Concepto 1173 de febrero 18 de 1999 

SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL

REGISTRADOR NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

SU PERÍODO ES INSTITUCIONAL

EXTRACTOS: «El señor Ministro del Interior consulta a la Sala acerca del período para el cual se elige Registrador Nacional del Estado Civil, en los siguientes términos:

1. “¿... el período para el cual sea nombrado el nuevo Registrador Nacional del Estado Civil es personal o institucional?

2. ¿... para el caso del nuevo registrador el período de cinco años a que alude la Constitución cuenta a partir de su posesión o si se entiende que ejercerá el cargo únicamente por el término que restaría al registrador saliente?”.

(...).

b) Período del Registrador Nacional del Estado Civil en la Constitución Nacional. 

La actual Carta Política en el artículo 266 establece que “El Registrador Nacional del Estado Civil será elegido por el Consejo Nacional Electoral para un período de cinco años ...”. A su vez, en el artículo transitorio 33 precisó: “El período del actual Registrador Nacional del Estado Civil concluye el 30 de septiembre de 1994. El período del Registrador Nacional del Estado Civil a que se refiere esta Constitución empezará a contarse a partir del 1º de octubre de 1994”.

Es decir, la Constitución de 1991 no sólo señaló el lapso de permanencia en el cargo para quien se desempeñaba como Registrador Nacional del Estado Civil, al momento de su expedición, sino también, en sus disposiciones transitorias, previó que el período del nuevo registrador empezaría a contarse a partir del 1º de octubre de 1994.

La norma transitoria produjo plenos efectos en el tiempo, pues con base en ella culminó su ejercicio en el cargo un registrador y lo inició quien fue designado como sucesor de éste.

c) Período institucional y período individual. 

Sobre los períodos institucional e individual, esta corporación se ha manifestado en diferentes oportunidades, así:

La Sala Contencioso Administrativa, en sentencia del 30 de noviembre de 1995, dijo:

“El período de permanencia del Fiscal General de la Nación en el cargo está indicado en el artículo 249 de la Constitución Política en los siguientes términos:

“EI Fiscal General de la Nación será elegido para un período de 4 años por la Corte Suprema de Justicia, de terna enviada por el Presidente de la República y no podrá ser reelegido ...”.

Ni en este artículo ni en el 27 transitorio de la Constitución, ni en ninguna norma legal se ha señalado fecha de iniciación de tal período. Quiere ello decir, que cada vez que la H. Corte Suprema de Justicia elija Fiscal General de la Nación en propiedad, debe hacerlo por un período de 4 años como lo ordena la norma transcrita, porque esa corporación carece de competencia para fijar esta fecha, cuestión que compete a la Constitución o a la ley.

Distinto fuera el caso, si la disposición constitucional hubiera señalado en forma precisa cuándo debía comenzar y finalizar este término de los 4 años, pero no lo hizo”.

Esta Sala, en consulta Nº 783 del 9 de febrero de 1996, dijo:

“El artículo 280 de la Ley 4ª de 1913, aún vigente, sobre régimen político y municipal, puntualiza que:

“ART. 280.—Siempre que se haga una elección después de principiado un período, se entiende hecha sólo para el resto del periodo en curso”.

De acuerdo con la anterior disposición se deduce que si a quien le corresponde realizar la elección no la efectúa en el término previo a la iniciación del período, se entiende que una vez iniciado surte efecto únicamente para completarlo”.

Y, en consulta Nº 1010 del 31 de julio de 1997, señaló:

“El contralor así elegido lo será por el resto del período constitucional. La Carta Política, al formalizar que el período de los contralores territoriales será “igual al del gobernador o alcalde”, sigue la regla sobre período institucional. El término de duración es de tres años y la fecha de iniciación la señala la ley; así, quien resulte elegido en desarrollo de un período en curso, deberá concluirlo.

Por el contrario, a los períodos individuales, que son la excepción, la Constitución o la ley les señalan su duración, mas no la fecha de iniciación, como sucede con los magistrados de las cortes y con el Fiscal General de la Nación, funcionarios judiciales que son elegidos para períodos individuales de ocho y cuatro años, respectivamente, los que se iniciarán a partir del momento en que, designados en propiedad, entren en ejercicio del cargo, lo cual implicará un nuevo período”.(Se resalta).

En providencia del 25 de noviembre de 1997, la Sala Contencioso Administrativa fijó su criterio sobre lo que debe entenderse por dichos períodos, así:

“Son períodos institucionales aquellos objetivamente establecidos entre fechas determinadas, e individuales los que se inician con la posesión del elegido o nombrado”.

Los anteriores pronunciamientos muestran cómo en esta corporación siempre ha existido unanimidad de criterio en torno de este tema. El período institucional requiere dos supuestos básicos que permiten identificarlo como tal; ellos son: el término de duración y la fecha de iniciación; en el período individual se señala su duración, no tiene fecha de iniciación y comienza siempre al tomar posesión la persona que entra a ejercer el cargo.

Estas argumentaciones permiten concluir a la Sala que el período del Registrador Nacional del Estado Civil es institucional por cuanto su duración y la fecha de inicio del mismo aparecen señalados en la Constitución, independientemente de que ésta última haya sido consagrada en una norma transitoria.

Situación similar a la que ahora se consulta, en lo relativo con períodos señalados transitoriamente, fue analizada por la Sala Contencioso Administrativa en la citada providencia del 25 de noviembre de 1997, al referirse al período del Presidente de la República:

“Por el artículo 25 del Acto Legislativo Nº 3 de 1910, se dispuso que el Presidente de la República sería elegido por voto directo de los ciudadanos, para un período de cuatro años. Mediante el artículo A transitorio de ese acto legislativo se dispuso que la fecha inicial del siguiente período del Presidente de la República sería el 7 de agosto de 1914. Esa disposición, transitoria, señaló el inicio del período siguiente del Presidente y de los períodos posteriores, hasta hoy. La Constitución vigente en parte alguna señala la fecha de iniciación del período del Presidente, sino sólo, en el artículo 190, que será elegido para un período de cuatro años”. (Se resalta).

Aunque en términos generales el planteamiento anterior es válido en relación con los efectos jurídicos de carácter transitorio, se observa que el mencionado artículo A transitorio de la reforma constitucional de 1910 está derogado por el artículo 380 de la Constitución de 1991, que dejó sin vigor la de 1886 y todas sus reformas. Sin embargo, la fecha de posesión presidencial no cae en un vacío jurídico, como podría pensarse, por cuanto la Ley 4ª de 1913, que en este aspecto se considera vigente, prescribe que dicha posesión tiene lugar el 7 de agosto del año respectivo.

Como conclusión de lo expuesto la Sala encuentra que el período del actual Registrador Nacional del Estado Civil se inició el 1º de octubre de 1994 y concluirá el próximo 30 de septiembre de 1999; en consecuencia, la persona que sea designada para reemplazarlo deberá ejercer el cargo hasta el término del período, es decir, 30 de septiembre del año en curso.

II. Se responde

1. El período del Registrador Nacional del Estado Civil es institucional, la Constitución prevé su duración y la fecha de su iniciación.

2. De acuerdo con la respuesta anterior el actual período del Registrador Nacional del Estado Civil culmina el 30 de septiembre de 1999. Por consiguiente, cualquier nombramiento que se haga dentro de este período se entiende por el resto del mismo.

El período del nuevo registrador que sea nombrado en propiedad, deberá contarse a partir del 1º de octubre de 1999».

(Concepto de febrero 18 de 1999. Radicación 1173. Consejero Ponente: Dr. Augusto Trejos Jaramillo).

ACLARACIÓN DE VOTO

Con toda consideración debo aclarar sobre las respuestas de la Sala, no sin antes advertir que estoy de acuerdo con ellas en el sentido de que el período del Registrador Nacional del Estado Civil es institucional por cuanto su duración y fechas de iniciación y terminación están definidas por la Carta Fundamental; pero debo hacer la advertencia de que en cuanto a la segunda respuesta es necesario puntualizar que la elección de un nuevo registrador en propiedad, va a estar afectada con la situación de que el actual titular fue objeto de designación mediante acto administrativo en firme, expedido por el Consejo Nacional Electoral “por el término de cinco años a partir de su posesión ...” y los posteriores actos administrativos de confirmación y posesión indican idénticos efectos jurídicos, este último señalando que el período de cinco años, va de “el 11 de febrero de 1998 al 10 de febrero del año 2003” con lo cual, la Sala no podía abstenerse de replicar también esta situación, a la cual se hizo referencia únicamente en la parte motiva.

Si bien es cierto la norma superior prevalece sobre cualquier acto administrativo que le sea contrario, la Sala de Consulta se refiere exclusivamente a lo dispuesto por la Carta Política, sin hacer observación acerca de la existencia de acto administrativo, que mientras no sea suspendido, anulado o revocado produce pleno efecto sobre una situación jurídica particular y concreta que comporta la elección en propiedad de Registrador Nacional del Estado Civil, quien ostenta tal carácter con efectos por cerca de cuatro años más.

En síntesis, se preguntó cuál es el régimen constitucional existente y se dio respuesta correcta acerca del que está vigente; sin embargo, el cuestionario se concreta para el caso “del nuevo registrador” en el contexto del período señalado con la Constitución, para puntualizar en la pregunta, “si se entiende que ejercerá el cargo únicamente por el término que restaría al registrador saliente” y este término no está señalado en la Constitución sino en el acto administrativo del Consejo Nacional Electoral que lo entendió a su manera cuando hizo la elección.

Dejo en estos términos aclarado el voto con la complementación de las respuestas que han debido incluirse.

Luis Camilo Osorio Isaza 

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