Colombia se quiere parecer a Europa en la erradicación del trabajo infantil

Revista Nº 192 Nov.-Dic. 2015

Entrevista realizada a Enrique Borda 

Viceministro de Relaciones Laborales e Inspección del Ministerio del Trabajo 

ACTUALIDAD LABORAL: ¿En qué consiste ese primer pacto?

Enrique Borda: En la erradicación del trabajo infantil que le proponemos a todo el país. El viceministerio de Relaciones Laborales tiene, dentro de su tarea de preservación de los derechos fundamentales de los trabajadores colombianos, el tema de la formulación de la política y el desarrollo de los programas de erradicación del trabajo infantil. En Colombia están trabajando, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), un 1.039.000 niños (entre 5 y 17 años de edad). El país tenía una tasa del 12% hace dos años, del 9,7% hoy y aspiramos a que en el 2018, cuando termina el Plan de Desarrollo, estemos en una tasa del 7,9%.

A. L.: ¿Esa tasa de trabajo infantil es preocupante?

E. B.: Está dentro del estándar de los países de América Latina, pero muy por encima del estándar de los países de Europa. Nos queremos parecer a los países de ese continente.

A. L.: ¿Qué reflexión ha hecho la OIT al respecto?

E. B.: La Organización Internacional del Trabajo (OIT) tiene muchos programas relacionados con la erradicación del trabajo infantil y ha apoyado a Colombia, técnicamente, para el desarrollo de estos proyectos. Tenemos, en este momento, en materia de trabajo infantil, una red nacional que se llama Red Colombia contra el trabajo infantil, donde, en este momento, 34 empresas están vinculadas y aspiramos a tener casi 100 empresas al terminar el 2015. No se trata de sus plantas de trabajadores, porque sabemos que son empresas grandes donde no hay niños, sino de que en sus cadenas de distribución y de consumo no haya niños trabajando. Hicimos un gran pacto, en el último congreso de la Federación Colombiana de Transportadores de Carga por Carretera (Colfecar), en octubre del 2015, y firmamos un convenio en el cual los camioneros de todo el país van a estar vigilando por las carreteras, sobre todo, lo que la OIT ha denominado “las peores formas de trabajo infantil”, que no deberían llamarse así, porque son delitos execrables contra los niños como la prostitución, la explotación sexual o el uso del trabajo no libre de los niños.

A. L.: ¿En qué consiste el segundo pacto?

E. B.: Es el del empleo como servicio público. Colombia, a partir de la Ley 1636 del 2013, convirtió la intermediación para el empleo en un servicio público. Eso es un hecho trascendente. Ya no puede ser un negocio privado, de bolsas de empleo o de caza talentos. Todo es un servicio público y se creó el servicio público de empleo, el cual está estructurado por el Ministerio del Trabajo, quien formula la política y la Unidad Administrativa Especial del Servicio Público de Empleo y que, a su vez, coordina las entidades públicas y privadas que forman parte del servicio. La agencia pública de empleo, la más grande, es la del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y las otras las tienen las cajas de compensación familiar. Adicionalmente, hay algunas entidades privadas de gestión de empleo que también tienen que estar dentro del sistema.

A. L.: ¿Cuál es el alcance del servicio público de empleo?

E. B.: Va a haber una gran plataforma donde estará toda la oferta y la demanda de empleo y se empezará a cruzar, sin costo para los trabajadores. Entonces, se trata de crear, por este mecanismo del sistema público, las condiciones para derrumbar los obstáculos que tienen, sobre todo, los jóvenes, para ingresar al empleo. Estamos hablando de combinar el servicio público de empleo y de que la gente pueda llegar fácilmente al empleo con otros mecanismos. Ya estamos en la discusión de que no se exija la libreta militar. Hemos avanzado mucho en el derrumbe de otras barreras como el mismo valor del transporte para ir a buscar trabajo. Los jóvenes no saben hacer una hoja de vida y muchas veces no tienen la posibilidad de entrar a trabajar por falta de experiencia. Y ahí está el programa de los 40.000 empleos para jóvenes que está liderando el viceministerio de Empleo y Pensiones. Es un sistema para gente sin experiencia, porque está la lógica perversa de: “como no se tiene experiencia, no se consigue trabajo y como no se consigue este, nunca se tiene experiencia”. Entonces, el Estado les va a pagar los seis primeros meses a los empresarios para que les paguen a ellos (jóvenes sin experiencia) y a los empresarios, de manera que se comprometan a mantener el 60% de los muchachos que estén en el programa, por su cuenta, como empleadores.

A. L.: ¿Existe el riesgo de que ese programa desestimule la oferta de trabajo para personas que no son jóvenes?

E. B.: En este momento estamos muy concentrados en los jóvenes, porque constituyen el mayor número de desempleados del país. Actualmente tenemos 70.000 empresas vinculadas al servicio público de empleo y buscaremos que en el 2015 sean 150.000 empresas y para el 2018 esperamos que 500.000 empresas incorporen sus vacantes en el sistema de gestión de calidad. Podríamos decir que hace cuatro años teníamos el 9,6% de desempleo, en el 2013 llegamos a 8,9%. Hoy tenemos un pequeño aumento a 9,1% de desempleo, pero la meta del Plan de Desarrollo está en 7,5% de desempleo en el 2018, una meta supremamente exigente para este ministerio. Y ahí viene unido lo que hemos denominado el pacto por la formación para el trabajo. El SENA está concentrado en lograr que cada vez un número mayor de aprendices que entran allí salgan con trabajo. Venimos de un 45% de aprendices que entraban al SENA y salían con trabajo. Hoy estamos ya en un 55% de todos los que entran que salen con trabajo y en el 2018 el 75% de la gente que entre al SENA debe salir con trabajo. Eso tiene que ser eficaz para el empleo, porque el Servicio Nacional de Aprendizaje es para promoverlo, porque los muchachos deben ingresar ahí a trabajar, pero para que consigan empleo decente, bien remunerado.

A. L.: ¿Qué se busca con el tercer pacto?

E. B.: Es por la calidad del trabajo y las empresas productivas. Aquí hay un aspecto de la calidad del trabajo que es fundamental: la seguridad y la salud en el trabajo. Los trabajadores no pueden estar tranquilos si salen de su casa y no están seguros de que van a retornar sanos y salvos nuevamente. 540 personas murieron por accidentes de trabajo, en Colombia, en el 2014. Si eso lo ponemos en el contexto internacional, podríamos decir que es un número promedio. Pero queremos que no haya ni un solo trabajador muerto por accidentes de trabajo.

A. L.: ¿El Ministerio del Trabajo está muy preocupado por la seguridad laboral de los trabajadores?

E. B.: Estamos haciendo divulgación de la nueva norma de riesgos laborales que se expidió hace tres años y medio. La estamos reglamentando y ya llevamos 15.000 personas reunidas en las diferentes ciudades, en seminarios sobre divulgación del nuevo sistema de seguridad y salud en el trabajo. Hoy, el sistema de riesgos laborales tiene afiliados 8.900.000 personas, incluyendo trabajadores dependientes e independientes, y 650.000 empresas están en el sistema de riesgos laborales.

A. L.: ¿Cómo se ha mejorado el sistema de inspección, vigilancia y control?

E. B.: La Ley 1610 del 2013 organizó un sistema de inspección, vigilancia y control mucho más rotundo y claro en materia de derechos laborales. Podríamos decir que Colombia hoy pasó de ser un país llamado a rendir cuentas en la OIT por el Convenio 81, de inspección, vigilancia y control, a ser un país, que esa organización ha denominado “en progreso”, porque pudimos demostrar que hemos avanzado en la regulación, pero también en el fortalecimiento institucional de las direcciones territoriales que son las encargadas de manejar las inspecciones del trabajo que hacen inspección, vigilancia y control. Hoy tenemos 904 plazas de inspectores de las cuales 810 ya están cubiertas. Y esperamos, en tres meses (enero del 2016), tener todas las plazas cubiertas.

A. L.: ¿A dónde apunta el cuarto pacto?

E. B.: Lo hemos denominado por la formalización del trabajo. La formalización del trabajo la podemos dividir en dos dimensiones: una primera donde el trabajador por cuenta propia, el trabajador independiente o el dependiente esté vinculado a los mínimos estándares de seguridad social que tiene el país. Es decir, que estén afiliados a salud, pensiones y riesgos laborales. La otra es la dimensión de la formalización de las relaciones laborales. En Colombia se han utilizado figuras jurídicas diferentes al contrato de trabajo para disfrazar verdaderas relaciones de carácter laboral y así desplazar muchas de las garantías del derecho laboral y quitárselas a los trabajadores. El viceministerio de Relaciones Laborales, a través de inspección, vigilancia y control, está haciendo un gran esfuerzo para que esos disfraces de la relación laboral no se usen, de manera que prevalezca el principio general del derecho laboral de que toda relación de trabajo está regulada por un contrato de trabajo y el principio de realidad del artículo 53 de la Constitución Política que establece: “si una persona tiene una relación de dependencia y subordinación, personal y es remunerada, solamente con la existencia de esos tres elementos hay un contrato de trabajo”. Es el único contrato del derecho colombiano que va acompañado con una presunción legal, si en la realidad se presentan esos elementos. De eso de trata, de que cuando existan los elementos del contrato de trabajo, los trabajadores tengan todas las garantías del derecho.

A. L.: ¿Cómo se va a lograr ese objetivo?

E. B.: Estamos haciendo dos cosas. Una, inspección, vigilancia y control. Las sanciones del Ministerio del Trabajo antes eran hasta de cien salarios mínimos legales mensuales y entonces los empresarios se reían de eso. Ahora tenemos hasta de 5.000 salarios mínimos legales mensuales. Es decir, que las sanciones pueden ser hasta de 3.000 millones de pesos y que no se aterre nadie, porque acaban de poner una sanción de 372.000.000 millones de pesos por el derecho a la competencia. Y, dos, los acuerdos de formalización laboral. La Ley 1610 del 2013 creó los acuerdos de formalización laboral, que consiste en la posibilidad de que un empresario se pueda acercar al Ministerio del Trabajo para formalizar sus trabajadores. Es decir, quitar los disfraces y convertir las relaciones laborales en contratos de trabajo. Ese empleador puede suscribir, con el Ministerio del Trabajo, un convenio que se denomina “acuerdo de formalización laboral”, así se verá tranquilo frente a la posibilidad de que le impongamos sanciones. Inclusive, si le hemos impuesto sanciones y se formaliza a través de un acuerdo de estos, se las podemos levantar.

A. L.: ¿Cuál es el último pacto?

E. B.: Por la protección a la vejez. Hoy tenemos dos millones de pensionados de los cuales 1.200.000 pertenecen a Colpensiones. Es decir que tenemos que ampliar muchísimo la tasa de vinculación al sistema de pensiones en cualquiera de los regímenes. Y hemos avanzado. El Plan de Desarrollo tiene unas metas concretas. Pero también se cuenta con el sistema de beneficios económicos periódicos (BEPS). Hoy tenemos, habiendo empezado solamente con los BEPS, vinculadas a más de 10.000 personas y aspiramos que al terminar el periodo de gobierno haya 1.700.000 personas vinculadas a BEPS. No son pensiones, pero sí ahorros que garantizan tranquilidad en la vejez. Y en el programa Colombia Mayor tenemos 1.200.000 adultos que están recibiendo los subsidios del Estado que son muy importantes. Esperamos, en el 2016, abrir la discusión para hacer una construcción colectiva y concertada de una reforma pensional que está esperando el país.

A. L.: ¿Cuál es su mensaje final a empleadores y trabajadores?

E. B.: Todos estos pactos no se pueden construir si no hay una cultura de diálogo social en Colombia. La concertación laboral es el instrumento básico que hemos propuesto para construir los pactos. La comisión nacional de concertación de políticas salariales y laborales, las subcomisiones departamentales de políticas salariales y laborales, unidas con la negociación colectiva de los sindicatos y la negociación colectiva del sector público que el año pasado logró un acuerdo para 1.200.000 trabajadores y que ha sido muy reconocido por la OIT, y una cultura de respeto al derecho de asociación sindical y nunca jamás la estigmatización de los sindicatos, los cuales podrían llevarnos a un muy buen desarrollo de estos cinco pactos que planteó el Gobierno para los trabajadores y los empresarios.