí que siempre que se impone la adquisición de un producto o servicio en forma adicional a otro, se está en presencia de una “venta atada” prohibida por la ley. Lo anterior, incluso si los bienes o servicios que se pretenden “atar” son prestados por proveedores distintos.

Prácticas como incorporar en los pagarés que soportan un préstamo, recursos correspondientes a servicios distintos a los ligados a este, tales como servicios exequiales, odontológicos, etc., se consideran ventas atadas. Por tanto, dicho pagaré debe contener solamente el valor de la cuota correspondiente al capital e intereses del crédito, los cobros por otros servicios adquiridos voluntariamente por el asociado, deben estar respaldados en un documento diferente al pagaré.

En el caso de créditos cuyas cuotas se descuentan del salario o de la mesada pensional del asociado, solo podrán descontarse sumas por concepto diferentes al crédito, cuando existan tanto el contrato con la entidad prestadora de dicho servicio como la respectiva autorización de descuento, suscritos ambos por el beneficiario del crédito. Las cláusulas de permanencia de tales servicios deberán respetar las instrucciones impartidas por la Superintendencia de Industria y Comercio y no podrán estar atadas al plazo del crédito.

En el evento en que el crédito sea parte de una venta o cesión de cartera, en ningún caso se entenderá que los servicios ofrecidos mediante convenios tales como pólizas exequiales, servicios odontológicos y demás, hacen parte de dicha venta, en la medida en que no son activos de la organización solidaria.

Por lo anterior, las organizaciones vigiladas deben instruir a la fuerza de ventas o quienes hagan sus veces para que se abstengan de incurrir en tal práctica, y modificar los esquemas de compensación que las estimulen, tales como comisiones o bonos.

2. Cobro de intereses en exceso a los límites legales.

Un importante motivo de inconformidad por parte de asociados y usuarios de organizaciones solidarias, lo constituye el cobro de intereses que superan los límites legales, además de la falta de transparencia en las sumas cobradas con ocasión del otorgamiento de un crédito.

En este punto debe tenerse presente que el artículo 68 de la Ley 45 de 1990 señala: sumas que se reputan intereses. “Para todos los efectos legales se reputan intereses las sumas que el acreedor reciba del deudor sin contraprestación distinta al crédito otorgado, aun cuando las mismas se justifiquen por concepto de honorarios, comisiones u otros semejantes. Así mismo, se incluirán dentro de los intereses las sumas que el deudor pague por concepto de servicios vinculados directamente con el crédito en exceso de las sumas que señale el reglamento”.

El capítulo III, título II de la circular Única expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio, señala por su parte “Adquisición de bienes y prestación de servicios mediante sistemas de financiación.”

3.3. Información que debe constar por escrito:

“n) En la parte final del documento, en caracteres destacados, negrilla y un tamaño de letra del doble del tamaño de la utilizada en el resto del texto, se deberá consignar una advertencia para el deudor con el siguiente texto:

“Por expresa instrucción de la Superintendencia de Industria y Comercio, se le hace conocer a la parte deudora en el presente contrato que durante el periodo de financiación la tasa de interés variable o fija, remuneratoria o moratoria no podrá ser superior a la tasa máxima legal permitida. Si la tasa pactada supera el límite legal deberá ser ajustada al mismo.

“De acuerdo con lo establecido en el artículo 884 del Código de Comercio, cuando se cobren intereses que sobrepasen los límites fijados en la ley, el acreedor perderá todos los intereses, bien sea los remuneratorios, los moratorias o ambos según se trate. En tales casos, el consumidor podrá solicitar la inmediata devolución de las sumas que haya cancelado por concepto de los respectivos intereses. (Subrayado extratextual)

“Se advierte que se entiende por interés, la renta que se paga por el uso del capital durante un periodo determinado, sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 717 del Código Civil. Así mismo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 68 de la Ley 45 de 1990, se reputarán también como intereses las sumas que el acreedor reciba del deudor sin contraprestación distinta al crédito otorgado, aun cuando las mismas se justifiquen por concepto de honorarios, comisiones u otros semejantes. También se incluirán dentro de los intereses las sumas que el deudor pague por concepto de servicios vinculados directamente con el crédito, tales como costos de administración, estudio del crédito, papelería, cuotas de afiliación, etc.”.

Por lo anterior, en el cálculo de la tasa efectiva que la organización cobre por el crédito otorgado, se deberán tener en cuenta las sumas devengadas por todo concepto ligado al mismo. Esta disposición encuentra concordancia con lo previsto en el artículo 1168 del Código de Comercio, en el cual se prohíben pactos que conlleven la simulación de intereses legalmente admitidos, al tiempo que tiene efectos para la configuración del delito de usura, previsto en el artículo 305 del Código Penal, así como para las sanciones administrativas contempladas en por el artículo 72 de la Ley 45 de 1990 y demás normas aplicables.

Es de advertir que en los casos en los que la Superintendencia de la Economía Solidaria determine que se vienen cobrando intereses que igualan o superan la certificada por la Superintendencia Financiera como límite para efectos del delito de usura, dará traslado a la Fiscalía General de la Nación para lo de su competencia, tal como lo ha hecho hasta ahora, sin perjuicio de aplicar las sanciones administrativas a que haya lugar, y del derecho de los asociados de solicitar la devolución de los intereses tal como lo señala la Superintendencia de Industria y Comercio.

Si además del crédito como tal se cobran dineros por concepto de venta de bienes o servicios adquiridos libremente por el asociado mediante sistemas de financiación, sin perjuicio de la aplicación de las normas sobre las sumas que computan para efectos de tasa máxima permitida, se señala que cada servicio debe contar con el correspondiente contrato y cumplir con las disposiciones dictadas por la Superintendencia de Industria y Comercio tanto en esta materia como en lo concerniente a las condiciones y límites a las cláusulas de permanencia.

En ningún caso se incorporará en el pagaré que respalda el crédito, la obligación de cancelar las sumas derivadas del servicio o bien adquirido.

3. Celebración de combinaciones o acuerdos con sociedades o personas mercantiles que hagan participar a estas directa o indirectamente de los beneficios o prerrogativas que las leyes otorgan a las cooperativas.

Las investigaciones adelantadas con ocasión de las quejas señaladas, han permitido establecer que en algunos casos, sociedades mercantiles o personas naturales actuando como inversionistas, proveen de recursos a organizaciones de naturaleza solidaria, especialmente cooperativas para que estas, utilizando sus códigos de descuento con pagadurías de diferentes nóminas, otorguen crédito a personas naturales, al tiempo que cobran un aval a favor de la sociedad comercial que proveyó los recursos, para luego proceder a la venta de la respectiva cartera.

En otros casos, la organización solidaria celebra contratos con un tercero, supuestamente para la administración de la cartera y estructuración de la operación de venta, de tal forma que los ingresos que generan los créditos o la venta, terminan en manos de esta última entidad y no de la organización solidaria. Se ha establecido también que socios o vinculados de entidades que adquieren o estructuran la venta de cartera participan directa o indirectamente en la organización originadora.

En general, en los casos en los que se presentan estas combinaciones o acuerdos, la forma en la que se estructuran las operaciones de crédito o de la venta de cartera se orientan a beneficiar a personas distintas a la organización y sus asociados, de tal forma que no se cumple con la finalidad de prestación de servicios en beneficio de los asociados, en contra de lo que indica la lógica de la propiedad solidaria y las normas que rigen su actividad.

Algunas organizaciones realizan operaciones de compra o venta de cartera que se estructuran creando combinaciones o acuerdos que derivan en la participación de sociedades comerciales o personas mercantiles, beneficiándose así de las prerrogativas que las normas reservan para las cooperativas.

4. Sobreendeudamiento de asociados.

Tal como se señalaba anteriormente, las organizaciones solidarias surgen con fines de interés social para satisfacer las necesidades de sus asociados, quienes se asocian en procura de aumentar su bienestar. De allí que mecanismos como la libranza, en virtud de las mayores probabilidades de recaudo por el descuento directo del salario o la mesada pensional, no deben utilizarse para hacer más precarias las condiciones de los asociados por medio del sobreendeudamiento, situación que empeora si se agregan tasas que rebasan la de usura y la venta de productos que se cobran simultáneamente con las cuotas del crédito.

En consecuencia, la organización solidaria debe dar cumplimiento a lo señalado en el numeral 5 del artículo 3º de la Ley 1527 de 2012, la libranza o descuento directo se puede efectuar siempre y cuando el asalariado o pensionado no reciba menos del cincuenta por ciento (50%) del neto de su salario o pensión, una vez efectuados los descuentos de ley.

5. Incumplimiento a las normas sobre el derecho a retiro voluntario, a la devolución de aportes sociales y a participar en la asamblea de asociados.

Cuando con ocasión del crédito, se tramita la firma de proformas de acuerdo con las cuales el asociado manifiesta su retiro de la organización solidaria, renuncia o cede a favor de esta los aportes sociales, delega su voto o renuncia al derecho a participar en la asamblea de asociados o a cualquiera de los derechos previstos en la Ley 79 de 1988 y demás normas aplicables, se vulneran a toda luz las disposiciones del artículo 38 de la Constitución Política, el artículo 5º numeral 1 de la Ley 79 de 1988, y el artículo 23 de la misma disposición, además de aquellas relacionadas con el interés social que deben desarrollar las entidades.

Se considera que si bien es cierto la compra y venta de cartera no está restringida, esta actividad, por no constituir un servicio no puede constituirse jurídica ni fácticamente en el objeto social de la organización, sino como una actividad conexa dirigida a atender necesidades de liquidez transitoria o para invertir en algunos casos, los excesos de liquidez.

6. Negativa o Renuencia a cancelar anticipadamente el crédito.

El artículo 189 de la Ley 1607 de 2013, hizo extensivo el tratamiento previsto en el artículo 1º de la Ley 155 del mismo año a los créditos otorgados por entidades diferentes a las vigiladas por la Superintendencia Financiera, entre ellas las supervisadas por la Superintendencia de la Economía Solidaria. En tal sentido, la negativa, renuencia u obstaculización a atender la solicitud presentada por los asociados para la cancelación anticipada de créditos otorgados por organizaciones vigiladas por esta Superintendencia, se configura como un incumplimiento a dicha norma, y en tal medida, es susceptible de sanción.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en las facultades consagradas en el numeral 1º del artículo 35 y en los numerales 2º, 3º y 22 del artículo 36 de la Ley 454 de 1998, esta Superintendencia imparte instrucciones a las organizaciones vigiladas respecto de los criterios y parámetros que deben ser tenidos en cuenta para realizar compras o ventas de paquetes de cartera de créditos, además de las indicadas anteriormente:

I. Compra de cartera de créditos por parte de las vigiladas.

1.1. Las organizaciones de economía solidaria vigiladas por esta Superintendencia, solo podrán realizar compras de cartera masiva, siempre y cuando esa actividad esté prevista en el estatuto.

1.2. La organización solidaria deberá internamente establecer las políticas, requisitos e instrumentos legales para la selección de los originadores, así como los límites de concentración en cada caso, información que deberá estar a disposición de la Superintendencia en caso de ser solicitada.

1.3. Previo a formalizar la adquisición de la cartera, es responsabilidad del comprador verificar que el originador le haya dado cumplimiento a los siguientes requerimientos:

a) En el proceso de otorgamiento haya cumplido con las exigencias establecidas en los numerales 2.3.1. y 2.3.2. del capítulo II de la circular contable y financiera Nº 004 de 2008;

b) Dar cumplimiento a lo establecido en los numerales 2º, 4º, 5º, 6º y 7º del capítulo XI del título V de la circular básica jurídica Nº 007 de 2008;

c) Reportar a las centrales de riesgo la información sobre el comportamiento crediticio de sus deudores, conforme con lo señalado en la Ley 1266 de 2008;

d) En el caso de libranza, cumplir lo dispuesto en la Ley 1527 de 2012 y el decreto Nº 2620 de 2013;

e) Previo a la compra, la organización debe realizar la valoración técnica de la cartera a través de la cual se establezca la siniestralidad esperada.

1.4. La organización solidaria que adquiere la cartera debe contar con la información sobre el comportamiento de los deudores, de manera tal que pueda dar correcta aplicación a las disposiciones en materia de evaluación de la cartera, señaladas en el numeral 2.4. del Capítulo II de la circular contable y financiera Nº 004 de 2008.

1.5. Establecer las políticas y los mecanismos que garanticen la transferencia, custodia, conservación y consulta de la documentación de los créditos objeto de compra, incluyendo aquella relacionada con las garantías.

1.6. Teniendo en cuenta que en el desarrollo del proceso de compra es usual determinar una fecha de corte para la valoración de la cartera, dentro del contrato de compra de cartera se deberá establecer, previo a la recepción de la cartera adquirida, que la originadora se obliga a transferir al comprador los valores recaudados, incluidas las sumas correspondientes a obligaciones canceladas anticipadamente, durante el periodo comprendido entre la fecha de corte y la fecha de entrega de la cartera. La organización solidaria compradora deberá verificar el cumplimiento de dicha obligación. En caso de incumplimiento en la transferencia de dichas sumas recaudadas, el comprador deberá proceder a provisionar la totalidad de las cuotas no recibidas.

1.7. La organización solidaria compradora debe realizar los registros contables acorde con la clasificación del tipo de cartera (comercial, consumo, vivienda o microcrédito) y se calificarán acorde con lo establecido en el numeral 3º del Capítulo II de la circular contable y financiera Nº 004 de 2008, teniendo en cuenta que se deberán respetar las condiciones inicialmente pactadas en el pagaré, lo que incluye además, el registro de las garantías que están siendo objeto de la enajenación.

1.8. En el desarrollo del proceso de compra de cartera no se pueden realizar cambios en las condiciones inicialmente establecidas con el deudor, salvo que estas sean favorables para el deudor o cuando se presenten algunas de las circunstancias previstas en el numeral 3º del artículo 3º de la Ley 1527 de 2012.

1.9. Si la adquisición de cartera tiene contemplado una tasa de negociación o de descuento, la diferencia entre el valor facial de la cartera adquirida y el valor presente neto de los flujos de cartera descontados a la tasa de negociación, se controlará a través de subcuentas que corresponden a los descuentos por amortizar o prima por amortizar por la compra de cartera, en cada uno de los créditos adquiridos. Para el efecto, se utilizará un activo diferido o pasivo estimado (hasta tanto se emitan las reglamentaciones técnicas que se aplicarán para la implementación de las Niif) y la amortización se realizará en forma proporcional al pago del crédito y durante su vigencia.

1.10. La cartera adquirida se deberá marcar dentro del formato Nº 19 informe individual de cartera; para tal efecto la Superintendencia realizará la modificación a dicho formato.

1.11. La organización solidaria compradora deberá realizar evaluaciones semestrales a dicha cartera. En el evento en que la siniestralidad de la cartera adquirida sea superior a la establecida en el momento de la compra, se deberá proceder a realizar una provisión adicional equivalente al porcentaje que resulte de la diferencia entre la tasa de siniestralidad esperada y la ejecutada, aplicado al saldo de la cartera adquirida.

1.12. En ningún caso se podrá junto con la cartera, adquirir otros derechos de descuento tales como servicios adicionales.

1.13. La organización solidaria compradora deberá exigir y mantener las garantías (admisibles) que ofrece el vendedor y que respaldan los siniestros futuros.

1.14. El no cumplimiento de las anteriores condiciones conlleva la obligación de provisionar la totalidad de la cartera adquirida.

II. Venta de cartera de créditos por parte de las vigiladas

Las organizaciones que producto de sus operaciones, consideren la venta de cartera, quedarán sujetas a las siguientes disposiciones:

2.1. Las organizaciones de economía solidaria vigiladas por esta Superintendencia, solo podrán realizar ventas de cartera, siempre que esta actividad esté prevista en el estatuto aprobado por la asamblea general de asociados o de delegados y no se constituya en su actividad principal.

2.2. La organización solo podrá enajenar la cartera que haya sido otorgada directamente por esta, siguiendo las políticas y directrices generales trazadas por la asamblea general o de delegados para el efecto. En ningún caso se podrá vender cartera originada por otras organizaciones.

2.3. De conformidad con lo dispuesto en el numeral 3º del artículo 23 de la Ley 79 de 1988, el consejo de administración o junta directiva deberá rendir a la asamblea general ordinaria de asociados o de delegados informe detallado que contenga entre otros, la justificación, monto de la adquisición o venta de cartera, entidad cesionaria o cedente, impacto económico, y aquellos aspectos relevantes para que el asociado tenga suficiente información sobre este tipo de operaciones.

2.4. El contrato de compraventa (instrumento legal) de cartera debe establecer con claridad las condiciones en que se realiza esta operación. Es decir, si la venta se hace con responsabilidad o sin responsabilidad.

2.5. La organización solidaria deberá establecer a través del consejo de administración o junta directiva, los criterios y requisitos para la selección de los compradores, según las directrices y políticas generales trazadas por la asamblea, información que deberá estar a disposición de la Superintendencia en caso de ser solicitada.

2.6. El originador deberá dar cumplimiento a los siguientes requisitos:

a) Cumplir para el proceso de otorgamiento con las exigencias establecidas en los numerales 2.3.1. y 2.3.2. del capítulo II de la circular contable y financiera Nº 004 de 2008;

b) Dar cumplimiento a lo establecido en los numerales 2º, 4º, 5º, 6º y 7º del capítulo XI del título V de la circular básica jurídica Nº 007 de 2008;

c) Reportar a las centrales de riesgo la información sobre el comportamiento crediticio de sus deudores, conforme con lo señalado en la Ley 1266 de 2008;

d) En el caso de libranza, cumplir estrictamente, lo dispuesto en la Ley 1527 de 2012 y el Decreto 2620 de 2013.

2.7. Bajo ninguna circunstancia el originador podrá obligar a los deudores incluidos en el proceso de venta, a vincularse en calidad de asociados otra organización, en caso de que la compradora sea de economía solidaria.

2.8. La organización solidaria originadora deberá garantizar la entrega de la información sobre el comportamiento de los deudores, de manera tal que si el comprador es una organización vigilada por esta Superintendencia, pueda dar correcta aplicación a las disposiciones en materia de evaluación de la cartera, señaladas en el numeral 2.4 del capítulo II de la circular contable y financiera Nº 004 de 2008.

2.9. La organización solidaria originadora deberá garantizar la transferencia de la documentación de los créditos objeto de la venta, incluyendo aquella relacionada con las garantías.

2.10. Las entidades cesionarias de créditos de libranza deberán tener la condición de entidades operadoras y haberse registrado como tales en el Runeol, previamente a cesión del contrato, de conformidad con lo establecido en el parágrafo 2º del artículo 5º del Decreto 2620 de 2013, reglamentario del artículo 14 de la Ley 1527 de 2012.

2.11. Independiente del instrumento jurídico utilizado para estructurar el proceso de venta, cuando se pacte una fecha de corte para la valoración de la cartera objeto de la negociación, se deberá establecer que junto con la entrega de la cartera adquirida, se transfieren al comprador los valores recaudados, incluidas las sumas correspondientes a obligaciones canceladas anticipadamente, durante el periodo comprendido entre la fecha de corte y la fecha de entrega de la cartera.

2.12. Dentro del contrato de venta de cartera no se pueden acordar cambios en las condiciones inicialmente establecidas con el deudor que hagan más gravosa su situación, por tanto, el procedimiento que se establezca entre las partes, debe ser atendiendo los requisitos inicialmente previstos y los señalado en la Ley 1527 de 2012.

2.13. En ningún caso se podrá vender junto con la cartera, los otros bienes y servicios adquiridos por el deudor, según lo señalado en el numeral 1º de la presente circular.

2.14. Si la venta de la cartera es con responsabilidad, la organización solidaria originadora deberá constituir y mantener una reserva líquida (fondos específicos) equivalente al porcentaje de siniestralidad, para respaldar los siniestros futuros.

La tasa de siniestralidad se determinará con base en la valoración técnica de la cartera al corte diciembre de 2013, y en lo sucesivo se deberá revisar anualmente, para validar su razonabilidad.

Esta reserva deberá constituirse al corte de junio de 2014, y se incrementará mensualmente en alícuotas fijas, de tal manera que a diciembre de 2014 cumpla con el valor determinado en la valoración.

La metodología utilizada por la organización para determinar la tasa de siniestralidad, se deberá mantener a disposición de la Superintendencia, en caso de que esta la requiera.

2.15. Si la venta de cartera genera una utilidad para la organización solidaria, deberá tener en cuenta que solo podrá registrarse al estado de resultados, la parte efectivamente recibida, la parte que se recibirá a plazos se contabilizará como una cuenta por cobrar y se acreditará en la medida en que la entidad que adquiere la cartera realice el pago correspondiente.

2.16. El no cumplimiento de las anteriores condiciones conlleva a la obligación de constituir una provisión por el equivalente al valor de la totalidad de la cartera vendida.

2.17. Las operaciones de libranza y/o descuento directo que se hayan realizado con anterioridad a la entrada en operación del Registro único nacional de entidades operadoras de libranza, Runeol, continuarán rigiéndose por los términos y plazos en que fueron pactadas hasta la extinción de las obligaciones que le dieron origen. En caso de cesión a otra entidad operadora, reliquidación o cualquier modificación a las condiciones inicialmente pactadas, se sujetarán a lo establecido por la Ley 1527 de 2012, y demás normativa sobre la materia. (Art. 13 del Decreto 2620 de 2013, reglamentario del art. 14 de la Ley 1527).

Las normas establecidas en la presente circular deberán ser cumplidas en lo pertinente por todas las organizaciones de la economía solidaria vigiladas por esta Superintendencia, de conformidad con los objetivos y finalidades previstos en el artículo 35 de la Ley 454 de 1998.

La presente circular rige a partir de la fecha de su publicación.

N. del. D.: La presente circular externa va dirigida a los representantes legales, miembros del consejo de administración o junta directiva y revisores fiscales de las organizaciones de economía solidaria vigiladas por esta superintendencia.