Concepto 1201 de junio 9 de 1999 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL

IMPUESTOS MUNICIPALES

NO ESTÁ VIGENTE EL IMPUESTO SOBRE TELÉFONOS URBANOS

Consejero Ponente:

Dr. Javier Henao Hidrón

Santafé de Bogotá, D.C., nueve de junio de mil novecientos noventa y nueve.

Ref.: Impuesto sobre teléfonos urbanos. ¿Se encuentra vigente? Radicación número: 1201

El señor Ministro de Hacienda y Crédito Público, doctor Juan Camilo Restrepo, somete a consideración de la Sala la vigencia del impuesto sobre teléfonos, conforme al siguiente formulario:

1. ¿Se encuentra vigente el impuesto sobre teléfonos urbanos autorizado por las leyes 97 de 1913 y 84 de 1915?

2. En caso afirmativo se consulta:

a) ¿Qué debe entenderse por teléfonos urbanos frente a la tecnología actual y a las definiciones legales de telefonía básica fija conmutada, telefonía local móvil en el sector rural, y telefonía móvil celular?

b) ¿A quién se aplicaría dicho gravamen? ¿A los usuarios?, ¿a las empresas de teléfonos?, ¿a ambos?

La Sala considera y responde:

I. Creación del impuesto. El impuesto sobre “teléfonos y telégrafos urbanos” tuvo su origen en la Ley 97 de 1913, al disponer dentro de una lista de determinados impuestos y contribuciones, que el concejo municipal de Bogotá podía crearlo directamente, o sea, sin necesidad de autorización previa de la asamblea departamental —condición establecida por el artículo 196 de la Ley 4ª de 1913— y con el destino que juzgara más conveniente para atender los servicios municipales. La disposición estaba contenida en el artículo 1º, letra i, en donde se incluye el impuesto “sobre empresas de luz eléctrica, de gas y análogas”.

El conjunto de atribuciones tributarias a que se refería la Ley 97 de 1913, en su artículo 1º, letra l —con excepción del impuesto sobre el consumo de tabaco extranjero, de que trata la letra b—, se hicieron extensivas a los restantes concejos municipales del país por la Ley 84 de 1915, pero siempre que las asambleas departamentales les hayan concedido o les concedan en lo sucesivo dichas atribuciones.

II. Situación planteada por el Decreto-Ley 1333 de 1986 (Código de Régimen Municipal). En desarrollo de las facultades extraordinarias conferidas por el artículo 76 de la Ley 11 de 1986, con la finalidad de “codificar las disposiciones constitucionales y legales vigentes para la organización y el funcionamiento de la administración municipal”, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 1333 del mismo año, por el cual se expide el Código de Régimen Municipal.

El mencionado decreto ley reiteró que en su texto se incorporan las normas constitucionales relativas a la organización y funcionamiento de la administración municipal y se codifican las disposiciones legales vigentes sobre las mismas materias (art. 1º, inc. 2º).

Su título X está dividido en dos capítulos, con el fin de regular en el primero los bienes municipales y en el segundo (arts. 171 a 244) los impuestos municipales. En el artículo 172, el código dispuso que los municipios y el distrito especial de Bogotá, “además de los existentes legalmente”, pueden crear los impuestos y contribuciones a que se refieren los artículos siguientes (173 a 244), en donde se regulan los impuestos predial, de industria y comercio y avisos y tableros, de industria y comercio al sector financiero, de circulación y tránsito, de parques y arborización, de espectáculos públicos, a las rentas por el sistema de clubes, de casinos, de degüello de ganado menor, sobre billetes, tiquetes y boletas de rifas y apuestas y premios de las mismas, sobre apuestas mutuas, pro electrificación rural, y la contribución de valorización.

Además del listado anterior, en el acápite “otros impuestos” (art. 233), el legislador extraordinario incorporó los impuestos mencionados por la Ley 97 de 1913 que consideró vigentes y que corresponden a las letras c, g y j del artículo 1º de esta última ley, o sea:

“a) Impuesto de extracción de arena, cascajo y piedra del lecho de los cauces de ríos y arroyos, dentro de los términos municipales, sin perjudicar el laboreo y el aprovechamiento legítimos de las minas y de las aguas;

b) Impuesto de delineación en los casos de construcción de nuevos edificios o de refacción de los existentes, y

c) Impuesto por el uso del subsuelo en las vías públicas y por excavaciones en las mismas”.

Respecto del impuesto de extracción de arena, cascajo y piedra, la Corte Constitucional consideró que estos elementos constituyen recursos naturales no renovables, por lo cual lo declaró exequible pero en forma temporal, al otorgar al Congreso un plazo de cinco años para definir el correspondiente régimen de regalías, pues su explotación no está aún sujeta al pago de esta contraprestación, exigida por el artículo 360 de la Constitución Política (sent. C-221/abr. /97)

Como consecuencia, la expresión “además de los existentes hoy legalmente”, contenida en el referido artículo 172 del Decreto-Ley 1333 de 1986, que podría hacer pensar que los impuestos determinados por el Código de Régimen Municipal no constituyen una enumeración taxativa, deberá interpretarse en relación con el artículo 385, ibídem, de conformidad con el cual “están derogadas las normas de carácter legal sobre la organización y funcionamiento de la administración municipal no codificadas en este estatuto”, expresión con la cual el legislador extraordinario dio un preciso alcance al artículo 76, letra b, de la ley habilitante (L. 11/86). Esta última frase, además, en su oportunidad fue declarada exequible por la Corte Suprema de Justicia (sent. de nov. 13/86).

III. Interpretación normativa. Durante la vigencia de las dos últimas Constituciones Políticas de Colombia, expedidas en los años 1886 y 1991, la capacidad impositiva de los concejos municipales no ha sido autónoma, sino supeditada a normas superiores. Así, en la de 1886, a los concejos correspondía “votar, en conformidad con la Constitución, la ley y las ordenanzas, las contribuciones y gastos locales” (art. 197, atribución 1ª). A partir de 1991, se suprimió la referencia a las ordenanzas, de manera que corresponde a los concejos “votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales” (art. 313, num. 4º).Cuando la Ley 97 de 1913, primero, y después la Ley 84 de 1915, decidieron conferir a los concejos municipales de Bogotá y del resto del país, respectivamente, autorizaciones para crear nuevos impuestos —superando de esta manera las facultades que tenían los municipios en virtud de la Ley 4ª de 1913—, hicieron expresa referencia a que los nuevos tributos se entendían sin perjuicio de los legalmente existentes. La primera de aquellas leyes comienza diciendo: “El Concejo Municipal de la ciudad de Bogotá puede crear libremente los siguientes impuestos y contribuciones, además de los existentes hoy legalmente” (se destaca). Y procede a hacer su enumeración: el de expendio a los consumidores de licores destilados, sobre el consumo de tabaco extranjero, el de extracción de arena, cascajo y piedra, sobre el servicio de alumbrado público, sobre el barrido y limpieza de las calles, el de patentes sobre vehículos en general, el de delineación, el de tranvías, el de colocación de avisos, sobre carbón mineral, por el uso del subsuelo, y sobre “telégrafos y teléfonos urbanos, sobre empresas de luz eléctrica, de gas y análogas”.

De modo que la expresión “además de los existentes hoy legalmente”, referida a impuestos y contribuciones, es original de la Ley 97 de 1913 y lo que hace el Decreto-Ley 1333 de 1986 es reproducirla en forma textual al proceder a compilar las disposiciones vigentes, de carácter legal, para la organización y funcionamiento de la administración municipal.

Al momento de entrar en vigencia el Código de Régimen Municipal (mayo 14/86, Diario Oficial 37.466), los impuestos municipales son los que allí se enumeran y describen. La lista incluye “los existentes hoy legalmente” y aquellos a que se refiere la Ley 97 de 1913 que se estimaron vigentes, es decir, los contenidos en las letras c, g y j de su artículo 1º. Los demás quedaron derogados tácitamente, por considerarse que habían perdido vigencia, de conformidad con el artículo 385 de dicho código.

Entre los no codificados por el Decreto-Ley 1333 de 1986, se encuentra el impuesto “sobre telégrafos y teléfonos urbanos”, que gravaba a los usuarios, así como el impuesto “sobre empresas de luz eléctrica, de gas y análogas”, que gravaba a las respectivas empresas como unidades de explotación económica. Ambos impuestos, por consiguiente, están derogados.

La insubsistencia del impuesto de teléfonos urbanos hace innecesaria la referencia a la pregunta número 2, formulada por el consultante y relacionada con la telefonía en sus distintas modalidades tecnológicas.

Con todo, lo expuesto deberá entenderse sin perjuicio de la autorización conferida a los concejos municipales y distritales por la Ley 181 de 1995 para crear rentas con destino al deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre, a fin de fortalecer las finanzas de los entes deportivos municipales o distritales (art. 75, num. 3º del aparte 3º).

IV. Se responde

El impuesto sobre teléfonos urbanos autorizado por las leyes 97 de 1913 y 84 de 1915, no se encuentra vigente. La normatividad que actualmente rige sobre impuestos municipales es la contenida en el Código de Régimen Municipal (D. L. 1333/86) y en las leyes posteriores que específicamente se refieran a la materia.

Transcríbase al señor Ministro de Hacienda y Crédito Público. Igualmente, envíese copia a la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República.

Javier Henao Hidrón, Presidente de la Sala—César Hoyos Salazar—Luis Camilo Osorio Isaza—Augusto Trejos Jaramillo.

Elizabeth Castro Reyes, Secretaria de la Sala.

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