Concepto 1468 de noviembre 14 de 2002 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL

PENSIONES REGULADAS POR CONVENCIÓN COLECTIVA

APLICACIÓN A EX TRABAJADORES CUANDO CUMPLAN LA EDAD REQUERIDA

Consejero Ponente:

Dr. Flavio Augusto Rodríguez Arce

Ref.: Distrito Capital. Pensión de jubilación de trabajadores oficiales. Cumplimiento de requisitos convencionales con posterioridad a la desvinculación. Procedencia del pago transitorio de mesadas pensionales. Radicación 1.468.

Bogotá, D.C., catorce (14) de noviembre de dos mil dos (2002).

El señor Ministro del Interior, a solicitud del señor Alcalde Mayor de Bogotá, eleva consulta a la Sala en relación con la aplicación de las convenciones colectivas vigentes a trabajadores que al retirarse no habían cumplido el requisito de la edad previsto para el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación, pero sí el del tiempo de servicio. Cita algunas consideraciones del señor Alcalde Mayor, según las cuales una vez cumplida la edad “los ex trabajadores, se han presentado a los respectivos organismos distritales solicitando que les sea reconocida la pensión de jubilación convencional junto con las mesadas adicionales de junio y diciembre a que hace relación la Ley 100 de 1993. Es decir, dichos ex trabajadores pretenden que se les reconozcan beneficios convencionales, sin que se encuentren vigentes sus contratos de trabajo”.

Agrega que la convención colectiva de trabajo suscrita por el Departamento Administrativo de Acción Comunal del Distrito Capital con el sindicato de trabajadores de ese organismo, con vigencia del 1º de enero de 1996 al 31 de diciembre de 1997, dispuso en el artículo 49 que “Para los trabajadores oficiales que salgan a disfrutar pensión de jubilación a partir del 1º de enero de 1991, el DAAC asumirá el pago transitorio de pensiones desde el momento del retiro del servicio, hasta tanto la Caja de Previsión Social Distrital incorpore al trabajador en la nómina de pensionados”. Advierte que el representante legal de la Caja de Previsión Social Distrital —establecimiento público para esa época— no suscribió dicha convención y que ésta, al término de su vigencia, no fue denunciada y hasta la fecha no se ha suscrito entre las partes una nueva, entre otras cosas porque el sindicato de trabajadores oficiales del citado departamento administrativo desapareció, ya que en dicho organismo no existen trabajadores oficiales.

Por su parte el ministerio alude a la Ley 100 de 1993, pues se invocan convenciones suscritas con posterioridad a su vigencia, poniendo de presente que aquélla permite la escogencia libre y voluntaria por parte del trabajador particular o del servidor público de cualquiera de los dos regímenes de pensiones allí establecidos: el solidario de prima media con prestación definida y el ahorro individual con solidaridad, destacando las características de cada uno de ellos.

Señala igualmente que la Ley 100 de 1993 previó una garantía de pensión mínima para aquellos afiliados que no alcanzaran a acumular el capital necesario en su cuenta de ahorro individual para obtener una pensión, y contempló que, en todo caso, en ninguno de los dos regímenes puede existir una pensión inferior al salario mínimo legal vigente.

La comentada ley —añade— determinó que su campo de aplicación cubre todos los habitantes del territorio, salvo las excepciones previstas en el artículo 279 y, según el artículo 128, debían afiliarse obligatoriamente al sistema general de pensiones escogiendo libremente el régimen al cual vincularse: los servidores públicos no afiliados a una caja, fondo o entidad de previsión, los que sí lo estaban en una de las entidades de previsión pero su liquidación se ordenó y los que ingresaran por primera vez a la fuerza laboral; pero si el régimen seleccionado es el de prima media, la afiliación debe ser al ISS, ante la expresa prohibición de crear cajas o fondos de previsión pensional en el sector público, y la sustitución de la Caja Nacional de Previsión por el Fondo Nacional de Pensiones Públicas. Señala, además, que si los servidores públicos se trasladan de una entidad a otra en el sector público y seleccionan el régimen de prima media con prestación definida, la vinculación será al ISS y destaca la fecha del 30 de junio de 1995, en la cual entró a regir el sistema general de pensiones para los servidores públicos de los departamentos, distritos y municipios y de sus entidades descentralizadas.

Con cita de los artículos 467 y 468 del Código Sustantivo de Trabajo y de pronunciamientos de la Corte Constitucional, precisa que la convención colectiva de trabajo, aun cuando puede ser considerada como fuente formal de derecho, no es una verdadera ley, con el valor y la significación que ésta tiene a la luz de los textos constitucionales y del Consejo de Estado, conforme a la cual constituye un acto jurídico plurilateral de contenido normativo, puesto que fija las condiciones que regirán los contratos de trabajo mientras esté vigente.

Finalmente hace alusión a algunos apartes del concepto 1393 de 2002, emanado de esta Sala, en concreto en lo que toca con el sentido y alcance dado a los decretos 1133 y 1808 de 1994 y a los artículos 7º y 8º del Convenio 151 de la OIT.

Con fundamento en las anteriores consideraciones se consulta:

“1. ¿Tienen derecho los mencionados ex trabajadores a que se les reconozca por los diferentes organismos distritales la pensión de jubilación convencional, a pesar de no haber cumplido la totalidad de requisitos exigidos estando al servicio de los mismos, teniendo en cuenta que el artículo 467 del Código Sustantivo de Trabajo en nuestro concepto dispone que las convenciones colectivas de trabajo regulan las condiciones que regirán los contratos de trabajo durante su vigencia?

2. Cómo debe interpretarse el artículo 467 del Código Sustantivo de Trabajo, ¿las convenciones colectivas fijan las condiciones que rigen los contratos de trabajo durante la vigencia de éstos o durante la vigencia de aquellas?

3. En caso de que los mencionados ex trabajadores tuvieren derecho a que se les reconozca la pensión de jubilación convencional, ¿tendrían derecho igualmente a que se les reconozcan las mesadas adicionales consagradas en la Ley 100 de 1993, a pesar de que las mismas no fueron pactadas en convención?

4. ¿No debería entenderse que tienen derecho a las mesadas adicionales aquellos ex funcionarios que se pensionen en forma legal y no extralegal o convencional, a menos que en las respectivas convenciones de trabajo se hubiese pactado algo al respecto?

5. ¿Debe considerarse el pago transitorio establecido en el artículo 49 de la convención colectiva de trabajo del Departamento Administrativo de Acción Comunal Distrital, como una pensión de jubilación extralegal o como un auxilio extralegal?”.

La Sala considera

Son tres básicamente las inquietudes que se plantean en la consulta, a saber: 1) posibilidad de que ex trabajadores del Distrito Capital que cumplieron veinte años de servicio en éste, se beneficien de un régimen pensional convencional, al cumplir la edad de 50 años —exigida en tal régimen— aún si se está por fuera del servicio; 2) En caso afirmativo, si tendrían derecho a las mesadas adicionales, y 3) Naturaleza del pago transitorio de pensión de jubilación reconocido por el artículo 49 de la convención colectiva de trabajo suscrita para la vigencia del 1º de enero de 1996 al 31 de diciembre de 1997, entre el Departamento Administrativo de Acción Comunal del Distrito Capital y el sindicato de trabajadores de esa entidad.

I. Armonización de los regímenes de la Ley 100 de 1993 y de las convenciones colectivas.

Como supuestos que informan el análisis, la Sala destaca que la seguridad social es un derecho inalienable e irrenunciable que persigue asegurar condiciones dignas y justas tanto a los trabajadores como a los pensionados, todos los cuales son afiliados al sistema nacional de seguridad social establecido en la ley. Según la doctrina de la Corte Constitucional si bien el derecho a la seguridad social no es por sí mismo fundamental, puede llegar a serlo en tanto su quebrantamiento vulnere, amenace o ponga en peligro otro derecho que sí la ostente.

En la sentencia T-1752 de 2000 sostuvo la mencionada corporación:

“2.4. La pensión como resultado del trabajo de las personas frente a los principios que regulan el servicio de seguridad social.

Aceptar el carácter de derecho subjetivo que tiene la seguridad social, particularmente en cuanto a la pensión de jubilación, implica reconocer su relación con el derecho al trabajo, en particular, con el reconocimiento del trabajo. La pensión de jubilación no es una simple caridad que se hace a las personas por el simple hecho de haber llegado a determinada edad, sino una contraprestación a la contribución que hizo durante su vida poniendo a disposición de la sociedad su fuerza laboral. La concepción de la seguridad social como una “gracia” fue superada por la jurisprudencia nacional desde la primera mitad del Siglo XX. Fue, además, definitivamente abolida en la Constitución de 1991, no sólo a través de su consagración explícita en el artículo 48, sino en la objetivación del trabajo como principio fundamental del Estado y el reconocimiento de que constituye tanto un derecho como una obligación social (1) . Ello implica que debe existir una relación de equivalencia entre el trabajo que desempeñó una persona durante su vida y la cuantía de su mesada pensional. Esta correspondencia entre el trabajo realizado por una persona durante su vida, y su reconocimiento a través del monto de su pensión, ha sido afirmada en reiteradas oportunidades por esta corporación:

(1) Para un análisis del desarrollo jurisprudencial y constitucional de la pensión como derecho ver Sentencia T-295 de 1999 (M.P. Alejandro Martínez Caballero).

“Empero, la seguridad social que se reclama mediante el reconocimiento de la pensión de vejez, no puede verse como algo independiente o desligado de la protección al trabajo, el cual es garantizado de manera especial en la Constitución, por considerar que es un principio fundante del Estado social del derecho que ella organiza. Como el derecho controvertido nace y se consolida ligado a una relación laboral, en cuyo desarrollo la persona cumplió los requisitos de modo, tiempo de cotización y edad a los cuales se condicionó su nacimiento, es necesariamente derivación del derecho al trabajo” Sentencia T-463 de 1992 (M.P. Jaime Sanín Greiffenstein). (...).

“De otro lado, la pensión de jubilación viene a reemplazar lo que recibía el trabajador en su vida activa por concepto de salarios y es también una forma de recompensar a la persona por su esfuerzo, durante una etapa de su vida en que las condiciones de vigor y salud se ven disminuidas. Las mesadas correspondientes son por lo común el único ingreso que tiene el antiguo trabajador, lo cual implica que el retraso en su pago ocasiona serios traumatismos en la economía familiar y con frecuencia afecta el mínimo vital del pensionado y de su familia”. (resaltado fuera de texto) Sentencia T-1001 de 1999 (M.P. José Gregorio Hernández).

De tal modo, la mesada pensional que recibe una persona al jubilarse, como reconocimiento de la labor realizada durante su vida laboral, constituye una garantía específica del derecho al trabajo”.

A continuación, resulta pertinente armonizar la Ley 100 de 1993 —en lo que toca con pensiones— con el régimen de las convenciones colectivas de trabajo, toda vez que del texto de la consulta se desprende este tema.

Sea lo primero señalar que la Ley 100 de 1993 creó un nuevo sistema de pensiones que transformó la seguridad social en el país y otorgó a los servidores públicos alternativas, concretadas en dos regímenes solidarios excluyentes pero que coexisten, a saber: régimen solidario de prima media con prestación definida y régimen de ahorro individual con solidaridad —artículo 12— (2) .

(2) En distintas sentencias la Corte Constitucional ha sostenido que la seguridad social asume el carácter de derecho fundamental cuando su desconocimiento puede conllevar a la violación de otros derechos y principios fundamentales como la vida, la integridad física. el libre desarrollo de la personalidad de las personas de la tercera edad y la dignidad humana. Sentencias T-426, T-471, T-491, T-534, T-571 de 1992, T-011, T-111, T-116, T-124, T-356, T-446, T-447, T-478, T-516 de 1993, T-111 de 1994 y T-347 de 1994, entre otras.

El artículo 10 de la ley en comento dispuso que “el sistema general de pensiones tiene por objeto garantizar a la población, el amparo contra las contingencias derivadas de la vejez, la invalidez y la muerte, mediante el reconocimiento de las pensiones y prestaciones que se determinan en la presente ley, así como propender por la ampliación progresiva de cobertura a los segmentos de población no cubiertos con un sistema de pensiones”.

Las características del sistema están definidas en el artículo 13 ibídem, dentro de las cuales se destacan: afiliación obligatoria, salvo lo previsto para los trabajadores independientes; selección libre y voluntaria de cualquiera de los regímenes por parte del afiliado; derecho al reconocimiento y pago de las prestaciones y de las pensiones de invalidez, vejez y sobrevivientes, conforme a lo dispuesto en la ley; posibilidad de escoger el régimen de pensiones que se prefiera; reconocimiento de las referidas prestaciones con base en las semanas cotizadas o en el capital acumulado, según el régimen; garantía a los afiliados de una pensión mínima; imposibilidad de recibir simultáneamente pensiones de invalidez y de vejez; control y vigilancia de la Superintendencia Bancaria a las entidades administradoras de estos regímenes.

En cuanto al campo de aplicación el artículo 11 ibídem consagra:

“El sistema general de pensiones, con las excepciones previstas en el artículo 279 de la presente ley, se aplicará a todos los habitantes del territorio nacional, conservando adicionalmente todos los derechos, garantías, prerrogativas, servicios y beneficios adquiridos y establecidos conforme a disposiciones normativas anteriores para quienes a la fecha de vigencia de esta ley hayan cumplido los requisitos para acceder a una pensión o se encuentren pensionados por jubilación, vejez, invalidez, sustitución o sobrevivientes de los sectores público, oficial, semioficial, en todos sus órdenes, del Instituto de Seguros Sociales y del sector privado en general.

Para efectos de este artículo se respetaran y por tanto mantendrán su vigencia los derechos adquiridos conforme a disposiciones normativas anteriores, pacto o convención colectiva de trabajo.

Lo anterior será sin perjuicio del derecho de denuncia que le asiste a las partes y que el tribunal de arbitramento dirima las diferencias entre las partes” (3) . (se destaca)

(3) A su turno el artículo 146 ibídem, trató lo relativo a situaciones jurídicas individuales definidas por disposiciones municipales o departamentales, en estos términos: las situaciones jurídicas de carácter individual definidas con anterioridad a la presente ley, con base en disposiciones municipales o departamentales en materia de pensiones de jubilación extralegales a favor de empleados o servidores públicos o personas vinculadas laboralmente a las entidades territoriales o a sus organismos descentralizados, continuarán vigentes. // También tendrán derecho a pensionarse con arreglo a tales disposiciones, quienes con anterioridad a la vigencia de este artículo, hayan cumplido (o cumplan dentro de los dos años siguientes —aparte declarado inexequible, Sent. C-410/97—) los requisitos exigidos en dichas normas. // Lo dispuesto en la presente ley no afecta ni modifica la situación de las personas a que se refiere este artículo. Las disposiciones de este artículo regirán desde la fecha de la sanción de la presente ley”.

Frente al tema concreto de las convenciones colectivas, es necesario destacar lo siguiente:

El inciso 1º del artículo 55 constitucional garantiza el derecho de negociación colectiva para regular las relaciones laborales, con las excepciones que señale la ley, el cual constituye un medio para dirimir conflictos colectivos y reglamentar los vínculos de trabajo (4) . El artículo 53 ibídem, en su inciso final, dispone “... La ley, los contratos, los acuerdos y convenios de trabajo, no pueden menoscabar la libertad, la dignidad humana ni los derechos de los trabajadores...” (5) .

(4) Según el artículo 2º del Convenio 154 sobre el fomento de la negociación colectiva, adoptado en la 67 reunión de la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo, Ginebra, con fecha 19 de junio de 1981, aprobado por el Congreso de la República de Colombia, mediante la Ley 524 de 1999, “...la expresión ''negociación colectiva'' comprende todas las negociaciones que tienen lugar entre un empleador, un grupo de empleadores o una organización o varias organizaciones de empleadores, por una parte, y una organización o varias organizaciones de trabajadores, por otra, con el fin de: a) fijar las condiciones de trabajo y empleo, o b) regular las relaciones entre empleadores y trabajadores, o c) regular las relaciones entre empleadores o sus organizaciones y una organización o varias organizaciones de trabajadores, o lograr todos estos fines a la vez”.

(5) En sentencia del 4 de diciembre de 1995, expediente 7964, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, precisó: “En efecto, esta disposición constitucional consagra un principio clásico del derecho laboral, valga decir el que se ha denominado de la condición más beneficiosa, cuyo sentido es el de preservar, más que los derechos adquiridos, el régimen favorable a los trabajadores contenido en las diversas fuentes jurídicas formales, frente a la reforma de dicho régimen. Este principio no es absoluto y en manera alguna conduce al anquilosamiento de la normatividad laboral, pues de lo que se trata es de proteger al trabajador que construye su vida y la de su familia alrededor de unas expectativas económicas y jurídicas generadas en su propia labor, de manera que un cambio desfavorable de esas expectativas sólo es humana y jurídicamente admisible, cuando en cada caso concreto medien serias circunstancias justificantes, verbigracia el interés general reconocido, la supervivencia de la empresa o de los empleos que ella ofrece, lo inequitativas y exorbitantes de las prestaciones en juego, la imprevisión y el ostensible cambio de las circunstancias en las cuales han de cumplirse las obligaciones laborales”.

La Ley 100 de 1993, en desarrollo del artículo 48 de la Carta, regula el sistema de seguridad social integral y establece determinados requisitos para la obtención de las pensiones, incluida la edad, sin perjuicio del régimen de transición previsto en el artículo 36 (6) . Si bien, en principio, ella consagra un régimen general y único en materia pensional, prevé unas excepciones en el artículo 279; su aplicación se entiende pro futuro y extendida a todos los habitantes del territorio nacional; contempla el respeto de los derechos adquiridos con fundamento en pactos o convenciones colectivas; ordena que el sistema, con cargo a las cotizaciones previstas en dicha ley, pagará de manera exclusiva las prestaciones consagradas en ella y que con los recursos destinados al pago de las demás prestaciones legales para el sector público se constituyan patrimonios autónomos administrados por encargo fiduciario y, en el caso de pactarse convenciones en condiciones diferentes a las establecidas en dicha ley, ellas “deberán contar con los recursos respectivos para su garantía, en la forma que lo acuerden empleadores y trabajadores” —artículo 283 ibídem—.

(6) Decreto 691 de 1994, artículo 4º: “Régimen de transición. Los servidores públicos que seleccionen el régimen de prima media con prestación definida, estarán sujetos al régimen de transición establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y demás disposiciones que lo reglamenten Decreto 1068 de 1995, artículo 6º —“Régimen de transición. Los servidores públicos del orden departamental “municipal y distrital, que seleccionen el régimen de prima media con prestación definida, estarán sujetos al régimen de transición previsto por el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y sus reglamentos. // Para efectos del cumplimiento de los requisitos de que trata el inciso 2º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, el momento de entrada en vigencia del sistema general de pensiones, será: // La fecha en que entró a regir el sistema, determinada en el acto administrativo emitido por el respectivo gobernador o alcalde. 2. El 30 de junio de 1995.

Esto significa que para los trabajadores oficiales el legislador dejó abierta la posibilidad de establecer condiciones diferentes a las legales y por lo mismo las establecidas al respecto por el legislador necesariamente tienen la calidad de mínimas, pues pueden ser superadas por acuerdo entre las partes de la relación laboral.

A su vez, el artículo 150, numeral 19, literal f de la Carta dispone que el Congreso de la República expide la ley marco a la cual debe someterse el gobierno nacional para fijar el régimen de prestaciones sociales mínimas de los trabajadores oficiales y el artículo 4º del Decreto 1919 de 2002, dispone que el régimen de prestaciones sociales mínimas aplicables a los trabajadores oficiales vinculados a las entidades territoriales es el consagrado para los empleados públicos de la Rama Ejecutiva del orden nacional. Las normas en cita que consagran las demás prestaciones legales, contienen el mínimo de derechos y garantías consagradas a favor de los trabajadores oficiales y conforme el artículo 53 de la Constitución Política no produce efecto alguno cualquier estipulación que afecte o desconozca este mínimo. Por lo demás, “las disposiciones legales que regulan el trabajo humano son de orden público y, por consiguiente, los derechos y prerrogativas que ellas conceden son irrenunciables, salvo los casos expresamente exceptuados por la ley”. —CST, artículo 14—.

Ahora bien, la convención colectiva “Es el instrumento que mejor encarna la razón de ser del derecho colectivo. En ella descansa la paz sindical y la de la sociedad, como quiera que su búsqueda es la que en la mayoría de las veces, origina los movimientos obreros y los desajustes en las relaciones obrero-patronales. La convención o convenio colectivo, nació como reacción a las conductas impositivas del empleados frente a las fuerzas incoherentes y mal orientadas de los trabajadores que, vieron la necesidad de formar su estructura de clase para orientarla como limitante de la voluntad patronal” (7) .

(7) Escudero Castro, Silvio. Curso de derecho colectivo del trabajo. Ediciones Librería del Profesional. Tercera edición 2001. En relación con la evolución de este instituto jurídico en el derecho comparado en la misma obra se cita a Guillermo Camacho Henríquez, quien sobre el particular, anota: “El primer país que reconoció y reguló el contrato colectivo fue Holanda en su Código Civil de 1909 (art. 1637), luego en 1912, el Código Federal Suizo (arts. 322 y 323), de las obligaciones; afirmó que las reglas relativas a las condiciones de trabajo podían establecerse por contratos entre patronos o asociaciones particulares celebrados con obreros o asociaciones obreras siempre que se hicieran por escrito y estableciendo la primacía de tales contratos colectivos sobre los individuales. En 1918, Alemania y Austria recogen la nueva figura. Francia dicta en 1919 su primera ley en la materia bajo la influencia de conceptos civilistas. Esta primera ley se mantuvo en vigor hasta 1936, reformando la materia en 1946 y en 1950. Italia expidió una ley importante en 1926 y España legisla en 1931 y modifica su estatuto en 1942 y luego en 1958; Alemania Occidental dicta leyes en 1949 y 1952. En Inglaterra las convenciones habían tenido carácter puramente moral (Gentlemen Agreements) lo que no impedía su permanente aceptación. Recientemente se expidió una ley que le da a los convenios colectivos fuerza de contrato y exigibilidad legal. Bélgica expidió disposiciones fundamentales en 1945. En los Estados Unidos rigen las Leyes Wagner de 1935 y la Taft Harley de 1947. // En América Latina, Chile toma la vanguardia mediante ley de 8 de septiembre de 1924 posteriormente incorporada a su código de trabajo, inspirada en la doctrina francesa; México en su Ley Federal del Trabajo de 1931; cuba en 1934 y así sucesivamente, hasta generalizarse en toda América, siendo quizá la República Argentina uno de los últimos países del continente en llevarla a su legislación, ya que no a su doctrina y jurisprudencia que la venían reconociendo de tiempo atrás. // En Colombia la Ley 78 de 1919 habla simplemente de un ''acuerdo'' para referirse a las convenciones y en el mismo sentido se estatuye en la Ley 21 de 1920, que también presupone la existencia de un contrato que no califica. Sólo hasta la Ley 6ª de 1945 (art. 46) se definió y reglamentó en forma estable lo relacionado con las convenciones colectivas de trabajo. Finalmente, se legisla la materia, en el código de 1950, artículo 467 y siguientes”.

Según el artículo 467 del Código Sustantivo de Trabajo, la convención colectiva de trabajo es “...la que se celebra entre uno o varios patronos o asociaciones patronales, por una parte, y uno o varios sindicatos o federaciones sindicales de trabajadores, por la otra, para fijar las condiciones que regirán los contratos de trabajo durante su vigencia”. La preposición que denota tiempo “durante”, el adjetivo posesivo “su” y el sustantivo femenino “vigencia”, están referidos a la convención, en el entendido, obviamente, que se tiene derecho a la aplicación de la convención colectiva siempre que se trate de trabajadores cobijados por los artículos 470 y 471 del Código Sustantivo de Trabajo, sin perjuicio que, como se verá más adelante, se considere que la convención colectiva de trabajo pueda tener aplicación frente a ex trabajadores, cuando el cumplimiento de ciertas exigencias, para ser acreedor de beneficios pensionales, depende de un hecho de la naturaleza, como es el de acreditar una determinada edad.

La convención colectiva —que contiene las estipulaciones que las partes acuerdan en relación con las condiciones generales de trabajo (CST, art. 468)— ordena el régimen laboral y reviste la naturaleza de ley en sentido material por su alcance vinculante ínter partes y por tanto con ámbito de aplicación restringido, siempre y cuando aquélla se encuentre vigente. Al efecto, los artículos 477 a 479 del Código Sustantivo de Trabajo disponen respectivamente: “cuando la duración de la convención colectiva no haya sido expresamente estipulada o no resulte de la naturaleza de la obra o trabajo se presume celebrada por términos sucesivos de seis en seis meses” —477—, “a menos que se hayan pactado normas diferentes en la convención colectiva, si dentro de los sesenta (60) días inmediatamente anteriores a la expiración de su término las partes o una de ellas no hubiere hecho manifestación escrita de su expresa voluntad de darla por terminada, la convención se entiende prorrogada por períodos sucesivos de seis (6) en seis (6) meses, que se contarán desde la fecha señalada para su terminación”. —478 (8) —, y “formulada así la denuncia de la convención colectiva, ésta continuará vigente hasta tanto se firma una nueva convención”. —479—.

(8) A propósito de los alcances del artículo 478, señaló la Corte Constitucional en la sentencia C-1050 de 2001, que lo declaró exequible: “El legislador regula el término de duración y la continuidad de la convención colectiva de trabajo mediante la presunción de iure consistente en su prórroga automática en caso de no presentarse denuncia de la convención dentro del plazo establecido para ello por la convención colectiva o, en su defecto, por la ley. La convención que termina por cumplimiento de su término se mantiene vigente por voluntad de la ley”.

El artículo 283 de la Ley 100 —ya citado— faculta acordar con posterioridad a su vigencia mediante este tipo de actos jurídicos en beneficio de los trabajadores oficiales condiciones diferentes a las mínimas establecidas legalmente, las cuales deben someterse a unos requerimientos especiales, puesto que el sistema solo reconoce y paga las prestaciones contempladas en tal ordenamiento, con cargo a las cotizaciones allí determinadas. Con todo, lo cierto es que tal preceptiva admite el pago de prestaciones convencionales mejores a las legales, en el entendido, claro está, que los únicos beneficiarios de las mismas en el sector público son los trabajadores oficiales (CST, art. 416), para lo cual deberá contarse con los recursos suficientes para garantizar su pago. Dispone el artículo 283 de la Ley 100:

“ART. 283.—Exclusividad. El sistema de seguridad social integral, con cargo a las cotizaciones previstas en la presente ley, pagará exclusivamente las prestaciones consagradas en la misma. (...).

Aquellas convenciones que hacia el futuro se llegaren a pactar en condiciones diferentes a las establecidas en la presente ley, deberán contar con los recursos respectivos para su garantía, en la forma que lo acuerden empleadores y trabajadores (9),(10) .

(9) El Decreto 941 de 2002, por el cual se adoptan unas medidas de intervención y se reglamentan parcialmente el artículo 41 de la Ley 550 de 1999, el parágrafo 2º del artículo 41 de la Ley 80 de 1993, y el artículo 283 de la Ley 100 de 1993, dispuso: “Artículo 3º—Obligaciones pensionales de carácter extralegal del sector público. De conformidad con el artículo 283 de la Ley 100 de 1993, cuando el monto de las reservas requeridas para el pago de obligaciones pensionales de carácter extralegal de las entidades del sector público sea superior a la proporción de los activos de la entidad que establezca el gobierno, el pago de dichas obligaciones deberá estar garantizado mediante los patrimonios autónomos de que trata el presente decreto. // En el evento en que las entidades obligadas a garantizar el pago de obligaciones de carácter extralegal constituyan patrimonios autónomos pensionales o patrimonios autónomos de garantía, los recursos destinados al pago de ambas obligaciones podrán administrarse conjuntamente en un único patrimonio autónomo. // Artículo 4º—Administración de los patrimonios autónomos pensionales. Los patrimonios autónomos pensionales a los que hace referencia el presente decreto, serán administrados por sociedades administradoras de fondos de pensiones o sociedades fiduciarias sometidas a la inspección y vigilancia de la Superintendencia Bancaria. También podrán administrarse por consorcios o uniones temporales constituidos por este tipo de entidades”. // “Artículo 20.—Vigencia y derogatorias. El presente decreto rige a partir de su publicación y mantendrá su vigencia mientras rija la Ley 550 de 1999. No obstante, los mecanismos de normalización de los pasivos pensionales adoptados de conformidad con el presente decreto continuarán vigentes para el cumplimiento los fines aquí previstos, en los términos de los contratos celebrados al amparo del mismo”.

(10) La Ley 549 de 1999 en sus artículos 13 y 14 disponía:

“Artículo 13.—Marco presupuestal de la negociación colectiva. Se requerirá autorización previa de la asamblea departamental o el concejo distrital o municipal para celebrar pactos o convenciones colectivas de las entidades territoriales o sus descentralizadas que comprometan recursos de más de una vigencia fiscal. // En todo caso, en concordancia con lo dispuesto en la Ley 100 de 1993, cuando quiera que se asuman obligaciones pensionales adicionales a las previstas en el sistema de seguridad social, la entidad pública deberá constituir patrimonios autónomos o contratar con una compañía de seguros o entidad facultada para el efecto, de tal forma que se garantice el pago correspondiente en la forma, oportunidad y en las condiciones que determine el Gobierno Nacional. Estos mecanismos deberán preverse en el acuerdo por el cual se asuman las obligaciones adicionales so pena de ineficacia. Para tal efecto deberán elaborarse los estudios actuariales correspondientes en la forma que señale el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Artículo 14.—Denuncia de las convenciones o pactos colectivos. De conformidad con la Ley 100 de 1993, todos los órganos estatales inclusive los que se encuentren en proceso de liquidación deberán denunciar las convenciones y pactos colectivos de trabajo que no se ajusten a los principios y reglas de la Ley 100 de 1993, con el fin de que las mismas se sujeten al régimen pensional previsto en la ley”.

Estas normas fueron declaradas inexequibles por la Corte Constitucional mediante sentencia C-1187 de 2000, por cuanto:

“1. La norma acusada establece que para celebrar pactos o convenciones colectivas de las entidades territoriales o sus entidades descentralizadas cuando se comprometan recursos de más de una vigencia fiscal, se requerirá “autorización previa de la Asamblea Departamental o el Concejo Distrital o Municipal”, para ese efecto. // 2. Conforme al artículo 55 de la Constitución Política se garantiza el derecho a la negociación colectiva para regular las relaciones laborales. // En el ejercicio de este derecho, empleadores y empleados culminan su actividad con la celebración de convenciones colectivas de trabajo, cuando existe sindicato, o de pactos colectivos con grupos de trabajadores en el caso contrario. // 3. La Constitución, en el artículo 55 ya mencionado, no establece límites de carácter temporal para la celebración de la negociación colectiva, ni tampoco ordena que la vigencia de la misma tan sólo lo sea por una anualidad, razón esta por la cual si la ley opta por restringir en el tiempo la duración de una convención colectiva o de un pacto colectivo, resulta contraria a la Carta Política. // 4. Eso es justamente lo que ocurre con el artículo 13 de la Ley 549 de 1999, pues si no se llegare a obtener la autorización previa de la asamblea departamental o del concejo municipal para la celebración de pactos o convenciones colectivas con las entidades territoriales o sus descentralizadas, la consecuencia sería que el pacto o convención no podría exceder de un año. Es decir, que, en el fondo, lo que la norma cuya constitucionalidad se examina dispone es una limitación de carácter temporal a la vigencia de tal negociación entre empleadores y trabajadores, sin que para el efecto exista ningún soporte constitucional que así lo justifique, máxime si se tiene en cuenta que lo que se convenga al culminar el proceso propio de la negociación colectiva en materia salarial, siempre tendrá efectos no solo para el año inmediatamente siguiente sino durante el tiempo que duren vinculados los trabajadores con el empleador respectivo, pues, de ser así, cada año habría entonces que renegociar de nuevo todos los salarios, lo que resultaría altamente perturbador para el desarrollo de las pacíficas relaciones que han de presidir la actividad económica laboral, dentro del marco de la recíproca deferencia y el mutuo respeto. // Además, considera la Corte que la norma en estudio es violatoria de los convenios 87 y 98 de la OIT, aprobados por las leyes 26 y 27 de 1976, respectivamente.

Inexequibilidad del artículo 14 de la Ley 549 de 1999. De otro lado, en relación con el artículo 14 cuestionado, la Corte estima que dicha disposición no se ajusta al ordenamiento constitucional, ya que si bien es cierto que dicha disposición señala una política y unos criterios en materia de negociación colectiva, estos no resultan proporcionados y razonables, puesto que cada entidad pública está en libertad, conforme al Código Sustantivo del Trabajo y a la Ley 50 de 1990, de denunciar las convenciones colectivas, sin que ello implique el desconocimiento de derechos adquiridos de los trabajadores públicos departamentales y municipales. // Bajo esta perspectiva, la Corte no comparte el argumento desarrollado por el jefe del ministerio público, ya que la norma demandada está desconociendo derechos laborales ya reconocidos en pactos o en convenciones colectivas vigentes, porque los derechos laborales deben respetarse cuando están reconocidos en virtud de la condición de adquiridos conforme a la Constitución y a las leyes, luego a quienes se les ha reconocido prestaciones sociales extralegales o convencionales tienen derecho a disfrutarlas mientras se encuentren vigentes, respetando claro está, la libertad de las partes, dentro de los procedimientos de la negociación colectiva para denunciarla de acuerdo con la ley. En consecuencia, la Corte debe precisar que vencido el plazo de vigencia de las convenciones o pactos colectivos celebrados y previas las denuncias convencionales pertinentes, conforme a la ley sustantiva laboral y al contenido de los propios instrumentos laborales, la administración o el empleador, pueden presentar nuevas condiciones de negociación que tengan el propósito de ajustarse o no a los principios y a las reglas de la Ley 100 de 1993, con el fin de que las mismas se sujeten al régimen pensional previsto en el referido estatuto. // Fundamentalmente este artículo viola el artículo 55 de la Constitución Política, pues desconoce la garantía que establece dicha norma para el derecho a la negociación colectiva. // Así las cosas, el artículo 14 cuestionado desconoce el ordenamiento constitucional y por lo tanto en la parte resolutiva de esta providencia se declarará inexequible”.

Esta ley no vulnera derechos adquiridos mediante convenciones colectivas del sector privado o público, sin perjuicio del derecho denuncia que asiste a las partes” (destacó la Sala).

Por su parte el artículo 48 del Decreto Reglamentario 692 de 1994, estableció:

“Modificación de convenciones colectivas. Con el objeto de armonizar las convenciones o pactos colectivos de trabajo a las disposiciones de la Ley 100 de 1993, los trabajadores y empleadores podrán ejercer el derecho de denuncia que les asiste y el tribunal de arbitramento, si se llegare a convocar tendrá la facultad de dirimir las diferencias, (aun cuando la denuncia sólo hubiere sido presentada por una de las partes) (11) de conformidad con lo previsto en el artículo 11 de dicha ley” (12) .

(11) La frase entre paréntesis fue declarada nula por el Consejo de Estado mediante sentencia del 31 de julio de 1996, Expediente 10.582.

(12) La Ley 550 de 1999 en su artículo 42 consagró: “Concertación de condiciones laborales temporales especiales. Los acuerdos de reestructuración podrán incluir convenios temporales, concertados directamente entre el empresario y el sindicato que legalmente pueda representar a sus trabajadores, que tengan por objeto la suspensión total o parcial de cualquier prerrogativa económica que exceda del mínimo legal correspondiente a las normas del Código Sustantivo del Trabajo. Tales convenios tendrán la duración que se pacte en el acuerdo, sin exceder el plazo del mismo y se aplicarán de preferencia, a las convenciones colectivas de trabajo, pactos colectivos, contratos individuales de trabajo vigentes, o laudos arbitrales. // La ejecución de los convenios deberá ser previamente autorizada por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, cuyo pronunciamiento deberá producirse dentro del mes siguiente a la fecha de presentación de la respectiva solicitud. En ausencia de sindicato, si se llega a un mismo convenio con un número plural de trabajadores igual o superior a las dos terceras partes del total de los trabajadores de la empresa, sus términos se extenderán también a los demás trabajadores de la misma. // EI incumplimiento a lo dispuesto en los convenios a que se refiere el presente artículo, podrá dar lugar a la terminación del acuerdo en la forma y con las consecuencias previstas en esta ley”. Por su parte el Decreto Reglamentario 63 de 2002, en su artículo 7º señaló: “Procedimiento para la concertación de condiciones laborales temporales especiales. Cuando los acuerdos de reestructuración incluyan convenios laborales temporales especiales, estos deben ser concertados previamente entre el empleador y los trabajadores sindicalizados o los no sindicalizados según sea el caso, sin que pueda darse un tratamiento diferente para unos y otros. // Para la ejecución de estos convenios se requiere de la autorización previa del director territorial del trabajo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, la que deberá producirse dentro del mes siguiente a la fecha de presentación de la solicitud, y procederá siempre que no se afecten los derechos mínimos establecidos para los trabajadores en la Constitución Política, el Código Sustantivo del Trabajo o en las normas que regulan la relación laboral de los servidores públicos según sea el caso”. Mediante sentencia C-1319 de 2000 la Corte dispuso: “Declarar exequible el artículo 42 de la Ley 550 de 1999, salvo las expresiones “pactos colectivos” contenida en el primer inciso de dicha disposición y “En ausencia de sindicato, si se llega a un mismo convenio con un número plural de trabajadores igual o superior a las dos terceras partes del total de los trabajadores de la empresa, sus términos se extenderán también a los demás trabajadores de la misma”, contenida en el segundo inciso del mismo artículo, que se declaran inexequibles”.

La Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, en providencia del 4 de diciembre de 1995, expediente 7964, atrás citada, sobre el punto sostuvo:

“Con arreglo al artículo 48 de la Constitución Nacional, la seguridad social es un servicio público de carácter obligatorio que se prestará bajo la dirección, coordinación y control del Estado, con sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad. En desarrollo de este texto fundamental, el sistema de seguridad social integral, concebido por la Ley 100 de 1993, se propone como objetivo el de garantizar a todos los habitantes del territorio nacional el derecho irrenunciable a la seguridad social y, consiguientemente una calidad de vida acorde con la dignidad humana, mediante la protección necesaria ante las contingencias que estos sufran.

Para conseguir este propósito se enuncia como indispensable y obligatoria la adopción de mecanismos de solidaridad que comprometan a los integrantes de la comunidad, que puedan hacerlo, a contribuir a fin de que los sectores sin la capacidad económica suficiente accedan al sistema y a sus prestaciones en términos integrales.

Consecuentemente con esta finalidad, el sistema general de pensiones se formula como aplicable obligatoriamente a todos los habitantes del territorio nacional (L. 100/93, art. 11), salvo situaciones excepcionales (Ibíd., art. 279). Pues si el régimen fuera meramente voluntario se haría ilusoria la solidaridad indispensable para conseguir el objetivo propuesto. En otros términos, a propósito de empleadores y trabajadores, todos, salvo las excepciones de ley, se hallan sujetos y comprometidos con el sistema, de manera que los últimos no sólo carecen de la facultad de renunciar a las prestaciones y derechos propios que el mismo otorga, sino que tampoco tienen la posibilidad jurídica de evadir o eludir los aportes y contribuciones pertinentes, aun en el evento de que en virtud de la negociación colectiva o individual obtuvieran mejores protecciones.

En otros términos, los derechos y garantías que les concede la Ley 100 a los trabajadores configuran un mínimo legal pero con características un poco diversas de las del principio enunciado por el artículo 13 del Código Sustantivo del Trabajo, en tanto no es posible la autoexclusión del régimen legal con el pretexto de haber obtenido uno convencional de mejor calidad, cosa que es usualmente válida en materia laboral en desarrollo del principio de favorabilidad de aplicación normativa, ya que no se trata sólo de proteger a los trabajadores, sino de la obligación ciudadana de éstos y de los empleadores de contribuir para que los sectores no laborales de la población se puedan beneficiar con la seguridad social integral.

Desde luego, dentro de este contexto, mal puede entenderse abolida la posibilidad de los trabajadores de mejoramiento de su situación jurídica mediante la negociación colectiva o individual, con relación a los temas regulados por la Ley 100 de 1993 y las normas reglamentarias, lo que ocurre es que cualquier derecho, garantía o prerrogativa que se convenga sólo es admisible en tanto resulte paralelo o complementario de las de la ley, pero de ninguna manera, sí pretenden en alguna medida ser derogatorios de ésta.

Por consiguiente, si por cualquier motivo los empleadores tienen a su cargo regímenes convencionales que cubran en fauna total o parcial los mismos riesgos que asume el sistema de seguridad social, con la entrada en vigor de la Ley 100 surge para estos empresarios y sus trabajadores, la necesidad imperiosa de adaptar los respectivos convenios al sistema obligatorio y se explica, entonces, la disposición del artículo 11 de la ley y la del artículo 48 del Reglamentario 692 de 1994 (...).

Ahora bien, importa aclarar que ni la Ley 100 de 1993 ni sus reglamentarios obligan a suprimir los regímenes convencionales relativos a los temas propios de la seguridad social, sino que reconocen que la introducción de un sistema obligatorio e ineluctable puede afectar, en sentido jurídico o por sus repercusiones económicas, las estipulaciones elaboradas para determinadas empresas, en tanto fueron concebidas sin considerar las obligaciones y prestaciones que impuso el sistema de seguridad social integral”.

Una interpretación sistemática de las disposiciones en cita permite concluir que la Ley 100 de 1993, debe ser entendida como el régimen de prestaciones sociales mínimas respecto de los trabajadores oficiales —en cuanto a las prestaciones que ella regula—, y que, por tanto, es posible pactar condiciones diferentes mediante convenciones colectivas.

II. Aplicación de un régimen pensional convencional a ex trabajadores del Distrito Capital una vez cumplido el requisito de tiempo —20 años— y acreditada la edad prevista en tal régimen —50 años— con posterioridad al retiro del servicio.

Según se anotó, el artículo 467 del Código Sustantivo de Trabajo establece que la convención colectiva fija las condiciones que regirán los contratos de trabajo durante su vigencia. Ello implica que, en principio, se tiene derecho a los beneficios convencionales cuando se es trabajador y durante el tiempo de vigencia del respectivo acto jurídico convencional.

Antecedentes del régimen legal pensional de los trabajadores oficiales. La Ley 6ª de 1945, sección III, De las prestaciones oficiales, en el artículo 17, dispone:

“ART. 17.—Los empleados y obreros nacionales de carácter permanente gozarán de las siguientes prestaciones: (...).

b) Pensión vitalicia de jubilación, cuando el empleado u obrero haya llegado o llegue a cincuenta (50) años de edad, después de veinte (20) años de servicio continuo o discontinuo, equivalente a las dos terceras partes del promedio de sueldos o jornales devengados, sin bajar de treinta pesos ($ 30) ni exceder de doscientos pesos ($ 200) en cada mes. La pensión de jubilación excluye el auxilio de cesantía, menos en cuanto a los anticipos, liquidaciones parciales o préstamos que se le hayan hecho lícitamente al trabajador, cuya cuantía se irá deduciendo de la pensión de jubilación en cuotas que no excedan del 20% de cada pensión”. (se resalta)

En el nivel nacional, el Decreto 1848 de 1969, reglamentario del Decreto 3135 de 1968, respecto de los trabajadores oficiales —que compartían la denominación genérica de empleados oficiales con los empleados públicos, artículo 75—, dispuso el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación cumplido el tiempo de servicio aun se hubiere producido el retiro “sin tener la edad exigida para tal fin” cuando arribaran a la señalada en la ley.

La Ley 33 de 1985 consagra en el artículo 1º el derecho pensional respecto del empleado oficial que sirva o haya servido y llegue a la edad de cincuenta y cinco años (13) .

(13) El artículo 1º de Ley 33 de 1985, señala: “Quienes con veinte (20) años de labor continua o discontinua como empleados oficiales, actualmente se hallen retirados del servicio, tendrán derecho cuando cumplan los cincuenta años (50) de edad, sin son mujeres, o cincuenta y cinco (55), si son varones, a una pensión de jubilación que se reconocerá y pagará de acuerdo con las disposiciones que regían en el momento de su retiro”. En el mismo sentido el artículo 68 del Decreto 1848 de 1969, dispuso “Todo empleado oficial que preste o haya prestado sus servicios —lo que presupone un retiro de la entidad respectiva— durante veinte (20) años, continua o discontinuamente, en las entidades, establecimientos o empresas señalados en el artículo 1º de este decreto, tiene derecho a gozar de pensión de jubilación al cumplir cincuenta y cinco (55) años de edad, si es varón, o cincuenta (50) años de edad, si es mujer”.

A su vez, la Ley 100 establece como requisitos para obtener la pensión de vejez que el afiliado reúna entre otras condiciones: “1. Haber cumplido cincuenta y cinco (55) años de edad si es mujer, o sesenta (60) años de edad si es hombre“ —artículo 33—.

De las normas citadas se desprende que el régimen legal permite a los trabajadores oficiales obtener el reconocimiento y pago de la pensión respectiva —jubilación o vejez— estando dentro o fuera del servicio.

Por su parte, el artículo 4º del Decreto 1919 de 2002, prevé que el régimen de prestaciones sociales mínimas aplicable a los trabajadores oficiales vinculados a las entidades detalladas en el artículo 1º es el consagrado para los empleados públicos de la rama ejecutiva del orden nacional.

De la reseña normativa se concluye que quien haya cumplido el tiempo de servicio, al alcanzar la edad respectiva puede reclamar el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación estando dentro o fuera del servicio, pues la contraprestación que ella representa corresponde a la contribución que el trabajador hizo durante su vida poniendo a disposición de la sociedad su fuerza laboral, fundamento teleológico del sistema pensional.

Cumplimiento del requisito de la edad una vez producido el retiro del servicio. El artículo 38 de la convención colectiva de trabajo suscrita por la Secretaría de Obras Públicas del Distrito, con vigencia del 1º de enero al 31 de diciembre de 1996, dispuso:

“Pensión de jubilación: Santafé de Bogotá, Distrito Capital, continuará reconociendo y pagando la pensión mensual vitalicia de jubilación a todos los trabajadores de la Secretaría de Obras Públicas que hayan cumplido cincuenta (50) años de edad y veinte (20) años de servicios continuos o discontinuos a Santafé de Bogotá Distrito Capital.

La pensión de jubilación tendrá la cuantía del setenta y cinco por ciento (75%) del total de lo devengado por el trabajador en el último año efectivo del servicio”.

La Sala, procede a resolver de manera abstracta las preguntas formuladas, sin considerar el texto transcrito que por vía de ejemplo se citó en la consulta, pues de una parte, no tiene certeza de la vigencia de la estipulación y, de otra, el interrogante pretende dilucidar si procede el reconocimiento de pensión de jubilación a quien, cumplido el tiempo de servicio, se retira del mismo sin haber alcanzado la edad para adquirir el derecho, prevista en el acuerdo convencional.

Al efecto, es necesario establecer si al momento de retiro del trabajador se había o no cumplido el requisito de la edad, pues de tal hecho se desprenden, por lo menos, dos situaciones: 1) que se cumplan los requisitos de edad y de tiempo de servicio en vigencia de la relación laboral y de la convención, caso en el cual se cumple a cabalidad la cláusula convencional; 2) que cumplido el tiempo de servicio, el retiro se produzca sin haber alcanzado la edad (14) .

(14) En oficio de la Alcaldía Mayor de Bogotá del 29 de agosto de 2002 dirigido al Ministro del Interior se señala: “Esta convención fue denunciada oportunamente y en los años posteriores se han suscrito nuevas, las cuales han seguido consagrando en iguales términos el artículo antes transcrito, incluso la que actualmente se encuentra vigente”.

Para ser beneficiario de la prestación concurren dos requisitos que tienen un carácter diferente: mientras el primero pende de un acontecimiento natural que se da por el transcurso del tiempo —la edad—, el segundo, se supedita a un hecho voluntario, concretado en la existencia de una relación laboral —para el caso la convencional—, que se remite al tiempo de servicio; el otro requisito se cumple al arribar el trabajador o ex trabajador a la edad prevista en la respectiva cláusula convencional.

Para el caso de la segunda hipótesis, cumplido el tiempo de servicio dentro de la vigencia del contrato individual, al arribo de la edad requerida se causa el derecho a la pensión; así, el sistema legislativo implica que el disfrute de la pensión esté supeditado al acaecimiento de este último requisito, estándose dentro o fuera del servicio, pues se trata de un mínimo legal. De este modo, la cláusula convencional respectiva ha de interpretarse en el sentido de que el trabajador oficial que se retiró sin haber cumplido la edad pero cumplió el tiempo de servicio exigido en las condiciones anotadas, puede pensionarse de acuerdo con las disposiciones que regían en el momento de su retiro, una vez la cumpla.

Frente a los empleados públicos y a los trabajadores oficiales, los diversos regímenes legales que han regulado la materia se limitan a establecer los requisitos de edad y de tiempo de servicio, ahora semanas cotizadas, sin exigir que para causar el derecho deba estarse vinculado a la administración. Otra cosa sería que en el entretanto el legislador modifique las condiciones de jubilación sin haberse causado el derecho o haberse establecido un régimen de transición, pues en tal caso habrá de estarse al respectivo régimen.

Se trata pues de una garantía mínima de las previstas en el artículo 150, numeral 19, literal f constitucional, en concordancia con la Ley 100 de 1993 y el Decreto 1919 de 2002, artículo 4º. De manera que si la cláusula convencional no condiciona su aplicabilidad a que la edad se cumpla estando dentro del servicio, una interpretación de tal precepto que implique alcances distintos a los derivados del principio del mínimo legal consagrado en la legislación referida, resultaría odiosa y violatoria del precepto supra legal en mención y del artículo 13 del Código Sustantivo de Trabajo.

La Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia parecería tener un criterio opuesto al enunciado. Al respecto debe tomarse en cuenta que por su naturaleza el alcance del recurso de casación está destinado a dirimir conflictos ínter partes y que por lo consiguiente se funda en los supuestos de hecho y derecho debatidos en las instancias para determinar si existió o no violación de preceptos sustanciales —derecho objetivo—, y a pesar de la finalidad unificadora de la jurisprudencia laboral mediante este mecanismo procesal, no de manera necesaria los fallos pueden aplicarse de forma directa y abstracta, pues están mediados por las circunstancias particulares de cada proceso.

Tal corporación, en sentencia del 7 de septiembre de 2000, expediente 14373, citada en el escrito dirigido por el Alcalde al Ministro del Interior, sostiene:

“La disposición extralegal que regula la pensión de jubilación reclamada, esto es la que contempla el artículo 19 de la convención colectiva de trabajo suscrita el 7 de marzo de 1989 prevé como requisitos para que nazca este derecho, que el trabajador tenga 20 años de servicio y 50 años de edad. El sentenciador de segunda instancia entendió que la cláusula no contempla su aplicación a los trabajadores que al momento de finalizar su relación laboral no hayan cumplido la edad exigida para beneficiarse de la jubilación y aclaró también que la estipulación no fue modificada posteriormente. El texto en cuestión es del siguiente tenor: “ART. 19.—La caja reconocerá y pagará a sus trabajadores la pensión de jubilación con 20 años de servicios y 50 años de edad”.

De este precepto se desprende que los alcances que el juzgador ad quem le asignó no se apartan de su sentido textual, pues su lacónico enunciado se dirige a los trabajadores de la caja, de esta forma resulta válido entender que no se aplica a quienes en un momento dado no lo sean, conclusión que además puede encontrar respaldo jurídico en el artículo 467 del Código Sustantivo del Trabajo, en cuanto prevé que durante su vigencia las convenciones colectivas fijan las condiciones que regirán los correspondientes contratos de trabajo”.

Como puede observarse, en este caso, del contenido textual de la cláusula convencional la Corte extrajo la conclusión de que el tribunal no incurrió en yerro fáctico y eso resulta evidente pues dentro de las posibles lecturas la Sala de casación no descarta otras lecturas del precepto y así advierte que “por tanto, aun bajo la hipótesis de que no se compartiera la apreciación efectuada por el ad quem, mal podría tacharse de ostensiblemente errónea“. Además, el recurrente también invocó el artículo 17 de la convención colectiva celebrada en 1983, el cual prevé que sin perjuicio de otras prestaciones asistenciales el trabajador “al cumplir la edad requerida pueda exigir el pago de su pensión“, cuya aplicabilidad no le fue posible a la Corte establecer, entre otras razones, “porque de admitirse que contemporáneamente a la convención colectiva de 1983 estaba prevista una pensión de jubilación extralegal en la caja se desconoce su origen y por consiguiente si sus exigencias son las mismas previstas en la cláusula convencional vigente“. De lo anterior se concluye que la decisión no tiene vocación de aplicabilidad general, pues la interpretación del ad quem se remitió a las consecuencias que se desprendían del simple tenor literal de la palabra trabajadores, la cual evidentemente es posible y no constituye yerro fáctico, pero que no descartó otras posibles, que podrían resultar igualmente válidas.

Con anterioridad, en sentencia del 21 de abril de 1999, expediente 11413, la misma Sala de Casación Laboral, sostuvo:

“... se tiene además, que si el derecho pensional sólo nace al cumplir el petente con los dos requisitos previstos en la convención colectiva de trabajo, de igual forma la conclusión a que llegó el tribunal en lo que atañe al otro requisito para la pensión de jubilación, es decir, la edad del accionante, no puede adjetivarse como manifiestamente errónea.

Esa la afirmación, por cuanto, según el certificado de registro civil de nacimiento de folio 31, cuando se produjo su retiro del empleo en la caja demandada, el 31 de diciembre de 1995 (fl. 4, ibíd.), el demandante no tenía los cincuenta (50) años de edad previstos en la disposición convencional, y teniendo en perspectiva el origen extra legal de la pretensión reclamada, ello hace ver jurídicamente razonable el planteamiento del ad quem en torno a que los efectos de la norma contractual-colectiva no se extienden más allá de la existencia del contrato laboral, puesto que, ciertamente, según el artículo 467 del Código Sustantivo del Trabajo, los acuerdos colectivos rigen únicamente, por principio, los contratos de trabajo en ejecución durante su vigencia, y salvo disposición expresa en contrario —que en la norma convencional bajo estudio realmente no aparece—, una cláusula como la estudiada no es posible aplicarla a posteriori a quien, como el actor, dejó de laborar para la demandada el 31 de diciembre de 1995 (fl. 4 ibíd.), y cumplió cincuenta (50) años de edad el primero (1º) de abril de 1996” (15) .

(15) En este fallo, la situación de hecho definitoria de la decisión es la prestación del servicio, pues desde la óptica de la parte demandada el acuerdo no restringió “a que el mismo sea prestado únicamente en la caja, pero que la norma convencional, igualmente, tampoco dispone que el tiempo de labor se puede prestar en cualquier entidad pública o privada“, mientras que el acusador califica de error de hecho “2. Dar por demostrado sin estarlo que el artículo 19 de la convención colectiva de trabajo (...) exige que los veinte años de servicio debieron trabajarse en su totalidad en la Caja (...)“, lo cual permitió a la Corte desechar el cargo afirmando que “no es equivocado interpretar la cláusula convencional en el sentido de que si hubiera sido su voluntad consignar en el artículo reflexionado que el tiempo de labor necesario para pensionarse se conformaba con el cómputo del servido a otros empleadores, así se hubiera dispuesto expresa y categóricamente“.

La Sala no comparte esta posición jurídica sino la expuesta por la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, en las sentencias del 24 de julio —expediente 18266— y del 27 de septiembre de 2002 —expediente 18915—, en las cuales expresó:

“6 Lo antes expresado conduce a la Corte a rectificar su doctrina expuesta en fallos de mayoría citados por el juzgador ad quem, para dejar por sentado que no es posible, jurídicamente hablando, indexar la primera mesada pensional cuando el derecho se reconoce en la oportunidad indicada en la ley y el empleador, obligado a su pago por no haberla sustituido en ninguna entidad encargada del riesgo, no ha retardado su cancelación. Lo dicho se funda en las siguientes razones:

a) Porque el derecho a reclamar la pensión sólo surge respecto de su acreedor a partir de la concurrencia de dos elementos esenciales para su existencia: 1. el cumplimiento de una cantidad pre-establecida de cotizaciones o de un determinado número de años de labores, según se estuviera, o no, cubierto por el régimen de la seguridad social; y 2. el advenimiento de la edad señalada en la ley para obtenerla. Quien, como en el caso del actor, ha satisfecho uno solo de los dos factores esenciales para alcanzar la pensión (el tiempo de servicio fijado en la ley o pactado en la convención) tiene, a no dudarlo, un derecho eventual, apenas en ciernes, en tanto falta el otro de los componentes imprescindibles para que se pueda consolidar, con un titular del derecho, de una parte, y un obligado a su satisfacción, por la otra.

Sostienen algunos que en el caso antes referido hay más bien un derecho sometido a condición suspensiva; pero, en rigor jurídico, se trata de un derecho in nuce, por cuanto en la relación jurídica condicionada el derecho se encuentra perfeccionado, sólo que sus efectos se hallan en estado de latencia por estar pendientes de un hecho futuro e incierto, ajeno a su esencia y no requerido para su constitución. El derecho eventual y su obligación correlativa, en cambio, nacen a la vida jurídica en el momento en que se completan los requisitos exigidos en la ley o en el contrato; tal es el caso de los derechos del nasciturus, o del asignatario (C.C., art. 1215), o el de los esposos (art. 1771 y ss. ibíd.), los del constituyente de una hipoteca (art. 2441 ibíd.), y, en materia laboral, entre otros, los del trabajador con derecho a la pensión de invalidez (L.100/93, art. 39), de vejez (art. 33 ibíd.), de jubilación (CST, art. 260), por aportes (L.71/88, art. 7º), de sobrevivientes, para no citar más.

Muchos doctrinantes van más allá, pues consideran que en el caso de que sólo se haya satisfecho uno de los componentes vitales para la existencia del derecho a obtener la pensión, lo que hay es una mera expectativa. Esto implica, por supuesto, la posibilidad de negociación y renuncia de parte del trabajador de su esperanza de adquirir un derecho fundado en una norma vigente, e incluso de modificación o extinción mediante ley de lo que hasta entonces no era un derecho por falta de los presupuestos materiales o de hecho.

En cambio, en tanto derecho eventual, el empleador o la entidad de previsión, deudor futuro de la pensión que se le reclamaría en caso de completarse los elementos requeridos para su existencia, sabe que hay una “simple expectativa de derecho“ y no una “mera expectativa, expresiones que no se deben confundir, como no lo hace la doctrina ni la ley, en la medida en que la primera comprende los derechos condicionales y los eventuales, que por su especial naturaleza confieren al futuro titular (de cumplirse la condición suspensiva, en los primeros, o completarse los elementos faltantes, en los segundos, posibilidades jurídicas de administración, conservación y disposición (C.C., arts. 575, 1215 y 1547 a 1549).

b) Así pues, integrados los requisitos necesarios para la consolidación del derecho en cabeza de su titular, nace la obligación de pagar la mesada que la ley impone, conforme a los parámetros en ella señalados, y el derecho correlativo de quien adquiere la pensión. Antes no, porque mientras el derecho eventual se perfeccionaba había apenas una expectativa de derecho, o mejor un derecho en perspectiva, esto es, en vías de adquirirse; pero, jamás, un derecho adquirido (...).

d) Puede reclamarse el reconocimiento de la pensión, de acuerdo con lo antes dicho desde cuando se constituye el derecho, esto es, se completan los elementos requeridos para su existencia“.

Estos lineamientos permiten a esta Sala reiterar que mientras la cláusula convencional no exija que para tener derecho a la pensión de jubilación, una vez cumplido el tiempo de servicio establecido, se requiera indefectiblemente mantenerse en él, la prerrogativa de gozar de la prestación al cumplir la edad establecida en el acuerdo convencional, aun estando fuera del servicio, no es procedente interpretarla en sus alcances en contrario y, además, por tratarse tal beneficio de un mínimo legal, el empleador está obligado a reconocer la prestación una vez cumplido el requisito de la edad, sin la exigencia de estar prestando los servicios, pues se está frente a un derecho eventual que mientras no sea modificado por otro acuerdo convencional permanece vigente hasta tanto acaezca el hecho de la edad pactada, tiempo para el cual el derecho se consolida. Los efectos de la norma contractual colectiva, dentro de su vigencia, se extienden así, en el evento sometido a consideración, más allá de la relación laboral.

Para corroborar estas conclusiones, conviene traer a colación el fallo de julio 17 de 2002, radicación 18075, mediante el cual la Sala de Casación Laboral casó totalmente la sentencia en un caso en que, frente a una solicitud de condena al pago de una pensión de jubilación convencional, el ad quem consideró que la norma convencional se había limitado a plasmar el derecho legal contenido en los artículos 68 y 69 del Decreto 1848 de 1969. Dijo la Sala de Casación Laboral al respecto:

“De conformidad con el numeral 1º de la cláusula sexta de la convención colectiva de trabajo citada por la empresa, “A partir de la firma de la presente convención colectiva de trabajo, para los trabajadores que laboren en los socavones de la mina La Cascada, la empresa le reconocerá y pagará la pensión de jubilación al completar quince (15) años de servicios continuos o discontinuos en el fondo de la mina de la empresa, al completar 50 (cincuenta) años de edad”, de manera que surge claramente la naturaleza extralegal de la pensión reclamada, porque los requisitos previstos para su causación la convierten en una prestación sustancialmente distinta de la establecida en el artículo 69 del Decreto 1848 de 1969, pues en este precepto legal se exigen más de 15 años de servicios continuos y que al cumplimiento de la edad el trabajador esté vinculado a la entidad, en tanto que en la convencional la vinculación del trabajador a la actividad descrita puede ser discontinua y no requiere que esté vigente al momento de hacerse exigible tal prestación“.

Mesadas adicionales. A términos del artículo 150, 19, literal f corresponde al Congreso regular el régimen de prestaciones sociales mínimas de los trabajadores oficiales, el cual para quienes laboran en el nivel territorial según el artículo 4º del Decreto 1919 —expedido en ejercicio de las facultades conferidas en la norma inicialmente citada y en el artículo 12 de la Ley 4ª de 1992—, es el consagrado para los empleados públicos de la rama ejecutiva del orden nacional. Antes de la expedición de este decreto, la Ley 100 de 1993 que regula de manera íntegra la materia pensional, dispuso que se “aplicará —con las excepciones del artículo 279— a todos los habitantes del territorio nacional“ incluidos los servidores públicos y, por tanto, los trabajadores oficiales —artículo 11 en concordancia con el artículo 128. A su vez, el artículo 1º del Decreto 691 de 1994 incorporó al sistema general de pensiones previsto en la Ley 100, entre otros, a los servidores públicos de la rama ejecutiva del orden nacional, departamental, municipal o distrital, así como a los de sus entidades descentralizadas y, el 3º contempló que a partir de la fecha de aplicación del sistema, cuyo límite se señaló para el 30 de junio de 1995, las pensiones de vejez, de invalidez y de sobrevivencia se rigen en un todo por las disposiciones contenidas en la Ley 100, cuyo artículo 151 dispuso que los servidores públicos del nivel departamental, municipal y distrital, hacen parte del sistema general de pensiones.

Así, los trabajadores o extrabajadores oficiales que obtengan el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación convencional en las condiciones anotadas, tienen derecho a las mesadas adicionales consagradas en la Ley 100 de 1923 (arts. 50 —para el régimen de prima media con prestación definida— y 142) (16) , pues el régimen en ella previsto contiene el mínimo de garantías para los trabajadores oficiales, siempre y cuando el acuerdo convencional no contemple otra prerrogativa que se pueda asimilar a ese pago (17) .

(16) “ART. 50.—Mesada adicional. Los pensionados por vejez o jubilación, invalidez y sustitución o sobrevivencia continuarán recibiendo cada año, junto con la mesada del mes de noviembre, en la primera quincena del mes de diciembre, el valor correspondiente a una mensualidad adicional a su pensión. (...) ART. 142.—Mesada adicional para pensionados. Los pensionados por jubilación, invalidez, vejez y sobrevivientes, del sector público, oficial, semioficial, en todos sus órdenes, en el sector privado y del Instituto de Seguros Sociales, así como los retirados y pensionados de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, (cuyas pensiones se hubiesen causado y reconocido antes del primero (1º) de enero de 1988), tendrán derecho al reconocimiento y pago de treinta (30) días de la pensión que le corresponda a cada uno de ellos por el régimen respectivo, que se cancelará con la mesada del mes de junio de cada año, a partir de 1994“. (La parte entre paréntesis fue declarada inexequible por la Corte Constitucional, mediante sentencia C-409 de 1994).

(17) Sobre el particular resultan ilustrativas las sentencias del 1º de agosto de 2002, expediente 18349 y del 20 de septiembre de 2002, expediente 18385, de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en las que se sostuvo: “El tribunal encontró el acuerdo de las partes según el cual prima legal y extralegal de servicios no se cancelaría en el evento de resultar superior la suma recibida por mesada adicional, respecto a la prevista en la Ley 4ª de 1976. Disposición extralegal en la que se fundó esa corporación para concluir la existencia de una relación directa entre el pago previsto en ella y el legal, bajo el entendido que su finalidad es la misma y conforman una unidad en su naturaleza conceptual y jurídica; pues advierte que no otra cosa se desprende de la cláusula convencional mencionada cuando se remite a dicha ley. Enfoque que igualmente estimó se extiende a la prima legal y extralegal del primer semestre, pues la ley en su momento no disponía el pago de una mesada adicional para tal período y por tanto las partes no podían reglamentar lo que jurídicamente no existía. // Inferencia que no resulta equivocada y por el contrario se atempera a los principios que orientan el régimen de seguridad social integral, particularmente el relacionado con la unidad, previsto en el artículo 2º de la Ley 100 de 1993, el cual persigue entre otras cosas la articulación de regímenes, procedimientos y prestaciones para alcanzar los fines de la seguridad social, del cual se infiere con lógica que la duplicidad de prestaciones económicas frente a una misma contingencia es opuesta a los propósitos de este sistema. // En este mismo sentido el inciso 2º del artículo 16 del Código Sustantivo del Trabajo dispone que cuando la ley nueva establezca una prestación ya prevista extralegalmente, el empleador sólo pagará al trabajador, la más favorable a sus intereses; luego, de acuerdo con esta preceptiva resulta clara que es contrario al régimen laboral el pago doble de obligaciones, pues en principio ello contraría el equilibrio económico que debe regir las relaciones de trabajo. // En desarrollo de los postulados referidos el Decreto Reglamentario 692 de 1994 dispuso, en su inciso segundo, en relación con la mesada adicional de junio establecida en el artículo 142 de la Ley 100 de 1993, que tal obligación se entenderá cumplida para las entidades territoriales cuando ya vinieren cancelándola“.

III. Naturaleza del pago transitorio de pensión de jubilación, invalidez o enfermedad, reconocido por el artículo 49 de la convención colectiva de trabajo suscrita, para la vigencia del 1º de enero de 1996 al 31 de diciembre de 1997, entre el departamento administrativo de acción comunal del Distrito Capital y el sindicato de trabajadores de esa entidad

Dice el artículo en comento:

“Pago transitorio por pensión de jubilación, invalidez o enfermedad. Para los trabajadores oficiales que salgan a disfrutar pensión de jubilación a partir del 1º de enero de 1991, el DAACD asumirá el pago transitorio de pensiones desde el momento del retiro del servicio, hasta tanto la Caja de Previsión Social Distrital incorpore al trabajador a la nómina de pensionados.

Este pago se hará en cuantía del setenta y cinco por ciento (75%) del total del promedio salarial devengado por el trabajador durante el último año“.

Conforme al artículo 50 de la convención para obtener el reconocimiento de la pensión de jubilación es necesario haber cumplido veinte años de servicios continuos o discontinuos al Distrito y cincuenta años de edad, requisitos que de no haberse cumplido impiden a organismo alguno hacer pagos por tal concepto. Pero si ellos se cumplen, a términos del artículo 283 de la Ley 100 y teniendo en cuenta la fecha de vigencia del acuerdo convencional —1º de enero de 1996 al 3 1 de diciembre de 1997— (18) —artículo 67—, el Distrito está obligado, por así haberlo pactado convencionalmente, a sufragar con sus propios recursos el valor de las pensiones hasta tanto el fondo o entidad pagadora de las mismas, asuman mediante la incorporación en la nómina las obligaciones respectivas, esto es al alcanzar los ex trabajadores la edad legal para pensionarse. Todo por cuanto según el inciso tercero del artículo 283 “aquellas convenciones que hacia el futuro se llegaren a pactar en condiciones diferentes a las establecidas en la presente ley, deberán contar con los recursos respectivos para su garantía, en la forma que lo acuerden empleadores y trabajadores“ (se destaca).

(18) Artículo 68 de la convención celebrada entre el Distrito Capital y el Sindicato de Trabajadores del Departamento Administrativo de Acción Comunal de Santafé de Bogotá. “Vigencia de las convenciones. En cumplimiento de lo acordado en el acta final de negociación, la presente convención recopila de manera íntegra las convenciones anteriores y por tanto las relaciones laborales entre el Departamento Administrativo de Acción Comunal Distrital y sus trabajadores oficiales, se regirá exclusivamente por la presente convención, quedando derogadas las anteriores convenciones colectivas firmadas entre las partes“.

La razón de esta obligación, como ya se señaló, se funda en que el sistema de seguridad social integral funciona, y mantiene su equilibrio financiero mediante las cotizaciones establecidas en la Ley 100 y con cargo a ellas se “pagará exclusivamente las prestaciones consagradas en la presente ley” —inciso primero, ibídem— (19) .

(19) Ley 100, artículo 17 “Obligatoriedad de las cotizaciones. Durante la vigencia de la relación laboral deberán efectuarse cotizaciones obligatorias a los regímenes del sistema general de pensiones por parte de los afiliados y empleadores, con base en el salario que aquellos devenguen. // Salvo lo dispuesto en el artículo 64 de esta ley, la obligación de cotizar cesa al momento en que el afiliado reúna los requisitos para acceder a la pensión mínima de vejez, o cuando el afiliado se pensione por invalidez o anticipadamente. // Lo anterior será sin perjuicio de los aportes voluntarios que decida continuar efectuando el afiliado o el empleador en el caso del régimen de ahorro individual con solidaridad”.

Decreto 692 de 1994, artículo 19: “Obligatoriedad de las cotizaciones. Durante la vigencia de la relación laboral deberán efectuarse cotizaciones obligatorias a los renglones del sistema general de pensiones por parte de los afiliados y empleadores. // En el caso del régimen solidario de prima media con prestación definida, la obligación de cotizar cesa cuando el afiliado cumpla los requisitos para obtener su pensión de vejez o cuando el afiliado se pensione por invalidez. No obstante haber cumplido los requisitos para la pensión de vejez, el afiliado podrá continuar cotizando, a su cargo, hasta por cinco años adicionales para aumentar el monto de su pensión. // En el caso del régimen de ahorro individual con solidaridad, la obligación de cotizar cesa cuando se cause la pensión de invalidez o de sobrevivientes o cuando el afiliado opte por pensionarse anticipadamente. No obstante haber cumplido los requisitos para la pensión de vejez, el afiliado podrá continuar cotizando, en cuyo caso el empleador estará obligado a efectuar las cotizaciones a su cargo, mientras dura la relación laboral, legal o reglamentaria, y hasta la fecha en la cual el trabajador cumpla sesenta (60) años si es mujer y sesenta y dos (62) años de edad si es hombre”.

En este orden de ideas, el compromiso convencional adquirido implica el pago transitorio de las pensiones de jubilación por el Distrito hasta tanto la entidad pagadora la deba asumir conforme a la ley, en cada caso particular. Tales las razones por las cuales dichos pagos constituyen una prestación extralegal y no un auxilio, ni implican la sustitución de la entidad pagadora por el Distrito. Se trata sencillamente del desarrollo de un compromiso convencional adquirido por el Distrito en desarrollo de la negociación colectiva, por razón de los servicios prestados.

Partiendo del supuesto que el sindicato ya no existe según lo plantea el consultante, una vez expirada la vigencia de la convención sus prerrogativas sólo serían aplicables a quienes se hubieren retirado antes de su ocurrencia. Sin embargo, debe precisarse que la transformación de una entidad y el cambio de su naturaleza jurídica de empresa industrial y comercial del Estado a la de establecimiento público implica, de inmediato, la modificación de la vinculación laboral y la consiguiente aplicación del régimen de los empleados públicos, para quienes adquieran por el hecho mencionado tal estatus. En consecuencia, la administración deberá reconocerles el derecho pensional, en los términos de la convención colectiva de trabajo, a quienes con anterioridad a la transformación lo consolidaron.

La Sala responde

1. Los trabajadores oficiales que durante la vigencia de la convención colectiva de trabajo se retiraron de la administración habiendo cumplido veinte o más años de servicios sin tener la edad requerida en aquélla para obtener su pensión de jubilación, tienen derecho a que una vez la cumplan —aun como ex trabajadores— se les reconozca de acuerdo a los términos de la convención colectiva y aplicando las normas legales procedentes en cuanto al monto de la pensión.

2. El artículo 467 del Código Sustantivo de Trabajo debe interpretarse en el sentido de que las convenciones colectivas fijan las condiciones que rigen los contratos de trabajo durante la vigencia del acuerdo convencional.

3. y 4. Los ex trabajadores a quienes se les reconozca y pague la pensión de jubilación convencional, tienen derecho a las mesadas adicionales consagradas en la Ley 100 de 1993, pues tal régimen contiene el mínimo de garantías para los trabajadores oficiales, siempre y cuando el régimen convencional no contemple otra prerrogativa que se pueda asimilar a ese pago.

5. El pago transitorio establecido en el artículo 49 de la convención colectiva de trabajo del Departamento Administrativo de Acción Comunal Distrital es fruto de la negociación colectiva y constituye una prestación extralegal.

Transcríbase al señor Ministro del Interior. Igualmente, envíese copia a la secretaría jurídica de la Presidencia de la República.

César Hoyos Salazar, Presidente de la Sala—Susana Montes de Echeverry—Flavio Augusto Rodríguez Arce—Augusto Trejos Jaramillo.

Elizabeth Castro Reyes, Secretaria de la Sala.

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