Concepto 1079 de marzo 4 de 1998 

Consejo de Estado

Sala de Consulta y Servicio Civil

Ref.: Radicación 1079

Consejero ponente:

Luis Camilo Osorio Isaza

Enajenación de bienes inmuebles de propiedad estatal a entidades sin ánimo de lucro. Autorización del gobernador o Alcalde Mayor del Distrito Capital, en cuya jurisdicción se encuentra el predio (Ley 9ª de 1989).

Santafé de Bogotá, D.C., cuatro de marzo de mil novecientos noventa y ocho.

(...).

2. Análisis normativo.

La Sala considera de acuerdo con los antecedentes anotados que el artículo 36 de la Ley 9ª de 1989 se encuentra vigente en vista de que la constitución distingue entre la facultad de la corporación legislativa da al ejecutivo para contratar, es decir, para celebrar contrato de compraventa en general y la autorización para enajenar bienes nacionales.

(...)

Por lo tanto, aunque exista autorización general para contratar, en ella no necesariamente está implícita la facultad de enajenar bienes nacionales, sino que deberá verificarse cuál es el régimen jurídico especial aplicable en determinados casos.

Debe advertirse que en criterio de la Sala, la intervención del gobernador o del alcalde del Distrito Capital tienen como propósito dar aplicación efectiva a la voluntad del legislador respecto de garantizar que la destinación de los bienes inmuebles enajenados por el Estado se cumpla por las entidades sin ánimo de lucro que los adquieren; esta norma rige aún para los pertenecientes a la Nación, y no tiene el sentido de una intervención indebida en las decisiones de este nivel administrativo superior o de otras autoridades, sino el de dar cumplimiento al efecto señalado por la ley 9ª de 1989, en su artículo 36 numeral 2º que establece condición resolutoria para los contratos de enajenación de inmuebles de entidades públicas, cuando no se le dé el uso o destinación para el cual fueron autorizados.

(...)

La Ley 388 de 1997, que modificó y derogó en parte la Ley 9ª de 1989, tuvo cuidado de advertir expresamente los artículos que dejó sin vigencia, y en consecuencia, los que no mencionó hacen parte del ordenamiento jurídico entre los cuales está el 36; por ello, se considera que no hubo voluntad ni intención del legislador en modificar lo dispuesto en el dicho artículo.

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