CIRCULAR MINISTERIAL 28 DE 1996 

(Julio 22)

De conformidad con las funciones que le fueron otorgadas por la Ley 115 de 1994 y con lo dispuesto en el artículo 2º del Decreto 2253 de 1995, el Ministerio de Educación Nacional considera pertinente dar instrucciones para el cabal cumplimiento de las disposiciones del Decreto 1203 del 12 de julio de 1996.

Fundamentación

Es necesario precisar que la reglamentación y autorización de tarifas de matrículas, pensiones y cobros periódicos se fundamenta en los criterios establecidos en los literales a), b), c), y d) del artículo 202 de la Ley 115 de 1994, lo cual significa que la determinación de dichas tarifas es el resultado de la aplicación integral de estos criterios, no sólo en un año académico, sino en relación con un plan gradual para mejorar de manera continua la calidad del servicio educativo ofrecido, teniendo en cuenta la capacidad de pago de la comunidad que se atiende.

Por tanto el Decreto 1203 de 1996 no tiene por objeto subrogar el reglamento general establecido por el Decreto 2253 de 1995. Por el contrario, entrega reglas aclaratorias y complementarias para la mejor ejecución de lo dispuesto en la Ley 115 de 1994, en materia de fijación de tarifas de matrículas y pensiones, teniendo presente que para alcanzar los objetivos de calidad se requiere más de un año académico.

Se hace uso de los componentes facultativos contenidos en el artículo 202 ya mencionado, para conseguir una mayor armonía entre la determinación de tarifas de matrículas, pensiones y cobros periódicos y las políticas sociales del Gobierno Nacional, concertadas en el pacto social de productividad, precios y salarios.

Articulado del decreto

1. En relación con los artículos 1º y 2º. En las dos primeras normas del Decreto 1203 de 1996, se establece la fórmula jurídica que recoge la fundamentación anterior y con los numerales 2º, 3º, 4º, 5º y 6º del artículo 2º del mismo, se incorporan al manual de evaluación y clasificación de establecimientos educativos privados, otros mecanismos técnicos que ayuden a definir la tarifa financiera y su ajuste posterior a la capacidad de pago de la comunidad atendida y al proyecto educativo institucional.

a) El numeral 2º del artículo 2º exige diferir el cobro de los costos de capital de los activos ya existentes relacionados con la prestación del servicio educativo, en el número de años y proporción que disponga el consejo directivo del establecimiento educativo privado, siempre y cuando estén amortizados y libres de deudas, hasta llegar a cubrir al final del plazo estipulado, el 100% de los mismos.

Estos costos incluyen los de reposición y el costo de oportunidad de los recursos financieros invertidos en los activos relacionados con la prestación del servicio educativo. Aparecen descritos en la fila 1 y columna 1 del capítulo F, del módulo III, formulario 3 del manual.

Si hay deudas o amortizaciones pendientes sobre el valor de los costos de capital de los activos existentes, esta porción deberá deducirse para determinar el valor final de los costos diferibles. Para obtener el costo diferible por alumno, la suma anterior se dividirá por un número de alumnos matriculados en el establecimiento educativo.

Teniendo en cuenta lo anterior, el establecimiento educativo calcula la base del costo anual para estimar la tarifa, BCAT. Esta base resulta de restarle al costo anual por alumno, CAA, la parte del costo anual diferible que no se cobrará, CADNC, en el año académico correspondiente.

Lo anterior se ilustra con el siguiente ejemplo:

El consejo directivo de un establecimiento educativo decide diferir a cinco (5) años, los costos de capital de los activos ya existentes y amortizados, cobrando porcentajes anuales crecientes del 25%, 50%, 75% y 100% a partir del segundo año.

En este caso, toma la estimación por alumno de los costos anuales de capital de los activos ya existentes en el año académico ya finalizado, CAC, y deduce de este monto, el valor de los activos sobre los cuales hay amortizaciones o deudas pendientes. Obtiene así el valor de los costos anuales de capital diferibles, CAD, ya amortizados en el año académico anterior a la autoevaluación que se efectúa en el presente año.

A partir de este último valor, se calculan los costos anuales de capital diferibles a cobrar, CADC y los costos anuales de capital diferibles que no se cobran, CADNC, en cada anualidad, así:

 

Se entiende que la diferencia entre las columnas CAC y CAD corresponde a los valores de amortizaciones y deudas pendientes;

b) Para dar aplicación a lo establecido en el numeral 4º del artículo 2º, los establecimientos educativos privados con ánimo de lucro estimarán la utilidad máxima autorizada, multiplicando el costo anual total por alumno, estimado en la columna 2, numeral 9º del módulo IV del formulario 3, por el factor 0.05 (5%).

La utilidad que puede cobrar efectivamente la institución educativa constituida como entidad con ánimo de lucro, no podrá sobrepasar el valor resultante de la operación anterior;

c) El numeral 5º del artículo 2º se refiere a la no disminución o eliminación abrupta de otros ingresos no originados en pagos exigidos a los padres de familia y que efectivamente están cubriendo parte del costo anual del servicio educativo que presta el establecimiento privado. Esto es, que dichos ingresos no pueden desaparecer intempestivamente por voluntad injustificada del propietario del establecimiento educativo.

El monto de dichos ingresos se obtiene de restar en el capítulo A, columna 4 del módulo II del formulario 3 del manual, el valor de la casilla 15 al valor de la casilla 11;

d) Como se dijo al comienzo de estar circular, los objetivos de calidad de la institución educativa, por el carácter de servicio público con función social que tiene la educación, no pueden alcanzarse en un solo año académico, dados los costos en que se incurre. Deben ser el resultado de un proceso que implica una programación física y financiera de corto, mediano y largo plazo.

Lo establecido en el numeral 3º del artículo 2º del Decreto 1203 de 1996, es un reconocimiento de esta condición, pero también un lineamiento para que los establecimientos educativos realicen los ajustes necesarios a los respectivos planes operativos, para hacerlos más ajustados con lo establecido en el literal b) del artículo 202 de la Ley 115 de 1994, sobre principios de solidaridad social o redistribución económica, y

e) Una vez que el establecimiento educativo privado haya identificado la tarifa financieramente justificada y hecho los ajustes técnicos ordenados en el artículo 2º del Decreto 1203 de 1996 que se desarrollan en la presente circular, entrará a determinar el incremento porcentual de dicha tarifa respecto a la tarifa anual cobrada por concepto de matrículas y pensiones, en el año académico inmediatamente anterior.

Si el porcentaje resultante es superior al diecisiete por ciento (17%) que es la meta de inflación para 1996, el establecimiento educativo privado aplicará lo dispuesto en el artículo 3º del mencionado decreto.

Lo ordenado en este artículo constituye un ajuste social de la tarifa financiera que podría obligar a realizar reprogramaciones en las metas de calidad propuestas inicialmente en la autoevaluación. Esto implica recalcular los formularios 1 y 2 del manual.

El porcentaje aquí definido responde a los principios y orientaciones del pacto social de productividad, precios y salarios.

2. En relación con el artículo 3º. El artículo 3º del Decreto 1203 de 1996 consagra una fórmula para efectuar un ajuste social a la tarifa que defina el establecimiento educativo, como financieramente justificada, después de haber realizado los ajustes técnicos según lo indicado anteriormente.

Al respecto cabe hacer la siguiente ilustración:

a) La fórmula que tendrá en cuenta el establecimiento educativo privado para este ajuste social de la tarifa financiera, será la tarifa anual por concepto de matrículas y pensiones cobrada en el año académico inmediatamente anterior, incrementada en la meta de inflación que para 1996, es del diecisiete por ciento (17%);

b) La adición contemplada en el literal a) del artículo que se comenta, consiste en tomar la participación porcentual que tiene el costo salarial docente en la base de costo anual para la estimación de la tarifa, BCAT, y multiplicarla por el incremento porcentual real de los salarios. Este porcentaje podrá sumarse al porcentaje de la meta de inflación.

Para el año de 1996, este ajuste de los salarios reales de los docentes resulta de comparar la asignación básica establecida en el Decreto- Ley 82 de 1995, con la instituida en el Decreto- Ley 45 de 1996. El resultado es un incremento nominal del 25.2%. Deduciendo de este porcentaje la meta de inflación para 1996, resta un porcentaje de 8.2% que es el incremento real establecido por la ley para los salarios de los docentes.

Por ejemplo, si un establecido educativo tiene una participación del costo laboral docente en la BCAT equivalente al 70%, el incremento adicional permitido será de:

0.70 x 0.082 = 0.0574

Lo cual significa que podrá adicionar al porcentaje de la meta de inflación de 1996, un 5.74%, por concepto de costos laborales, y

c) También se podrá adicionar el incremento porcentual derivado de las mejoras de calidad que resulta de comparar el puntaje obtenido en el año académico inmediatamente anterior con el nuevo puntaje del año académico para el cual se evalúa. En todo caso el porcentaje por calidad no podrá superar siete (7) puntos porcentuales en el régimen de libertad vigilada y nueve (9) puntos porcentuales en el régimen de libertad regulada.

Por ejemplo, el establecimiento educativo privado registró para el año académico finalizado un puntaje de 63 puntos y para el año académico que inicia, proyecta aumentarlo a 66 puntos.

Esto significa un aumento de 4.76% en calidad que está dentro del margen establecido en el literal b) del artículo 3º del Decreto 1203 de 1996.

En consecuencia, el porcentaje máximo que puede aplicar el establecimiento educativo privado a la tarifa anual cobrada en el año académico anterior, por concepto de matrícula y pensiones será el siguiente:

17% + 5.74% + 4.76% = 27.5%

Si, por el contrario, el establecimiento educativo registró para el mismo año académico finalizado un puntaje de 63 puntos y para el año académico que inicia, proyecta aumentarlo a 70 puntos, esto significa un incremento del 11% que obligatoriamente debe ajustarlo al 7%.

En esta segunda simulación el porcentaje máximo que puede aplicar el establecimiento educativo privado será de:

17% + 5.74% + 7.0% = 29.5%

3. En relación con el artículo 4º. El artículo 9º del Decreto 2253 de 1995 permitía la presentación de la propuesta de tarifas a la respectiva secretaría de educación departamental o distrital, antes de iniciarse la etapa de matrícula, sin definir el tiempo en que debería cumplirse con este requisito.

El artículo 4º del Decreto 1203 de 1996, fija un plazo para la presentación de la propuesta de tarifas de aquellos establecimientos educativos privados que al evaluarse, resulten clasificados en el régimen de libertad vigilada, para permitir que las secretarías de educación departamentales y distritales puedan solicitar oportunamente información complementaria que les evite el ingreso al régimen controlado, por problemas de documentación, errores subsanables o deficiencias en la interpretación del reglamento general.

4. En relación con el artículo 6º. El Decreto 1203 de 1996 viene rigiendo desde el 16 de julio del mismo año, fecha de su publicación en el Diario Oficial número 42832.

Es de indicar que la evaluación del reglamento general de matrículas, pensiones y cobros periódicos a que se alude en el artículo 6º del decreto, simplemente reitera lo dispuesto en el artículo 202 de la Ley 115 de 1994 y es la misma referida en el inciso tercero del artículo 5º del Decreto 2253 de 1995.

Esto significa que la evaluación que adelanta el Ministerio de Educación Nacional se hará en "concentración con las asociaciones de establecimientos educativos privados que agrupen el mayor número de afiliados", lo que no excluye la coordinación con las secretarías de educación departamentales y distritales, pues éstas tienen igual deber de realizar la concertación a nivel territorial.

Las secretarías de educación departamentales y distritales, con el apoyo de sus respectivas oficinas jurídicas, entrarán a resolver en primer término, todos los casos que representen dudas en cuanto a la aplicación del mencionado decreto. El Ministerio de Educación Nacional, a través de sus oficinas de inspección y vigilancia de la calidad de la educación y jurídica, brindará el apoyo y la orientación que sean requeridos.

Finalmente, se invita a los gobernadores, alcaldes distritales y secretarios de educación departamentales y distritales, a divulgar las instrucciones de la presente circular, entre los establecimientos educativos privados de su jurisdicción y a dar aquellas adicionales que consideren pertinentes.

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