Concepto 1070 de marzo 11 de 1998 

Consejo de Estado

SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL

Radicación número 1070

Consejero Ponente:

César Hoyos Salazar

Ref.: Nacionalidad del hijo adoptivo. Efectos de la ruptura del vínculo de adopción respecto de la nacionalidad.

Santafé de Bogotá, D.C., once de marzo de mil novecientos noventa y ocho.

La señora Ministra de Relaciones Exteriores, doctora María Emma Mejía Vélez, formula a la Sala la siguiente consulta:

“1. ¿Puede el adoptado ante las autoridades holandesas desconocer la sentencia emitida por autoridad judicial colombiana decretando la adopción, solicitar la ruptura del vínculo paterno-filial, haciendo caso omiso de la irrevocabilidad del vínculo establecido por la adopción?

2. ¿La pérdida de los vínculos de parentesco con su familia de origen, implica para el adoptado también la pérdida de la nacionalidad colombiana? ¿Cómo se aprecia esta situación a la luz de la Constitución Política de 1991?

3. ¿En caso de que se pierda la nacionalidad, qué prueba puede aportar el adoptado para adelantar el trámite de recuperación de la nacionalidad colombiana?”

1. CONSIDERACIONES

1.1. La nacionalidad. La Constitución Política de 1991 dispone en su artículo 96 que son nacionales colombianos por nacimiento los naturales de Colombia, cuyo padre o madre hayan sido naturales o nacionales colombianos o que, siendo hijos de extranjeros, alguno de sus padres estuviere domiciliado en la República en el momento de su nacimiento, y los hijos de padre o madre colombianos que hubieren nacido en territorio extranjero y luego se domiciliaren en Colombia; y por adopción los extranjeros que soliciten y obtengan carta de naturalización, los latinoamericanos y del Caribe por nacimiento domiciliados en Colombia, que con autorización del gobierno y de acuerdo con la ley y el principio de reciprocidad, pidan ser inscritos como colombianos ante la municipalidad donde se establecieren, y los miembros de pueblos indígenas que comparten territorios fronterizos, con aplicación del principio de reciprocidad según tratados públicos. La misma norma establece que ningún colombiano por nacimiento podrán ser privado de su nacionalidad, igualmente que la calidad de nacional colombiano no se pierde por el hecho de adquirir otra nacionalidad.

La nacionalidad ha sido considerada por la doctrina como un vínculo de doble carácter político y jurídico; el primero es la sujeción del individuo a un Estado, y el segundo el estatus que otorga tal vínculo, esto es, que lo erige en sujeto de derechos y obligaciones.

La Ley 43 de 1993 establece las normas sobre adquisición, renuncia, pérdida y recuperación de la nacionalidad colombiana. En su artículo 22 prescribe que los nacionales por nacimiento que adquieran otra nacionalidad no perderán los derechos civiles y políticos que les reconocen la Constitución y la legislación colombianas. Y en el artículo 23 señala que la renuncia a la nacionalidad se producirá mediante manifestación escrita presentada ante el Ministerio de Relaciones Exteriores o los consulados de Colombia, la cual constará en un acta, cuya copia se enviará a la Registraduría Nacional del Estado Civil, al Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, y al ministerio antes mencionado.

1.2. La adopción. Es una institución jurídica por medio de la cual, bajo la suprema vigilancia del Estado y mediante sentencia judicial, se establece de manera irrevocable la relación paterno filial entre personas que no la tienen por naturaleza.

Por razón de la adopción, adoptante y adoptivo adquieren los derechos y obligaciones de padre o madre e hijo legítimo, y se establece parentesco civil entre el adoptivo, el adoptante y los parientes consanguíneos o adoptivos de éste. Por tanto, el menor adoptado queda sometido a la patria potestad de su adoptante o adoptantes.

El Decreto-Ley 2737 de 1989, por medio del cual se expidió el Código del Menor, fija las calidades que, unidas a la capacidad legal, debe reunir la persona que pretenda adoptar, la edad del adoptado —por regla general debe ser menor de dieciocho (18) años—, el consentimiento que debe preceder la adopción, la irrevocabilidad de dicho consentimiento después de transcurrido un mes desde la fecha en que los padres otorgaron su consentimiento, y determina, también, cuándo dicho consentimiento es inválido.

Así mismo, dispone el decreto antes citado:

“ART. 99.—Nadie podrá ejercer acción alguna para establecer la filiación de sangre del adoptivo, ni reconocerle como hijo extramatrimonial. El adoptivo podrá, sin embargo, promover en cualquier tiempo las acciones de reclamación del estado civil que le corresponda respecto de sus padres de sangre, únicamente para demostrar que quienes pasaban por tales, al momento de la adopción no lo eran en realidad.

En el caso previsto en este artículo, la prosperidad de las pretensiones del adoptivo hará que se extingan los efectos de la adopción, aunque el adoptante no hubiere sido citado al proceso”.

Por consiguiente, una vez esté en firme la sentencia judicial que aprueba la adopción, se producen todos los efectos que tal vínculo legal crea entre adoptante y adoptado. De manera excepcional pueden cesar dichos efectos cuando, como resultado de una acción propuesta por el adoptivo para reclamar el estado civil que le corresponda respecto de sus padres de sangre, otra sentencia declare que quedó demostrado que quienes pasaban por tales, al momento de la adopción no lo eran en realidad.

1.3. Nacionalidad del hijo adoptivo. Adoptado un menor de edad, queda sometido a la patria potestad de quien o quienes lo adoptaron y como consecuencia de los derechos que la misma entraña podrá tener, además de su nacionalidad de origen, la que por ser su o sus adoptantes extranjeros le reconozcan los tratados internacionales o las leyes del respectivo país de los adoptantes.

Lo antes expuesto está en consonancia con el Tratado Internacional de derecho civil y derecho comercial, aprobado en Colombia por medio de la Ley 33 de 1992. Esta ley dispone en su artículo 14:

“La patria potestad, en lo referente a los derechos y deberes personales, se rige por la ley del lugar en que se ejercita”.

La consulta plantea el caso de un colombiano que a los siete años de edad fue adoptado por un matrimonio extranjero y ahora, pasados quince años de la adopción, demandó ante el juez del país extranjero la cesación de todo vínculo familiar con sus padres adoptantes. Como en caso de un fallo favorable a dicha demanda se producirá también, por virtud de lo dispuesto en la ley de dicho país, la pérdida de la nacionalidad adquirida por razón del vínculo de adopción, al Ministerio de Justicia de aquel país le asiste la preocupación de que el adoptado, hoy ciudadano mayor de edad, quede como apátrida, esto es, sin nacionalidad.

Atrás se afirmó que por el carácter irrevocable que tiene legalmente la adopción en nuestro país, ella sólo admite como acción tendiente a dejar sin efectos la sentencia judicial que la decreta la de impugnación del carácter de padres sanguíneos de quienes dieron el consentimiento para la adopción. Pero esto se predica respecto de la acción que se intente ante los jueces colombianos.

La posibilidad de que un hijo adoptivo de ciudadanos extranjeros proponga una acción judicial, ante el juez extranjero de su actual domicilio, para pedir se decrete la cesación de los efectos del vínculo de adopción, queda bajo los efectos jurídicos del estatuto personal que a dicho hijo adoptivo le es aplicable por razón de la nacionalidad de sus adoptantes, la cual pudo adquirir como consecuencia del vínculo de la adopción.

Para que la sentencia que se dicte en el proceso respectivo produzca efectos jurídicos en Colombia es necesario que respecto de ella exista reciprocidad diplomática o legislativa. La primera se dará cuando un tratado público vigente entre Colombia y el respectivo Estado extranjero determine un tratamiento igual, esto es, que tengan fuerza vinculante semejante las sentencias proferidas por los jueces de un Estado en el otro. La segunda tendrá lugar cuando en la legislación o la jurisprudencia del país extranjero se dé a las sentencias de los jueces colombianos el mismo trato de obligatoriedad que en Colombia se le reconozca a las sentencias de los jueces del correspondiente país extranjero.

Para que la sentencia o el laudo extranjero surta efectos en el país, deberá reunir los requisitos consignados en el artículo 694 del Código de Procedimiento Civil.

En el respectivo país extranjero la sentencia producirá los efectos que en la legislación del mismo se le otorguen. Por tanto, si dentro de los efectos de una sentencia que declare la cesación definitiva del vínculo de adopción está el de la pérdida de la nacionalidad que por razón de la misma se había adquirido, habrá lugar a preguntarse en qué situación queda la persona nacida en Colombia, que se encuentre en este caso.

En principio, como por disposición constitucional la nacionalidad colombiana no se pierde por el hecho de adquirir otra nacionalidad, habrá que concluir que la persona a que se refiere la hipótesis descrita en el párrafo anterior mantendrá su nacionalidad. Por consiguiente, si dicha persona perdió la nacionalidad colombiana como consecuencia de la aplicación del artículo 9º de la Constitución anterior o por haber renunciado expresamente a ella de conformidad con lo dispuesto por el artículo 23 de la Ley 43 de 1993, podrá recuperar dicha nacionalidad siguiendo el procedimiento establecido en el artículo 25 de la ley citada. Además, porque “ningún colombiano por nacimiento podrá ser privado de su nacionalidad” (C.P., art. 96).

Finalmente, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 3º de la Ley 43 de 1993 la prueba de la nacionalidad para todos los efectos legales será: el registro civil, que para los menores de 7 años deberá estar acompañado de la prueba del domicilio, la tarjeta de identidad o la cédula de ciudadanía expedida por la Registraduría Nacional del Estado Civil. Por consiguiente, el nacional colombiano que hubiere sido adoptado podrá probar su nacionalidad colombiana con el acta de registro civil de nacimiento, que será la que, en reemplazo de la de origen que quedó anulada, se hubiere asentado con base en la copia de la sentencia que decretó la adopción, tal como dispone el artículo 122 del Decreto-Ley 2737 de 1989.

2. La Sala responde:

2.1. La persona adoptada conforme a la ley colombiana puede demandar ante las autoridades holandesas se deje sin efectos el vínculo de adopción que tiene con adoptantes nacionales del reino de los países bajos, si las leyes de dicho país consignan ese derecho y esas consecuencias. Pero la sentencia que decrete la ruptura del vínculo paterno filial, hacienda caso omiso de la irrevocabilidad que la ley colombiana establece para el vínculo surgido de la adopción, sólo producirá efectos en Colombia si respecto de ella existe reciprocidad diplomática o legislativa y se surte el trámite del exequatur.

2.2. La pérdida de los vínculos de parentesco con su familia de origen, no implica para el adoptado la pérdida de la nacionalidad colombiana. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 96 de la Constitución Política “ningún colombiano por nacimiento podrá ser privado de su nacionalidad”. Y, como norma aplicable a partir de la Constitución Política de 1991: “La calidad de nacional colombiano no se pierde por el hecho de adquirir otra nacionalidad”.

2.3. El colombiano que hubiere sido adoptado por extranjeros, conforme a la ley colombiana, y se encuentre domiciliado en el exterior, probará su nacionalidad colombiana con el acta de registro civil de nacimiento asentada con base en la copia de la sentencia que decretó la adopción.

Transcríbase a la señora Ministra de Relaciones Exteriores. Igualmente envíese copia a la secretaría jurídica de la Presidencia de la República.

Augusto Trejos Jaramillo, presidente de la Sala—Javier Henao Hidrón—César Hoyos Salazar—Luis Camilo Osorio Isaza.

Elizabeth Castro Reyes, Secretaria de la Sala.

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