CIRCULAR EXTERNA 9 DE 2004 

(Octubre 25)

Asunto: cumplimiento normativo en el transporte público terrestre automotor de carga.

La Superintendencia de Puertos y Transporte a través de la delegada de tránsito y transporte es la entidad encargada de ejercer la función de inspección, vigilancia y control del sector transporte y tránsito de acuerdo con el Decreto 101 y 1016 de 2000, modificado por el Decreto 2741 de 2001, motivo por el cual procede a reiterarle a los integrantes de la cadena del transporte terrestre público de carga la obligación de darle cumplimiento a la normatividad que reglamenta la operación de transporte de carga por carretera en el país, por lo que procede a hacer las siguientes precisiones:

La Ley 105 de 1993, por la cual se dictan disposiciones básicas sobre el transporte, se redistribuyen competencias y recursos entre la Nación y las entidades territoriales, se reglamenta la planeación en el sector transporte y se dictan otras disposiciones, establece lo siguiente:

“ART. 2º, lit. b).—De la intervención del Estado. Corresponde al Estado la planeación, el control, la regulación y la vigilancia del transporte y de las actividades a él vinculadas.

“ART. 3º, num. 2º—Del carácter de servicio público del transporte. La operación del transporte público en Colombia es un servicio público bajo la regulación del Estado, quien ejercerá el control y la vigilancia necesarios para su adecuada prestación, en condiciones de calidad, oportunidad y seguridad. (...)... Num. 7º. De los permisos o contratos de concesión. Sin perjuicio de lo previsto en tratados, acuerdos o convenios de carácter internacional, la prestación del servicio de transporte público estará sujeta a la expedición de un permiso o contrato de concesión u operación por parte de la autoridad competente”.

La Ley 336 de 1996, establece: “ART. 4º—El transporte gozará de la especial protección estatal y estará sometido a las condiciones y beneficios establecidos por las disposiciones reguladoras de la materia, las que se incluirán en el plan nacional de desarrollo, y como servicio público continuará bajo la dirección, regulación y control del Estado, sin perjuicio de que su prestación pueda serle encomendada a los particulares”.

“ART. 9º—El servicio público de transporte dentro del país tiene un alcance nacional y se prestará por empresas, personas naturales o jurídicas, legalmente constituidas de acuerdo con las disposiciones colombianas y debidamente habilitadas por la autoridad de transporte competente (...)...”.

“ART. 29.—En su condición rectora y orientadora del sector y del sistema nacional de transporte, le corresponde al Gobierno Nacional a través del Ministerio de Transporte formular la política y fijar los criterios a tener en cuenta para la directa, controlada o libre fijación de las tarifas en cada uno de los modos de transporte”.

“ART. 30.—De conformidad con los dispuesto en el artículo anterior, las autoridades competentes, según el caso, elaborarán los estudios de costos que servirán de base para el establecimiento de las tarifas, sin perjuicio de lo que estipulen los tratados, acuerdos, convenios, conferencias o prácticas internacionales sobre el régimen tarifario para un modo de transporte en particular”.

El Decreto 173 de 2001, por el cual se reglamenta el servicio público de transporte terrestre automotor de carga, establece lo siguiente:

“ART. 4º—Transporte público. De conformidad con el artículo 3º de la Ley 105 de 1993, el transporte público es una industria encaminada a garantizar la movilización de personas o cosas, por medio de vehículos apropiados, en condiciones de libertad de acceso, calidad y seguridad de los usuarios y sujeto a una contraprestación económica”.

“ART. 6º—Servicio público de transporte terrestre automotor de carga. Es aquel destinado a satisfacer las necesidades generales de movilización de cosas de un lugar a otro, en vehículos automotores de servicio público a cambio de una remuneración o precio, bajo la responsabilidad de una empresa de transporte legalmente constituida y debidamente habilitada en esta modalidad, excepto el servicio de transporte de que trata el Decreto 2044 del 30 de septiembre de 1988”.

ART. 7º—Definiciones. Para la interpretación y aplicación del presente decreto, se tendrán en cuenta las siguientes definiciones:

Manifiesto de carga. Es el documento que ampara el transporte de mercancías ante las distintas autoridades, por lo tanto, debe ser portado por el conductor del vehículo durante todo el recorrido. Se utilizará para llevar las estadísticas del transporte público de carga por carretera dentro del territorio nacional.

Usuario del servicio de transporte terrestre automotor de carga. Es la persona natural o jurídica que celebra contratos de transporte terrestre de carga directamente con el operador o empresa de transporte debidamente constituida y habilitada... (...)...”.

“ART. 17.—Obligatoriedad. De conformidad con el artículo 994 del Código de Comercio, las empresas de transporte público terrestre automotor de carga deberán tomar por cuenta propia o por cuenta del propietario de la carga, un seguro que cubra a las cosas transportadas contra los riesgos inherentes al transporte, a través de una compañía de seguros autorizada para operar en Colombia... (...) ...”.

“ART. 27.—Manifiesto de carga. La empresa de transporte habilitada, persona natural o jurídica, expedirá directamente el manifiesto de carga para todo transporte terrestre automotor de carga que se preste como servicio público”.

El Decreto 3366 de 2003, por el cual se establece el régimen de sanciones por infracciones a las normas de transporte público terrestre automotor y se determinan unos procedimientos, establece lo siguiente:

... (...) ...”ART. 43.—Serán sancionados con multa de seis (6) a diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes los remitentes de la carga, que contraten la prestación del servicio público de transporte terrestre automotor de carga, con empresas de transporte no habilitadas, o lo hagan directamente con el propietario, poseedor o tenedor de un vehículo de servicio público o de servicio particular, salvo lo establecido en el Decreto 2044 del 30 de septiembre de 1988”.

“ART. 44.—Serán sancionados los remitentes de la carga, las empresas de transporte, los propietarios, poseedores o tenedores de vehículos de transporte público terrestre automotor de carga, con multa de seis (6) a diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes, cuando se pacte el servicio por debajo de las condiciones económicas mínimas establecidas por la autoridad competente, cuando estas se encuentren reguladas”.

El Ministerio de Transporte dentro de su condición de órgano rector del sector transporte, expidió las resoluciones 2000 y 2004 de 2004, por la cual se establece la ficha técnica para el formato único del manifiesto de carga, se señala el mecanismo para su elaboración, distribución y se establece el procedimiento de control, verificación y seguimiento, y se fijan criterios en las relaciones económicas entre los remitentes de la carga, las empresas de transporte y los propietarios y/o poseedores o tenedores de los vehículos de transporte público terrestre automotor de carga, respectivamente.

Que en el acta suscrita por el sector productivo de transporte plena y totalmente representado por los diferentes gremios y el Gobierno Nacional, partes comprometidas en la construcción y desarrollo para la consolidación de la política del transporte de carga, entre otros acordaron los siguientes puntos:

Que transitoriamente y hasta que se concluyan los trabajos acordados en la agenda, los únicos descuentos que se podrán realizar en el manifiesto de carga, dentro de las relaciones económicas entre empresas de transporte y los propietarios de vehículos/conductores o tenedores de los vehículos, son los establecidos en la ley, esto es retención en la fuente e ICA.

Igualmente se reafirma la vigencia de la Resolución 2113 de 1997, la cual estipula el plazo que debe cumplir la empresa de transporte para cancelar el valor del flete al propietario/tenedor o conductor del vehículo contratado.

Se insta a los remitentes de la carga, empresas de transporte de carga, propietarios/tenedores o conductores de los vehículos de transporte público terrestre automotor de carga, darle cumplimiento a la normatividad vigente así como a la circular referenciada, bajo el apremio de las sanciones que serán aplicadas de acuerdo con la naturaleza de la conducta.

Bogotá, D.C., octubre 25 de 2004.

N. del D.: La presente circular externa está dirigida a remitentes de la carga empresas de transporte de carga propietarios/tenedores o conductores de los vehículos de transporte público terrestre automotor de carga.

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