Concepto 1082 de abril 22 de 1998 

Consejo de Estado

SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL

Consejero Ponente:

César Hoyos Salazar

Santafé de Bogotá, D.C., veintidós de abril de mil novecientos noventa y ocho.

Rad.: Número 1082

Ref.: Pensión de jubilación o vejez. La producción de un texto de enseñanza o publicación de un periódico pedagógico como medio para acreditar tiempo de servicios frente al régimen de pensiones de la Ley 100 de 1993.

El señor Ministro de Comunicaciones, doctor José Fernando Bautista Quintero, formula a la Sala la siguiente consulta:

1. ¿Se encuentra vigente el artículo 13 de la Ley 50 de 1886 frente al sistema general de pensiones regulado por la Ley 100 de 1993, incluidos los del régimen de transición?

2. De considerar esa honorable corporación que se encuentra vigente el artículo 13 de la Ley 50 de 1886 frente a la Ley 100 de 1993, se pregunta ¿El artículo 13 de la Ley 50 de 1886 se aplica a las personas que por efectos del régimen de transición están dentro del régimen especial de pensiones del sector de comunicaciones.

3. De no encontrarse vigente el citado artículo frente a la Ley 100 de 1993, se pregunta ¿las pensiones actualmente reconocidas por Caprecom EPS, dentro del imperio de la Ley 100 de 1993, se consideran como derechos adquiridos, toda vez que el error de la administración no puede recaer sobre los administrados, cuando éstos actuaron de buena fe? o ¿Debe Caprecom EPS proceder a entrar a demandar, en acción de nulidad, los actos administrativos por medio de los cuales reconoció dichas pensiones?

4. En caso de considerarse que el artículo 13 de la Ley 50 de 1886 es aplicable dentro del régimen especial del sector de comunicaciones, se pregunta frente a las cotizaciones y asignación de la concurrencia en cuanto a cuotas partes, los siguientes aspectos:

4.1. ¿Los dos (2) años que se reconocen por cada libro a qué entidad del Estado se les asigna como servicios prestados, para efectos de la cuota parte y/o emisión del respectivo bono pensional?

4.2. ¿En caso de que el libro se haya editado con posterioridad al 1º de abril de 1994, a quién le corresponde pagar al fondo común de naturaleza pública de Caprecom EPS, los valores correspondientes a los dos años de servicios por concepto de la cotización del servidor público, cuando ésta es obligatoria y se paga entre el empleador y el trabajador? (L. 100/93, arts. 17 y 20).

4.3. ¿Para esos dos (2) años reconocidos, por efecto de la edición del libro, qué valor anual de ingreso se le otorga con el objeto de tenerse en cuenta para el ingreso base de liquidación de la pensión?

4.4. ¿La entidad estatal a la cual se le asigne el período de los dos (2) años de servicios prestados por el servidor público, por efectos de la edición del libro, al comunicársele lo relativo a la correspondiente cuota parte, tiene competencia para oponerse a la misma por considerar que el respectivo libro, en su criterio, no es de enseñanza, y además el tema no se enmarca con el perfil profesional o técnico del servidor público frente a las funciones que ejercía en la entidad?

4.5. ¿La simple manifestación de una entidad educativa, de que el libro por ser didáctico, se encuentra en su biblioteca para consulta de sus estudiantes, es válido para considerarse como de enseñanza?

4.6. ¿Qué debe entenderse como texto de enseñanza? y ¿las certificaciones que expiden las instituciones educativas, frente a este aspecto, deben precisar el contenido de la obra, en qué materia, curso se está aplicando el libro, tiempo durante el cual hayan servido para la enseñanza, etc., con el objeto de cumplir con ese requisito legal, de que efectivamente sean de enseñanza?

Antes de resolver, la cual deja constancia que el Consejero Javier Henao Hidrón presentó un escrito manifestando que se considera impedido para participar en la discusión y decisión de esta consulta, porque al retirarse el próximo año de la corporación por período cumplido, podría invocar la publicación de textos de enseñanza como medio para acreditar tiempo de servicios en la concesión de la pensión de jubilación. La Sala aceptó dicho impedimento y resuelve sin sortear conjuez por cuanto la separación del impedido no afecta el quórom para deliberar y decidir.

1. Consideraciones:

1.1. La equivalencia de un texto de enseñanza con dos años de servicio establecida por la Ley 50 de 1886. La Ley 50 del 11 de noviembre de 1886, expedida por el entonces Consejo Nacional Legislativo, fijó una serie de reglas generales para la concesión de pensiones y jubilaciones. Dentro de dicha ley interesa examinar para efectos de la presente consulta, el artículo 13 que dispone lo siguiente:

“ART. 13.—Las tareas del magisterio privado quedan asimiladas a los servicios prestados a la instrucción pública, y serán estimadas para los efectos legales en los términos del artículo anterior. La producción de un texto de enseñanza que tenga la aprobación de dos institutores o profesores, lo mismo que la publicación durante un año de un periódico exclusivamente pedagógico o didáctico, siempre que en ninguno de los dos casos el autor o editor haya recibido al efecto auxilio del tesoro público, equivaldrán respectivamente a dos años de servicios prestados a la instrucción pública. Los periódicos de amena literatura no tienen el carácter de didácticos”. El artículo 12 de la misma ley estableció el derecho “a jubilación” para los empleados de la instrucción pública, con determinados requisitos de idoneidad moral, carencia de recursos, y edad de 60 años. Como se observa, el artículo 13 de la ley citada establece una equivalencia entre la producción de un texto de enseñanza o la publicación durante un año de un periódico pedagógico o didáctico y la concesión de dos años de servicios “prestados a la instrucción pública”, para efectos de la pensión de jubilación. Esta equivalencia se aplica a quienes cumplen “tareas del magisterio privado”, las cuales son asimiladas a los servicios prestados a la instrucción pública. Se cuestiona la aplicación de dicha norma a los servidores públicos, no a los trabajadores particulares, puesto que en cuanto a estos últimos, el Código Sustantivo de Trabajo (art. 491), expedido en uso de las facultades del estado de sitio y luego adoptado como legislación permanente, “suspendió” desde la fecha de iniciación de su vigencia (ene. 1º/51, art. 490), todas las leyes, decretos, resoluciones y demás preceptos anteriores de carácter nacional, reguladores de las materias contempladas en el código, entre las cuales está la pensión de jubilación (arts. 260 y ss.).

En consecuencia, la consulta se contrae a los servidores públicos, en especial a los de comunicaciones.

Curiosamente, casi un siglo después de la ley, el Gobierno Nacional, por medio del Decreto 753 de 1974, reglamentó el inciso segundo del artículo 13, referente a la producción de un texto de enseñanza y la edición de una revista o periódico.

Dicha reglamentación no define qué es un texto de enseñanza, sino que se limita a indicar algunas características que éste debe tener, como son que el libro sea impreso, que su propiedad intelectual esté registrada y que lógicamente exprese el nombre del autor, el pie de imprenta y el año de edición (art. 3º. lits. a) y b)). Añade la norma que el solicitante debe entregar un ejemplar del libro, el cual se debe conservar en la biblioteca de la entidad que hace el reconocimiento de la pensión.

El decreto reglamentario también precisa que los dos institutores o profesores que aprueban el texto de enseñanza, deben acreditar su título y rendir una declaración ante el juez del lugar del autor, en la cual deben señalar cuál es el contenido del libro, qué establecimiento educativo lo ha adoptado para la enseñanza y durante cuánto tiempo, y por qué le dan su aprobación (art. 1º).

Por otro lado, la reglamentación establece que la aprobación del texto puede ser otorgada, mediante una certificación, por dos rectores o directores de escuelas, colegios, universidades, institutos de especialización o de enseñanza diversificada, oficiales o privados, o por los decanos de las facultades, con el visto bueno del rector (art. 2º).

El Decreto 753 de 1974 se refiere además, al reconocimiento de “dos años de servicio público” a quienes hayan editado una revista o un periódico, con una circulación mínima de 500 ejemplares en cada entrega y una periodicidad al menos quincenal, durante un año continuo, que tenga, de manera exclusiva, carácter pedagógico o didáctico, certificado por el Ministerio de Educación Nacional (arts. 5º a 8º). La Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, mediante sentencia del 19 de junio de 1975, declaró la nulidad del artículo 4º del citado decreto, que establecía un límite máximo de dos obras para la concesión de la equivalencia con años de servicio, y después, por medio de sentencia del 15 de marzo de 1979, anuló los literales c) y d) del artículo 3º del decreto, que establecían el número de páginas y la dimensión de los libros, según que tuvieran uno o varios tomos, al considerar que creaban requisitos adicionales a los señalados en la norma reglamentada, el artículo 13 de la Ley 50 de 1886.

De otra parte, el artículo 9º del Decreto 753 de 1974 que contemplaba como requisito la presentación de una certificación del Ministerio de Hacienda, acerca de que el solicitante no había recibido ningún auxilio del tesoro nacional para la obra, fue derogado por el artículo 45 del Decreto 359 de 1995.

En síntesis, el artículo 13 de la Ley 50 de 1886 establece la equivalencia de dos años de servicio público, para efectos de la obtención de la pensión de jubilación, en beneficio del servidor público que cumpliendo una labor de instrucción pública o tareas propias del magisterio privado, elabore un texto de enseñanza o edite un periódico pedagógico.

Interesa analizar esta norma frente a la ley de la seguridad social integral, la Ley 100 de 1993.

1.2. El artículo 13 de la Ley 50 de 1886 frente a la Ley 100 de 1993. La ley de seguridad social integral (L. 100/93), estableció el sistema general de pensiones, el cual comprende dos regímenes solidarios, el de prima media con prestación definida y el de ahorro individual (art. 12).

Dos de las características comunes a estos regímenes son la obligación de efectuar los aportes establecidos por la ley y el reconocimiento de las pensiones y prestaciones con base en la suma de las semanas cotizadas a cualquiera de ellos (art. 13 lits. d) y g)). El principio de la obligatoriedad de cotizaciones se encuentra expresamente reafirmado en el artículo 17 de la ley, que establece que “durante la vigencia de la relación laboral deberán efectuarse las cotizaciones obligatorias a los regímenes del sistema general de pensiones por parte de los afiliados y empleadores, con base en el salario que aquellos devenguen”.

Añade la norma que esta obligación cesa cuando el afiliado reúne los requisitos de la pensión mínima de vejez o se pensiona por invalidez o anticipadamente, sin perjuicio de que el afiliado al régimen de ahorro individual continúe haciendo sus aportes voluntarios.

En cuanto se refiere de manera específica, al régimen solidario de prima media con prestación definida, el artículo 33 establece que para obtener la pensión de vejez, el afiliado necesita haber cumplido 55 años de edad si es mujer o 60 años si es hombre, y haber cotizado un mínimo de 1000 semanas en cualquier tiempo.

En relación con el régimen de ahorro individual con solidaridad, éste se fundamenta, de manera principal, como lo dice su nombre, en el ahorro proveniente de las cotizaciones y sus respectivos rendimientos (art. 59). Ahí las cotizaciones obligatorias y las voluntarias se abonan a la cuenta individual de ahorro pensional del afiliado (art. 63) y la pensión de vejez se otorga a la edad que escoja el afiliado, en una cuantía que depende del capital acumulado en la cuenta de ahorro individual, siempre y cuando este capital permita obtener una pensión mensual superior al 110 % del salario mínimo legal mensual (art. 64).

La base económica y jurídica para que el sistema general de pensiones funcione, la constituyen las cotizaciones, a las cuales se alude a lo largo de la Ley 100 y cuyo monto, a cargo de empleadores y de trabajadores, se encuentra especificado en el artículo 20 de la misma.

Es de anotar que el sistema general de pensiones empezó a regir el 1º de abril de 1994 (art. 151).

La idea de los impulsores de la Ley 100 fue establecer una normatividad integral, que constituyera la normatividad global y definitiva en materia de seguridad social en el país. Por eso se estableció en el último artículo, el 289, que ella rige a partir de su publicación, lo cual ocurrió el 23 de diciembre de 1993 en el Diario Oficial 41.148, y que salvaguarda los derechos adquiridos y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias.

La derogatoria de toda la normatividad contraria y de las normas especiales mencionadas expresamente, fue declarada exequible por la Corte Constitucional en sentencia C-529 de 1994 (nov. 24), dado que el legislador puede derogar las leyes y plasmar en las normas las fórmulas integrales de aquello que, según su apreciación, mejor conviene a los intereses de la comunidad y además, dicha derogatoria no afecta los derechos adquiridos.

En este punto sobre los derechos adquiridos, el Dr. Germán Plazas sostiene:

“En cuanto a derechos adquiridos, debe tenerse en cuenta que estos surgen en materia pensional cuando se reúnen los requisitos establecidos para tener derecho a la pensión. Si falta alguno de esos requisitos, hay expectativa de derecho la cual sí puede ser desconocida o modificada por el legislador”. (La nueva seguridad social. Santafé de Bogotá D.C., 1994, pág. 188).

Precisamente este fue el sentido que le dio a la noción de los derechos adquiridos en el campo de las pensiones, el inciso sexto del artículo 36 de la Ley 100 cuando estableció:

“Quienes a la fecha de vigencia de la presente ley (o sea el dic. 23/93) hubiesen cumplido los requisitos para acceder a la pensión de jubilación o de vejez conforme a normas favorables anteriores, aun cuando no se hubiese efectuado el reconocimiento, tendrán derecho, en desarrollo de los derechos adquiridos, a que se les reconozca y liquide la pensión en las condiciones de favorabilidad vigentes al momento en que cumplieron tales requisitos”.

Una persona que a 23 de diciembre de 1993, hubiera cumplido los requisitos de pensión, ya tenía su derecho adquirido sobre ésta y la Ley 100 le salvaguarda ese derecho conforme a la legislación anterior.

Ahora bien, la Ley 100 de 1993 al derogar toda la normatividad que le sea contraria, y tener como fundamento del reconocimiento de las pensiones, el pago de las cotizaciones establecidas en la misma, derogó tácitamente el artículo 13 de la Ley 50 de 1886, que no sigue el sistema de las cotizaciones como fundamento de la pensión sino que otorga dos años de servicio por un hecho distinto, la elaboración de un texto de enseñanza.

El artículo 13 de la Ley 50 de 1886 viene a ser derogado por la Ley 100 de 1993, con base en lo dispuesto por el artículo 289 de ésta, dado que es una norma contraria a la esencia y a los postulados normativos de la Ley 100 de 1993, pero adicionalmente también se encuentra derogada por la nueva ley de seguridad social, con fundamento en el artículo 3º de la Ley 153 de 1887, puesto que la Ley 100 de 1993 al establecer un sistema de seguridad social integral, reguló íntegramente la materia de las pensiones, con las excepciones del artículo 279 y por lo tanto, se debe entender insubsistente o derogada la disposición anterior.

En síntesis, producida la confrontación, de manera concreta, entre el artículo 13 de la Ley 50 de 1886; y los artículos 33 y 64 de la Ley 100 de 1993 relativos a la obligación de cotizar para obtener la pensión de vejez en los regímenes de prima media y de ahorro individual, respectivamente, se debe concluir que la primera norma, a la hora actual, resulta incompatible con el contenido de disposiciones posteriores, y por ende hay una derogación tácita, con el alcance que a ésta da el artículo 72 del Código Civil, esto es, que deja vigente en las leyes anteriores, aunque versen sobre la misma materia, todo aquello que no pugna con las disposiciones de la nueva ley.

Por consiguiente, es indispensable hacer dos precisiones:

a) La derogatoria del artículo 13 de la Ley 50 de 1886 es para los trabajadores que se encuentran dentro del ámbito de aplicación del sistema integral de seguridad social de la Ley 100 de 1993, no para aquellos que están exceptuados de dicho sistema, de conformidad con el artículo 279 de la misma, vale decir, los miembros de las fuerzas militares (exequible, sent. C-665/96) y de la Policía Nacional; el personal civil del Ministerio de Defensa Nacional, la Policía Nacional, la Justicia Penal Militar y su Ministerio Público (D.L. 1214/90); el personal no remunerado de las corporaciones públicas; los afiliados al fondo nacional de prestaciones sociales del magisterio (exequible sent. C-461/95); los trabajadores de empresas en concordato en la fecha de vigencia de la Ley 100, esto es, el 23 de diciembre de 1993, que tuvieran sistemas especiales de protección de pensiones; y los servidores públicos y pensionados de Ecopetrol (exequible sent. C-173/96), y

b) El artículo 13 de la Ley 50 de 1886 ha conservado su vigencia para un grupo de trabajadores a quienes se les aplican normas anteriores, en virtud de un régimen excepcional consagrado por la misma Ley 100: el régimen de transición del artículo 36.

1.3. El régimen de transición pensional establecido por la Ley 100 de 1993. El sistema general de pensiones de la Ley 100 de 1993 se quiso orientar hacia personas jóvenes que pudieran cotizar durante un buen tiempo, para gozar de una pensión de vejez representativa económicamente.

La nueva ley respeta el derecho de las personas que, al momento de entrar ella en vigencia, tuvieran una expectativa relativamente próxima de pensionarse, es decir, personas que por su edad o tiempo de servicios, según la normatividad anterior, ya esperaran alcanzar la pensión de vejez.

Si bien no tenían el derecho adquirido, puesto que éste se conseguía solamente con el cumplimiento de los dos requisitos de edad y tiempo de servicio exigidos por la norma anterior, sí tenían una real expectativa de derecho, en la medida en que por su edad y el tiempo servido, les faltaba poco para completar los requisitos existentes antes de ser expedida la nueva ley.

Fue así como en el inciso segundo del artículo 36 de la Ley 100 se estableció un régimen de transición para regular la situación de esas personas, en los siguientes términos:

“La edad para acceder a la pensión de vejez, el tiempo de servicio o el número de semanas cotizadas, y el monto de la pensión de vejez de las personas que al momento de entrar en vigencia el sistema tengan treinta y cinco (35) o más años de edad si son mujeres o cuarenta (40) o más años de edad si son hombres, o quince (15) o más años de servicios cotizados, será la establecida en el régimen anterior al cual se encuentren afiliados. Las demás condiciones y requisitos aplicables a estas personas para acceder a la pensión de vejez, se regirán por las disposiciones contenidas en la presente ley”.

La primera parte de este inciso, es decir, hasta la palabra “afiliados”, conjuntamente con otras normas de la Ley 100, fue acusada ante la Corte Constitucional, de vulnerar el artículo 13 de la Carta referente a la igualdad y la no discriminación por razones de sexo.

La Corte, en sentencia C-410 de 1994 (sept. 15), declaró la norma exequible en cuanto al cargo demandado, en razón de que consideró que esa y otras normas que establecen diferencia de edad entre el hombre y la mujer para pensionarse, no violaban el principio de igualdad, ya que fundamentalmente el establecimiento de una edad diferencial entre el hombre y la mujer para efectos pensiónales, constituye una medida que, atendiendo los distintos fenómenos sociales que impiden el logro de la igualdad entre los dos sexos, contiene un propósito corrector o compensador de esa realidad.

Luego, la Corte Constitucional en sentencia C-168 de 1995 (abr. 20), declaró exequible el comentado inciso segundo, ya que desarrolla lo contenido en el artículo 25 de la Constitución, en la medida en que protege el trabajo al salvaguardar las expectativas de quienes están próximos por edad, tiempo de servicios o número de semanas cotizadas a adquirir el derecho a la pensión de vejez y porque, además, no existe discriminación alguna entre quienes son beneficiarios del régimen de transición y quienes apenas inician una vida laboral, pues a pesar de que ambos tienen meras expectativas, sus condiciones, por ser distintas, justifican un trato diferente.

Posteriormente, fue demandada la expresión “al cual se encuentren afiliados” contenida en el aludido inciso segundo del artículo 36 y la Corte la declaró igualmente exequible, en sentencia C-596 de1997 (nov. 20), al encontrar que la norma no era lesiva de un derecho adquirido sino que ella se refería a una expectativa de derecho, la cual para que existiera, requería que el trabajador estuviera afiliado a un sistema de seguridad social y que por otro lado, la norma no establecía una discriminación entre los servidores públicos que al momento de entrar en vigencia el sistema de la Ley 100, estuvieran vinculados a una entidad estatal y por tanto, tuvieran una afiliación a un sistema de seguridad social, y aquellos que no lo estuvieran y por ende, carecieran de dicha afiliación, por cuanto no es igual situación de quienes tenían una expectativa de derecho a pensionarse según unos requisitos por estar afiliados a un régimen pensional, que la de aquellos que carecen de tal expectativa por no encontrarse afiliados a un régimen, pues por esta circunstancia no se puede precisar cuáles serían sus requisitos de pensión.

Añadió la Corte que, de todos modos, las personas que prestaron sus servicios a entidades oficiales y se habían desvinculado y en consecuencia, no se encontraban afiliados a un régimen de pensiones cuando entró el sistema de la Ley 100, no se perjudican, ya que el tiempo de servicio de esas personas prestado en cualquier época, es tenido en cuenta por varios artículos de la Ley 100, para efectos de concederles el derecho a la pensión de jubilación, asi no estuvieran afiliados a algún régimen cuando empezó el nuevo sistema de seguridad social. La única diferencia es que ellos se pensionarán de conformidad con los requisitos de la Ley 100, mientras que los servidores públicos beneficiarios del régimen de transición, lo harán según los requisitos y condiciones del régimen al que estaban afiliados.

Por último, en este itinerario de cargos de inconstitucionalidad contra el régimen de transición pensiona de la Ley 100, es de reseñar una demanda que hubo contra, entre otras normas, la segunda parte del referido inciso segundo del artículo 36, aquella que dice: “las demás condiciones y requisitos aplicables a estas personas para acceder a la pensión de vejez, se regirán por las disposiciones contenidas en la presente ley, por cuanto estimaba el ciudadano demandante que violaba los derechos adquiridos y la potestad del Presidente de fijar el régimen prestacional de los empleados del Estado.

La Corte Constitucional, en una sentencia reciente, la C-058 de 1998 (mar. 4), se estuvo a lo resuelto en la sentencia C-168 de 1995, en la cual, como se vio, se declaró exequible ese inciso.

Ahora bien, en cuanto se refiere propiamente al régimen de transición, hay que señalar que para ser beneficiario del mismo, se requiere encontrarse en cualquiera de estas situaciones:

a) Haber tenido 35 o más años de edad, si se es mujer, o 40 o más años, si se es hombre, el 1º de abril de 1994 que fue la fecha de iniciación de la vigencia del sistema general de pensiones de la Ley 100 (art. 151) y haber estado, en esa fecha, afiliado a un régimen pensional, y

b) Haber tenido 15 o más años de servicios cotizados el 1º de abril de 1994, y haber estado igualmente en esa fecha, afiliado a un régimen pensional.

La normatividad de transición pensional se encuentra establecida dentro del título referente al régimen de prima media con prestación definida y por tanto, se aplica a esta modalidad pensional.

Precisamente, el inciso cuarto del artículo 36 dispone que el régimen de transición no será aplicable a las personas, que estando en sus supuestos de edad, decidan voluntariamente seguir el régimen de ahorro individual con solidaridad, caso en el cual se sujetarán a todas las condiciones de éste.

En relación con el ingreso base para liquidar la pensión de vejez de las personas que se encuentran en el régimen de transición, el inciso tercero del artículo 36 precisa que para las personas que les faltare menos de 10 años para adquirir el derecho, será el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, o el cotizado durante todo el tiempo, si éste fuere superior, actualizado anualmente según la variación del índice de precios al consumidor del DANE. Esta parte del inciso fue hallada exequible por la Corte Constitucional, mas no la siguiente que establecía una discriminación entre los trabajadores del sector privado y los servidores públicos, la cual, por esa causa, fue declarada inexequible (sent. C-168/95)

El régimen de transición significa para las personas beneficiarias del mismo, que se les aplican tres requisitos del régimen pensional anterior, o mejor, del régimen al cual se encontraban afiliados, a saber:

a) La edad para acceder a la pensión de vejez;

b) El tiempo de servicio o el número de semanas cotizadas, y

c) El monto de la pensión de vejez.

Las demás condiciones y requisitos para que estas personas accedan a la mencionada pensión, son las señaladas en la Ley 100 de 1993.

En consecuencia, dentro del requisito “tiempo de servicio” del servidor público que se encuentre en el régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100, hay que anatizar la normatividad anterior y dentro de ésta se encuentra el artículo 13 de la Ley 50 de 1886, que concede dos años de servicio, para efectos de obtener la pensión de jubilación, hoy llamada de vejez, al servidor público que cumpliendo una labor de instrucción pública o tareas del magisterio privado que la norma asimila a la primera, elabore un texto de enseñanza.

1.4. La noción de texto de enseñanza. Un aspecto importante de la consulta consiste en determinar qué es en realidad, un texto de enseñanza, con la finalidad de aplicar correctamente la norma.

Se observa que el artículo 13 de la Ley 50 de 1886 no define ni precisa qué es un texto de enseñanza, sino que se refiere a “un texto de enseñanza que tenga la aprobación de dos institutores o profesores” y el Decreto Reglamentario 753 de 1974 señala solamente estos requisitos formales:

1. Que sea un libro impreso.

2. Que el libro exprese el nombre del autor, el pie de imprenta y el año de edición.

3. Que se presente un ejemplar y se conserve en la biblioteca de la entidad que hace el reconocimiento.

4. Que el autor haya registrado su propiedad intelectual.

El decreto aludido dispone, por otra parte, que los dos profesores deben acreditar su título con las certificaciones correspondientes y rendir una declaración judicial sobre el libro y añade que la aprobación también puede ser otorgada por dos rectores de colegios o universidades o los decanos de facultades.

Por texto de enseñanza, se debe entender un libro científico o didáctico que sirva para estudiar y comprender una materia propia del pensum de los colegios o universidades en los programas de pregrado y posgrado.

Un libro que no se relacione directamente con una materia objeto de estudio en un centro académico, podrá ser tal vez de interés, pero no será un texto de enseñanza en el sentido del mencionado artículo 13.

Obsérvese que éste hace alusión a la llamada instrucción pública.

Un texto de enseñanza debe ilustrar sobre una materia, debe aportar conocimientos al estudiante que le sean de utilidad para la comprensión de una rama del saber y su consiguiente aplicación práctica.

No puede ser simplemente una compilación de artículos de prensa o revistas o un ensayo sobre un tema abstracto o teórico, que no guarde relación con una asignatura del programa de estudios.

Debe ser un texto didáctico, lo que significa que debe estar destinado a instruir y educar en diversos niveles del conocimiento humano con una orientación práctica y sin dogmatismo.

La sola circunstancia de que un libro esté conservado en una biblioteca, asi ésta sea de un centro educativo, no lo califica como un texto de enseñanza, pues esta característica depende de sus condiciones intrínsecas de contenido científico y técnico referente a una materia curricular y de su valor intelectual, como obra del pensamiento humano.

La Ley 115 de 1994, ley general de educación, trae dentro de la estructura del servicio educativo, la prestación de la educación formal en sus niveles preescolar, básica (primaria y secundaria) y medio, y la define como “aquella que se imparte en establecimientos educativos aprobados, en una secuencia regular de ciclos lectivos, con sujeción a pautas curriculares progresivas, y conducente a grados y títulos” (art. 10).

En cuanto a la educación superior, ésta es regulada por una ley especial, la Ley 30 de 1992, la cual la define en el artículo 1º, como “un proceso permanente que posibilita el desarrollo de las potencialidades del ser humano de una manera integral, se realiza con posterioridad a la educación media o secundaria y tiene por objeto el pleno desarrollo de los alumnos y su formación académica o profesional” (negrilla no es del texto original).

En síntesis, un texto de enseñanza debe éster referido al programa o curcucho de la educación formal en sus distintos niveles o de la educación superior.

Ahora bien, la entidad estatal que hace el reconocimiento de los dos años de servicio, para efectos pensionales, por un texto de enseñanza, debe ser, en sana lógica, quien asuma la cuota pensional proporcional a esos dos años, puesto que es ella la que emite la declaración de voluntad de otorgar un derecho al solicitante, la cual se manifiesta en el acto administrativo de contenido particular y concreto que expide.

El acto administrativo es obligatorio para la administración y una vez en firme, ésta debe ejecutar los actos necesarios para su cumplimiento (C.C.A., arts. 64 y 66).

Ciertamente se presenta un desfase presupuestal importante a cargo de la entidad, puesto que tiene que aportar por dos años de servicios sobre los cuales no recibió ninguna cotización, lo cual debe ser enfrentado hacia los años venideros, con la inclusión de una partida presupuestal que le sirva como reserva para estos casos.

2. La Sala Responde:

2.1. El artículo 13 de la Ley 50 de 1886 fue derogado tácitamente por el artículo 289 de la Ley 100 de 1993.

Sin embargo, se encuentra vigente para los servidores públicos exceptuados de la aplicación del sistema de seguridad social integral de la Ley 100 de 1993 en el artículo 279 de la misma, y para los servidores públicos que se encuentran en el régimen de transición contemplado en el artículo 36 de dicha ley, esto es, aquéllos que el 1º de abril de 1994 tenían 35 o más años de edad si son mujeres 40 o más años de edad si son hombres, 15 o más años de servicios cotizados, y estaban en esa fecha afiliados a un régimen pensional.

2.2. El artículo 13 de la Ley 50 de 1886 se puede aplicar a los servidores públicos del sector comunicaciones que se encuentren en el régimen de transición establecido por el artículo 36 de la Ley 100 de 1993.

2.3. Con base en lo expuesto anteriormente, no se da la hipótesis formulada en el tercer interrogante.

2.4.1. Los dos años que se reconocen como servicios prestados por un texto de enseñanza, con fundamento en el artículo 13 de la Ley 50 de 1886, corren a cargo de la entidad estatal que efectúa ese reconocimiento, para efectos de la cuota parte pensional o la emisión del respectiva bono pensional.

2.4.2. Los valores correspondientes a los dos años de servicios por concepto de la cotización del servidor público ubicado en el régimen de transición de la Ley 100, deben ser pagados al fondo común de naturaleza pública de Caprecom EPS, por la entidad estatal que hizo el reconocimiento a que alude el artículo 13 de la Ley 50 de 1886.

2.4.3. Para esos dos años reconocidos, el valor anual de ingreso que debe tenerse en cuenta para determinar el ingreso base de liquidación de la pensión, es el vigente en la entidad estatal que hace el reconocimiento y en la cual está laborando el servidor público, y si el servidor ya dejó de trabajar y es la entidad administradora de pensiones la que efectúa el reconocimiento, será el último valor anual de ingreso devengado.

2.4.4. No se le asigna a una entidad estatal diferente el tiempo de dos años de servicios por un texto de enseñanza, sino que es la misma entidad estatal que hace el reconocimiento de ese tiempo por dicha causa, la que debe asumir su correspondiente cuota parte de la pensión, razón por la cual no se opondría a ello.

2.4.5. La simple manifestación de un centro educativo de que el libro se encuentra en su biblioteca, no significa que se trate de un texto enseñanza.

2.4.6. Un texto de enseñanza es un libro que instruye y educa a los estudiantes sobre una materia del pensum o programa académico de la educación formal, en sus distintos niveles de preescolar, básica (primaria y secundaria) y media, o de la educación superior.

Las certificaciones que expidan dos rectores de colegios o universidades, o los decanos de facultades, con el visto bueno del rector, deben señalar el contenido del libro, el establecimiento o establecimientos educativos que lo hayan adoptado como texto de enseñanza, el tiempo durante el cual haya servido para la enseñanza, el número de páginas del libro y las razones que tengan para haberle dado su aprobación, de conformidad con lo establecido por los artículos 1º y 2º del Decreto 753 de 1974.

Transcríbase al señor Ministro de Comunicaciones. Igualmente, envíese copia a la secretaría jurídica de la Presidencia de la República.

Augusto Trejos Jaramillo, Presidente de la Sala—Cesar Hoyos Salazar—Luis Camilo Osorio Isaza.

Elizabeth Castro Reyes, Secretaria de la Sala.

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