Concepto 1441 de agosto 29 de 2002 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL

PAGO DE IMPUESTOS POR CRUCE DE CUENTAS

APLICACIÓN DEL SISTEMA DEL ARTÍCULO 57 DE LA LEY 550

EXTRACTOS: «El anterior Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural formula a la Sala la siguiente consulta:

“1. ¿Únicamente las empresas que se sometan acuerdos de reestructuración previstos en la Ley 550 de 1999, tienen derecho a solicitar el cruce de cuentas de que trata el artículo 57?

2. ¿Puede una sociedad que está en acuerdo de reestructuración, solicitar el cruce de cuentas de que trata el artículo 57, con una acreencia por compra de cartera a un tercero o la cesión de un crédito que se originó en una relación contractual con la DIAN?

3. ¿Puede una sociedad que no está en acuerdo de reestructuración solicitar el cruce de cuentas de que trata el artículo 57, con una acreencia por compra de cartera a un tercero o la cesión de un crédito que se originó en una relación contractual con la DIAN?

Consideraciones

(...).

Se denomina acuerdo de reestructuración la convención que en los términos de la Ley 550 se celebre a favor de una o varias empresas, con el objeto de corregir deficiencias que presenten en su capacidad de operación y para atender obligaciones pecuniarias, de manera que tales empresas puedan recuperarse dentro del plazo y en las condiciones que se hayan previsto en el mismo. El acuerdo de reestructuración debe constar por escrito, tendrá el plazo que se estipule para su ejecución, sin perjuicio de los plazos especiales que se señalen para la atención de determinadas acreencias, y del que llegue a pactarse en los convenios temporales de concertación laboral previstos en dicha ley. Para la solicitud, promoción, negociación y celebración de un acuerdo de reestructuración, el empresario y sus acreedores podrán actuar directamente o por medio de cualquier clase de apoderados (art. 5º).

En el título IV de la Ley 550 y bajo la denominación de “Régimen tributario”, se dispuso por el legislador que las deudas originadas en retenciones en la fuente por renta, IVA, impuesto de timbre u otros tributos respecto de los cuales el empresario esté obligado a realizar retención en la fuente, no pueden incluirse dentro de las obligaciones tributarias susceptibles de negociarse y de convertirse en bonos de riesgo; igualmente, se previó la exoneración del régimen de renta presuntiva por el término de cinco (5) años a partir de la suscripción del acuerdo de reestructuración, así como el derecho a la devolución de lo que se le hubiere retenido por retención el la fuente sobre ingresos generados a partir del mes siguiente a la suscripción del acuerdo de reestructuración y la suspensión de procesos de cobro coactivo desde que se inicie la negociación.

La ley regula en el artículo 57 el pago de tributos nacionales por contratistas acreedores de la Nación, en los siguientes términos:

“El acreedor de una entidad estatal del orden nacional, podrá efectuar el pago por cruce de cuentas de los tributos nacionales administrados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales con cargo a la deuda a su favor en dicha entidad.

Los créditos en contra de la entidad estatal del orden nacional y a favor del deudor fiscal, podrán ser por cualquier concepto, siempre y cuando su origen sea de una relación contractual.

Por este sistema también podrá el acreedor de la entidad del orden nacional, autorizar el pago de las deudas fiscales de terceros.

PAR. 1º—Los pagos por concepto de tributos nacionales administrados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales a los que se refiere el presente artículo, deberán ceñirse al PAC comunicado por la dirección del tesoro nacional al órgano ejecutor respectivo, con el fin de evitar desequilibrios financieros y fiscales.

PAR. 2º—Los deudores de la DIAN, que a su vez sean acreedores de una entidad del orden nacional y que soliciten la promoción del acuerdo de reestructuración de que trata esta ley, deberán previamente acogerse al cruce de cuentas aquí señalados. Con la solicitud de promoción del acuerdo deberá presentarse la resolución que autoriza el cruce de cuentas de las obligaciones fiscales” (negrillas de la Sala).

Este precepto autoriza al acreedor de una entidad estatal a saldar sus obligaciones tributarias nacionales, mediante el cruce de cuentas, con cargo a la deuda a su favor en dicha entidad.

El derecho de crédito cuyo titular es el deudor fiscal puede ser por cualquier concepto; sólo exige la ley que tenga origen en una relación contractual.

Incluso se admite por el legislador que, por este sistema, el acreedor de la entidad nacional pueda autorizar el pago de las deudas fiscales de terceros, se entiende, con cargo al derecho de crédito a su favor derivado de una relación contractual con dicha entidad.

El régimen parecería exigir, en principio, identidad de sujeto acreedor y deudor, esto es, que quien tenga la calidad de acreedor en una relación jurídica, tenga a su vez la de deudor en otra relación jurídica con el mismo sujeto de derecho; sin embargo, de conformidad con el inciso 3º del artículo 57, se autorizó expresamente que un acreedor de una entidad del orden nacional podía autorizar el pago de deudas fiscales de terceros, por lo que es preciso concluir que tal exigencia de identidad entre acreedor y deudor fiscal no es rígida, de tal manera que el efecto jurídico compensatorio puede surtirse a favor de un sujeto deudor del fisco que no es acreedor de la entidad nacional.

En relación con este tema justamente se formulan las preguntas en la consulta, donde se indaga respecto de dos temas específicos:

— El primero relacionado con empresas que no están en acuerdo de reestructuración y, al efecto, se pregunta si únicamente las empresas que se sometan a acuerdos de reestructuración previstos en la Ley 550 de 1999, tienen derecho a solicitar el cruce de cuentas de que trata el artículo 57 y si, de otra parte, puede una sociedad que no está en acuerdo de reestructuración solicitar el cruce de cuentas de que trata el artículo 57, con una acreencia por compra de cartera a un tercero o la cesión de un crédito que se originó en una relación contractual con la DIAN.

— El segundo tema planteado hace relación con la posibilidad de que una empresa que está en acuerdo de reestructuración pueda cancelar deudas fiscales haciendo el cruce de cuentas de que trata el artículo 57, con una acreencia por compra de cartera a un tercero o la cesión de un crédito que se originó en una relación contractual con la DIAN.

Acerca del primer punto, debe señalar la Sala que el texto de los incisos 1º y 2º del artículo 57 antes trascrito, no limita la posibilidad de pago de las deudas fiscales por el sistema de cruce de cuentas exclusivamente para empresas que se encuentren en procesos de reestructuración; por el contrario, el inciso primero es claro al determinar que todo acreedor de una entidad estatal del orden nacional cuya acreencia tenga origen en una relación contractual, podrá efectuar el pago de deudas fiscales de tributos administrados por la DIAN, mediante el sistema de cruce de cuentas, pago que deberá ceñirse al PAC comunicado por la dirección del tesoro nacional al órgano ejecutor respectivo (entidad deudora), con el fin de evitar desequilibrios financieros y fiscales (par. 1º). Con ello se contribuye a hacer más eficiente el uso de todos los recursos vinculados a la actividad empresarial y a restablecer la capacidad de pago de las empresas, de manera que puedan atender adecuadamente sus obligaciones, como unos de los fines que se propuso el legislador al expedir la Ley 550 de 1999 (art. 2º) y, además, se desarrolla uno de los instrumentos de la intervención estatal determinados en el artículo 3º, numeral 8º, relacionado con la negociación de deudas contraídas con cualquier clase de personas privadas, mixtas y públicas, entre ellas las deudas parafiscales y las deudas fiscales.

En cuanto al procedimiento y con el fin de evitar desequilibrios financieros y contables, los pagos de tributos administrados por la DIAN deben ceñirse al plan anual mensualizado de caja - PAC, para lo cual dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al recibo de la autorización la entidad estatal del orden nacional deudora, debe solicitar a la dirección general de presupuesto público nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el cambio de con a (sic) sin situación de fondos, para tramitarse ante la dirección del tesoro nacional del mismo ministerio el respectivo plan anual mensualizado de caja, PAC, por el monto de la acreencia. Dicho cambio debe comunicarse a la entidad nacional deudora dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la solicitud para que, con base en el mismo, tramite ante la dirección del tesoro la correspondiente modificación del PAC, que debe ajustarse a las metas financieras establecidas por el Confis (L. 550/99, art. 57, par. 1º; D. 2267/01, art. 4º).

Como puede advertirse, este procedimiento exige la correspondiente gestión administrativa de tesorería y presupuestal, indispensable para que los objetivos de la intervención previstos en la ley de reactivación empresarial se cumplan con eficacia y oportunidad, de conformidad con la exigencia constitucional de cumplimiento de la función administrativa (art. 209).

Adicionalmente a lo antes indicado, debe decirse que el inciso 3º del mismo artículo 57 dispone que también por este sistema, cruce de cuentas, podrá un acreedor de una entidad del orden nacional autorizar el pago de deudas fiscales de terceros, previsión que no tendría sentido si se exigiera que solamente se aplicara a empresas en reestructuración, pues justamente si están bajo reestructuración es porque tienen dificultades en sus pagos, por lo cual no resulta lógico que pueda autorizar que con una acreencia a su favor se satisfaga una deuda fiscal de un tercero. Por ello, es preciso concluir que el querer de la ley fue ampliar las posibilidades jurídicas para que el erario obtenga sus acreencias fiscales y, simultáneamente, salde sus deudas con acreedores contractuales.

Otra cosa es que aquellas empresas que soliciten la promoción de un acuerdo de reestructuración, y que deseen acogerse al cruce de cuentas regulado en la norma, deban antes de solicitar la promoción del acuerdo solicitar la aprobación del cruce de cuentas de las obligaciones fiscales (par. 2º). Esto es que, en el caso de los deudores de la DIAN, que además de dicha calidad tengan la de titulares de un derecho de crédito de una entidad del orden nacional, y que soliciten la promoción del acuerdo de reestructuración, tienen que acogerse previamente al cruce de cuentas, a tal punto que a la solicitud de promoción del acuerdo debe presentarse el acto administrativo de autorización del cruce, siguiendo el procedimiento establecido en el Decreto Reglamentario 2267 de 2001.

Conforme con el reglamento del artículo 57 de la Ley 550 (D. 2267/01), es procedente el cruce de cuentas entre deudas claras, expresas y exigibles a la fecha del cruce, a cargo de la entidad estatal del orden nacional, originadas a favor de una persona en una relación contractual en contra de la entidad estatal nacional. La exigibilidad de la deuda implica, por lo demás, la obligación del Estado de honrar su pago y, de no hacerlo, incurriría en mora.

Aquellas se cruzan con las deudas a cargo de la entidad estatal o de un tercero, que sean claras, expresas y exigibles a la fecha del cruce y se encuentren pendientes de pago por concepto de impuestos, retenciones, anticipos, tributos aduaneros y demás derechos de aduana, obligaciones cambiarias, sanciones, intereses de mora y actualizaciones a que haya lugar (art. 2º). La exigibilidad de estas deudas también implica, a su turno, la obligación del contribuyente de honrar su pago.

En este orden de ideas, también resulta lógico y coherente con las previsiones legales que si un deudor fiscal ha adquirido, por compra o cesión, una acreencia de un tercero frente a una entidad estatal del orden nacional y, por lo mismo, ese derecho ha ingresado a su patrimonio, pueda utilizarlo a fin de cancelar una deuda suya con el fisco nacional en desarrollo de la norma del artículo 57 de la Ley 550 de 1999; así, en virtud de dicha compra o cesión, a título traslaticio de dominio, se convirtió en acreedor del ente estatal y, como tal, puede hacer uso de la prerrogativa que la ley le ha dado y realizar el cruce de cuentas correspondiente, en la forma y términos señalados.

En cuanto al segundo tema propuesto en la consulta, la respuesta es igual a la antes señalada: si quien ha hecho adquisición de una acreencia frente a una entidad estatal del orden nacional es una empresa que se propone solicitar la promoción de un acuerdo de reestructuración, por haber ingresado a su patrimonio dicho derecho de acreencia, puede solicitar el cruce de cuentas a fin de cancelar sus propias obligaciones tributarias en los términos del citado artículo 57 de la Ley 550 de 1999.

La Sala responde:

1. No solamente las empresas que se sometan a los acuerdos de reestructuración previstos en la Ley 550 de 1999 tienen derecho a solicitar el cruce de cuentas de que trata el artículo 57; también lo puede solicitar cualquier acreedor de una entidad estatal del orden nacional que desee pagar sus deudas fiscales por concepto de tributos nacionales administrados por la DIAN.

2. Una sociedad que está de acuerdo de reestructuración sí puede solicitar el cruce de cuentas con una acreencia por compra de cartera a un tercero, o la cesión de un crédito que se originó en una relación contractual con la DIAN, siempre y cuando tal compra o cesión implique traslado del dominio del derecho de crédito y previa información a la DIAN, o que se trate de deudas fiscales de terceros, si el pago de éstas es autorizado por el acreedor de la entidad del orden nacional.

3. Una sociedad que no está en acuerdo de reestructuración sí puede solicitar el cruce de cuentas de que trata el artículo 57 de la Ley 550, con una acreencia por compra de cartera a un tercero o la cesión de un crédito que se originó en una relación contractual con la DIAN, precisamente dentro del objetivo regulado por el artículo 57 citado.

Transcríbase al señor Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural. Igualmente, envíese copia a la secretaría jurídica de la Presidencia de la República».

(Concepto de agosto 29 de 2002. Radicación 1441. Consejero Ponente: Dr. Augusto Trejos Jaramillo).

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