CIRCULAR EXTERNA D-4 DE 1991 

(Septiembre 27)

Como es sabido, con motivo de la expedición de la Ley 43 de 1990, se impuso a todas las sociedades comerciales cuyos activos brutos a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior sean o excedan el equivalente de cinco mil (5.000) salarios mínimos y/o cuyos ingresos brutos durante dicho año sean o excedan el equivalente a tres mil (3.000) salarios mínimos, la obligación de tener revisor fiscal, por lo cual esta entidad ha considerado que las sociedades de economía mixta con una participación estatal del 50% o más del capital social, también están sujetas a dicha obligación, independientemente del control fiscal que le corresponde a la Contraloría General de la República en los términos del artículo 21 de la Ley 20 de 1975.

Es de anotar que la existencia de la revisoría fiscal no comporta duplicidad de funciones con las del auditor de la Contraloría General de la República, toda vez que las mismas tienen origen diferente ya que al paso que las que corresponden al revisor fiscal emanan del Código de Comercio, las del auditor se originan en las que la Ley 20 citada y demás normas complementarias le fija a la Contraloría, amén de que el fundamento de la revisoría fiscal es el control de los actos de la administración en interés principalmente de los accionistas, encaminándose dicha vigilancia en favor de todos ellos, la auditoría fiscal se basa en la vigilancia sobre las entidades o personas que a cualquier título reciban, manejen o dispongan de bienes o ingresos de la Nación, por lo cual el objetivo del control referido en el caso de las sociedades de economía mixta está encaminado principalmente a velar por la integridad del aporte del Estado.

Por tal circunstancia es que la modalidad de las funciones de uno y otro difieren en cuanto a su alcance general de manera que realmente resultan más amplias las del revisor fiscal pues éste debe cerciorarse de que todas las operaciones sociales se ajusten a las prescripciones estatutarias y a las decisiones de la asamblea general y de la junta directiva, mientras que el auditor fiscal verifica dichas operaciones pero sólo en cuanto a su incidencia presupuestal, contable o de tesorería.

Tampoco tiene el auditor de acuerdo con las normas que rigen su actividad, la obligación de velar porque los documentos distintos a aquellos que soporten operaciones de presupuesto o contabilidad, deban llevarse conforme a la ley, tal es el caso, por ejemplo de las actas del máximo órgano social o de la junta directiva, la cual claramente sí se encuentra atribuida al revisor fiscal.

Aunque de acuerdo con el artículo 16 de la Ley 20 de 1975 al auditor fiscal le corresponde refrendar los balances o estados financieros de las sociedades en comento, tal acto no conlleva certificación ni concepto sobre la razonabilidad de los mismos, mientras que en el caso de los revisores fiscales, tal consecuencia sí es predicable dada una de sus funciones básicas como es la de autorizar cualquier balance que se haga, con su dictamen o informe correspondiente.

También constituye motivo de diferencia sustancial el hecho que por imponer la Ley 43 citada la obligación de que el revisor fiscal tenga la calidad de contador público, calidad que no requiere el auditor de la Contraloría de acuerdo con las normas internas de dicha entidad, el mismo puede "dar fe pública de hechos propios del ámbito de su profesión" según los términos del artículo 1º de la nombrada disposición legal, lo cual no podría hacer el auditor, si no tiene la condición anotada.

De otra parte, no debe perderse de vista la forma en que deberá cumplirse el control fiscal de la Contraloría General de la República en razón a la expedición de la nueva Carta Fundamental, pues al haberse establecido en el artículo 267 de la misma que "dicho control se ejercerá en forma posterior y selectiva conforme a los procedimientos, sistemas y principios que establezca la ley" (se subraya), en cierta manera se restringe el alcance de la mencionada vigilancia, la cual no recaerá sobre todas las operaciones que tengan incidencia presupuestal, contable o de tesorería, sino sobre algunas de ellas, de tal manera que cuando se expida la ley que desarrolle el mandato constitucional mencionado deberá entrar a operar un sistema de vigilancia fiscal distinto al que ha venido funcionando.

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