Concepto 1018 de septiembre 3 de 1997 

Consejo de Estado

SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL

Consejero Ponente:

César Hoyos Salazar

Radicación número 1018

Ref.: Calzado y vestido de labor a servidores públicos. Viabilidad jurídica de suministrarlos a quienes a la fecha de la entrega devengan más (sic) de dos salarios mínimos legales.

Santafé de Bogotá, D.C., tres de septiembre de mil novecientos noventa y siete.

1. Consideraciones:

La dotación de calzado y vestido de labor es una prestación social creada en beneficio de los servidores, tanto del sector público como del privado, sin importar la clase de actividad que desarrollen; no constituye salario, ni se computa como factor del mismo en ningún caso, y la finalidad de la misma es proporcionarle la indumentaria adecuada para realizar las labores propias del respectivo cargo.

La Ley 70 de 1988 instituyó a favor de los empleados del sector oficial que trabajan al servicio de los ministerios, departamentos administrativos, superintendencias, establecimientos públicos, unidades administrativas, especiales, empresas industriales o comerciales del Estado y sociedades de economía mixta, el derecho a que la entidad les suministre cada cuatro (4) meses, en forma gratuita, un par de zapatos y un vestido de labor, siempre que su remuneración mensual sea inferior a dos veces el salario mínimo legal vigente. La misma norma dispone: “Esta prestación se reconocerá al empleado oficial que haya cumplido más de tres (3) meses al servicio de la entidad empleadora” (L. 70/88, arts. 1º y 2º).

La entrega de tales elementos debe hacerse cada cuatro meses, en los días 30 de abril, 30 de agosto y 30 de diciembre de cada año (D. R. 1978/89, art. 2º).

El beneficiario de la dotación está obligado a destinarla al uso en las labores propias de su oficio, so pena de liberar a la empresa de la obligación correspondiente (art. 7º ibídem).

Tratándose de trabajadores del sector privado, hay lugar al suministro de dichos elementos por parte del patrono que habitualmente ocupe uno o más trabajadores permanentes. A diferencia de los servidores públicos, la remuneración mensual es hasta de dos veces el salario mínimo más alto vigente (Ley 11/84, art. 7º).

Al declarar la exequibilidad del artículo 234 del Código Sustantivo del Trabajo, que establece la prohibición de pagar en dinero dicha prestación, la Corte Constitucional en sentencia C-710 de 9 de diciembre de 1996 expresó:

“Por la naturaleza de esta prestación, es obvio que aquella no puede ser compensada en dinero. Cosa distinta es que el trabajador decida no utilizar la dotación entregada, caso en el cual, el empleador se exime, en el período siguiente, de entregar vestido y calzado, tal como lo preceptúa el artículo 233, sin que por ello se entienda que está incumpliendo con esta obligación.

La prohibición que consagra la norma acusada rige sólo durante la vigencia de la relación laboral, puesto que finalizada ésta, el trabajador podrá solicitar al juez correspondiente, el pago de la misma, si demuestra que durante la vigencia de su contrato, el empleador no cumplió con ella. En este caso, la prestación incumplida, se pagará en dinero, pues es un derecho que el trabajador tiene, y que no puede renunciar. Así lo reconoció la Corte Suprema de Justicia, Sala Laboral, en sentencia del cuatro (4) de marzo de 1994. Además, sería ilógico que una vez finalizada la relación laboral se condenará al trabajador a recibir un vestido de labor que no requiere”.

¿Las fechas en que deben entregarse el calzado y el vestido de labor indican el momento en que nace el derecho o el tiempo en que el mismo se hace exigible?. Para la Sala, esas fechas señalan la oportunidad en que es exigible el derecho. En efecto, de acuerdo con la Ley 70 de 1988, si el servidor público tiene remuneración mensual inferior a dos veces el salario mínimo legal vigente y ha cumplido más de tres meses de servicio a la entidad, tendrá derecho a la prestación. Por consiguiente no es necesario haber laborado los cuatro meses en la entidad para tener derecho a la prestación; pero ésta no podrá reclamarse sino a partir de las mencionadas fechas: 30 de abril, 30 de agosto y 30 de diciembre.

Una interpretación diferente de la norma produciría como consecuencia que el empleado oficial que se retire después de cumplir tres meses de servicios a la entidad, pero menos de cuatro, perdería la prestación. Esta conclusión es contraria a la posibilidad de reclamar el pago de la prestación en dinero cuando el empleado se retire sin haber recibido la dotación.

La misma forma de establecer las fechas en las cuales se debe cumplir con la prestación indica que el término de cuatro meses, entre diciembre 30 y abril 30 del año siguiente, busca facilitar que los dos requisitos establecidos para configurar el derecho a la prestación (monto de la remuneración inferior a dos salarios mínimos legales y tiempo de servicios), se cumplan dentro de un mismo tiempo.

En consecuencia, los trabajadores que al 10 de abril de 1997 —fecha de la reclasificación que hizo el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social— habían completado los dos requisitos mencionados para tener derecho a recibir calzado y vestido de labor, por los cuatro meses contados entre diciembre 30 de 1996 y abril 30 de 1997, conservan ese derecho así el día 30 de abril estén devengando una remuneración mayor a los dos salarios mínimos legales vigentes. Este último ingreso salarial superior se tendrá en cuenta para los cuatro meses siguientes, entre abril 30 y agosto 30, y da lugar a la pérdida del mencionado derecho.

2. La Sala responde:

Los servidores públicos que devenguen una asignación básica mensual inferior a dos veces el salario mínimo legal vigente y hubieren cumplido más de tres meses al servicio de la entidad empleadora, tienen derecho a recibir calzado y vestido de labor.

Consolidado aquel derecho conforme a los requisitos señalados, no se perderá si en la fecha del respectivo período, prevista para exigir su reconocimiento, el empleado oficial tuviere una remuneración superior a los dos salarios mínimos legales.

Transcríbase al señor Ministro de Trabajo y Seguridad Social. Igualmente, envíese copia a la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República.

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