Concepto 1273 de marzo 23 de 2000 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL

Rad.: 1273

Consejero Ponente:

Dr. César Hoyos Salazar

Ref.: Departamento Administrativo de Seguridad, DAS. Función de seguridad nacional. Información reservada.

Santafé de Bogotá, D.C., veintitres (23) de marzo de dos mil (2000).

El señor director del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, Teniente Coronel Germán Gustavo Jaramillo Piedrahita, solicita a la Sala se emita un concepto jurídico sobre la reserva de la información que reposa en ese departamento administrativo, en relación con los antecedentes penales de cualquier ciudadano.

1. Consideraciones

1.1. El Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, y la seguridad nacional. En el Concepto 938 del 30 de enero de 1997, la Sala se refirió a la noción de seguridad nacional, en los siguientes términos:

“El ramo de seguridad, perteneciente a la administración pública, comprende las actividades que velan por la seguridad de los habitantes del territorio del Estado. Su finalidad es la de detectar las amenazas que puedan perturbar el orden público, afectar intereses nacionales o desestabilizar las instituciones políticas vigentes. Por tanto, tiene un carácter eminentemente preventivo. A su servicio se encuentran la Policía Nacional y el Departamento Administrativo de Seguridad, DAS”.

(...).

Al Departamento Administrativo de Seguridad corresponde, esencialmente, actuar como cuerpo civil de inteligencia y producir la información interna y externa que requiere el Estado para prevenir y reprimir los actos que perturben la seguridad o amenacen la integridad del régimen constitucional (D. 2110/92).

(...).

La Constitución Política de 1991 se refiere a la seguridad del Estado como una de las causales que, conjuntamente con la estabilidad institucional y la convivencia ciudadana, puede dar lugar a la perturbación grave del orden público y consiguiente declaración por el gobierno nacional del estado de conmoción interior, cuando se atente, de manera inminente contra ella y el ataque no pueda ser conjurado mediante el uso de las atribuciones ordinarias de las autoridades de policía (art. 213).

De manera similar emplea la expresión seguridad nacional en su artículo 350, para disponer que en el presupuesto estatal (ley de apropiaciones) el componente denominado gasto público social tendrá prioridad sobre cualquier otra asignación, excepto “en los casos de guerra exterior o por razones de seguridad nacional”.

(...).

De manera que, aunque disimiles, los conceptos de seguridad y de defensa nacional se complementan para el cumplimiento de fines esenciales del Estado, como que ambos conforman sectores de la administración pública íntimamente relacionados. Al sector seguridad corresponde “asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo”, mientras que al sector defensa compete “defender la independencia nacional y mantener la integridad territorial”, para utilizar expresiones que pertenecen a la terminología empleada por el artículo 2º de la Constitución. Por lo demás, la primera noción implica un campo de acción de naturaleza preventiva, encomendado a instituciones y cuerpos de naturaleza civil; la segunda requiere de medidas de protección e inclusive acciones de carácter bélico, para lo cual se han organizado instituciones y cuerpos de naturaleza militar”.

Una de las misiones fundamentales del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, como se ha expresado y de hecho se refleja en su denominación, ha sido la seguridad nacional.

Desde su creación en 1960, cuando mediante el Decreto 1717 de ese año, el Gobierno Nacional dispuso crearlo en sustitución del llamado Servicio de Inteligencia Colombiano, SIC, el DAS ha desempeñado su labor en el campo de la seguridad nacional.

Precisamente, el Decreto 218 del 15 de febrero del año 2000, que modificó la estructura del DAS y derogó el Decreto 2110 de 1992 (expedido dentro de la llamada modernización del Estado), establece en el artículo 1º que el sector administrativo de inteligencia y seguridad del Estado está integrado por el Departamento Administrativo de Seguridad, y en el artículo 2º dispone:

Objeto. El Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, tiene como objeto primordial la formulación y adopción de las políticas, planes generales, programas y proyectos del sector administrativo.

En desarrollo de sus objetivos el Departamento Administrativo de Seguridad producirá la inteligencia que requiere el Estado, como instrumento de gobierno para la toma de decisiones y la formulación de políticas relacionadas con la seguridad interior y exterior del Estado, de conformidad con lo preceptuado en la Constitución Política de Colombia”.

Luego, el artículo 3º enumera las funciones de este departamento administrativo, dentro de las cuales menciona la de “producir la inteligencia de Estado que requiere el Gobierno Nacional para garantizar la seguridad nacional interna y externa del Estado colombiano” (num. 1º) y la de “obtener y procesar información en los ámbitos nacional e internacional, sobre asuntos relacionados con la seguridad nacional, con el fin de producir inteligencia de Estado, para apoyar al Presidente de la República en la formulación de políticas y la toma de decisiones” (num. 2º).

Adicionalmente, el mismo artículo, en el numeral 13, le atribuye como función, la de “llevar los registros delictivos y de identificación nacionales, y expedir los certificados judiciales, con base en el canje interno y en los informes o avisos que deben rendir oportunamente las autoridades judiciales de la República”.

El Decreto 218 del año en curso trae, en su parte final, una serie de definiciones para distinguir los conceptos de seguridad, en la siguiente forma:

“ART. 31.—Seguridad nacional. Es el grado relativo de garantía que ofrece el Estado a sus asociados, para la consecución y mantenimiento de los objetivos nacionales, a partir de la identificación y caracterización de factores de alteración que se manifiestan en sus ámbitos de seguridad interna y externa. Esta, es en esencia, una función política que involucra acciones sociales, económicas y políticas.

ART. 32.—Seguridad interna. Es un aspecto de la seguridad nacional que se define como la garantía que ofrece el Estado a sus asociados, para la consecución y mantenimiento de los objetivos nacionales a partir de acciones políticas, económicas y sociales, que permitan conjurar y superar los factores internos de alteración.

ART. 33.—Seguridad externa. Es un aspecto de la seguridad nacional que se define como la garantía que ofrece el Estado a sus asociados, para la consecución y mantenimiento de sus objetivos nacionales a partir de acciones políticas, económicas y sociales, que permitan conjurar y superar factores externos de alteración en el marco de sus relaciones con la comunidad internacional.

ART. 34.—Seguridad pública. Es la garantía que el Estado le proporciona a sus asociados, con el propósito de asegurar el orden público, contra todo tipo de violaciones que atenten contra la seguridad individual y comunitaria, esto es, el ámbito de la seguridad ciudadana”.

Ya en cuanto a la denominada inteligencia de Estado, el artículo 36 del Decreto 218 la define como el “conjunto de acciones estratégicas que ofrecen al Presidente de la República los instrumentos de gobierno necesarios para la toma de decisiones y la formulación de políticas relativas a la seguridad nacional, como garantía fundamental del Estado, para el logro y mantenimiento de los objetivos nacionales”.

Esta relación estrecha del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, con la seguridad nacional, tiene una incidencia grande en cuanto a la información que maneja y procesa esta entidad estatal, ya que, de manera general, se le confiere el carácter de reservada, para proteger el eficaz desempeño de esa función.

1.2. El carácter reservado de la documentación que maneja el Departamento Administrativo de Seguridad, DAS. Una especie del derecho de petición que, en general, reconoce el artículo 23 de la Constitución a toda persona, lo constituye el acceso a los documentos públicos, que otorga el artículo 74 de la misma, el cual hace la salvedad de “los casos que establezca la ley”.

Uno de tales casos es el de los documentos que guarden relación con la seguridad nacional, tal como lo preceptúa el artículo 12 de la Ley 57 de 1985, que vino a modificar el artículo 19 del Código Contencioso Administrativo en estos términos:

“Toda persona tiene derecho a consultar los documentos que reposen en las oficinas públicas y a que se le expida copia de los mismos, siempre que dichos documentos no tengan carácter reservado conforme a la Constitución o la ley, o no hagan relación a la defensa o seguridad nacional”.

Precisamente, en este mismo orden de ideas, existen varias normas que de manera específica para el DAS, le confieren reserva a los documentos que maneja y que posee en sus archivos.

En primer lugar, el artículo 40 del Decreto 218 de 2000 que prescribe:

Reserva. Por la naturaleza de las funciones que cumple el Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, en la salvaguarda de la seguridad nacional, los documentos, mensajes, grabaciones, fotografías y material clasificado del departamento, tienen carácter secreto o reservado. En consecuencia, no se podrán compulsar copias ni duplicados, ni suministrar datos relacionados con ellos. El servidor público que indebidamente los dé a conocer incurrirá en causal de mala conducta, sin perjuicio de las sanciones penales a que haya lugar.

Los ex funcionarios del Departamento Administrativo de Seguridad que revelen información sujeta a reserva, serán acreedores de las sanciones civiles y penales a que haya lugar” (negrillas no son del texto original).

Adicionalmente, el artículo 39 del mismo decreto, referente a la búsqueda de informaciones y de documentos por parte del DAS sobre hechos, personas y organizaciones que puedan menoscabar la seguridad nacional, dispone que el DAS “mantendrá y garantizará la reserva de los documentos públicos e informaciones a los que acceda, que de acuerdo con la ley tengan ese carácter”.

De la misma manera, según el artículo 48 del decreto aludido, “los actos y providencias que expida el director del departamento para el pago de recompensas estarán amparados por la reserva legal”.

Ahora bien, en relación con los antecedentes penales, conviene precisar que de acuerdo con el artículo 248 de la Constitución, “únicamente las condenas proferidas en sentencias judiciales en forma definitiva tienen la calidad de antecedentes penales y contravencionales en todos los órdenes legales”.

Este principio se encuentra igualmente establecido en el artículo 12 del Código de Procedimiento Penal.

El DAS tiene dentro de sus funciones, como se mencionó, según el numeral 13 del artículo 3º del Decreto 218 de 2000, la de “llevar los registros delictivos y de identificación nacionales y la de expedir los certificados judiciales”, las cuales ha cumplido de tiempo atrás, con base en el Decreto 2398 de 1986 “por el cual se dictan normas sobre reseña delictiva, cancelación de antecedentes y expedición de certificados judiciales y de policía”.

En el caso de estos archivos, existe una norma específica de reserva de los mismos, en el artículo 2º del citado decreto, el cual establece:

“Los archivos son de carácter reservado, y en consecuencia el Departamento Administrativo de Seguridad, sólo expedirá previa solicitud escrita, certificados o informes de las anotaciones contenidas en eIlos, así:

a) A los peticionarios de sus respectivos registros;

b) A los funcionarios judiciales y de policía que adelanten investigación referente a la persona de quien solicitan, y

c) A las autoridades administrativas que necesiten conocer los antecedentes de personas llamadas a ejercer cargos públicos.

PAR.—Para proceder a lo dispuesto en el literal a) del presente artículo dicha solicitud deberá contener los nombres y apellidos completos del peticionario y el número y lugar de expedición del documento de identidad”.

Como se advierte, el principio general es que la información de los archivos que posea el DAS es reservada y, en consecuencia, no es procedente su consulta o la entrega de copias o fotocopias de la misma a personas que la soliciten en uso del derecho de petición, con tres excepciones puntuales para Ia expedición de certificados o informes de las anotaciones allí contenidas, a saber: a) la del peticionario de su propio registro, tal como lo establece el artículo 15 de la Constitución Política, b) la del funcionario judicial o de policía que requiera la información de una persona para una investigación sobre ella, y c) la de la autoridad administrativa que necesite la información sobre una persona llamada a ejercer un cargo público.

Esta última excepción, se encuentra modificada por el artículo 17 del Decreto anti-trámites 2150 de 1995, en el sentido de que para tal solicitud de antecedentes judiciales o de policía, por parte de la entidad estatal, se requiere la autorización escrita del ciudadano nombrado.

2. La Sala responde

La información que posee el Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, es reservada, de manera que no es procedente facilitar la consulta de los documentos que tiene en sus archivos o expedir copia de los mismos, a cualquier persona.

No obstante, es procedente atender la solicitud de certificados o informes sobre las anotaciones contenidas en los archivos que tiene el DAS, cuando se trate del peticionario de su respectivo registro, o de un funcionario judicial o de policía para una investigación sobre determinada persona, o de una entidad estatal, para conocer los antecedentes judiciales y de policía de una persona que ha sido llamada a desempeñar un cargo público, siempre y cuando tenga la autorización escrita de esa persona.

Transcríbase al señor director del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS. Igualmente, envíese copia a la secretaría jurídica de la Presidencia de la República.

Magistrados, Flavio Augusto Rodríguez Arce—César Hoyos Salazar—Luis Camilo Osorio Isaza—Augusto Trejos Jaramillo—Elizabeth Castro Reyes, secretaria de la Sala.

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