Concepto 1445 de octubre 10 de 2002 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL

Rad.: 1445

Ref.: Acto Legislativo 1 de 2002

Consejero Ponente:

Augusto Trejos Jaramillo

Bogotá, D.C., diez de octubre de 2002.

Modificación artículo 96 de la Constitución Nacional

EXTRACTOS: «Conclusiones

De lo expuesto, la Sala encuentra que la nacionalidad es el vínculo político y jurídico entre un Estado y una persona, que hace a ésta sujeto de derechos y obligaciones. De conformidad con las disposiciones del derecho internacional la nacionalidad no se impone, este postulado se basa en el principio de la libertad que tienen los individuos para desligarse de un Estado y adquirir la nacionalidad del país de su preferencia, de ahí que se considere, igualmente, la nacionalidad como un vínculo anímico.

Nuestra Carta Política consagra en el numeral 1º del artículo 96 —modificado por el Acto Legislativo 1 de 2002— que son nacionales colombianos por nacimiento:

a) Los naturales de Colombia —entiéndanse por tales los nacidos dentro de los límites del territorio nacional o en lugares del exterior asimilados al territorio nacional de acuerdo con los tratados o la costumbre internacionales— que cumplan con cualquiera de estas dos condiciones: que el padre o la madre hayan sido naturales o nacionales colombianos, o que siendo hijos de extranjeros, al momento del nacimiento alguno de los padres hubiere estado domiciliado en la República.

b) Los nacidos en tierra extranjera, hijos de padre o madre colombianos, que luego se domicilien o registren en una oficina consular de la República. En este evento, se dan alternativas, el domicilio posterior en el país o el registro en un consulado. Lo que pretendió el legislador con esta reforma fue, como quedó plasmado en una de las ponencias para debate del proyecto de acto legislativo atrás citadas, dar “un viraje en el concepto dominante para reconocer la nacionalidad a los colombianos por nacimiento, privilegiando el derecho de la sangre, sin derogar el derecho del domicilio”.

En tal virtud, para que el hijo de padre o madre colombianos nacido en el exterior tenga derecho a la nacionalidad colombiana, debe optar por una de dos alternativas: a) Domiciliarse en el país o, b) Registrarse en una oficina consular de la República.

Dado la atemporalidad de las normas constitucionales, los hijos de padre o madre colombianos que hayan nacido en el exterior, antes o después de esta fecha, que deseen obtener la nacionalidad colombiana deben optar para ello por alguna de las alternativas descritas en el párrafo anterior.

Por guardar relación con el asunto materia de estudio y conservar vigencia, conviene citar el pronunciamiento de esta Sala respecto de la aplicación del artículo 96 superior tal como aparecía antes de la modificación del Acto Legislativo 1 de 2002. En esa ocasión se dijo:

“Ahora bien, el artículo 3º de la Ley 43 de 1993 estableció cuáles son los documentos idóneos para demostrar la nacionalidad colombiana.

Dispone esta norma lo siguiente:

“De la prueba de la nacionalidad. Para todos los efectos legales se considerarán como pruebas de nacionalidad colombiana, la tarjeta de identidad o la cédula de ciudadanía expedida por la Registraduría Nacional del Estado Civil o el registro civil, para los menores de 7 años acompañado de la prueba de domicilio cuando sea el caso” (negrillas no son del texto original).

En la disposición transcrita, la Sala entiende que la expresión “cuando sea del caso” se refiere a los menores de 7 años que sean hijos de padre o madre colombianos y hubieren nacido en territorio extranjero, quienes acreditan la nacionalidad colombiana con el registro civil acompañado de la prueba de domicilio en el territorio nacional.

Dichos hijos, mientras viven bajo patria potestad, siguen el domicilio de los padres, y los que se hallan bajo tutela o curatela, el del tutor o curador (C.C., art. 88); pero una vez adquieran su mayoría de edad, ellos mismos escogerán su propio domicilio.

(...)

Y, en el artículo 62 el código estatuye:

“Para obtener la cédula de ciudadanía se necesita acreditar la edad de 18 años cumplidos y la identidad personal mediante la presentación ante el Registrador del Estado Civil o su delegado, del registro civil de nacimiento o la tarjeta de identidad, la carta de naturaleza en el caso de los nacionalizados y la de inscripción en el de los hispanoamericanos y brasileños por nacimiento”.

Si la disposición anterior no menciona la prueba del domicilio en el país para la expedición de la tarjeta de identidad o de la cédula de ciudadanía, en el caso de los hijos de padre o madre colombianos nacidos en el extranjero, ¿puede entenderse que no se necesita cumplir ese requisito? Para la Sala es evidente que dicho requisito es de origen constitucional y por ende prevalece lo dispuesto en el artículo 96 de la Constitución Política, esto es, que para expedir la tarjeta de identidad y la cédula de ciudadanía de dichas personas también debe acreditarse el domicilio.

(...)” (11) .

(11) Consulta 1.183 del 22 de abril de 1999.

En cuanto hace al registro civil de nacimiento, en la misma consulta se dijo:

“Para asentar o expedir simplemente el registro civil de nacimiento, se aplicarán las normas pertinentes del Decreto 1260 de 1970, pues dicho registro sólo acredita el nacimiento y por sí solo no es prueba de la nacionalidad colombiana”.

Si bien el Decreto 1260 de 1970 establece el deber de denunciar los nacimientos y solicitar su registro ante el funcionario competente dentro del mes siguiente a su ocurrencia, ello no constituye por sí una obligación, pero sí se hace necesario para acreditar el nacimiento y poder adquirir la respectiva nacionalidad. Cabe señalar que la competencia para registrar los nacimientos depende del lugar donde éstos hayan ocurrido; así, si fue en territorio nacional lo serán: el notario, los registradores municipales del Estado civil en municipios que no sean sede de notaria o en su defecto los alcaldes municipales; si sucedió en el exterior, el competente será el funcionario consular de la República” (C.E., S de Consulta, Conc. 1445, oct. 10/2002, M.P. Augusto Trejos Jaramillo).

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