Concepto 1060 de diciembre 10 de 1997 

SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL

CURADORES URBANOS

RÉGIMEN DISCIPLINARIO

EXTRACTOS: «La Ley 388 de 1997 considera al curador urbano como un particular encargado de estudiar, tramitar y expedir licencias de urbanismo o de construcción y prevé que su desempeño implica el ejercicio de una función pública. Atribuye al alcalde municipal o distrital las facultades de designar a los curadores urbanos por un término de cinco años y de vigilar y controlar que cumplan las normas urbanísticas; establece que a los curadores se les aplicarán las disposiciones contenidas en el estatuto de notariado y registro, esto es, el Decreto 960 de 1970, para los efectos propios de vacancia en el cargo, vacaciones y suspensiones temporales y licencias.

Si bien la Ley 388 de 1997 previó que los curadores urbanos se regirán para ciertos aspectos por el Decreto 960 de 1970, estatuto de notariado que es una norma especial, éste no hace referencia a régimen disciplinario específico para aquellos. Al entrar en vigencia la Ley 200 de 1995 ésta viene a regular lo pertinente a faltas y sanciones. Por tanto, el régimen disciplinario aplicable a los curadores urbanos es el consagrado en el Código Disciplinario.

En relación con la aplicación del régimen disciplinario contenido en el referido código, a los particulares que ejercen funciones públicas, la Sala comparte el criterio expuesto al respecto por la Corte Constitucional en sentencia C-286 de 1996:

“... los particulares que ejercen funciones públicas de modo permanente están sujetos al régimen disciplinario que la ley disponga.

Corresponde, entonces, al legislador establecer ese régimen, consagrar las faltas que pueden imputarse a las personas en dicha situación, estatuir las reglas procesales aplicables y las pertinentes sanciones, sin que pueda entenderse que se les traslada en bloque el régimen consagrado para los servidores públicos”.

Por tanto, mientras la ley no expida para los curadores urbanos un régimen disciplinario específico, es procedente aplicarles, en lo pertinente, la Ley 200 de 1995, para lo cual el intérprete deberá ceñirse a la aplicación restrictiva del Código Disciplinario, esto es, limitándolo únicamente en relación con las actuaciones o conductas directamente vinculadas con el ejercicio de sus funciones públicas.

Esto por cuanto carecen, como tales, de una organización empresarial que les permita disponer de personería jurídica y un régimen disciplinario interno.

La Sala observa, además, la necesidad de revisar la calificación que la ley hizo de los curadores urbanos como particulares que ejercen funciones públicas, pues al cumplirlas en forma permanente no puede considerarse que es un ejercicio intermitente para poder determinar sus eventuales responsabilidades disciplinarias sólo en relación con la conducta observada en una precisa función y momento. Por tanto, sería más adecuado tratarlos como servidores públicos tal como a los notarios.

III. Se responde.

A los curadores urbanos se les aplica, en el ejercicio de sus funciones públicas y en lo pertinente, el régimen disciplinario contenido en la Ley 200 de 1995 —Código Disciplinario. El alcalde municipal o distrital es competente para, de una parte, ordenar a la oficina de control interno facultada para tal fin (art. 48), o al funcionario que él señale (art. 57), que se adelante el respectivo proceso disciplinario y, de otra, imponer la correspondiente sanción. Lo anterior, sin perjuicio del poder disciplinario preferente de la Procuraduría General de la Nación».

(Concepto de diciembre 10 de 1997. Radicación 1060. Consejero Ponente: Dr. Augusto Trejos Jaramillo).

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