Concepto 14038 de abril 16 de 1998 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

•SALA DE CASACIÓN PENAL

IRRETROACTIVIDAD DE LA EXTRADICIÓN

SÓLO AMPARA A LOS COLOMBIANOS POR NACIMIENTO

EXTRACTOS:«Es necesario establecer, previamente, si por tratarse de delitos cometidos antes de la vigencia del Acto Legislativo Nº 1 del 16 de diciembre de 1997, promulgado el 17 del mismo mes y año, reformatorio del artículo 35 de la Constitución Política, es viable o no la misma, en razón a que el último inciso del precepto citado señala su improcedencia para hechos cometidos con antelación a su vigencia.

En efecto, el nuevo texto constitucional reza:

“La extradición se podrá solicitar, conceder u ofrecer de acuerdo con los tratados públicos y, en su defecto, con la ley.

Además, la extradición de los colombianos por nacimiento se concederá por delitos cometidos en el exterior, considerados como tales en la legislación penal colombiana. La ley reglamentara la materia.

La extradición no procederá por delitos políticos.

No procederá la extradición cuando se trate de hechos cometidos con anterioridad a la promulgación de la presente norma”.

Frente a la norma transcrita surge inquietud en cuanto que el legislador, respecto de la llamada no retroactividad, no distinguió si la misma únicamente cobija a los nacionales por nacimiento o se extiende a los extranjeros, tema que por su importancia será objeto de la atención de la Sala.

Desde ya la Corte manifiesta que no cabe duda que la modificación constitucional objeto de estudio no contempló, en su excepción de no retroactividad, a los extranjeros. Tal conclusión surge luego del análisis teleológico e histórico del acto legislativo. En efecto, jamás en nuestra legislación se ha cuestionado la procedencia de la extradición de los extranjeros ni, por ende, han existido normas que la prohíban o restrinjan, salvo cuando se trata de delitos políticos, sin que el acto legislativo citado sea la excepción.

Así, partiendo de la Ley 19 del 18 de octubre de 1890 (Código Penal), tenemos que ésta permitía la extradición no solo de extranjeros, sino también de nacionales, por cuanto que el artículo 18 no hacía distinción alguna. Textualmente la norma decía:

“No es permitida la extradición por delitos políticos. Por delitos comunes, y a falta de tratados o convenios, se permite, cuando el máximo de la pena aplicable exceda de cinco años de presidio o reclusión, y el mínimo rebaje de cuatro.

Si el mínimo rebaja de cuatro y el máximo excede de cinco, se concederá la extradición por el gobierno, en los casos que, a su juicio, sean graves”.

La Ley 24 de 1936 mantuvo el mismo criterio, es decir, permitió extraditar tanto extranjeros como nacionales, por delitos comunes.

Dicha norma contenía el siguiente texto:

“ART. 1º—Es permitida la extradición de los sentenciados, procesados o sindicados como responsables de cualquier acto que constituya delito común según la ley colombiana.

ART. 3º—Es potestativo del gobierno entregar o no a los nacionales. Cuando el Gobierno decidiere la no entrega, el individuo requerido deberá ser juzgado con arreglo a las leyes de la República por el hecho que se le impute, si éste reúne las condiciones señaladas en el ordinal a) del artículo anterior”.

La vigencia de la anterior normatividad fue muy corta en lo que hace referencia a la extradición de nacionales, por cuanto que al entrar a regir, el 1º de enero de 1937, la Ley 95 de 1936 (Código Penal), se consagró de modo imperativo, en el inciso 3º del artículo 9º, la prohibición de extraditar a los colombianos, al margen de lo que estuviera previsto en los tratados públicos.

“No se concederá la extradición de colombianos ni la de delincuentes político-sociales”.

Esta codificación, que tuvo vigencia durante varios lustros, fue derogada por el Decreto 100 de 1980, actual Código Penal, que en su artículo 17 consagró expresamente la posibilidad de extraditar nacionales, pero únicamente acorde con los tratados internacionales, prohibiéndose al Gobierno Nacional ofrecerla.

“La extradición de colombianos se sujetará a lo previsto en tratados públicos.

En ningún caso Colombia ofrecerá la extradición de nacionales ni concederá la de los sindicados o condenados por delitos políticos”.

Como se puede observar hay dos aspectos de este instituto que han permanecido inalterados a través de la evolución legislativa del país, cuales son: su improcedencia para delitos políticos y su permisión cuando se trata de extranjeros.

Lo que ha sido materia de controversia y, por lo mismo, objeto de cambios legislativos, según el criterio dominante, ha sido la extradición de nacionales.

La controversia no escapó a la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, la que argumentando la necesidad de pacificar el país, de salvaguardar la soberanía nacional y de garantizar a los colombianos el derecho a ser juzgados por sus jueces naturales, con sus propias leyes e idioma, prohibió la extradición de los colombianos por nacimiento y, además, constitucionalizó la prohibición, que siempre ha estado consagrada en la legislación, de extraditar extranjeros por delitos políticos (art. 35).

En el año de 1997, por razones políticas y de conveniencia nacional e internacional y por la necesidad de cooperar más eficazmente en la lucha contra el crimen multinacional organizado, por iniciativa tanto, del Congreso como del Gobierno Nacional se consideró oportuno modificar la citada norma constitucional, en el sentido de permitir la extradición de los colombianos por nacimiento.

Por ello, se presentaron varios proyectos de acto legislativo que buscaban reformar el artículo 35 de la Constitución Política, cuyo contenido no es del caso detallar.

En sesiones plenarias llevadas a cabo el 22 de mayo y el 19 de junio de 1997, se aprobó el siguiente texto:

“La extradición se solicitará, concederá u ofrecerá por delitos cometidos total o parcialmente en el extranjero de acuerdo con los tratados públicos o en su defecto por la ley colombiana.

La extradición no procederá por delitos políticos o de opinión, o conexos con éstos, o si el nacional colombiano voluntariamente se somete a la justicia, salvo que incurra en nuevos delitos que den lugar a la extradición, lo mismo que en los siguientes casos:

Prescripción de la acción penal o de la pena y cosa juzgada o cuando se trate de hechos cometidos con anterioridad a la vigencia del respectivo tratado.

Al suscribir tratados internacionales se prevendrá que el país requirente no podrá imponer al extraditado la pena de muerte, ni una superior a la establecida por la ley colombiana, ni someterlo a tortura o tratamientos infamantes”. (Gaceta del Congreso Nº 165 y 237 ).

Este proyecto fue sufriendo modificaciones a lo largo de los debates hasta quedar en el que finalmente fue acogido.

De todos modos, tanto en la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, como al discutirse el proyecto que dio lugar al Acto Legislativo 1 del 16 de diciembre de 1997, reformatorio del artículo 35 de la C.P., las deliberaciones únicamente versaron sobre la extradición de los nacionales, pues con relación a los extranjeros, siempre ha habido acuerdo, lo que explica la constancia de la normatividad al respecto.

Es más, de manera expresa algunos congresistas sostuvieron que la reforma objeto de estudio se refería sólo a los nacionales colombianos por nacimiento, descartándose cualquier posibilidad de modificación respecto de los extranjeros. Además, porque aquellos habían sido la razón de la existencia del proyecto de acto legislativo.

Sobre este importante punto, la doctora Piedad Córdoba de Castro, Senadora de la República, al complementar las razones que la llevaron a prohijar la iniciativa sobre extradición de nacionales, expresó:

“Ahora bien, si cada Estado tiene el derecho soberano de juzgar y sancionar las conductas punibles que se cometen en su territorio, sea por parte de sus nacionales o de extranjeros, ante la fuga del delincuente ese derecho se extiende a solicitar su entrega al Estado en donde se refugió —así sea el suyo propio— para que la conducta no quede impune. Tal derecho surge de la solidaridad internacional, del deber moral de los Estados de colaboración, de la necesidad de no convertirse en cómplices del delito.

Nunca se ha discutido que un Estado pueda entregar a los extranjeros que se refugian en su territorio. la discusión surge cuando son sus nacionales quienes luego de violar las leyes de otro Estado, se refugian en su patria”.

(Cita tomada de la obra “Extradición nudo gordiano o Corredizo?”, Editorial Jurídica de Colombia, Estampa Publicidad, marzo de 1997).

En la segunda vuelta de la plenaria del Senado, el 19 de septiembre de 1997, según la Gaceta del Congreso Nº 385, el senador Salomón Náder Náder presentó la siguiente adición al proyecto que por entonces cursaba:

“No procederá la extradición cuando se trata de hechos cometidos con anterioridad a la promulgación de la presente norma”.

(Este inciso había sido negado en la sesión ordinaria del 10 de junio de 1997 de la comisión primera constitucional permanente, primera vuelta, conforme al artículo 135 del reglamento del Congreso, por haber habido empate en la votación).

Esta proposición fue aprobada por 52 Votos de los 76 Congresistas que conformaban el quórum. La inclusión del transcrito precepto hizo suponer a algunos que podría entenderse que allí quedaban incluidos los extranjeros, al punto que el senador Luis Guillermo Giraldo Hurtado expuso:

“Tal como quedó aprobado ese texto, extranjeros que antes de la vigencia de ese acto legislativo en el extranjero hubieran cometido delitos y vengan a Colombia, no van a poder ser extraditados, estamos creando el paraíso universal de los delincuentes extranjeros...”.

Seguidamente, el proponente, doctor Náder Náder, replicó en los siguientes términos:

“Honorable Senador, si se lee el texto que se adicionó, conjuntamente con el texto que se había aprobado, los tres incisos que se habían aprobado, yo me voy a permitir leer el tercer inciso que se aprobó. Además la extradición de los colombianos por nacimiento, se concederá por delitos cometidos en el exterior, considerados como tales en la legislación penal colombiana, la ley reglamentará la materia, la extradición no se aplica para delitos que se cometan, esos es más o menos lo que dice el texto mío. El texto que se aprobó, para delitos cometidos con anterioridad a la fecha de la aprobación de esa, norma, es para nacionales, colombianos nacionales, así lo dice el texto”. (se resaltó).

Aprobada la citada norma, el Gobierno Nacional, a través de su Ministra de Relaciones Exteriores, intervino apoyando la preocupación expuesta por él Senador Giraldo Hurtado. No obstante, oponiéndose a dichas conclusiones, los senadores Carlos Espinosa Facio-Lince y el presidente de la corporación hicieron uso de la palabra con el fin de sentar las siguientes aclaraciones:

Senador Espinosa Facio-Lince:

“Gracias, simplemente para aclarar creo que la Señora Canciller está en un equivoco, aquí únicamente hemos regulado lo relativo a la extradición de nacionales, la de extranjeros no se ha tocado y sigue en el mismo régimen en que se encontraba, así que eso no afecta para nada los tratados suscritos por Colombia y que estén vigentes”.

“Yo quiero reiterar: la aclaración que en su momento hizo el senador Salomón Náder, en el sentido de que el texto que él propuso viene a ser aditivo del inciso segundo, de tal suerte que al hacerse referencia al tema de la retroactividad de la aplicación de esta norma se está refiriendo a nacionales”.

Aceptada la modificación en el Senado y surtido el resto del trámite de rigor, el inciso sobre no retroactividad transcrito quedó incluido en el texto constitucional que hoy nos rige.

Por consiguiente, consultadas la finalidad buscada por la reforma, como fue la de derogar la prohibición de extraditar nacionales colombianos por nacimiento, la evolución histórica de la institución y los antecedentes que precedieron al acto legislativo, no cabe duda para la Sala que la excepción de no retroactividad de la extradición del último inciso del artículo 35 de la Constitución Política sólo hace referencia a ellos, pues como quedó vista, ese fue el espíritu de sus redactores, sin que por nadie se hubiera propuesto ni discutido que se restringiera la extradición de los extranjeros, salvo la limitación ya existente con relación a los delitos políticos, en forma tal que no pueden considerarse incluidas en la disposición personas a quienes no se quiso involucrar y sobre cuya extradición sin restricciones, exceptuados los delitos políticos, siempre ha habido acuerdo y, por lo mismo, permanencia normativa.

Finalmente, en la misma situación de los extranjeros, y por las mismas razones expuestas, se encuentran los colombianos por adopción, en el sentido que la no retroactividad sólo cobija a los colombianos por nacimiento».

(Concepto de abril 16 de 1998. Radicación 14.038. Magistrado Ponente: Dr. Jorge E. Córdoba Poveda).

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